Sebastián Piñera, el piromaníaco del sur

PIA


Los incendios de haciendas que se vienen produciendo en la Araucanía ubicada en la zona sur de Chile, que se cobró este último fin de semana la vida de dos latifundistas, dejaron al desnudo un conflicto histórico del país en torno a la tenencia de la tierra por parte de hacendados ricos en detrimento del desplazamiento de su población originaria, al mismo tiempo que evidencia aun más la verdadera cara neoliberal, represiva y racista del gobierno de Sebastián Piñera.

Tan sólo unas horas después de conocerse el incendio del viernes, en que fue quemada por encapuchados la hacienda del matrimonio Werner Luchsinger y Vivianne McKay con ellos dentro, Sebastián Piñera, el empresario devenido en presidente, se trasladó a la ciudad de Temuco donde anunció la militarización de la zona con 400 efectivos del cuerpo de carabineros y en la que estableció una zona especial de vigilancia con agentes de los servicios de inteligencia. A los efectivos de seguridad se los dotó con cuatro vehículos blindados y dos helicópteros de exploración.
Además, el ministro del Interior Andrés Chadwick, informó que fueron afectados para la investigación 40 peritos de la Policía de Investigaciones.
Distintas voces políticas se pronunciaron en rechazo de las medidas represivas  del gobierno ante un conflicto que lleva décadas sin ser resuelto con políticas justas de reconocimientos ancestrales de las tierras. La inacción e invisibilización constantes de los distintos gobiernos, son las causas concretas de una violencia fatal que emerge a partir de la muerte de dos hacendados ricos, pero que poco se informa, más bien se oculta, cuando esa fatalidad la sufren los mapuches por parte de los terratenientes y los carabineros.
En la actualidad, las causas de reivindicación mapuche por la posesión de la tierra son penadas con la Ley Antiterrorista creada bajo la dictadura de Pinochet y por la indiferencia de los grandes aparatos políticos y mediáticos, que con la tragedia en “llamas” salen como bomberos piromaníacos a apagar el fuego con nafta.
Pero la historia de la zona indica que la represión, el asedio a los pobladores que honestamente quieren trabajar la tierra que les pertenece desde antes de la llegada de los españoles, lo único que va a generar más temprano que tarde es violencia, rebelión y muerte.
Con la creación del Estado-Nación, una de las primeras políticas fue avanzar sobre la frontera sur de la Araucanía para ocupar las tierras de las comunidades mapuches y sobre el norte salitrero para avanzar sobre el territorio de las costas del pacífico de Bolivia y de Perú, lo que terminaría por derivar en la nefasta Guerra del Pacífico que tuvo entre otros resultados, la pérdida de una gran porción territorial por parte de Bolivia, incluida su salida al mar.
Concluida esta etapa, los terratenientes que se fueron apoderando de la zona sur en Chile, sometieron a la población originaria a un sistema de endeudamiento que tenía como fin el adueñarse de sus parcelas y de su fuerza de trabajo a muy bajo costo. Esta situación de injusticia llevó al pueblo mapuche a rebelarse contra sus nuevos conquistadores. La zona fue militarizada en 1883 en lo que se denominó “Proceso de Pacificación de la Araucanía”, proceso a partir del cual que despojó a la población de un porcentaje muy alto de su territorio –más del 50%-, dejando apenas como condición de tenencia colectiva 500 mil hectáreas.
Desde entonces, luego de librarse distintas luchas por la reivindicación sobre la pertenencia de la tierra, distintos presidentes chilenos insinuaron una reparación histórica aplicando algunas políticas de Reforma Agraria en la región. Tal vez el proceso que más énfasis puso en profundizar dicha política fue el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), con el otorgamiento de 80 mil hectáreas para los pobladores de lugar. Pero con el golpe de Estado de Augusto Pinochet todas esas conquistas populares fueron retiradas.
Con la llegada de la Concertación al gobierno tras la dictadura militar la realidad no fue distinta, los hacendados cada vez fueron más ricos y poderosos y los pobladores originarios cada vez más pobres y desplazados de sus suelos.
Este es un breve repaso histórico que debe contemplarse a la hora de clarificar las acciones incendiarias que se están desarrollando en la Araucanía por parte de organizaciones antilatifundistas, en la reivindicación del derecho a la tierra.
El gobierno de Piñera, que recién asumido militarizó la zona afectada por el terremoto en el 2010 y que libró una verdadera cruzada contra la población que ante la desesperación de haber perdido todo se lanzó a las calles a saquear supermercados, ya que el gobierno neoliberal lo único que protegía con sus verdes carabineros era la propiedad privada y la seguridad de las riquezas.
Chile es un país privatizado que se logró mantener así pos-dictadura a partir de un sistema judicial y policíaco de cercenamiento de las libertades de la población.
La educación es comprendida como una mercancía, muy costosa, que le niega el derecho a la mayoría de los ciudadanos la posibilidad de acceder a ella gratuitamente, principalmente a la universidad. Situación que obliga a familias enteras a pagar o a endeudarse para poder mandar a sus hijos a la escuela. Pero esta situación también estalló, y los “cabros” salieron a las calles nuevamente en el 2011 a luchar a destajo por su futuro, a desafiar la bestialidad represiva y elitista del piromaníaco Piñeira que no ahorró balas en la represión de los estudiantes.
La economía chilena está concentrada en pocas manos y tiene niveles de desigualdad económica y social muy altos –hay una diferencia de 27 veces entre el más rico con respecto al más pobre-. La producción agrícola, al igual que la mayoría de los países de Nuestra América, que avanza a merced de las grandes corporaciones de los agro-negocios. Y la minería, principal fuente de ingreso de la nación, fundamentalmente cobre y litio, a merced de las multinacionales.
Ahora, vuelve a salir a la luz de la vida política chilena el conflicto de la tierra mapuche en la Araucanía con la muerte de dos tradicionales hacendados incinerados por el fuego de la historia.
Serán tiempos de cambios políticos, de no seguir ocultando las injusticias que día a día vive la población. Porque si se sigue persistiendo en gobernar contra de su propia ciudadanía llevará al pueblo chileno a que lo ocurrido hace pocos días en las haciendas del sur sea solamente la chispa de un gran incendio nacional.