La estrategia de la Iglesia en contra del fallo del máximo tribunal del país sobre los abortos no punibles
Mariana Carbajal
En las provincias, los obispos buscan frenar la implementación de los protocolos hospitalarios. Y en el Congreso ya hay proyectos para obstaculizar los abortos no punibles. Hasta prevén subsidios a las mujeres que lleven adelante el embarazo en casos de violación.
En las provincias, los obispos buscan frenar la implementación de los protocolos hospitalarios. Y en el Congreso ya hay proyectos para obstaculizar los abortos no punibles. Hasta prevén subsidios a las mujeres que lleven adelante el embarazo en casos de violación.
Los proyectos presentados en el Congreso son iniciativa promovidas por los grupos “antiderechos” de sectores católicos y evangélicos.
La Iglesia Católica busca neutralizar el impacto del histórico fallo de la Corte Suprema sobre abortos no punibles. Por un lado, pretende frenar en las provincias la implementación de los protocolos hospitalarios para la atención de abortos en caso de violación. El principal frente eclesiástico se despliega en Tucumán, donde el arzobispo local, monseñor Alfredo Zecca, intenta presionar al gobernador José Alperovich (FpV) para que fije el procedimiento que debe seguirse a través de un decreto u otra normativa. Pero la estrategia tiene otra cara, que apunta paralelamente a impulsar leyes que obstaculicen la interrupción legal del embarazo y que promuevan que las mujeres sigan adelante con la gestación forzada a través de una violación –como si fueran meras incubadoras– y den luego en adopción la criatura. En la Cámara de Diputados ya se presentaron dos proyectos en ese sentido, que fueron girados a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde está previsto que se empiecen a debatir, y que contemplan, incluso, darles un incentivo en dinero a cambio de llevar a término esos embarazos.
Una de las propuestas es un proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer. Pero bajo el paraguas de una iniciativa para proteger a las mujeres durante el período gestacional, se busca introducir cláusulas “antiaborto”, para impedir la interrupción del embarazo incluso en las circunstancias permitidas por el artículo 86 del Código Penal.
En el primer artículo, la iniciativa establece que “se entiende por ‘niño por nacer’ a todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento”. En el artículo cuarto, define que “el niño por nacer tiene derecho a la igualdad de oportunidades y a ser protegido contra cualquier tipo de discriminación o selección en razón de su patrimonio genético, etapa de su desarrollo, características físicas, biológicas o de cualquier otra índole. Tampoco lo será a causa de las circunstancias de su concepción o las cualidades o características de sus progenitores y familiares”. La ley considera particularmente agraviante, lesivo y discriminatorio que se califique a los niños por nacer como “deseados” o “no deseados”. Y más adelante, en el mismo artículo, establece que “cuando el embarazo proviniera de un delito contra la integridad sexual, la mujer será acreedora, desde el momento de la concepción y durante todo el período gestacional, a una asignación especial equivalente un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). En caso de que la mujer decidiera asumir la crianza y educación del niño, la asignación se le continuará abonando hasta que éste cumpla los 18 años de edad. Si la mujer decidiera no tomar a su cargo la crianza y educación del niño luego del nacimiento, se proveerán de inmediato las medidas necesarias y urgentes para su protección, favoreciéndose su adopción o guarda por una familia, en cuyo caso la asignación será percibida por la familia adoptante o guardadora a partir del momento en el que se hiciere cargo del niño y hasta que éste cumpla los 18 años de edad”. En el artículo séptimo, establece que “se reputará como un caso paradigmático de violencia contra la mujer toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo, a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto”.
El proyecto fue presentado el 23 de marzo, diez días después del fallo de la Corte sobre aborto no punible, con 15 firmas, de los exponentes más conservadores de distintos bloques, como los diputados Julio Ledesma (ex denarvaísta), de Corriente de Pensamiento Federal; el macrista salteño Alfredo Olmedo (el de la campera amarilla, conocido por sus expresiones homofóbicas), Graciela Camaño, del Peronismo Federal; el demócrata mendocino Omar de Marchi, la puntana del peronismo disidente Ivana Bianchi, la sanjuanina del Frente para la Victoria Margarita Ferra de Bartol, entre otros. Posteriormente, otros 13 diputados más también lo firmaron. Originalmente, esta propuesta había ingresado en 2010 en la Cámara de Diputados, pero perdió estado parlamentario en diciembre sin ser tratada. En realidad, se trata de una iniciativa promovida por la Red Federal de Familias, una alianza “antiderechos” de grupos católicos y evangélicos”, que repudió la sentencia de la Corte sobre los casos de aborto no punible y que desde la sanción del matrimonio igualitario está juntando firmas para presentar una iniciativa popular en el Congreso para derogarlo.
Integrantes de la red el año pasado presionaron en Misiones a la familia de una adolescente de 14 años, que había quedado embarazada cuando un tío la violó –en represalia porque había contando que él había abusado de su hermanita–, para que desistiera en su reclamo de la realización del aborto al que tenía derecho por ley. “No maten al niño, dénnoslo a nosotros” exigieron los “antiderechos” en un comunicado en aquel momento.
Hay otro proyecto en Diputados, que apunta en la misma línea. En abril, la diputada puntana Bianchi, también ferviente opositora al matrimonio igualitario y a la despenalización del aborto, presentó una iniciativa para promover la adopción de bebés concebidos en violaciones. También se camufla en una iniciativa de “asistencia integral a mujeres embarazadas víctimas de delitos contra la integridad sexual”. “En los últimos años, se han iniciado programas específicos de asistencia a víctimas de delitos sexuales en distintas ciudades del país; pero ninguno forma parte de un plan integral, que contemple la adopción”, dice Bianchi en los fundamentos. En su artículo tercero, la propuesta legislativa establece que “deberá agilizarse el registro de adoptantes, si la mujer victimizada por los delitos contra la integridad sexual y quedare embarazada, decide dar en adopción a su hijo al nacer; luego de un período de espera establecido”.
En el temario de la reunión del martes último de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara baja estaba previsto empezar a discutir los dos proyectos, pero la convocatoria finalmente fue suspendida.
El panorama en las provincias
Cinco gobiernos provinciales todavía no se expidieron sobre la adecuación de sus normas: San Luis, Río Negro, Corrientes, Santa Cruz y Chaco. Otros impulsan protocolos con más exigencias que las previstas en el fallo. Pero la mayoría ya acató.
La Corte Suprema de Justicia dispuso que las provincias adecuen sus legislaciones al fallo.
Todavía cinco gobiernos provinciales no dieron señales de cómo bajarán en sus territorios el fallo de la Corte Suprema para garantizar el acceso a los abortos no punibles. San Luis, Río Negro, Corrientes, Santa Cruz y Chaco mantienen silencio y no avanzaron en la implementación de protocolos ni en la sensibilización de los equipos médicos en el tema, de acuerdo con un relevamiento realizado por asesores del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En Misiones anunciaron que adherirían a la Guía elaborada por el Ministerio de Salud de Nación pero los profesionales de los principales hospitales se declararon objetores de conciencia. A pesar de los fuertes cuestionamientos en contra, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, siguió adelante con su idea de imponer a las mujeres víctimas de una violación más requisitos que los que estableció la sentencia del máximo tribunal del país: el martes se publicó en el Boletín Oficial el instructivo que deberá aplicarse en hospitales de esa provincia y se exige que, si no hubo denuncia policial, las mujeres tienen que hacer una declaración jurada en los centros de salud con el acompañamiento del Ministerio Público, es decir, se mantiene la exigencia de dar intervención a la Justicia, a pesar de que justamente el fallo de la Corte apuntó a evitar la judicialización de los pedidos y suprimir las trabas arbitrarias, que históricamente se repetían en distintas jurisdicciones del país.
De todas formas, ya son mayoría las provincias que han acatado la sentencia del 13 de marzo –ya sea elaborando su propio protocolo o adhiriendo al nacional– o están en camino de hacerlo. Algunas están más demoradas. En Santiago del Estero, por ejemplo, todavía no se presentó ninguna guía de atención; desde el gobierno se anunció que la provincia adheriría a la Guía Técnica de Atención a los Abortos No Punibles, actualizada en 2010 por Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Pero no se conoce aún decreto ni resolución en ese sentido. En una situación similar se encontraría Catamarca. En cambio, Jujuy –que no había definido su posición– en los últimos días habría sacado una resolución ministerial que avala el fallo de la Corte: hasta tanto tengan un protocolo provincial, se manejarían con la Guía de Nación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Mauricio Macri no sentó posición. Pero legisladores que responde al PRO están impulsando la sanción de una ley en la Legislatura, tras el fallo de la Corte. El macrismo cambió de posición a la luz de la sentencia del 13 de marzo y ya presentó tres proyectos. Cabe destacar que en los últimos tres años había cajoneado sistemáticamente las iniciativas de la oposición que buscaban aprobar una norma para evitar la judicialización de los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, esto es, en casos de violación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Sin embargo, el PRO pretende imponer por ley más requisitos que los que estableció el máximo tribunal, para que sea más restrictivo el acceso a los abortos no punibles y quiere exigir a las adolescentes menores de 18 años que soliciten la interrupción legal de embarazo el consentimiento de los padres. El kirchnerismo, Nuevo Encuentro, la Coalición Cívica, Proyecto Sur y otras fuerzas de la oposición, que vienen trabajando el tema hace varios años y consensuaron un texto, no están de acuerdo con la propuesta oficialista. Asesores de diputados y diputadas que defienden las distintas posturas están tratando de limar diferencias en la Comisión de Salud, donde empezaron a discutirse los proyectos. Según pudo saber este diario, la Asociación de Médicos Municipales, cuya conducción se había manifestado en años anteriores férreamente en contra de legislar sobre el tema, ahora le pidió al Ministerio de Salud que se apure en la firma de una reglamentación para que los profesionales de la salud estén amparados a la hora de practicar un aborto no punible.
En la provincia de Buenos Aires están trabajando desde el Ejecutivo para adecuar el protocolo vigente desde 2007 a los lineamientos que estableció la Corte. Pronto se anunciará el nuevo instructivo.
La Pampa, por su parte, publicó en el Boletín Oficial del 4 de mayo su propio protocolo, acorde con la sentencia de la Corte. Rosario también: la ciudad santafesina es el único distrito municipal con una reglamentación para la atención de los abortos no punibles. Rosario había sido una de las primeras jurisdicciones que tuvo regulación, en 2007, junto con las provincias de Buenos Aires y Neuquén. La provincia de Santa Fe adhirió al a Guía Nacional por decreto, y también lo hizo Formosa. Chubut tiene su propia ley de 2010; el protocolo que se dictó en Córdoba quedó neutralizado porque fue denunciado por grupos anti derechos en la Justicia. Entre Ríos también dictó un instructivo para los hospitales, pero está siendo cuestionado por organizaciones de derechos de las mujeres locales, porque el texto no deja claro el mecanismo a seguir en casos de objeción de conciencia, aunque, por otra parte, establece que en cualquier situación de duda tiene que aplicarse en protocolo a favor de la mujer. Tierra del Fuego anunció que adheriría a la Guía de Nación –aunque todavía no se dio a conocer ninguna resolución que avale esa decisión–, igual que San Juan, Tucumán y Mendoza, tres jurisdicciones donde hay fuertes presiones de sectores conservadores para impedir que se aplique. Mientras tanto, desde el gobierno de La Rioja están pidiendo al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable copias de la Guía nacional para aplicarla en los hospitales provinciales.
La movida del arzobispo Alfredo Zecca. Tucumán, el jardín de las presiones
El arzobispo de Tucumán, Alfredo Zecca, convocó el 13 de mayo a políticos del oficialismo y la oposición provincial para plantearles su férrea oposición a la implementación de un protocolo para la atención de los abortos no punibles, tal como estableció la Corte Suprema en su reciente fallo, en el que despejó las dudas sobre los alcances del permiso para interrumpir legalmente un embarazo en casos de violación. Al encuentro concurrieron el ex vicegobernador Julio Díaz Lozano, diputados y concejales del kirchnerismo y la oposición. Zecca advirtió en la reunión: “Bajo ningún aspecto vamos a aceptar que se avale el aborto”.
Tucumán es una de las provincias que todavía no elaboraron una reglamentación para la atención de los abortos no punibles, en línea con el pedido del máximo tribunal. El gobierno de José Alperovich alega que están dando capacitaciones en los hospitales públicos a los profesionales de la salud con la Guía Técnica que redactó el Ministerio de Salud de la Nación y que establece un procedimiento acorde con la sentencia de la Corte.
Al mismo tiempo, diputados oficialistas y de la oposición presentaron proyectos en la Legislatura que buscan prohibir en la provincia ese tipo de protocolos. Hay otra iniciativa en estudio, que no rechaza los instructivos de atención de los abortos no punibles, pero incluye trabas para desalentar a las mujeres a interrumpir un embarazo –ya sea por motivos de salud o violación– y, entre otras exigencias, las obliga a realizarse una ecografía previa a la práctica, como establece una polémica ley en Texas, Estados Unidos.
Y también admite “la objeción de conciencia institucional”, es decir, que un hospital público rechace directamente el pedido y no garantice la práctica, y establece que la provincia deberá promover como política pública que las mujeres violadas lleven la gestación a término y luego den en adopción a la criatura, en coincidencia con otros proyectos similares que fueron presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y que están siendo promovidos por la jerarquía católica y otros grupos conservadores que se oponen al aborto en cualquier caso, incluso en los contemplados en el Código Penal.
Convocatorias por los derechos
Con un fuerte reclamo por la despenalización del aborto, se conmemorará hoy en todo el país el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Están anunciados distintos actos y manifestaciones en las principales ciudades del país con la misma consigna como denominador común. En Buenos Aires, frente al Congreso, a las 11, artistas plásticos/as pintarán en vivo a mujeres, representando la consigna “Nuestros cuerpos, nuestro territorio-soberanía para poder decidir”, convocados por las Mujeres de la Matria Latinoamericana.
Entre las 16 y las 20, también frente al Congreso, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y otras organizaciones realizarán una “Peatonal por la Salud de las Mujeres”. Habrá música en vivo, performances, intervenciones urbanas y una radio abierta “por la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, que cuenta con la firma de más de cincuenta diputados y diputadas de un amplio arco político.
A partir de las 18, movimientos sociales, agrupaciones del arco kirchnerista y fuerzas políticas que desde un espacio autónomo apoyan los logros del Gobierno convocan a una movida frente al Obelisco, en Corrientes y 9 de Julio, con la consigna “Unidas y Organizadas por el Aborto Legal”. En ese escenario, el denominado Frente de Mujeres Nacional y Popular realizará una intervención callejera para “celebrar los logros legales alcanzados de 2003 en adelante por la salud de las mujeres: la guía técnica de atención a los abortos no punibles, la ley de parto humanizado, la ley de ligadura tubaria y vasectomía, la ley de educación sexual integral, la ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, el protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual”, y también para reclamar que “no se siga postergando el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal”.
Entre las organizaciones que invitan al Obelisco figuran la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Movimiento Evita, Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Nuevo Encuentro, entre otras.
Qué es la Red de Familias
A pesar de manifestarse apolítica y aconfesional, la Red Federal de Familias articula estrategias de acción con los obispados católicos provinciales, las autoridades evangélicas de las regiones y funcionarios políticos de amplio rango como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, integrante de la Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida. Como dice en la propia fundamentación del proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer, el texto fue tomado del Título III de la iniciativa popular de Protección Integral de la Familia que impulsa la Red, por la cual la alianza viene juntando firmas entre la ciudadanía.
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