Violencia en San Pablo
Nazaret Castro*
Le Monde diplomatique
Después de aquella fatídica mañana, Débora se convirtió en una zombi. Dejó de comer. La hospitalizaron. Un día despertó. La ira se había transformado en furiosa indignación. Así que salió a la calle y buscó, una por una, a las madres de las víctimas de aquellas ejecuciones. Desde entonces, las Madres de Mayo pelean no sólo por la investigación de aquella masacre, sino por el fin de la violencia estatal contra la población pobre. Porque los crímenes de mayo están lejos de ser una vergonzosa excepción: las Madres denuncian que, desde 2006, la letalidad policial no ha dejado de aumentar. Débora lo resume con una frase contundente y desnuda, como son todas las suyas: “Pagamos con nuestros impuestos las balas que matan a nuestros hijos”.
Las cifras le dan la razón. La defensora pública, Daniela Skromov, señaló que la policía, y muy especialmente la PM, es responsable del 20% de los homicidios en San Pablo. Las fuerzas del estado cercenan cada año entre 500 y 600 vidas (2). El goteo de muertes se convirtió en cotidianeidad para esta megalópolis de veinte millones de habitantes. Pero, de vez en cuando, la violencia repunta y vuelve a los kioscos de la Avenida Paulista.
Así sucedió el pasado mes de junio. Entre los meses de junio y julio, se registraron 586 homicidios dolosos en la capital paulista, un 22% más que en el primer semestre de 2011. Esas cifras no incluyen la letalidad policial: según la Secretaría de Seguridad de San Pablo, en ese primer semestre se produjeron 283 muertes a manos de la PM y, muy especialmente, de las Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), una tropa de elite de esa fuerza, surgida durante la dictadura militar y muy temida en la periferia paulista por su letalidad. Movimientos sociales y asociaciones vecinales contabilizan más de 200 casos apenas en los meses de junio y julio.
Según la versión más difundida por la prensa paulista, esta ola de violencia se desató después de que, el pasado 28 de mayo, agentes de la ROTA matasen a cinco criminales pertenecientes al PCC, en venganza a su vez por la muerte de un policía a manos de esta organización a finales del año pasado. Algunos investigadores, como la socióloga Camila Nunes Dias, apuntan a que el detonante podría ser el traslado de algunos presos del PCC a cárceles del temido Régimen Disciplinar Diferenciado (RDD). Como en 2006, el PCC decretó ataques contra policías y comisarías y quema de autobuses. También como hace seis años, el Estado respondió recrudeciendo la represión contra la población pobre y periférica.
En 2006, el PCC demostró que, si quería, podía paralizar la mayor urbe de América del Sur. Nunca quedó claro cómo consiguió el Estado poner fin a los ataques; la hipótesis más aceptada por los expertos es que las negociaciones terminaron de configurar ese delicado equilibrio de fuerzas entre el mundo del crimen y las fuerzas del Estado que rige en San Pablo. Así se extrae de la tesis de Nunes Dias sobre la pacificación de la ciudad, que en los últimos quince años experimentó un notable descenso en las tasas de homicidio (3).
“Las policías siempre se relacionaron con los mercados criminales”, señala la abogada y socióloga Alessandra Teixeira (4). El estudio São Paulo bajo extorsión (5) evidenció que el detonante de los ataques de 2006 fue la extorsión de la policía al líder del PCC, Marcos Camacho, alias Marcola. Lo cierto es que la propia existencia de la facción no se explica sin la corrupción de policías, funcionarios y delegados de prisiones. Si es de todos sabido que el PCC se comanda desde las cárceles, ¿cómo es posible que circulen por las prisiones brasileñas unos 2.000 celulares? Débora Silva responde y desafía: “El crimen organizado nació de dentro hacia fuera del Estado, no al revés”.
Policía racista y letal
Pequeños y grandes acuerdos envuelven las imbricadas relaciones entre policías y criminales, pero ese equilibrio es extremadamente frágil. De vez en cuando, se rompe, como sucedió en Carandiru en 1992, en Castelinho en 2002, en la capital paulista en 2006, en Osasco en 2010 o ahora, en junio de 2012. Cuando así ocurre, quien sale perdiendo es invariablemente la población pobre y negra de las periferias, y fundamentalmente los varones jóvenes. Porque el sesgo de la letalidad policial es racista y de clase. “El ‘dispara primero y pregunta después’ siempre fue la marca de nuestra policía, y siempre tuvo como objetivo privilegiado a los pretos (negros), pobres y periféricos. 3 P’s: ésa es la sigla de nuestra política de exterminio”, sostiene el antropólogo Adalton Marques (6).
Con poquísimas excepciones, las muertes provocadas por la PM son archivadas sin más como “resistencia seguida de muerte” o “autos de resistencia”, esto es, como supuesta defensa propia de los agentes durante la confrontación con los delincuentes. La Defensoría Pública y el Ministerio Público Federal (MPF) se han unido al reclamo de las Madres y otras organizaciones de derechos humanos para poner fin a estos registros, que ni siquiera existen como figura legal y que, en la práctica, constituyen un auténtico coladero para la práctica de ejecuciones sumarias en total impunidad.
La defensora pública ha denunciado la inconsistencia de las pruebas de que esas muertes sean efectivamente en confrontación con la policía. En muchos casos, la víctima ha recibido varios tiros en órganos vitales mientras que ningún policía ha salido herido.
El fin de este tipo de registros fue una de las propuestas surgidas de una audiencia pública que reunió el pasado 26 de julio a instituciones gubernamentales y movimientos sociales. Además, el procurador de la República, Matheus Baraldi Magnani, pidió un cambio urgente en el comando de la PM, bajo el argumento de que la institución está “fuera de control” y practica la violencia “por mero placer”.
Otra de las demandas de los movimientos sociales es la desmilitarización de la policía, que también sugirió al gobierno brasileño la ONU tras una reciente visita. Sin embargo, de momento, la PM va ganando terreno en San Pablo, no sólo patrullando las calles –hay más de 100.000 agentes de la PM frente a unos 30.000 de la Policía Civil–, sino también en la organización política de los municipios: coroneles de la PM están presentes en 30 de 31 subprefecturas (7).
Los militares “se apropian de momentos como el actual para legitimar su actuación violenta y extralegal”, recuerda Alessandra Teixeira. Y, con la inestimable ayuda de los grandes medios de comunicación, que asumen en sus titulares la tesis de que las víctimas son delincuentes y eluden contextualizar esas muertes, se instala en la sociedad una visión que acepta la brutalidad policial como garantía de su seguridad y “da una carta blanca, aceptación y legitimación de esa violencia”, en palabras de Teixeira.
El Estado, antes que combatir este tipo de violencia, la alienta. En un año electoral, el gobierno conservador enarbola la política de la “tolerancia cero” contra la delincuencia. “Al criminal sólo le quedan dos opciones en San Pablo: la celda o el ataúd”, afirmó Geraldo Alckmin, gobernador del estado, el pasado julio. El comandante de la PM, el teniente-coronel Salvador Modesto Madia, afirmó por su parte que no le importan los números de letalidad policial, sino “su legalidad”. Cabe preguntarse a qué legalidad se refiere cuando la mayor parte de estas ejecuciones nunca llega a investigarse. Y cabe también recordar que Madia es apuntado como responsable de más de 70 muertes en la Masacre de Carandiru de 1992 (8).
Grupos de exterminio
Débora y Danilo Dara, del movimiento Madres de Mayo, denuncian que, si bien la violencia policial siempre existió en las favelas y periferias de San Pablo, recrudeció a partir de 2006. “En los crímenes de mayo, los agentes de la PM salieron a las calles con la orden de matar; a partir de ahí se les legitimó para sembrar el terror en las periferias, y se están haciendo con un poder cada vez mayor”, asegura Débora.
El asesinato es el extremo de una política de control y sometimiento de las periferias que inunda la vida diaria de los vecinos de los barrios pobres: extorsiones a comerciantes, abordajes policiales arbitrarios e irrespetuosos, toques de queda ordenados por la policía y los grupos paraestatales. Poblaciones como Osasco, Sapopemba, Capão Redondo o la Baixada Santista viven en permanente estado de excepción. “Entro en pánico en cuanto veo un coche de la policía. No consigo ni sacar la basura tranquila”, cuenta una vecina de Sapopemba.
“Con el pretexto de la ‘caza a los bandidos’, se suceden abordajes policiales, invasión de domicilios, chantaje, extorsión, expropiación, muertes y exterminios –escribe la socióloga Vera Telles–. El pago regular de la protección policial forma parte de la rutina del negocio local” (9). La extorsión está “incrustada en el orden de cosas” de la periferia paulista. Los llamados grupos de exterminio, formados por agentes o ex agentes de los cuerpos armados del estado, siembran el pánico y compran lealtades en las comunidades pobres.
Las Madres de Mayo, así como la ONU y Amnistía Internacional, llevan tiempo alertando del fortalecimiento de estos grupos. “El gobierno se acomodó en el discurso de que estas bandas están formadas por el crimen organizado, pero no es cierto: las conforman agentes del Estado”, denuncia Débora Silva. Por eso ella prefiere hablar de milicias, como se denominó en Río de Janeiro a la evolución de esos grupos de exterminio, cada vez más organizada y poderosa, y también cada vez más imbricada con los intereses de la clase política y empresarial.
En 2007, una comisión de investigación parlamentaria (CPI) encabezada por el diputado Marcelo Freixo demostró el poder creciente de las milicias (10). Freixo advierte que, desde entonces, ese poder sigue creciendo y se va extendiendo por todo Brasil. “Milicia es mafia”, alerta el diputado, y minimiza la importancia de bandas criminales como el Comando Vermelho en Río o el PCC en San Pablo. “El principal peligro para la seguridad en Brasil viene de los grupos paramilitares”, señala.
Higienización de la pobreza
Para Danilo y Débora, la truculencia policial y la ascensión de los grupos de exterminio responden a la misma lógica que la política de encarcelamiento en masa –hay 500.000 presos en Brasil, y la cifra no deja de crecer– y que los desalojos de favelas, cada vez más habituales en el Brasil que acogerá el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016. “Es una política de exterminio, de higienización y criminalización de la pobreza”, denuncia Danilo.
La ciudad de San Pablo vivió recientemente otros episodios de higienización de la pobreza, como el brutal desalojo de la favela de Pinheirinho o la expulsión de los sin techo y de los drogadictos de barrios del centro como Santa Ifigênia. En un contexto de boom inmobiliario, con los megaeventos deportivos a la vuelta de la esquina y la necesidad de mostrarle al mundo una ciudad limpia y segura, los intereses especulativos expulsan a los pobres cada vez más lejos.
“Hay una guerra no declarada, y es una guerra de clases”, puntualiza Débora Silva. “No es algo de San Pablo ni de Río: es de todo Brasil. El país está a punto de estallar. El modelo no aguanta más, y no sabemos muy bien cuándo ni cómo, pero sabemos que va a explotar”, añade Débora. Ella sabe en sus carnes lo que es formar parte de esa porción de la población brasileña, esos millones de personas que cada día ven sus derechos pisoteados. Derecho a la vivienda digna, a la justicia, a la salud y a la educación, a la cultura; derecho a la propia integridad física.
Los millones de personas que habitan las favelas y periferias de las grandes ciudades, como los campesinos sin tierra, como los indígenas, son prescindibles para el modelo económico que ha elevado a la economía brasileña a los primeros puestos del ranking mundial. Sobran.
1. Si durante los cinco días de ataques del PCC se registraron unas 270 muertes de policías y civiles en la capital paulista, la represión policial en las periferias dejó al menos 493 muertos. Así lo confirmó el estudioSão Paulo bajo extorsión: Corrupción, crimen organizado y violencia institucional en mayo de 2006, una investigación de la ONG Justiça Global y de la Universidad de Harvard, publicada en 2011. Cf.http://global.org.br/programas/sao-paulo-sob-achaque-corrupcao-crime-organizado-e-violencia-institucional-em-maio-de-2006
2. En Río de Janeiro, el estado con la policía más letal, la cifra se duplica: los agentes del Estado matan a unas mil personas al año.
3. Autora de la tesis doctoral Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista, Universidad de San Pablo, 2011.
4. En entrevista a Correo da Cidadania: íntegra en http://coletivodar.org/2012/08/em-sao-paulo-tem-sido-utilizada-a-linguagem-da-guerra-carta-branca-a-violencia-policial
5. Véase nota al pie 1.
6. En entrevista a Carta Maior: http://coletivodar.org/2012/08/em-entrevista-antropologo-comenta-a-guerra-aos-pobres-em-sao-paulo/
7. http://apublica.org/2012/08/militarizacao-subprefeitura-sao-paulo
8. Madia era uno de los altos mandos de la Policía Militar cuando ésta entró en la prisión de Carandiru para poner fin a un motín que terminó con el sangriento asesinato de al menos 111 reclusos en 1992. Véase Nazaret Castro, “La matanza de Carandiru”, en Fronterad: http://fronterad.com/?q=la-matanza-de-carandiru&page=0,1
9. Vera Telles, “La connivencia entre el crimen y el poder”, Le Monde diplomatique, edición brasileña, San Pablo, julio de 2011.
10. Nazaret Castro, “El narcotráfico cambia de manos en Río de Janeiro”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2011.
Le Monde diplomatique
Precario equilibrio de fuerzas entre el crimen y el Estado en San Pablo. Organizaciones de derechos humanos y vecinos de los barrios pobres denuncian el fortalecimiento de los grupos paramilitares y exigen el fin de la impunidad de la Policía Militar, que mata más de 500 personas al año.
Débora Maria Silva se enteró por la radio de que habían matado a su hijo. Ella ya se lo barruntaba: aquel domingo, día de la madre y cumpleaños de Débora, le pidió precaución a Rogério, 29 años, padre de un niño de tres. Él la tranquilizó, aunque la calle estaba brava, en Santos como en todo el estado de San Pablo, desde que la organización criminal más poderosa del país, el Primeiro Comando da Capital (PCC), había decretado la guerra a las autoridades, sacado a sus hombres a las calles y ordenado matar policías, atacar comisarías y quemar autobuses. El Estado respondió con mano dura y lógica militar: en ocho días, la Policía Militar (PM) mató a cerca de 500 jóvenes en favelas y periferias (1). Seis años después, nadie ha pagado por los crímenes de mayo de 2006.
Después de aquella fatídica mañana, Débora se convirtió en una zombi. Dejó de comer. La hospitalizaron. Un día despertó. La ira se había transformado en furiosa indignación. Así que salió a la calle y buscó, una por una, a las madres de las víctimas de aquellas ejecuciones. Desde entonces, las Madres de Mayo pelean no sólo por la investigación de aquella masacre, sino por el fin de la violencia estatal contra la población pobre. Porque los crímenes de mayo están lejos de ser una vergonzosa excepción: las Madres denuncian que, desde 2006, la letalidad policial no ha dejado de aumentar. Débora lo resume con una frase contundente y desnuda, como son todas las suyas: “Pagamos con nuestros impuestos las balas que matan a nuestros hijos”.
Las cifras le dan la razón. La defensora pública, Daniela Skromov, señaló que la policía, y muy especialmente la PM, es responsable del 20% de los homicidios en San Pablo. Las fuerzas del estado cercenan cada año entre 500 y 600 vidas (2). El goteo de muertes se convirtió en cotidianeidad para esta megalópolis de veinte millones de habitantes. Pero, de vez en cuando, la violencia repunta y vuelve a los kioscos de la Avenida Paulista.
Así sucedió el pasado mes de junio. Entre los meses de junio y julio, se registraron 586 homicidios dolosos en la capital paulista, un 22% más que en el primer semestre de 2011. Esas cifras no incluyen la letalidad policial: según la Secretaría de Seguridad de San Pablo, en ese primer semestre se produjeron 283 muertes a manos de la PM y, muy especialmente, de las Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), una tropa de elite de esa fuerza, surgida durante la dictadura militar y muy temida en la periferia paulista por su letalidad. Movimientos sociales y asociaciones vecinales contabilizan más de 200 casos apenas en los meses de junio y julio.
Según la versión más difundida por la prensa paulista, esta ola de violencia se desató después de que, el pasado 28 de mayo, agentes de la ROTA matasen a cinco criminales pertenecientes al PCC, en venganza a su vez por la muerte de un policía a manos de esta organización a finales del año pasado. Algunos investigadores, como la socióloga Camila Nunes Dias, apuntan a que el detonante podría ser el traslado de algunos presos del PCC a cárceles del temido Régimen Disciplinar Diferenciado (RDD). Como en 2006, el PCC decretó ataques contra policías y comisarías y quema de autobuses. También como hace seis años, el Estado respondió recrudeciendo la represión contra la población pobre y periférica.
En 2006, el PCC demostró que, si quería, podía paralizar la mayor urbe de América del Sur. Nunca quedó claro cómo consiguió el Estado poner fin a los ataques; la hipótesis más aceptada por los expertos es que las negociaciones terminaron de configurar ese delicado equilibrio de fuerzas entre el mundo del crimen y las fuerzas del Estado que rige en San Pablo. Así se extrae de la tesis de Nunes Dias sobre la pacificación de la ciudad, que en los últimos quince años experimentó un notable descenso en las tasas de homicidio (3).
“Las policías siempre se relacionaron con los mercados criminales”, señala la abogada y socióloga Alessandra Teixeira (4). El estudio São Paulo bajo extorsión (5) evidenció que el detonante de los ataques de 2006 fue la extorsión de la policía al líder del PCC, Marcos Camacho, alias Marcola. Lo cierto es que la propia existencia de la facción no se explica sin la corrupción de policías, funcionarios y delegados de prisiones. Si es de todos sabido que el PCC se comanda desde las cárceles, ¿cómo es posible que circulen por las prisiones brasileñas unos 2.000 celulares? Débora Silva responde y desafía: “El crimen organizado nació de dentro hacia fuera del Estado, no al revés”.
Policía racista y letal
Pequeños y grandes acuerdos envuelven las imbricadas relaciones entre policías y criminales, pero ese equilibrio es extremadamente frágil. De vez en cuando, se rompe, como sucedió en Carandiru en 1992, en Castelinho en 2002, en la capital paulista en 2006, en Osasco en 2010 o ahora, en junio de 2012. Cuando así ocurre, quien sale perdiendo es invariablemente la población pobre y negra de las periferias, y fundamentalmente los varones jóvenes. Porque el sesgo de la letalidad policial es racista y de clase. “El ‘dispara primero y pregunta después’ siempre fue la marca de nuestra policía, y siempre tuvo como objetivo privilegiado a los pretos (negros), pobres y periféricos. 3 P’s: ésa es la sigla de nuestra política de exterminio”, sostiene el antropólogo Adalton Marques (6).
Con poquísimas excepciones, las muertes provocadas por la PM son archivadas sin más como “resistencia seguida de muerte” o “autos de resistencia”, esto es, como supuesta defensa propia de los agentes durante la confrontación con los delincuentes. La Defensoría Pública y el Ministerio Público Federal (MPF) se han unido al reclamo de las Madres y otras organizaciones de derechos humanos para poner fin a estos registros, que ni siquiera existen como figura legal y que, en la práctica, constituyen un auténtico coladero para la práctica de ejecuciones sumarias en total impunidad.
La defensora pública ha denunciado la inconsistencia de las pruebas de que esas muertes sean efectivamente en confrontación con la policía. En muchos casos, la víctima ha recibido varios tiros en órganos vitales mientras que ningún policía ha salido herido.
El fin de este tipo de registros fue una de las propuestas surgidas de una audiencia pública que reunió el pasado 26 de julio a instituciones gubernamentales y movimientos sociales. Además, el procurador de la República, Matheus Baraldi Magnani, pidió un cambio urgente en el comando de la PM, bajo el argumento de que la institución está “fuera de control” y practica la violencia “por mero placer”.
Otra de las demandas de los movimientos sociales es la desmilitarización de la policía, que también sugirió al gobierno brasileño la ONU tras una reciente visita. Sin embargo, de momento, la PM va ganando terreno en San Pablo, no sólo patrullando las calles –hay más de 100.000 agentes de la PM frente a unos 30.000 de la Policía Civil–, sino también en la organización política de los municipios: coroneles de la PM están presentes en 30 de 31 subprefecturas (7).
Los militares “se apropian de momentos como el actual para legitimar su actuación violenta y extralegal”, recuerda Alessandra Teixeira. Y, con la inestimable ayuda de los grandes medios de comunicación, que asumen en sus titulares la tesis de que las víctimas son delincuentes y eluden contextualizar esas muertes, se instala en la sociedad una visión que acepta la brutalidad policial como garantía de su seguridad y “da una carta blanca, aceptación y legitimación de esa violencia”, en palabras de Teixeira.
El Estado, antes que combatir este tipo de violencia, la alienta. En un año electoral, el gobierno conservador enarbola la política de la “tolerancia cero” contra la delincuencia. “Al criminal sólo le quedan dos opciones en San Pablo: la celda o el ataúd”, afirmó Geraldo Alckmin, gobernador del estado, el pasado julio. El comandante de la PM, el teniente-coronel Salvador Modesto Madia, afirmó por su parte que no le importan los números de letalidad policial, sino “su legalidad”. Cabe preguntarse a qué legalidad se refiere cuando la mayor parte de estas ejecuciones nunca llega a investigarse. Y cabe también recordar que Madia es apuntado como responsable de más de 70 muertes en la Masacre de Carandiru de 1992 (8).
Grupos de exterminio
Débora y Danilo Dara, del movimiento Madres de Mayo, denuncian que, si bien la violencia policial siempre existió en las favelas y periferias de San Pablo, recrudeció a partir de 2006. “En los crímenes de mayo, los agentes de la PM salieron a las calles con la orden de matar; a partir de ahí se les legitimó para sembrar el terror en las periferias, y se están haciendo con un poder cada vez mayor”, asegura Débora.
El asesinato es el extremo de una política de control y sometimiento de las periferias que inunda la vida diaria de los vecinos de los barrios pobres: extorsiones a comerciantes, abordajes policiales arbitrarios e irrespetuosos, toques de queda ordenados por la policía y los grupos paraestatales. Poblaciones como Osasco, Sapopemba, Capão Redondo o la Baixada Santista viven en permanente estado de excepción. “Entro en pánico en cuanto veo un coche de la policía. No consigo ni sacar la basura tranquila”, cuenta una vecina de Sapopemba.
“Con el pretexto de la ‘caza a los bandidos’, se suceden abordajes policiales, invasión de domicilios, chantaje, extorsión, expropiación, muertes y exterminios –escribe la socióloga Vera Telles–. El pago regular de la protección policial forma parte de la rutina del negocio local” (9). La extorsión está “incrustada en el orden de cosas” de la periferia paulista. Los llamados grupos de exterminio, formados por agentes o ex agentes de los cuerpos armados del estado, siembran el pánico y compran lealtades en las comunidades pobres.
Las Madres de Mayo, así como la ONU y Amnistía Internacional, llevan tiempo alertando del fortalecimiento de estos grupos. “El gobierno se acomodó en el discurso de que estas bandas están formadas por el crimen organizado, pero no es cierto: las conforman agentes del Estado”, denuncia Débora Silva. Por eso ella prefiere hablar de milicias, como se denominó en Río de Janeiro a la evolución de esos grupos de exterminio, cada vez más organizada y poderosa, y también cada vez más imbricada con los intereses de la clase política y empresarial.
En 2007, una comisión de investigación parlamentaria (CPI) encabezada por el diputado Marcelo Freixo demostró el poder creciente de las milicias (10). Freixo advierte que, desde entonces, ese poder sigue creciendo y se va extendiendo por todo Brasil. “Milicia es mafia”, alerta el diputado, y minimiza la importancia de bandas criminales como el Comando Vermelho en Río o el PCC en San Pablo. “El principal peligro para la seguridad en Brasil viene de los grupos paramilitares”, señala.
Higienización de la pobreza
Para Danilo y Débora, la truculencia policial y la ascensión de los grupos de exterminio responden a la misma lógica que la política de encarcelamiento en masa –hay 500.000 presos en Brasil, y la cifra no deja de crecer– y que los desalojos de favelas, cada vez más habituales en el Brasil que acogerá el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016. “Es una política de exterminio, de higienización y criminalización de la pobreza”, denuncia Danilo.
La ciudad de San Pablo vivió recientemente otros episodios de higienización de la pobreza, como el brutal desalojo de la favela de Pinheirinho o la expulsión de los sin techo y de los drogadictos de barrios del centro como Santa Ifigênia. En un contexto de boom inmobiliario, con los megaeventos deportivos a la vuelta de la esquina y la necesidad de mostrarle al mundo una ciudad limpia y segura, los intereses especulativos expulsan a los pobres cada vez más lejos.
“Hay una guerra no declarada, y es una guerra de clases”, puntualiza Débora Silva. “No es algo de San Pablo ni de Río: es de todo Brasil. El país está a punto de estallar. El modelo no aguanta más, y no sabemos muy bien cuándo ni cómo, pero sabemos que va a explotar”, añade Débora. Ella sabe en sus carnes lo que es formar parte de esa porción de la población brasileña, esos millones de personas que cada día ven sus derechos pisoteados. Derecho a la vivienda digna, a la justicia, a la salud y a la educación, a la cultura; derecho a la propia integridad física.
Los millones de personas que habitan las favelas y periferias de las grandes ciudades, como los campesinos sin tierra, como los indígenas, son prescindibles para el modelo económico que ha elevado a la economía brasileña a los primeros puestos del ranking mundial. Sobran.
1. Si durante los cinco días de ataques del PCC se registraron unas 270 muertes de policías y civiles en la capital paulista, la represión policial en las periferias dejó al menos 493 muertos. Así lo confirmó el estudioSão Paulo bajo extorsión: Corrupción, crimen organizado y violencia institucional en mayo de 2006, una investigación de la ONG Justiça Global y de la Universidad de Harvard, publicada en 2011. Cf.http://global.org.br/programas/sao-paulo-sob-achaque-corrupcao-crime-organizado-e-violencia-institucional-em-maio-de-2006
2. En Río de Janeiro, el estado con la policía más letal, la cifra se duplica: los agentes del Estado matan a unas mil personas al año.
3. Autora de la tesis doctoral Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista, Universidad de San Pablo, 2011.
4. En entrevista a Correo da Cidadania: íntegra en http://coletivodar.org/2012/08/em-sao-paulo-tem-sido-utilizada-a-linguagem-da-guerra-carta-branca-a-violencia-policial
5. Véase nota al pie 1.
6. En entrevista a Carta Maior: http://coletivodar.org/2012/08/em-entrevista-antropologo-comenta-a-guerra-aos-pobres-em-sao-paulo/
7. http://apublica.org/2012/08/militarizacao-subprefeitura-sao-paulo
8. Madia era uno de los altos mandos de la Policía Militar cuando ésta entró en la prisión de Carandiru para poner fin a un motín que terminó con el sangriento asesinato de al menos 111 reclusos en 1992. Véase Nazaret Castro, “La matanza de Carandiru”, en Fronterad: http://fronterad.com/?q=la-matanza-de-carandiru&page=0,1
9. Vera Telles, “La connivencia entre el crimen y el poder”, Le Monde diplomatique, edición brasileña, San Pablo, julio de 2011.
10. Nazaret Castro, “El narcotráfico cambia de manos en Río de Janeiro”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2011.
* Periodista, San Pablo. Colabora con el diario El Mundo de España y anima el blog personalwww.sambaytango.blogspot.com, así como el proyecto www.carrodecombate.com
Orden en las cárceles y en las calles
“Pacificada” por el crimen
Si bien no ocurrió lo mismo con la letalidad policial, la realidad indiscutible es que la violencia ha disminuido en San Pablo, hasta el punto de que la ONU colocó a la ciudad como ejemplo de políticas públicas exitosas en la disminución de los homicidios (11). Sin embargo, por mucho que el gobernador se empeñe en sacar réditos electorales, y aunque convenza con su discurso de la mano dura a buena parte de las clases medias, en las favelas y periferias hay consenso: no fue el Estado. Fue el crimen organizado el que detuvo la sangría de asesinatos en los barrios pobres, una vez que, en los años 90, el Primeiro Comando da Capital (PCC) se hizo con el monopolio del tráfico de drogas y del crimen en la ciudad.
“Los homicidios bajaron por orden del PCC”, sentencia la reportera de TV Record Fátima Souza (12). La facción criminal impuso orden en las cárceles y en las calles, llamando a lo que la antropóloga Karina Biondi llama “paz entre hermanos y guerra contra la policía”. Quien quiera matar, robar o traficar debe pedir permiso al Partido del Crimen. Así construyó su legitimidad, que se basa en partes iguales “en el respeto y el miedo”, en palabras de Souza.
La facción, que nació en las cárceles y desde allí se conduce hasta hoy, ostenta el monopolio del narcotráfico en San Pablo, su principal fuente de ingresos, a lo que se suman asaltos y secuestros, las mensualidades de los socios e incluso “préstamos” a delincuentes para que efectúen sus crímenes. En marzo de 2005, sus ingresos ascendían a 1,2 millones de reales anuales (600.000 dólares) según uno de los detallados libros de cuentas capturados a la organización. En los últimos años, ingresó en negocios legales –farmacias, bares, clubes nocturnos– para blanquear el dinero y se extendió por las cárceles y las calles de todo Brasil. Se cree que tiene su base de operaciones en Paraguay y que mantiene lazos con el crimen organizado en Argentina y Chile, la guerrilla colombiana y los carteles del narco mexicanos.
Mientras el PCC –que según diferentes investigaciones podría contar con unos 200.000 miembros (13)– consolidaba su hegemonía, el gobierno paulista “estuvo más preocupado en ocultar el problema que en solucionarlo”, denuncia Fátima Souza. La Secretaría de Seguridad Pública paulista, que declinó responder las preguntas del Dipló, negó y sigue negando la importancia del Partido e impuso la ley del silencio entre los medios de comunicación, que optaron por omitir las temidas siglas.
1. Según la Secretaría de Seguridad Pública del estado de San Pablo, el número de homicidios dolosos rondó allí los 13.000 muertos en 1999; una década después, la cifra no llegaba a 5.000. Pese a que la disminución de los homicidios es innegable, esta pronunciada caída se debe también a la manipulación de las cifras: así, por ejemplo, hace unos años el gobierno comenzó a contabilizar como un solo caso los episodios violentos que producen varias víctimas mortales.
2. La reportera explica en el ensayo PCC. La facción (Record, Río de Janeiro, 2007) cómo se convirtió en interlocutora privilegiada de la banda.
3. Aunque es difícil detallar las cifras, Souza aventura que pertenecen al Partido en torno al 80% de los 200.000 presos que se hacinan en las prisiones paulistas, el 80% de los internados en centros de menores –lo que le asegura a la organización las próximas generaciones de soldados– y unas 50.000 personas en las calles. En 2006, las propias autoridades, reacias a reconocer el poderío de la facción, asumían que ésta contaba con unos 140.000 miembros.
N.C.
“Los homicidios bajaron por orden del PCC”, sentencia la reportera de TV Record Fátima Souza (12). La facción criminal impuso orden en las cárceles y en las calles, llamando a lo que la antropóloga Karina Biondi llama “paz entre hermanos y guerra contra la policía”. Quien quiera matar, robar o traficar debe pedir permiso al Partido del Crimen. Así construyó su legitimidad, que se basa en partes iguales “en el respeto y el miedo”, en palabras de Souza.
La facción, que nació en las cárceles y desde allí se conduce hasta hoy, ostenta el monopolio del narcotráfico en San Pablo, su principal fuente de ingresos, a lo que se suman asaltos y secuestros, las mensualidades de los socios e incluso “préstamos” a delincuentes para que efectúen sus crímenes. En marzo de 2005, sus ingresos ascendían a 1,2 millones de reales anuales (600.000 dólares) según uno de los detallados libros de cuentas capturados a la organización. En los últimos años, ingresó en negocios legales –farmacias, bares, clubes nocturnos– para blanquear el dinero y se extendió por las cárceles y las calles de todo Brasil. Se cree que tiene su base de operaciones en Paraguay y que mantiene lazos con el crimen organizado en Argentina y Chile, la guerrilla colombiana y los carteles del narco mexicanos.
Mientras el PCC –que según diferentes investigaciones podría contar con unos 200.000 miembros (13)– consolidaba su hegemonía, el gobierno paulista “estuvo más preocupado en ocultar el problema que en solucionarlo”, denuncia Fátima Souza. La Secretaría de Seguridad Pública paulista, que declinó responder las preguntas del Dipló, negó y sigue negando la importancia del Partido e impuso la ley del silencio entre los medios de comunicación, que optaron por omitir las temidas siglas.
1. Según la Secretaría de Seguridad Pública del estado de San Pablo, el número de homicidios dolosos rondó allí los 13.000 muertos en 1999; una década después, la cifra no llegaba a 5.000. Pese a que la disminución de los homicidios es innegable, esta pronunciada caída se debe también a la manipulación de las cifras: así, por ejemplo, hace unos años el gobierno comenzó a contabilizar como un solo caso los episodios violentos que producen varias víctimas mortales.
2. La reportera explica en el ensayo PCC. La facción (Record, Río de Janeiro, 2007) cómo se convirtió en interlocutora privilegiada de la banda.
3. Aunque es difícil detallar las cifras, Souza aventura que pertenecen al Partido en torno al 80% de los 200.000 presos que se hacinan en las prisiones paulistas, el 80% de los internados en centros de menores –lo que le asegura a la organización las próximas generaciones de soldados– y unas 50.000 personas en las calles. En 2006, las propias autoridades, reacias a reconocer el poderío de la facción, asumían que ésta contaba con unos 140.000 miembros.
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* Periodista, San Pablo. Colabora con el diario El Mundo de España y anima el blog personal www.sambaytango.blogspot.com, así como el proyecto www.carrodecombate.com