viernes, 9 de junio de 2017

Colombia: Sabíamos y no hicimos nada: anoche asesinaron al líder Bernardo Cuero

María Flórez 
Proyecto Homicidios “No tengo absolutamente ningún tipo de seguridad. La única seguridad que tengo es tener fe en Dios y autoprotegerme, no salir de mi casa, limitar mi trabajo comunitario a la mínima expresión”. Eso nos dijo Bernardo Cuero a finales de marzo pasado, cuando desde la redacción de ¡Pacifista! lo llamamos para preguntarle cómo estaba. Lo hicimos porque Pedro Cortés, un reconocido defensor de los derechos de las comunidades afro, le dijo por esos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estaba en riesgo la vida de tres dirigentes de la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados (Afrodes), entre ellos Bernardo. Anoche, como estaba trágicamente anunciado, alguien lo mató. 

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 En un comunicado escrito pocas horas después del asesinato, Afrodes contó cómo ocurrió el crimen: Bernardo, el fiscal de la organización, el representante de la Asociación de Desplazados por Vivir de Malambo (Atlántico), el miembro de la mesa departamental de víctimas, fue asesinado a tiros en su casa, cuando veía por televisión la semifinal entre Millonarios y Atlético Nacional. De los atacantes solo se sabe que eran “dos hombres que llegaron en una moto de color negro”, que “preguntaron si en el área arrendaban apartamentos” y que cuando Bernardo se les acercó para responderles, sacaron un arma de fuego y le dispararon. Luego, huyeron.   

Vea en el minuto 26 cuando el defensor de derechos humanos Pedro Cortés denuncia ante la CIDH que tres dirigentes de Afrodes estaban en peligro de muerte.  

  Bernardo sabía que su vida estaba en peligro. Se lo dijo varias veces a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad gubernamental encargada de proteger a los defensores de derechos humanos. En 2013, luego de que Bernardo recibiera amenazas, la UNP le asignó un celular y un chaleco antibalas. Las medidas no detuvieron a los criminales, porque el 6 de junio de 2016 un sicario disparó repetidamente contra la casa de ese dirigente. Pese a ello, en agosto de ese año, la UNP le pidió devolver las medidas otorgadas y dijo que el riesgo que enfrentaba era “ordinario”.
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En un análisis de su situación de seguridad, conocido por ¡Pacifista!, la UNP concluyó que Bernardo presentaba “conflicto con algunos residentes del barrio. La situación de seguridad que argumenta se origina por un evento de intolerancia, donde la mayoría de los habitantes del barrio no apoyan la gestión que realiza, razón por la cual se presentan señalamientos, agresiones verbales e incluso físicas”. Con base en investigaciones de la Fiscalía y de la Policía, la UNP concluyó que Bernardo solo tenía conflictos “personales” y “vecinales” en Malambo, y que no requería protección. 

Otra cosa piensa la Defensoría del Pueblo. En un comunicado emitido en la mañana de este jueves, la entidad recordó que en su informe de riesgo titulado “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos”, hecho público el pasado 30 de marzo, había alertado sobre el peligro que corrían Bernardo y otros defensores de derechos humanos del Atlántico. Hoy, la entidad lamentó el asesinato y llamó la atención sobre el hecho de que hubiera ocurrido “a pesar de las recomendaciones elevadas a las autoridades”.  
 Fragmento de la decisión de la Unidad Nacional de Protección en el caso de Bernardo Cuero  
 Bernardo, al contrario de las conclusiones de la UNP, estaba seguro de que criminales lo tenían en la mira por su liderazgo. En la conversación que tuvimos en marzo, nos dijo que, cuando era presidente de la junta de acción comunal del barrio Villa Esperanza, se metió de lleno al trabajo con jóvenes vulnerables y que eso le trajo enemigos. Así lo resumió: “Solo en este barrio les sacamos 350 jóvenes a la delincuencia. Ese trabajo me hizo ganar muchos enemigos, porque le quitamos clientes al microtráfico”. Y agregó que “los microtraficantes empezaron a decir que yo, con mi trabajo, estaba haciendo que bajaran las ventas, y que ya no hubiera jóvenes vendedores ni consumidores”. 

Bernardo también nos contó que había recibido llamadas amenazantes, en las que desconocidos le pedían que se fuera de Malambo, que no trabajara más con las víctimas y que abandonara la junta de acción comunal. Dijo, además, que su esposa y sus hijas habían recibido otras llamadas en las que les advertían que debían sacarlo del pueblo. Tras los hostigamientos, él estaba pensando en irse del municipio, y pasaba la mayor parte del tiempo confinado en su casa para protegerse. Permanecer allí había limitado seriamente sus ingresos, según nos contó. 

La historia de persecución contra Bernardo fue larga. En 2000 se desplazó de Tumaco (Nariño), cuando paramilitares del bloque Central Bolívar intentaron asesinarlo por su militancia de izquierda. Bernardo había sido secretario de la Unión Patriótica y del Partido Comunista en Tumaco a comienzos de los 90, cargos que abandonó por miedo a correr la suerte de sus compañeros asesinados.  

  Entre 1995 y 1998 trabajó en la alcaldía de ese municipio, y luego asumió la dirección del Movimiento Comunal Comunitario en calidad de representante legal de la Asociación de Juntas Comunales de la Comuna 4 de Tumaco. Llegó a ser candidato del Movimiento al concejo y ganó, pero no pudo posesionarse por culpa del desplazamiento. Era la época en que, de la mano de la iglesia católica, el amplio movimiento cívico de Tumaco protestaba contra el Plan Colombia, la siembra extensiva de palma africana y la violencia de los paramilitares y de la guerrilla.
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Durante los últimos 13 años, Bernardo vivió en Malambo. Allí asumió la defensa de los derechos de los desplazados y dictó talleres de capacitación sobre reparación a víctimas y liderazgo comunitario. Hasta que las amenazas terminaron por confinarlo en las paredes de su casa. Nadie hizo nada para protegerlo, ni siquiera por el hecho de que la CIDH le hubiera pedido al gobierno atender su caso y el de otros dirigentes de Afrodes, que también estaban y están amenazados. El pasado 21 de mayo, después de recibir un ataúd con una cruz y una amenaza en la sede de Afrodes en Cali, la vicepresidenta de esa organización, Erlendy Cuero, le dijo a la Fiscalía: “Si alguna persona de Afrodes sufre algún atentado responsabilizamos al gobierno nacional por no tomar las medidas necesarias para nuestros casos”. Y remató: “Pedimos ser escuchados antes de que ocurra una tragedia”. Anoche, la tragedia ocurrió.

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