¿Los mapuches son chilenos y exterminaron a los tehuelches argentinos?

Por Araceli Bellotta*
Publicado el 24 de enero de 2017

La represión de la Gendarmería Nacional en contra de la comunidad mapuche Pu Lof, en el departamento de Cushamen, provincia del Chubut, enfrentada con el empresario italiano Luciano Benetton, propietario de más de 800 mil hectáreas en la Patagonia desde 1991, desató una polémica acerca de la condición “chilena” de los mapuches que habrían exterminados a los tehuelches, “indios argentinos”.

Un reciente comunicado de investigadores del CONICET con el  título “Los mapuches no son ´indios chilenos´, sino pueblos preexistentes”, sostiene que “vivían en esos territorios antes de que existieran los Estados”, que “había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile” y éstos no se extinguieron sino que aún existen.

Y es en este punto en el que la historia puede aclararnos algunas cuestiones para entender el actual conflicto por un lado, y también las razones ante la supuesta “chilenidad” de los mapuches reprimidos.

A fines del siglo XIX, tanto el ejército chileno como el argentino llevaron a cabo sendas operaciones militares denominadas “Pacificación de la Araucanía” del otro lado de la Cordillera de los Andes y “Campaña del Desierto” en el territorio nacional, luego de las cuales comenzaron a consolidar las fronteras de ambos países con el denominador común del genocidio de los pueblos originarios asentados en esas tierras desde hace miles de años.

A medida que se producía el avance de los ejércitos, los grupos de linaje mapuche se movilizaban hacia ambos lados de la Cordillera, tanto en Chile como en Argentina. Esto fue utilizado por los sectores hegemónicos de ambos países para negar a los grupos mapuches la  nacionalidad y la ciudadanía, argentina o chilena, lo que redundó en discriminación y maltrato, y sobre todo el derecho a la posesión de la tierra que es el real centro del conflicto.

En la Argentina, una vez conquistada la Pampa y la Patagonia, por la ley 1532 de 1884, se organizó a la región en Territorios Nacionales bajo el poder del Estado Nacional, con gobernadores a cargo. Pero lo concerniente a las condiciones para ocupar la tierra fiscal se delegó en la Oficina de Tierras y Colonias.

En 1885, se sancionó la ley 1628 de ¨premios militares” que permitió que casi 2 millones y medio de hectáreas en Río Negro, La Pampa y Chubut quedaran en manos de poco más de 500 dueños, luego de que compraran miles de premios militares a precio vil.

Entre la mitad de 1880 y toda la década de 1890, el Estado realizó remates públicos de tierras fiscales en fracciones de entre 2.500 y 40.000 hectáreas con la obligación de poblar e invertir un capital. La gran parte de este territorio fue comprado por terratenientes porteños que luego las vendieron, en general, a empresas de capitales chilenos y británicos.

Susana Bandieri, en su investigación “La distribución de la tierra pública en la Patagonia” sostiene que muchas de las tierras cordilleranas y precordilleranas más valiosas quedaron en manos de un conjunto de empresas que invirtieron fuertemente en la Patagonia. La Argentine Southern Land Company se formó en 1889, y adquirió 585.000 hectáreas en la meseta y precordillera de Río Negro y Chubut, desde Maquinchao hasta Leleque y Tecka. Pero no colonizó sus tierras, sino que las dedicó a la producción de vacunos y ovinos, y estableció almacenes de ramos generales con los que obtuvo fuertes ganancias con los pobladores rurales.

A partir de 1975, y debido a la baja de los precios internacionales de la lana, comenzó a vender sus tierras, hasta que la empresa textil italiana Benetton adquirió la mayor parte en 1991 y es con la que la comunidad mapuche está en litigio.  

¿De dónde nace el prejuicio de los “indios chilenos”

En 1861, tras la extraña batalla de Pavón en la que el general vencedor, Justo J. de Urquiza, se retiró dejando como vencedor al general vencido, Bartolomé Mitre, éste último asumió la presidencia de la Nación e impuso al país un modelo agroexportador con absoluta dependencia de Gran Bretaña. Para la construcción de este nuevo estado había que crear un nuevo modelo de “ser argentino”. Debía ser blanco, descendiente de europeos, lo más parecido posible a los porteños. Había que borrar a los negros y a los indios, porque había que eliminar la “barbarie” para adoptar la “civilización”. La educación tuvo un rol fundamental y en las aulas comenzó a enseñarse que los indios y los negros eran cuestión del pasado y que ya no existían. Algo así como lo que sucedió con los dinosaurios.

Entre 1878 y 1920 fueron muchos los debates en el Congreso de la Nación sobre qué hacer con los indígenas que se tenían como prisioneros de la campaña militar a la Patagonia.

La opinión mayoritaria sostenía que había que integrarlos con la condición de que se incorporasen a la “civilización”. Por su parte, Julio A. Roca y el gobernador del territorio de Río Negro, Lorenzo Wintter, propiciaban que fueran diseminados en distintos puntos del país, que fue la que finalmente triunfó y que significó el desmembramiento de las familias originarias en distintos puntos lejanos del país. De esta manera, de dueños de la tierra pasaron a ser peones, empleadas domésticas, es decir, obra de mano barata de los nuevos pobladores del sur en su gran mayoría colonos europeos, tanto o más extranjeros que los supuestos “indios chilenos”.

En 1922, por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen se creó el Parque Nacional del Sur, a cargo de Jorge Newbery que asumió el cargo ad honorem. Por ese decreto se prohibió la tala de árboles, la matanza de animales silvestres y la alteración de sus corrientes de agua. Se dispuso también en esas 785 mil hectáreas, el desalojo inmediato de pobladores que la ocupaban en “calidad de intrusos”.

Newbery, que asumió ad honorem porque en realidad lo que quería es que le cedieran un total de 26.175 hectáreas que estaban dentro de los límites del Parque, se encargó especialmente de difamar a los “indios chilenos”.

Poco después, el informe que presentó la Dirección General de Tierras en el período presidencial de Marcelo  T. de Alvear (1922-1928), abonó aún más el prejuicio que parece perdurar hoy, pero además enfocó la cuestión en las razones económicas que también son las que justificaron la represión del presente.

El informe decía: “El mayor valor de nuestra moneda y la facilidad en nuestro país son también causas de que sus fronteras sean a menudo traspuestas, con el agravante de que los nuevos habitantes, accidentales, en su mayoría, son de raza inferior, sin ninguna conveniencia para nosotros (…). La población peor bajo el punto de vista anotado estaría especialmente concentrada en las cercanías de las líneas fronterizas del Neuquén y Río Negro y son estas regiones las que necesitan con maor urgencia medidas enérgicas, que quizás sólo puedan ser tomadas a base de una buena gendarmería o de tropas nacionales”.

“Civilización o barbarie” había dicho Domingo F. Sarmiento en la mitad del siglo XIX. En el siglo XX seguía vigente y parece que en el siglo XXI también.

*Araceli Bellota es una historiadora, escritora y periodista argentina, que se ha caracterizado por orientar su obra a rescatar el papel de las mujeres en la historia. Se define como "peronista y feminista".​ Wikipedia

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15 de enero de 2017

Investigadores del CONICET: "Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes"

Difundimos comunicado:

MENSAJE DE LOS INVESTIGADORES DE CONICET

Los investigadores nucleados en la Sección Etnología, perteneciente al Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, repudiamos la represión llevada a cabo contra la Pu Lof en Resistencia, en el Departamento de Cushamen, el 11 y el 12 de enero, por Gendarmería Nacional y por la Policía de la Provincia de Chubut. Nos sumamos, de este modo, a los múltiples comunicados de repudio realizados por comunidades y organizaciones indígenas, investigadores, docentes y estudiantes, trabajadores del Estado, agrupaciones religiosas y organismos de derechos humanos.

Al mismo tiempo, comunicamos nuestra preocupación, una vez más, por la recurrencia de discursos y relatos sesgados y erróneos sobre la realidad de los pueblos indígenas actuales y sus orígenes. Como investigadores que trabajamos con pueblos originarios de Argentina y de otros países de América del Sur, respaldamos una parte sustancial de nuestras investigaciones en etnografías llevadas a cabo en los territorios comunitarios y en los márgenes de las zonas urbanas, en las que se instalaron las familias indígenas que fueron forzadas a desplazarse desde mediados del siglo pasado.

Si bien en las últimas décadas la destrucción de sus territorios intensificó las migraciones, también se da un proceso inverso y algunos deciden volver a la tierra. Este proceso de retorno —al que suelen referir como “recuperaciones”— pone al descubierto el despojo territorial que vivieron sus mayores, así como los métodos fraudulentos y violentos empleados tanto por privados como por el propio Estado.

Numerosas investigaciones antropológicas e históricas contextualizan estos procesos de despojo y permiten explicar por qué Benetton es hoy el mayor propietario de la Patagonia, en tanto que la mayoría de las comunidades indígenas territoriales se encuentran en tierras consideradas fiscales, sin títulos de propiedad comunitaria, bajo la amenaza constante de desalojo. Por lo tanto, las “recuperaciones” no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional, tal como sostiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Son llamados de atención sobre historias silenciadas en el relato oficial de la colonización, sobre los efectos negativos de la extranjerización de la tierra y de la intervención del capitalismo extractivista, y revelan la continuidad de la colonialidad en el presente.

Por otro lado, tal como indica el nombre de nuestro lugar de trabajo, algunos de nuestros estudios examinan las clasificaciones etnológicas, sus contextos de producción y las relaciones de poder subyacentes. Coherentes con dichas investigaciones, nos vemos en la obligación de aclarar dos enunciados fundados en el desconocimiento que, si bien son antiguos, se actualizan en estos días.

Afirmamos, por lo tanto, que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. La mayoría de los etnónimos (nombres de los pueblos indígenas) variaron entre el siglo XVIII y el presente; algunos son nombres que se dan a sí mismos —como por ejemplo “mapuche”— y otros fueron impuestos —como es el caso de los términos “araucano” y “tehuelche”. Vale decir que “araucanos” no es el “verdadero nombre” de los mapuche ni tampoco es el nombre de los “antiguos mapuche”; es apenas el nombre que los españoles quisieron darles.

Los mapuches, por otra parte, no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. A su vez, las alianzas matrimoniales entre unos y otros y los desplazamientos producidos por el avance de los Estados sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche-tehuelche, tal como ocurre en la actual provincia de Chubut. Los tehuelches, por otra parte, no “se extinguieron”, sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek’enk. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización.

Convencidos de la importancia de evitar lecturas sesgadas de la historia y del presente, en la vía para reparar injusticias y subordinaciones, invitamos a quienes deseen profundizar en el conocimiento de estos temas a considerar, en primer lugar, las voces de los propios pueblos originarios, que se expresan a través de sus organizaciones y líderes, en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Los invitamos también a consultar los numerosos estudios actualizados, disponibles en internet, mediante los cuales los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de diversas universidades nacionales contribuimos a resolver problemas que preocupan a nuestra sociedad.