La criminología mediática: El huevo de la serpiente

Giselle Dal Mas y Leonardo Spivak 
APAS

La recurrencia a la repetición forzada de hechos delictivos de alta trascendencia; la apelación a la emotividad; la cuidadosa selección de las víctimas y su utilización en pos de la imposición de un imaginario de desolación extrema, son algunos de los mecanismos que utilizan los medios, para instalar el miedo y la intolerancia.

La maquinaria mediática aceita su funcionamiento fagocitando a sus víctimas. La recurrencia a la repetición forzada de hechos delictivos de alta trascendencia, derivada de sus ribetes morbosos; la apelación a la emotividad, ficcionalizando los momentos críticos de tal o cual hecho; la cuidadosa selección de las víctimas de “inseguridad” y su descarada utilización en pos de la imposición de un imaginario de desolación extrema, son algunos de los mecanismos de los que se sirve la criminología mediática para vehiculizar el miedo y la intolerancia al interior de la sociedad civil.

El aparato mediático hegemónico suele elegir tres clases de hechos “testigo” para laorquestación y estereotipia de prejuicios sociales en torno al delito: el hombre de a pie, el trabajador de clase media que ve cómo un ellos cruel, impune y omnipotentearrebata sus pertenencias y hasta incluso sus vidas; las estrellas mediáticas de la victimización especulativa, ya sean personalidades artísticas, políticas o víctimas de casos tristemente resonantes por la utilización morbosa de lo sucedido; y por último, los “abatidos” en el ejercicio de sus funciones, ya sea personal policial, funcionarios públicos del poder ejecutivo o judicial, aquellos que por “acción u omisión” sufren las consecuencias de aquél ellos incontrolable y sanguinario.

El hombre de a pie

“Guillermo Omar Souza Rey (51) soñaba con irse de vacaciones junto a toda su familia. A pesar de llevar mucho tiempo separado y de que sus hijas tenían más de 20 años, igual logró planificar un viaje con ellas. En enero de este año viajó con las tres mujeres y se dio el gusto de conocer las Cataratas del Iguazú. Fue su primer viaje familiar y, lamentablemente, también el último”. Así comienza la nota que publicó el diario Clarín el pasado 15 de mayo sobre la muerte del colectivero, quien recibió un tiro en la sien derecha tras ser emboscado por tres hombres cuando sacaba la camioneta del garaje de su casa. Aún no está determinado si fue con el objeto de robar su vehículo (el cual, tras el disparo, no fue sustraído) o por un ajuste de cuentas, hipótesis que no se descarta teniendo en cuenta que las características del asesinato lo asemejan a un hecho mafioso (lo hicieron arrodillarse y lo ejecutaron de un disparo en la cabeza).

La apelación a la emocionalidad utilizando a los familiares de la víctima no tiene límites para el matutino; así, relata que “Una de las hijas de Guillermo contó que el mejor recuerdo de su padre fue este año cuando pudieron ir a Cataratas. A él le encantaba ese lugar. No podemos olvidar ese viaje con toda la familia. A mamá la cargaban porque decían que quizás era el viaje de reconciliación. Pudimos ir todos. Ahora mi abuela está deshecha pobrecita, igual que todos” (Clarín, 15/05/12). Para reforzar los estereotipos de reincidencia y minoridad, el matutino informa que el único detenido hasta el momento tiene 16 años de edad, y el otro de los identificados es reincidente.

El diario de la ciudad de La Plata El Día dio un similar tratamiento al hecho, apelando al refuerzo de los estereotipos de minoridad y reincidencia, pero sumando el reclamo de la “Ley del Talión” en la voz de su ex esposa. Así, al título “Asesinan de un tiro en la cabeza a colectivero de José C. Paz” prosiguió el siguiente desarrollo: “De los tres delincuentes implicados, hay un adolescente que fue detenido y un hombre identificado. Investigan si el móvil fue robo o problemas personales” (El Día, 14/05/12). Como información adicional, El Día agrega que “según fuentes policiales” otro de los “agresores” tiene antecedente penales.

“Pedimos Justicia, que los encuentren y que los maten” es la cita que remata una nota cargada de estigmatización, utilizando la voz de la ex esposa de la víctima.

No asombra que la misma frase haya sido utilizada por el diario La Nación, donde pese a aclarar que la tentativa de robo es sólo una hipótesis más que se analiza, y que no se descartan otros motivos, se insiste en mencionar a los victimarios con el apelativo de “ladrones”, reforzando la tesis del robo. (La Nación, 14/05/12). La idea de aplicar la Ley del Talión, puesta en la voz de un familiar de la víctima, quien vierte esas expresiones en una clara situación de shock, legitima el uso irracional de la violencia institucional que a diario se desarrolla sin tanta cobertura mediática.

Así lo explica el Dr. Eugenio Zaffaroni –juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Argentina- en su libro “La palabra de los muertos” cuando afirma que la criminología mediática instala el imaginario de un aparato estatal que frente al ellos delincuente “no se les hace ningún daño, todo es generosidad, buen trato e inútil gasto para el estado, que se paga con nuestros impuestos, lo que implícitamente está reclamando muerte, exigencia que de vez en cuando hace explícita algún desubicado que viola los límites del espacio de explicitación y rápidamente es disculpado como un exabrupto emocional”. Ya no parece importar, el proceso de sensibilización-condena-legitimación ya está en marcha para la criminología mediática.

El estrellato mediático y la espectacularización de la “inseguridad”


El caso de Carolina Píparo y las repercusiones que nuevamente tuvo en los medios hegemónicos por la proximidad del juicio y una tentativa de robo que sufriera la mujer, constituye el caso paradigmático de la criminología mediática: una mujer que es asaltada a la salida de un banco platense y a la cual dispararon en la panza, provocando el fallecimiento de su bebé de 9 meses de gestación. A los detalles morbosos derivados de la pérdida de su embarazo se le suma un intento de robo en un departamento donde la mujer está actualmente residiendo a la espera del comienzo del juicio oral por el robo y la muerte de su hijo.

El diario Clarín dedicó un espacio central al caso, nuevamente apelando a la sobredimensión y generalización de un hecho particularmente violento, como trampolín para justificar políticas represivas y lesivas de los derechos humanos, elevando la figura de Píparo al nivel de un potencial –y legitimado- actor político, como ocurriera con el “caso Blumberg”, que desató una serie de reformas al código penal en 2004. Así, la pieza periodística publicada el pasado 6 de mayo, reza: “La vida de mi hermana -y la de todos sus seres queridos- cambió a partir de que alguien decidió tirarle un tiro, asesinar a su hijo y dejarla al borde de la muerte. Nuestra vida no sigue. Es otra. Tenemos que aprender a vivir de vuelta. Matías Píparo hunde la mirada en un café humeante y deja que sus palabras caigan, sin paracaídas, en los oídos de su interlocutor. Habla de Carolina, su hermana mayor, que hace casi dos años fue golpeada y baleada a la salida de un banco”. Y continúa: “Hubo momentos terribles. Uno de los peores fue cuando le entregué a Caro el certificado de nacimiento y el de defunción de su hijo, los dos juntos”.

El golpe bajo y la oscura teatralización de la entrevista imponen un manto de sensibilización y empatía tal que deja al lector con la “guardia baja” para lo que será toda una definición política: “Me puse a reflexionar sobre qué podés hacer, no quedarte en la queja. Hay que participar más. En el barrio, en cualquier lado. Los dirigentes se tienen que dar cuenta de que los estamos vigilando (…) el Estado está ausente. Las instituciones que no te respetan, y te obligan a cuidarte solo”.

La idea de la participación ciudadana en la resolución de los conflictos sociales es venturosa, el problema se advierte cuando se reproduce una idea tan peligrosa por su apología del delito: la de un Estado ausente que “obliga” al individuo a la autodefensa. Así, se legitima desde la portación de armas hasta el enfrentamiento armado con delincuentes, con serias consecuencias para las víctimas de robo, como en el caso Etchecopar, donde la participación del locutor en el tiroteo puso en riesgo de muerte a su propio hijo. El hermano de Carolina Píparo, alentado por el medio, rompe con los límites de explicitación de su discurso cuando afirma: “Acá no hay ninguna asistencia ni apoyo a las víctimas de los delitos (…) En cambio los ladrones tienen abogados oficiales, y si llegan a terminar presos también se ocupan de ellos”. (Clarín, 6/05/12)

El discurso de Matías Píparo resume el concepto mismo de la criminología mediática, es su vehículo, su más acabada representación: “La criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que configuran un ellosseparado del resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos”. Así, la legitimación que adquiere su discurso derivado de ser familiar de la víctima de una tragedia lo habilita a cuestionar, incluso, el derecho a defensa gratuita y a la mínima asistencia durante la reclusión de un detenido. ¿Acaso sería la solución no tener derecho a defensa o recluir y abandonar hasta la muerte al recluso? Las aristas irracionales que adquiere esta clase de discursos muestra el peligro latente en las prácticas manipulatorias de la criminología mediática.

Es La Nación quien se encarga de reproducir el imaginario vindicativo de la víctima con el objeto de universalizar su discurso: “Tenemos que empezar a hablar de los derechos humanos de nosotros, de los derechos humanos que tenía mi hijo, afirmó conmovida” y prosigue: “En las indagatorias de los asesinos de mi hijo, ninguno dijo que tenía hambre, ninguno dijo que tenía a sus hijos esperando por un plato de comida, ninguno dijo que no podía conseguir trabajo. Esta violencia, el asesinato permanente, se ha convertido en un trabajo para ellos. Se mueven con total impunidad, no tienen miedo a la cárcel”. El proceso de objetivación del ellos llega a extremos tan ridículos que se intenta negar la propia subjetividad de los imputados, al punto extremo de impedirles el legítimo acceso a sus derechos humanos. El criminal es asesino y violento por naturaleza: es parte de su “trabajo”. La situación de marginalidad y criminalización que sufren los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, tanto dentro como fuera del sistema penal, parece no existir para Píparo. Del mismo modo, deshumaniza en su discurso al ellos delincuente.

La Inseguridad muerde los talones al sistema de Seguridad y Justicia

Otros de los temas candentes de la semana en los principales exponentes de la prensa hegemónica lo constituyeron tres casos de homicidio de personal judicial y de seguridad: el asesinato de un ex policía, de un penitenciario y de un ex Juez de menores. Los tres casos son presentados como la consecuencia de la desprotección de las fuerzas de seguridad para combatir el delito, y de la acción u omisión de los representantes del poder judicial que excarcelan delincuentes “a discrecionalidad”.

El diario La Nación, en su edición del pasado 17 de mayo, da una interpretación de lo ocurrido tras el asesinato del ex policía aeronáutico en la localidad de San Martín: “Según los voceros consultados, el ex efectivo aeronáutico se encontraba dentro de su casa cuando escuchó gritos y corridas en la calle, como si se tratara de una pelea, y salió a ver qué ocurría. En ese momento, advirtió que unos delincuentes pretendían robarle la moto a una pareja vecina por lo que intentó frustrar el asalto y recibió un balazo en el pecho que le provocó la muerte instantáneamente”. Con fuentes imprecisas, el diario apuesta por la teoría de asalto, aún no confirmada; el caso del policía exonerado es entrelazado con el asesinato del penitenciario el pasado sábado en la localidad de Lomas de Zamora, quien habría intentado frustrar un robo cuando se desempeñaba como personal de seguridad en su día de franco. Ambos casos son presentados como “los abatidos en el ejercicio de sus funciones”, quienes estarían “sobrepasados” a la hora de enfrentar al delito organizado.

Una nota publicada por el matutino el 17 de mayo, sobre el suicidio de ocho policías mendocinos el pasado año, adjudica estos hecho a la falta de contención del personal policial: “Los mandos son conscientes de que hay una ‘crisis’ en la fuerza. ‘Los agentes soportan una tensión enorme y permanente’, admite a este diario un alto responsable de la policía mendocina”. Por otra parte, en el diario se admite la falta de preparación del personal policial en la última década, pero lo adjudica al aumento exponencial del delito, que obligaría a ingresar mayor cantidad de policías con menor tiempo de instrucción. Nada se dice respecto del riesgo que conlleva la participación del personal de seguridad en estos hechos cuando no se encuentra de servicio; en este sentido, un caso tristemente célebre fue el asesinato de futbolista de Banfield Lautaro Bugatto, a manos del policía David Benitez hace dos semanas, al tratar de frustrar un asalto.

El último caso resonante fue el homicidio del ex Juez de Menores Raúl Donadío el pasado 19 de mayo en la localidad de Glew, quien se encontraba festejando el cumpleaños de uno de sus hijos y recibió un balazo en el pecho, durante un intento de asalto. Al respecto, el matutino platense El Día mencionó que el ex Juez ya había sido víctima de robo hace una década, cuando lo tomaron de rehén junto a sus hijos. Y recoge las palabras de una comerciante del lugar: “Se lo veía muy contento porque su hija iba a cumplir 15 años. No puedo creer lo que pasó. No porque no roben a cada rato en las quintas, sino porque hace 20 años que lo conozco y lo considero un excelente vecino, gente muy común” (El Día, 19/05/12).

Por su parte, el diario La Nación publicó respecto del ex Juez que: “Durante la última dictadura, Donadío se había desempeñado como Asesor de Menores en los tribunales de Lomas de Zamora y su actuación, tanto en esa etapa como cuando sucedió a la magistrada Marta Pons en el Juzgado de Menores N° 1 fue cuestionada por organismos de Derechos Humanos por “dilaciones” y “trabas” en las causas sobre la apropiación de hijos de desaparecidos. El año pasado, el abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Luciano Hazán, había dicho al diario Página/12 que se pediría “que se investigue” al ex juez por su actuación” (La Nación, 19/05/12). Al tratamiento de la noticia, el diario suma un informe del Patronato de Liberados provincial que afirma que hay más de 41 mil excarcelados, de los cuales 11 mil gozan de libertad asistida y condicional y 16.500 lograron una “probation”.

El acento que se pone en la cantidad de excarcelados y no en que, de 28 mil detenidos, el 61 por ciento no tiene condena firme, muestra una clara intencionalidad de instalar el imaginario de impunidad del delito, y deja una puerta abierta a la responsabilización de los Jueces, alguno de los cuales sufrirían “en carne propia” la consecuencia de sus decisiones. Nada se dice respecto de las medidas del Ministro de Seguridad provincial, Ricardo Casal, quien dispuso un costosísimo operativo policial en los dieciocho departamentos judiciales para impedir el legítimo derecho a huelga de trabajadores judiciales, mientras los delitos se suceden ante su mirada impotente.

La deshumanización del ellos que deriva en la pérdida de derechos fundamentales para el ser humano por el simple hecho de serlo, de la mano de la explotación mediática de víctimas de hechos traumáticos, para constituirlos como actores políticos al servicio de la criminología mediática, merecen un capítulo de análisis aparte. No vaya a ser que, luego de la campaña mediática que catapultó a un ser tan oscuro como Juan Carlos Blumberg a la arena política, y cuyos postulados fracasaron por la fuerza de los hechos, vuelvan a corporizarse, ahora en una nueva estrella mediática de la “inseguridad”, como el nuevo huevo de la serpiente.