Recuerda Fukushima

Ecologistas en acción


El 11 de marzo de 2011 se registró un terremoto seguido por un tsunami que tuvieron efectos devastadores en los 6 reactores de la central nuclear de Fukushima-Daiichi y en otros 8 reactores de Japón.
El terremoto ya produjo graves daños en los reactores de Fukushima-Daiichi y el tsunami vino a completar la destrucción de equipos vitales para la seguridad, lo que desembocó en una masiva fuga de radioisótopos, sobre todo yodo y cesio.
La humanidad se enfrentó así a un nuevo accidente nuclear que ha dispersado grandes cantidades de radiactividad en el medio terrestre y en el mar.
El accidente de Fukushima tiene dos características que lo distinguen de accidentes anteriores: se produjo en Japón, una potencia tecnológica de primera línea con garantías democráticas homologables a las europeas, y se generó por un evento externo a la central. Este último hecho añade gran incertidumbre a la seguridad de estas plantas: ¿puede alguien prever todo lo que va a suceder que afecte a la central?

Los efectos sobre el medio y la salud de las personas no van a ser fáciles de obviar, porque hoy en día no han hecho más que empezar a manifestarse. De entrada, el riesgo de nuevos accidentes aún no ha desaparecido en Fukushima, puesto que las dañadas estructuras de los reactores podrían no resistir los seísmos que podrían registrarse en un futuro próximo. Además, en la zona contaminada, de evacuación obligatoria, se recogieron más de 1600 víctimas del terremoto y tsunami: nunca sabremos cuantas de esas vidas se podrían haber salvado con la debida atención que no se produjo para evitar la radiactividad.


Una catástrofe ambiental, social y económica
La contaminación viajó muy lejos del reactor e hizo que los niveles de radiactividad superasen las dosis admitidas para los trabajadores expuestos a distancias de más de 80 kilómetros y que los niveles fueran ocho veces lo normal en Tokio, ciudad de más de 30 millones de habitantes situada a 250 kilómetros de la central. Se detectó contaminación en arroz, verduras, carne de ternera y hasta en la leche materna. Además, se vertieron más de 12.000 toneladas de agua contaminada al mar, lo que tendrá consecuencias impredecibles. De hecho se han pescado ejemplares de peces con un nivel de radiactividad 2500 veces el permitido.
Los primeros efectos de esta contaminación se registran ya en un reciente informe emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde los cálculos indican: un aumento del 4 % de tumores sólidos y del 6 % en cáncer de mama en mujeres expuestas en su infancia; un aumento del 7 % de las leucemias entre los adultos expuestos en su infancia y un aumento de los cánceres de tiroides casi en un factor 100. Además de esto, la OMS recomienda continuos estudios médicos sobre la población para detectar las posibles enfermedades derivadas de la radiación.
Además de los terribles daños para la salud y el medio, hay que considerar los daños económicos. Según evaluaciones independientes, estos podrían ascender a 250.000 millones de dólares, de los cuales ya se han gastado unos 43.700 millones de dólares de dinero público. En Japón la responsabilidad civil es ilimitada, pero no hay ningún reglamento que establezca como deben acometerse las indemnizaciones, por lo que TEPCO, la empresa propietaria de la central, todavía no se ve obligada a acometer indemnizaciones de consideración. Las cifras anteriores hay que compararlas con el máximo gasto por daños a terceros previsto por la legislación europea, en que se contempla una responsabilidad civil limitada, que ascienden a 1200 millones de euros.
No se aprende la lección
El debate subsiguiente y las reacciones fueron muy diversas en los diferentes países: en Alemania o Suiza se produce el apagón nuclear paulatino y definitivo, mientras que en otros, como España, las autoridades políticas y la industria nuclear permanecen agazapadas hasta que pase el chaparrón. Hoy en día, nuestro ministro de Industria vuelve a hablar de la necesidad de mantener la energía nuclear.
Como resultado del accidente, a petición de Austria, la Unión Europea impulsó la realización de unas pruebas extras en las centrales nucleares europeas, mal llamadas “pruebas de estrés”. Estas pruebas han sido muy limitadas por no tener en cuenta las acciones humanas (tales como sabotajes o accidentes de avión) sobre las centrales y porque los informes sobre los que han trabajado los organismos reguladores -el Consejo de Seguridad Nuclear en el caso de España- han sido realizados por los propios operadores de las plantas y no por agentes independientes.
A pesar de ello, la puesta en práctica de las acciones sugeridas en los informes va a suponer un enorme gasto para la industria nuclear. Según la Comisión Europea (CE), podría ascender a unos 25.000 millones de € para toda Europa y a unos 750 millones de € para las centrales españolas. En el informe de la CE se refleja además una queja por la gran disparidad de reglamentos y niveles de seguridad exigidos en los diferentes países europeos y se dice abiertamente que el nivel de seguridad de las centrales es insuficiente.
Poner fin a la pesadilla nuclear
Pese a todo, algunos gobiernos, entre ellos el español, siguen sin aceptar la evidencia de la peligrosidad de la energía nuclear y no establecen calendarios de cierre de las centrales nucleares. La industria nuclear y las compañías eléctricas, que poseen centrales, siguen poniendo la obtención de beneficios por delante de la salud de las personas y el medio ambiente. Es un caso más de apropiación privada de los beneficios y de socialización del riesgo.
El accidente de Fukushima muestra a las claras que es imposible garantizar la seguridad de las centrales nucleares y que lo más sensato es proceder a su cierre escalonado. Sobre todo teniendo en cuenta que existen ya energías alternativas capaces de suministrar electricidad sin riesgo y con mínimos impactos ambientales.
Además del peligro de accidente, las centrales nucleares generan residuos radiactivos peligrosos durante cientos de miles de años. Precisamente en España se quiere condenar a la muerte a una comarca entera, en torno a Villar de Cañas (Cuenca), mediante la instalación de un cementerio nuclear transitorio y centralizado.
Ecologistas en Acción exige al Gobierno que ponga fin a la pesadilla nuclear y fomente el despliegue de las energías renovables en lugar de limitarlo mediante decretos que cortan su desarrollo.