Consecuencias del negocio forestal. Santa Fe perdió casi el 90% de sus bosques
Por Carlos Del Frade
para Edición Uno
publicado el 30 de julio de 2004
Los bosques y montes naturales de la provincia de Santa Fe apenas representan el 14 por ciento de los existentes en 1935. Eso es lo que se desprende del reciente informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que comparó las cifras que pintan el paisaje de la deforestación impune que se generó en los últimos setenta años. Una pérdida varias veces millonaria en dólares que ningún gobierno provincial reclamó a favor de los santafesinos. Al contrario, a lo largo de la historia del siglo veinte, el Estado ha pagado precios muy altos por las tierras yermas, consecuencia de la depredación que generaron, fundamentalmente, dos grandes empresas: La Forestal, en el norte, y Celulosa, en el sur. Ambas firmas tuvieron un poder político superior al de los gobiernos locales que debieron controlarlas y que siempre obedecieron sus reclamos. Ahora que varios legisladores plantearon la necesidad de cuidar lo poco que queda de la flora autóctona también sería bueno que alguien, aunque sea una vez, reclame por los daños ocasionados a la población a través de la explotación irracional de la naturaleza.
El informe
El trabajo fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación.
De 1.100.000 kilómetros cuadrados de bosques naturales que contabilizó el censo forestal de 1935 sólo quedan poco más de 330.000. En aquel entonces, el 39 por ciento del territorio nacional estaba cubierto de bosques; hoy, la superficie boscosa no llega al 12 por ciento.
"Un problema grave que estamos teniendo es la expansión desordenada de las fronteras agrícolas. Para frenar esta situación vamos a impulsar subsidios para quienes protejan los bosques y, aunque el Estado nacional no tiene injerencia directa sobre los recursos naturales (porque son patrimonio de las provincias), vamos a promover una ley de ordenamiento territorial, para asignar cantidades de hectáreas para cada uso", dijo Atilio Savino, titular de la Secretaría de Ambiente, que depende del Ministerio de Salud.
"Se están sacrificando superficies ricas en biodiversidad, destinándolas a fines bendecidos circunstancialmente por vaivenes del mercado de efímera duración. Se está extendiendo la frontera agropecuaria a fuerza de arrasar bosques y selvas y desplazar importantes comunidades rurales. Creo que debemos avanzar hacia una ecología social, a través de procesos productivos más sustentables", agregó el titular de esa cartera, Ginés González García.
El informe advierte, a su vez, que en esta pérdida de biodiversidad, en este empobrecimiento cualitativo de nuestros bosques, se juega la suerte del 40 por ciento de sus especies vegetales y animales. De hecho, ya hay unas cuantas amenazadas: corren peligro de extinción, entre otros, el pino paraná y el palo rosado, en Misiones; los lapachos, las quenoas y el roble amburana, en la selva de Yungas; el palo santo y algunas especies de quebracho, en el Chaco; y los alerces y algunas araucarias y cipreses, en el Sur.
Cada año, todavía, se desmontan unas 30.000 hectáreas de bosques. "Nosotros aseguramos que son muchas más. Estamos documentando qué está pasando con el 30% de bosques que nos queda y recibimos a diario denuncias sobre el tema. En Salta, hasta se están vendiendo reservas ecológicas para sembrar este cultivo", alerta Emiliano Ezcurra, de Greenpeace. Los lugares más castigados son las selvas de Yungas y la misionera, el monte chaqueño y Tartagal, en Salta.
El caso santafesino
En 1935, la superficie de bosques y montes naturales en la provincia de Santa Fe sumaba 59 mil kilómetros cuadrados.
Hoy, en 2004, apenas 8.253 kilómetros cuadrados.
Solamente el 13,98 por ciento de lo que había siete décadas atrás.
Es decir que se perdió el 86 por ciento de lo que había.
¿Quién se hace responsable por esos 50.747 kilómetros cuadrados de bosques y montes naturales que ya no existen en la provincia?.
¿Cuánto dinero representa semejante superficie que tuvo, además, un costo ecológico, sanitario y social de proporciones para los habitantes de Santa Fe?.
Detrás de ese saqueo también existe una historia de permisos otorgados por el propio Estado a favor de la explotación irracional de los recursos.
Asimismo se verifica un mínimo control de las ganancias que obtuvieron las grandes empresas dedicadas a la extracción y comercialización de los árboles.
Se cobraron impuestos mínimos en relación a los excedentes que tenían esas firmas y, a posteriori, se pagaron altos precios para la reestatización de territorios convertidos en virtuales desiertos.
Hacia mediados de los años noventa, el cálculo de lo que solamente fue explotado por La Forestal estiraba la cifra del costo ecológico a 3 mil millones de dólares.
Nadie reclamó por esta legítima acreencia que tiene el pueblo santafesino.
Esos 50.747 kilómetros cuadrados de bosques y montes naturales que ya no son, forman parte de tres procesos de explotación irracional de los recursos naturales: el quebracho colorado en el norte, el eucalipto blanco en el sur y el talado indiscriminado que ahora sirve de base para plantar soja en regiones que antes poseían una gran diversidad natural.
La Forestal
Treinta y siete cajas de hierro partieron del puerto de Liverpool el 10 de marzo de 1874, embarcadas en el buque "Gassendi". El destino era Santa Fe, traían 180.187 libras esterlinas.
Era el total de un empréstito celebrado por la firma londinense Murrieta & Compañía y el gobierno de la provincia con el objetivo de conformar el capital inicial del Banco Provincial de Santa Fe.
El crédito se había firmado el 22 de junio de 1872 y el apoderado de la prestamista era el doctor Lucas González, quien luego también arbitraría de representante del Estado santafesino a la hora de saldar la deuda.
En julio de 1881, la deuda era de 110.873 libras esterlinas y 3 chelines.
La provincia, a sugerencia del polifuncional Lucas González, decidió pagar ese compromiso con tierras fiscales.
Se le otorgaron, entonces, 668 leguas de territorio. Fue por medio de una ley de la propia legislatura santafesina sancionada el 5 de octubre de 1880.
"Los capitalistas de Londres cumplían a conciencia con su función, como que eran hombres de una nación imperialista; la responsabilidad debemos buscarla -a esta altura del estudio que realizamos- en tierra argentina, y a ella es ajena el pueblo, gobernado por el régimen de una democracia permanentemente escamoteada", escribió Gastón Gori en su imprescindible "La Forestal. La tragedia del quebracho colorado", editado en 1965.
La escritura debía ser firmada por el mismísimo Juan Bautista Alberdi que intervenía a nombre del gobierno, pero no lo pudo hacer por problemas de salud. Lo reemplazó un inglés, Federico Woodgate. Junto a Lucas González, firmaron "la entrega del Chaco santafesino en una extensión de 1.804.563 hectáreas".
El gobierno cobró 1.002.594 pesos, pero devolvió en juicios reivindicatorios la suma de 3.212.190 pesos.
Así nació la Santa Fe Land Company, después Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada, después La Forestal Argentina Sociedad Anónima de Tierras y Maderas y Explotaciones Comerciales e Industriales.
En 1915, un diputado provincial de Santa Fe, Romeo Saccone, salió en defensa de La Forestal diciendo que "pretender gravar con un sistema impositivo elementos primordiales del progreso, cuando precisamente el Congreso Nacional para ayudar toda iniciativa privada, suprimió totalmente los derechos a la importación de rieles, no sería digno de una provincia que pretende y con razón ser uno de los exponentes más firmes del adelanto y de la civilización en este país". Esos eran los empleados de la empresa.
En 1965, cuando los ingleses decidieron retirarse del latifundio, el gobierno de la provincia decidió pagarles 2,5 millones de pesos la legua cuadrada de peor calidad y 3,75 millones de pesos por legua cuadrada de estancia. Decía Gori que con esto "siguen haciendo los ingleses sus negocios millonarios, mientras en esferas gubernativas se exhibe como un triunfo, lo que es una nueva conquista de la compañía que acumula ganancia sobre ganancia".
La empresa tuvo su propia bandera, su policía brava, sus ciudades, puertos y ferrocarriles, moneda propia y más de 20 mil trabajadores, entre los que no se contabilizaron los diputados, comisarios, jueces de paz y otros influyentes funcionarios que recibían distintos favores de la empresa, como queda dicho.
Hubo poblaciones que recibieron los nombres de algunos presidentes del directorio de la empresa, como sucedió con Patrick Ogilvie Campbell, que le prestó su apellido al lugar en donde suele vivir el ahora senador nacional Carlos Reutemann, Llambí Campbell.
La Forestal explotaba también campos en los departamentos del centro y sur provincial, como San Martín, Belgrano y General López. Un dominio sobre la mayoría del territorio santafesino.
Mientras tanto le pagaba a la provincia 300 mil pesos en moneda nacional pero tributaba casi 9 millones de pesos a la corona británica, según el balance del año 1916.
Entre 1947 y 1957, las ganancias de la empresa se calculaban en 50 millones de dólares y hacia 1963, sus excedentes eran del orden de los 750 millones de pesos nacionales.
En forma paralela, desaparecía el quebracho, se cerraban las fábricas y crecía la desocupación y las poblaciones iniciaban el exilio interno.
También estuvieron las huelgas heroicas de los obreros y hacheros de 1919 y 1921, salvajemente reprimidas y algunas denuncias contra la explotación en la legislatura provincial durante los años cuarenta.
Gastón Gori se lamentaba en 1965 que "en más de 2 millones de hectáreas no existe ni una sola biblioteca y un censo de lectores daría un índice cultural prácticamente nulo".
Contaba que en 1963, "La Gallareta se conmovía por el cierre de su fábrica de tanino; pero la Compañía ni remotamente se cerraba como consecuencia de un descalabro económico; por el contrario, sus ingresos brutos en ese año fueron del orden de los 547 millones de pesos, así como en 1962, después de la clausura en Villa Ana, fueron de 463 millones de pesos. Centenares de millones por un lado, desocupación y miseria por el otro", sostenía el notable escritor santafesino.
A cuarenta años del cierre de las últimas fábricas de tanino de La Forestal, los números oficiales de los censos forestales hablan del desierto que siguió a la empresa.
Solamente si la provincia oficiara de representante del pueblo santafesino tendría la posibilidad de demandar a los herederos de la firma en millones de dólares por exclusivamente el costo ecológico.
Lo social, lo humano, lo cultural, lo perdido por los impuestos mal cobrados, sumaría otra cifra sideral que por ahora ni siquiera puede ser mensurada.
Celulosa
La leyenda cuenta que los rosarinos Joaquín Lagos y Enrique Fidanza disfrutaban en Roma del premio que les dejara un billete de lotería cuando el 15 de enero de 1927 leyeron las páginas de "Il Popolo di Roma". Ese papel estaba hecho con paja de trigo. La mencionada historia rosa sigue con el regreso de ambos a Rosario y su prédica a otros cerealistas y al italiano Umberto Pomilio, creador del sistema de transformación de la planta en papel. El 2 de febrero de 1929, con créditos del entonces Banco Provincial de Santa Fe, nació Celulosa Argentina en la ciudad de Capitán Bermúdez. Su primer directorio estuvo integrado por Eugenio Vogt, como presidente, Pomilio, Juan Tamburini, Silvio Gagliardi, Ciro Tonazzi, Santos Manfredi, Eduardo Grimaldi, Pedro Beristain y Antonio Morella.
Aquella fábrica de Capitán Bermúdez fue la primera planta del país dedicada a producir pasta celulósica. En febrero de 1931 la máquina importada de Alemania produjo las primeras 37 toneladas de papel. Un año después Celulosa realizó su primera exportación hacia el Paraguay.
Celulosa se convirtió en todo un símbolo de poder económico, político y social. Absorbió tres fábricas más antiguas, como Andino y Cía.; Papelera Argentina, con sede en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y la Compañía General Fabril Financiera, un desprendimiento de la Compañía General de Fósforos, con planta en Bernal, también en el primer estado argentino.
A partir de 1939 se asoció a la empresa inglesa Duperial a través de Electroclor, cuya planta era vecina de la original de Celulosa, en Capitán Bermúdez. El objetivo era elaborar productos derivados del cloro sobrante de la fabricación de la celulosa. En la primera mitad de los años cuarenta sustituyó la paja de trigo, como materia prima para la pasta, por la madera. Fue entonces, dice la historia oficial de la empresa, que se dedicó a plantar coníferas en el delta del Paraná y en Puerto Piray, en Misiones.
Pero la historia de Celulosa es también parte de la historia nacional.
Hacia 1996 formaba parte del principal acreedor externo de la Argentina: el Citibank.
En aquel año su primer trimestre exhibió una pérdida de 53 millones de pesos. La empresa decidió presentar un recurso de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Cien trabajadores quedaron en la calle.
Uno de los representantes legales de la empresa era uno de los principales referentes del poder económico nacional: Daniel Funes de Rioja, el abogado que formó parte del selecto grupo de expertos que impuso la flexibilización laboral durante los años noventa.
En 1991 trabajaban 618 obreros y otros 250 fuera de convenio. Pero había otros 150 trabajadores invisibles, los hacheros.
Sumergidos en los montes de eucaliptos blancos en los llamados centros forestales de la empresa, las familias de hacheros sobrevivían sin agua corriente, ni luz eléctrica y con pocas posibilidades de higiene y salud.
El titular del centro forestal de aquellos años, ingeniero Guillermo García, contestó: "No he tenido posibilidad de ir a los bosques por falta de tiempo. No los conozco a los hacheros. Pero iría para satisfacer una curiosidad de tipo turística. Pero no desde el punto de vista operativo porque no me corresponde. Ya trasladé mi preocupación para que los responsables tomaran acción inmediata", le dijo a este cronista.
En aquellos tiempos de principios de los años noventa, se conoció la existencia de la escuela 1231 que funcionaba en los propios territorios de la empresa.
En su momento, la ex secretaria general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, delegación San Lorenzo, Analía Semorile, explicó: "A mi me hicieron saber que no me acerque más a la tranquera que da entrada a los campos de Celulosa y donde funciona la escuela 1231. No puede ser que maestras tengan que estar saltando las tranqueras porque un capataz de Celulosa se le ocurra cerrar la tranquera para que los hijos de los hacheros no tengan clases", sostuvo.
La escuela en cuestión tenía siete cursos, una directora, Irma Benvenutti de Giacone y dos maestras. Aunque contaban con partidas para el comedor, no había dinero para cocineras, de allí que las propias docentes se encargan de preparar la comida para los cuarenta alumnos, en su mayoría hijos de los hacheros del monte de eucaliptos, propiedad de Celulosa.
"La escuela que dirijo pertenece al estado provincial, y, sin embargo, tanto la estructura edilicia como la casi totalidad de los bienes muebles que la misma posee, fueron suministrados por la empresa citada. Yo me pregunto, ¿no debe ser el estado quien garantice la educación e instrucción del pueblo?. ¿Por qué entonces, una escuela pública para funcionar decentemente tiene que depender de los dineros que Celulosa Argentina no tiene la obligación de dar?...", sostuvo la directora en una carta en que la defendía a la empresa.
Catorce años después los hacheros continúan en las mismas condiciones de existencia aunque la propietaria de la empresa sea la uruguaya Fanapel en un 85 por ciento del capital y haya vendido por un monto de 242 millones de pesos durante 2003 con una ganancia de 61 millones de pesos.
Celulosa ha sido la principal impulsora de la deforestación en la zona sur de la provincia pero su propia historia evidencia sus influencias políticas, judiciales y económicas, no solamente en la región sino también a nivel nacional.
Algunas ideas
La Forestal y Celulosa no son las únicas responsables de la desaparición del 86 por ciento de los bosques y montes naturales santafesinos, pero si tienen un alto grado de compromiso.
Ellas son las caras visibles de un negocio que no reparó en el mínimo sentido de futuro, no solamente en relación al medio ambiente, sino con respecto a las poblaciones vinculadas al negocio forestal.
Las historias de ambas empresas revela la subordinación de la clase política municipal y provincial a sus mandatos de cuidar y agrandar sus ganancias.
Y hasta se pone de manifiesto como en lugar de devolver algo de lo mucho que obtuvieron gracias al suelo y la gente de la provincia, cobraron indemnizaciones ilógicas impulsadas desde la legislatura.
Pero el tercer factor económico de depredación, desocupación, pobreza y migración interna que hoy sufre la provincia es lo que se oculta detrás del llamado boom sojero.
La pérdida de los bosques y montes santafesinos debe también mensurarse en dinero para que el estado intente una reparación para los habitantes de las regiones que más sufrieron y sufren estos procesos de devastación natural.
Un costo que puede calcularse a través del precio de cada hectárea o kilómetro cuadrado hoy convertido en tierra yerma.
Es hora, alguna vez, de convertirse en acreedores de aquellos que usaron todos los recursos a favor de sus propias ganancias sin reparar en ningún tipo de costo.