Los diarios de la época replicaron el relato de la dictadura; Oyarbide da por probado que fueron secuestrados y no deportados a la Argentina


El ex dictador Francisco Morales Bermúdez se defendió y alegó que las 13 víctimas del Plan Cóndor habían pedido asilo.        
El fallo judicial que solicita la captura internacional y posterior extradición de Francisco Morales Bermúdez en el marco del Plan Cóndor, anticipada por Tiempo Argentino, así como la confirmación de un supuesto acuerdo para que la Argentina pase a las finales del Mundial de 1978 tuvo amplia cobertura por los medios internacionales.
A las repercusiones que dominaron la agenda política peruana se sumó el intento de despegarse de la acusación que hizo el ex presidente de facto, al negar que su gobierno haya participado en el Plan Cóndor. En su defensa, Morales Bermúdez dijo que los 13 opositores peruanos enviados a la Argentina días antes del comienzo del campeonato mundial de fútbol fueron “deportados y no secuestrados”, a contramano de las pruebas recolectadas por la justicia argentina.
En su dictamen, el juez Norberto Oyarbide afirmó que además de las declaraciones testimoniales “coincidentes” entre todas las víctimas, “se ha podido establecer a través de distintos documentos y notas periodísticas de la época, que a los ciudadanos secuestrados se les exigió que firmaran un documento de asilo político voluntario”, a lo cual se negaron.
Parte de la prueba documental consiste en los pasaportes de Ricardo Napurí Schapiro –Nº 526553-; de Humberto Damonte Larraín –Nº 526558-; y de Ricardo Letts, Nº 526555, todos otorgados de manera irregular por el consulado peruano para su expulsión del país. También varias notas periodísticas de los diarios Clarín, La Nación, Diario Popular y del Diario San Salvador de Jujuy, que daban cuenta de la presencia en el país de los supuestos deportados y que la dictadura argentina les había prestado asilo político.
Varios expedientes oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior, entonces comandado por Albano Harguindeguy, del Ministerio de Defensa, del consulado peruano, y otras dependencias completan la prueba. También se destacan los registros de la dictadura argentina que intentaron “disfrazar” la presencia en el país de los 13 secuestrados, cuyos testimonios confirman que fueron “sometidos a vejámenes”.