La libertad de expresión en Venezuela
Luis Britto García
CADTM
En Venezuela los medios de comunicación crecen
y se expresan sin cortapisas
Venezuela
es uno de los países con mayor libertad de expresión en el mundo, tanto por la
sostenida expansión de su sector de comunicaciones, como por la ausencia de
restricción para los contenidos que éste difunde.
La
más decisiva prueba de que el Estado venezolano no viola el derecho de buscar,
recibir y difundir información, consta en las decisiones de la propia Corte
Interamericana de los Derechos humanos emitidas el día 28 de enero de 2009 en
los dos casos relativos a los medios planteados ante ella.
La
primera sentencia, relativa al caso Radio Caracas Televisión (RCTV), declara
que: “No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar,
recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 335 a 394 de la presente
Sentencia”.
La
segunda sentencia, relativa al caso GLOBOVISIÓN, declara en forma terminante
que: “No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar,
recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 366 a 369 de la presente
Sentencia”.
Más
adelante aportamos testimonios, extraídos textualmente de los medios de
comunicación venezolanos, que respaldan irrefutablemente ambas sentencias y
demuestran que desde ese entonces hasta el presente reina en Venezuela la más
irrestricta libertad de expresión.
Los medios privados
venezolanos crecen sin cortapisas
Los medios privados venezolanos están en un
proceso de sostenida expansión que desmiente la idea de que el Estado les
imponga frenos o cortapisas. Citemos cifras contundentes de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones. Para 2012 circulan 334 publicaciones periódicas; de
ellas un centenar son cotidianos. La mayoría son abiertamente opositoras al
Gobierno. Sólo dos guardan un relativo equilibrio en la información, según
mediciones del comunicólogo opositor Marcelino Bisbal: Últimas Noticias (Caracas) yPanorama (Maracaibo). Apenas tres (03) diarios,
aparecidos en los últimos años, no son opositores: Diario Vea, Correo del Orinoco, y Ciudad Caracas.
Para
1998 funcionaban 331 emisoras de FM comerciales privadas y apenas 11 de
servicio público. Para 2012 estas cifras casi se duplican: hay 499 emisoras FM
comerciales, 83 de servicio público y 247 comunitarias. En 1998 emitían en
señal abierta 36 televisoras comerciales y 8 de servicio público; para 2012 las
cifras casi llegan al doble, pues funcionan 67 comerciales, 13 de servicio
público y 38 comunitarias. Advirtamos que las emisoras comunitarias tienen
alcance limitado a una parroquia o un distrito, y que su existencia a veces es
efímera.
Este
sostenido crecimiento de los medios de comunicación privados y su decisiva
preponderancia tanto en número como en capacidad de emisión sobre los de
servicio público, desmiente categóricamente el alegato según el cual el Estado
venezolano ejercería una hegemonía comunicacional o aplicaría políticas que
limitarían a los medios privados.
Los medios venezolanos
están en pocas manos
Pero el crecimiento cuantitativo de los medios
no significa una democratización en su propiedad ni en la selección del
contenido. En los medios privados más importantes en Venezuela opera una
extrema concentración de la propiedad, tanto vertical como horizontal, en manos
de una decena de familias. Estos grupos para 1986 controlaban cerca de 94% de
la cobertura nacional de radio y televisión, y en oportunidades dominaban
diarios impresos. Los dueños de televisoras asimismo poseen las radioemisoras
más importantes, y paralelamente manejan empresas disqueras, agencias de
asesoría de imagen, de publicidad y de relaciones públicas. Hasta 2006, sólo
dos televisoras, Radio Caracas
Televisión y Venevisión, controlaban el 75%
de la factura publicitaria televisiva, se cartelizaban para ofrecer rebajas a
los anunciantes que se abstuvieran de anunciar en otras plantas, y cobraban sus
servicios con una sola firma, Sercotel.
Ataques al Poder
Ejecutivo
En
cuanto a la afirmación de que este complejo y creciente sistema de medios
difunde informaciones y sobre todo opiniones con la más absoluta libertad, no
hay mejor prueba que una antología del contenido reciente de algunas de las más
importantes y difundidas publicaciones del país. Radios y televisoras replican
y amplifican los mismos contenidos.
Para verificar el imperio de la más absoluta
libertad de expresión basta dar un somero vistazo a la prensa mas reciente. En
su edición del 7 de febrero de 2012, El Nacional muestra en primera página una
cerrada concentración de titulares tendientes a desacreditar a la
administración. Así, a tres columnas antetitula “Gobierno niega intención de
sabotaje” para luego titular “El PSUV prohíbe a sus militantes votar en
primarias” y subtitular “La amenaza es vista en la MUD como una muestra de
temor”. En forma directa o indirecta, tildan así al gobierno de saboteador que
amenaza y sufre “temor”.
Abajo, el titular a dos columnas “Olvidados por el padrino” se refiere “a las
387 familias damnificadas que viven desde hace 15 meses en los sótanos del
edificio Líder, en La Florida ”,
las cuales piden “al padrino del refugio, el alcalde Jorge Rodríguez, los
reciba y les mejore las condiciones que habitan”. Las autoridades, que han
habilitado refugios para más de trescientos mil damnificados por las lluvias
del año 2011, algunos en hoteles de lujo u oficinas públicas, son tratadas así
como un “padrino”,
capo de mafia, que tendría a sus protegidos “olvidados”.
Al lado, se titula una gráfica en diapositivo “Con ingenio vencen la desidia”,
para celebrar que un ciudadano haya colocado en una calle de Petare “una
instalación que alumbra las zonas de más peligro y las mantiene resguardadas
del hampa”. Se abre así un verdadero menudeo de titulares que perseveran en una
campaña perenne para incrementar la percepción de la inseguridad del ciudadano
ante el hampa. Por ejemplo, en la misma página: “Inseguridad: Capturaron a 3
implicados en secuestro de embajador”. “Tres detenidos: Un muerto en tiroteo
por asalto a joyería en el Sambil”. Y “Atienden hasta 50 partos diarios:
Emergencia en Hospital de Maracay por muerte de 11 recién nacidos”. Como
colofón: “Piden diálogo: Empresarios rechazan que se vuelva al PVP”.
Empresarios que rechazan a priori una medida de control de precios piden
diálogo: vale decir, debe ceder la otra parte. En medio, en un recuadro en
verde que arroja dudas sobre si se trata de un titular noticioso o de
propaganda, se afirma: “Henrique Capriles Radonski: Nadie necesita vestir de un
color para ser atendido” y “Ruta a las primarias: Faltan 5 días”. Resumamos: en
tan sólo una primera plana, a grandes titulares, se trata al gobierno electo,
bien por denotación o por connotación, de “saboteador”, “amenaza”, culpable de
“miedo”, de “desidia”, de “padrino” que tendría a los ciudadanos “olvidados”,
sería incapaz de garantizar la
seguridad y la salud pública, se mostraría refractario al diálogo y, por implicación, para atender al
ciudadano requeriría que éste debiera “vestir
de un color”. Ningún gobierno que restringiera la libertad de expresión
permitiría una primera página como la reseñada.
Ataques al Poder
Electoral
¿Esta
libertad de expresión se limita a las primeras planas? Pasemos a la página 2
del mismo día y cotidiano. En ella se titula “Estrategia: el oficialismo niega
que planifique sabotear elecciones del 12-F” (Unas elecciones internas de la
oposición para seleccionar su candidato). Un subtítulo resaltado denuncia:
“Miedo político” y especula: “La amenaza del PSUV es vista como una muestra de
miedo”. En la misma página, a dos columnas: “Peligra la democracia: Advierten
que Chávez dará autogolpe”. Al lado, también a dos columnas: “Piden garantías
para los electores”. A la derecha de la misma página, en forma incongruente:
“Informe 2011: Reportan 94 agresiones a la libertad de prensa”. Un “Grupo
Andino de Libertad Informativa” reporta dicha cifra, sin explicar cómo pueden
ocurrir tales violaciones en un país donde circulan cotidianamente semejantes
titulares e informes, y mucho menos cómo se pueden publicar agresiones a la
libertad de prensa en un país donde supuestamente ésta no existe.
De nuevo resumimos: el gobierno planearía “sabotear elecciones”, estaría
poseído de “Miedo político”, “dará un autogolpe”, sería
culpable de “agresiones a la libertad de prensa”. Son meras especulaciones
gravísimas e infundadas, la mayoría sobre hechos futuros e inciertos. El que
sean cotidianamente publicadas sin obstáculos ni consecuencias es la prueba
irrefutable de que en Venezuela existe la libertad de expresión más plena.
¿Se trata de una situación casual? Examinemos
el mismo periódico un mes después, el 7 de marzo de 2012. En su página 2, un
titular a seis columnas: “El Gobierno fomenta la impunidad para generar miedo”.
Otro titular, a cuatro columnas: “Discurso del Ejecutivo aviva la violencia”. Y
a dos columnas: “Califican de atentado el suceso en Cotiza”, y “Tavares
denuncia amenazas por identificar a los oficialistas”. Tenemos así presentadas
como noticias opiniones según las cuales el gobierno “fomenta la impunidad”, “aviva la violencia”,
habría promovido un “atentado” y proferiría “amenazas por identificar a
oficialistas”. Ningún gobierno que atentara contra la libertad de expresión
dejaría publicar tal concentración de acusaciones sin pruebas y sin
consecuencias.
Ataques al Poder
Legislativo y Judicial
¿Esta libertad o más bien libertinaje de
expresión, que muy pocos gobiernos democráticos tolerarían, la ejerce sólo El Nacional? La primera
plana de El Universal del 2 de febrero de 2012 es una
frontal agresión a cuatro columnas contra el Poder Legislativo: “Alertan que
mayoría de la AN
aprobó una ´ley sapo´”. “Sapo” es venezolanismo infamante por
“delator”; la mayoría parlamentaria, por extensión, lo sería. La quinta columna
es una granizada de titulares contra los demás poderes: “Solicitan que se
garantice el suministro de energía el día 12 F ”, lo cual sugiere que habría peligro de
que el Ejecutivo la cortara durante las primarias de la oposición. “Sin
registro Electoral venezolanos en Australia, Madrid y Ciudad de Panamá”
cuestiona al Poder Electoral. “Capriles: El que en 14 años no ha bajado la
delincuencia, no lo hará en 6 años” y “Pérez: el Código Orgánico Procesal Penal
no frenará el crimen ni el lenguaje violento del Presidente”. Así se cuestiona
equitativamente al Poder Ejecutivo y al Judicial, omitiendo que los estados
donde gobierna la oposición son justamente los que presentan mayor tasa
delictiva.
Ataques al sistema de
Defensa Nacional
Igual libertad para presentar opiniones o
especulaciones como noticias impera en el resto de los medios. La primera
página del diario Últimas
Noticias del 15 de marzo de
2012 proclama que “Hay 500 ´boliches´ armados”, que “Guerrilla criolla compró
600 granadas al Cartel de La
Guajira ” y que “Tienen escuela de combatientes, 11
casas-bases, imprenta y radio”. Los llamados ´boliches´ serían una supuesta
guerrilla bolivariana, sobre la cual en la página 16 se afirma sin pruebas que
“Boliches funcionan como la guerrilla colombiana ELN”, en prosecución del
intento de vincular en alguna forma supuestos grupos que operarían en Venezuela
con insurgentes foráneos. En todo el texto no se mencionan fuentes ni
evidencias: lo único que prueba es, una vez más, la ilimitada libertad de
expresión en Venezuela. En El
Nacional de 7-2-2012, un
titular de la página 2 prosigue la perpetua campaña para inculpar al gobierno
electo venezolano como aliado de organizaciones guerrilleras: “FARC: Uribe
advirtió presencia de Timochenko”. El cuerpo de esta noticia señala que “El ex
presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aseguró en noviembre de 2011 que el
ahora jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko) y alias
´Iván Márquez´ estaban en territorio venezolano”. La información es
extemporánea por cuatro meses, pero alegatos de tal género son útiles como
coartada intemporal para invadir países, como ocurrió con la agresión de
Colombia contra Ecuador.
Así como los medios critican encarnizadamente
la supuesta debilidad de un sistema de Defensa que permitiría la presencia de
insurgentes, igualmente atacan los esfuerzos por fortalecerlo. El diario
capitalino El Mundo titula el 20 de marzo de 2012,
desplegado en toda la primera página “Venezuela le gana a sus vecinos en compra
de armas”, refiriendo a una adquisición excepcional de pertrechos en 2011. El
cotidiano, por supuesto, no balancea la noticia informando sobre el contexto.
Venezuela mantiene un ejército de poco más de ochenta mil efectivos, al cual
según el World Economic
Outlook dedica en 2005 unos
1.477 millones de dólares, el 1,6% de un PIB del cual destina casi 9% a la Educación. La vecina
Colombia en 2007 mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa
y Seguridad; y gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos 22.000
millones de dólares anuales, según los investigadores Juan Camilo Restrepo y
Pedro Medellín (Semanario VOZ, edición 2427, cit. Por Álvaro Angarita: “Crece
el gasto militar. Guerra devora el presupuesto”; 27-2- 2008 www.geocities.com/vozxcol/voz.pdf).
Informaciones dirigidas
a difundir pánico
Práctica usual de los medios venezolanos
privados es la de difundir contenidos tendientes a crear pánico en la
ciudadanía. Ya aludimos al graneo de titulares destinados a incrementar la
sensación de inseguridad. Esta campaña no se limita a reseñar actos del hampa.
A principios de febrero ocurre un derrame de petróleo en el río Guarapiche, en
el estado Monagas, del Oriente del país. Para proteger a los ciudadanos, las
autoridades cierran la planta de tratamiento de agua del Bajo Guarapiche y la
mantienen más de cuarenta días así (Últimas Noticias, 15-3-2012, p.2).
Es la oportunidad para que la oposición
convierta mediáticamente un accidente local en un pánico nacional. El 14 de
marzo el gobernador opositor de Carabobo, Enrique Salas, declara a Globovisión
que las autoridades distribuyen por el sistema de acueductos “agua podrida”,
que someten a tratamiento agua “salubre” (sic) y pide declarar emergencia
sanitaria en el centro del país porque ésta causaría “el crecimiento del
autismo”. Este inaudito descubrimiento clínico, que bien podría reportar el
Premio Nobel para el funcionario, es la señal para otra persistente campaña
destinada a convencer a la ciudadanía de que el líquido vital causa la muerte,
sobre la cual citaremos apenas algunos ejemplos. Al día siguiente El Carabobeño
titula “Hiperkinesis y alzheimer por mala calidad del agua e Aragua y
Carabobo”. El 15 de marzo el cotidiano Tal
Cual agrava la campaña con el
tinte racista en caricatura según la cual “Basta de supremacía blanca: ahora
tenemos aguas afrodescendientes”. El 15 de marzo Últimas Noticias titula a cuatro columnas la página 2:
“Alertan sobre contaminación de embalses que surten a Caracas”, y el 19 de ese
mes, en la misma página: “En tela de juicio calidad del agua en Venezuela”. A
la velocidad de las rotativas una campaña sobre un suministro de agua local en
Orienta, vincula en el Centro en forma fantasiosa agua “salubre” y autismo y
Alzheimer, y se potencia hasta abarcar la capital y luego la totalidad del
país.
Se comprenden los efectos que puede tener la
divulgación de falsas noticias. En 1938 Orson Welles desató un pánico en
Estados Unidos al difundir una versión radiofónica de La guerra de los mundos, de
H.G. Wells. La policía no lo dejó concluir el programa. A fines de los años 60
los hippies desataron otro pánico amenazando verter LSD en el acueducto de
Nueva York. El Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de
control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 21 de
marzo debió “INSTAR a los distintos medios de comunicación nacionales y
regionales, tanto impresos como noticieros digitales, radio y televisión,
actuar con extrema responsabilidad al momento de difundir cualquier tipo de
información relacionada con la presunta contaminación de los cuerpos de agua
cruda y potable, destinada al uso del consumo humano, que no haya sido
debidamente avalados por un “ORGANISMO TÉCNICO COMPETENTE PARA ELLO”. Y añade
que “esta exacción no puede entenderse como un mecanismo limitante de la
libertad de expresión e información, si no por el contrario, reafirmar tales
derechos al procurar que las informaciones tengan un aval científico que las
revista de absoluta veracidad, tal como lo prevee el contenido del artículo 58
del Texto Constitucional según el cual ‘toda persona tiene derecho a la
información oportuna y veraz e imparcial´, so pena de incurrir en tipos
penales, descritos por el legislador como hechos punibles que de alguna forma
conlleven a crear pánico y zozobra en la ciudadanía”.
Entiéndase bien: la decisión sólo alerta contra la invención de noticias sobre
el agua no avaladas por organismos técnicos competentes, y exhorta a cumplir
normas constitucionales y penales. A este respecto, nuestro Código Penal
dispone:
ART 296.A.—Todo individuo que por medio de
informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial,
televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause
pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de
dos a cinco años.
Si los hechos descritos en el aparte anterior fueren
cometidos por un funcionario público, valiéndose del anonimato o usando para
tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera parte.
Este artículo será aplicado sin perjuicio
a lo establecido en la legislación especial sobre los delitos informáticos,
telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos.
Una
vez más resumimos: ningún gobierno que coartara la libertad de expresión
permitiría la divulgación de noticias o más bien de opiniones como las citadas,
encaminadas a causar pánico en la comunidad. Los medios de comunicación en
Venezuela gozan de la más amplia libertad de expresión, y en la actualidad
siguen la misma línea que desde principios de siglo: critican abierta y la
mayoría de las veces infundadamente a todos los poderes del Estado, sin ser
constreñidos ni sufrir consecuencias por ello.
Los medios en Venezuela
funcionan como actores políticos
Para
mejor valorar en su justa perspectiva esta situación de plena libertad de
expresión, es oportuno señalar que por su parte los medios llevan adelante en
forma persistente prácticas de violación de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, de sus leyes y de la ética del gremio periodístico.
Para probar estas prácticas, que son del
dominio público, y cuya exposición rebasaría de los límites de esta audiencia,
recurrimos a testimonios emitidos por los propios medios, por sus propietarios
y sus comunicadores, recogidos en forma textual en el libro Dictadura mediática en Venezuela:
Investigación de unos medios por encima de toda sospecha (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información , Caracas,
2008), que acompañamos como Anexo al presente alegato y del cual consignamos un
ejemplar a cada uno de los miembros de la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos.
En
el documento citado consta, en afirmaciones de los propios periodistas y
propietarios, que en Venezuela los medios privados no actúan como
comunicadores, sino como actores políticos, promueven en forma consistente la
antipolítica e intentan suplantar a los partidos (pp.308-314). Que incitan de
manera pertinaz a la discriminación étnica y racial, la guerra civil, el
magnicidio y la deposición violenta del gobierno legítimo (pp. 309).
Los medios fueron
cómplices y ejecutores de un golpe de Estado
Consta
asimismo en testimonios citados textualmente en dicho libro que para el año 2002, a excepción de dos
diarios con cierto grado de equilibrio, los medios predicaron abiertamente el
derrocamiento del gobierno legítimo, mintieron que éste habría disparado contra
una manifestación, mintieron que el Presidente había renunciado, colaboraron
con su tecnología superior en el corte de comunicaciones que lo derrocó,
pactaron con la dictadura la entrega de los órganos de control de las
telecomunicaciones, llamaron a la delación contra los partidarios del gobierno
democrático, difundieron entusiásticamente sus detenciones y ocultaron con un
apagón comunicacional los movimientos populares que en definitiva
restablecieron el gobierno legítimo (Op. Cit. pp. 45 -103).
Ni
el presidente electo ni sus funcionarios aplicaron ninguna sanción: Desde el 2
de diciembre de 2002 hasta marzo de 2003 los medios privados en Venezuela se
encadenaron 24 horas diarias en una saturativa cadena de llamamientos a
derrocar el gobierno legítimo, de apoyo a un cierre patronal de empresas, al
sabotaje de la industria petrolera y a la desobediencia tributaria. La falta de
apoyo popular a esta agresión comunicacional de una duración nunca vista en el
mundo determinó su fracaso, sin que de nuevo las autoridades ejecutaran sanción
alguna (Op.cit. pp 140-155).
Los medios venezolanos
no se consideran obligados a ser veraces ni imparciales
Para
sustentar tales políticas los medios han dejado de lado la veracidad,
objetividad, imparcialidad y equilibrio que debe caracterizarlos. Para
justificarlo, el doctor Pedro Nikken sostiene en la audiencia de 27 de marzo de
la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en Washington que “nadie
sabe lo que es la verdad”. Es la pregunta de Pilatos, y cada vez que la hace un
agente del Imperio, sale crucificado un inocente. Si verdaderamente tuviera
dudas, el doctor Nikken no debería acudir ante una Corte Interamericana para
que legitime como verdad judicial una verdad que él mismo dice ignorar, y los
medios opositores venezolanos a los cuales representa deberían abstenerse de
presentar como verdades la granizada de mentiras que constantemente esgrimen
contra el gobierno democrático de Venezuela.
Lo
cierto es que de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, “La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y
responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la
información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los
principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando
se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. Por
tanto, nadie puede en Venezuela emitir información inoportuna, falsa y
parcializada, ni pretender que como desconoce la verdad, está libre de los
deberes y responsabilidades que indique la ley.
Para evidenciar que gran parte de los medios
en Venezuela no se consideran obligados a proporcionar información veraz,
imparcial y oportuna, citamos opiniones textuales de comunicadores de la propia
oposición y de observadores foráneos. El reportero Roberto Giusti declara: “Me
pregunto si a la hora de exigirnos objetividad lo que quieren en el fondo es
silencio cómplice, babosa obsecuencia, la entrega incondicional o la renuncia”
(Laura Weffer: “Roberto Giusti: es necesario ir más allá de la objetividad”, El Nacional, 26-6-03, A-5). El
opositor Manuel Isidro Molina apunta que “los medios deben volver a ser espacios
plurales y éticos, sin manipulaciones, censura ni tergiversaciones
politiqueras. Y deben salir del dispositivo neoliberal que los viene animando”.
(“La rectificación mediática tiene que ser valiente, sincera y honesta”, La Razón , 3-11-02, A-5).
Patrick Butler, para 2003 vicepresidente del
Centro Internacional de Periodistas, sostiene que “no está haciendo un
periodismo independiente sino partidario, que no trata de informar al público
sino de convencer al público para cambiar un gobierno.” (Marianela Palacios:
“Universidades abogan por un periodismo ético”, El Nacional 26-6-03, A-5). El británico Phillip
Gunson, para 2003 presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros, declara
que: “El periodismo venezolano está tan polarizado como cualquier otro aspecto
de la vida nacional. Muchos periodistas, editores y dueños de medios parecen
pensar que esto es no sólo inevitable, sino hasta deseable, que la llamada
imparcialidad es una meta inalcanzable y hasta absurda en medio de esta
coyuntura, que a la imparcialidad hay que tirarla por la borda porque así lo
exigen las circunstancias”. (Marianela Palacios: “Periodismo en tiempos de
crisis”, El Nacional,
27-6-03, A-8). Y según apunta el analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos
Larry Byrns: “Los medios venezolanos no reportan sucesos, ayudan a crearlos. Su
punto de vista se encuentra no sólo en la página editorial, sino en todas y
cada una de las columnas de sus periódicos, en escandalosa contradicción con
todo sentido y responsabilidad profesional” (Temas, Caracas, 16-1-03, p. 13).
Los propietarios de los
medios vetan, censuran y explotan a los comunicadores
Estas políticas, ordenadas por los dueños de
los medios, no necesariamente cuentan con la aprobación de los comunicadores ni
les garantizan un trabajo digno y estable. En remitido que el diario El
Nacional se negó a publicar, el sindicato de ese diario exige: “Basta ya de
manipular a los trabajadores de los medios de comunicación para exponernos como
responsables de las líneas informativas de los mismos, los dueños de los medios
deben aceptar que son un poder y que por consiguiente tienen una responsabilidad
social no sólo con sus trabajadores sino con toda la sociedad venezolana (…)”
(9-6-2002.www.antiescualidos.com.).
Sorprende por ello que organismos gremiales
como el Colegio Nacional de Periodistas o el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Prensa ,
en lugar de democratizar su funcionamiento y defender a sus agremiados contra
los patronos, hagan causa común con éstos a la hora de cursar falsas
acusaciones contra Venezuela. El Colegio pasó diez años sin elegir nuevas
autoridades; ni él ni el SNTP movieron un dedo contra los masivos despidos de
cerca de medio millar de comunicadores que siguieron al fracaso del paro
patronal de 2002 y 2003, y que desde entonces no han cesado. Tampoco adoptaro
una sola medida contra la crónica inestabilidad laboral y la falta de seguridad
social que aqueja a sus afiliados gracias a las prácticas de tercerización, ni
contra la permanente censura y el veto que se ejerce sobre los profesionales
que disienten de los propietarios. Sobre estas materias rige el criterio que la
“Defensora del lector” Alba Sánchez consigna en El Nacionaldel 8-10-2002
legitimando el veto contra colaboradores expulsados del diario: “No basta con
ser buenos con la escritura o desarrollar ideas brillantes (lo cual también
importa), sino que sus textos tienen que gustarle además de a los lectores, a
los directivos del periódico, a sus comités editoriales, a sus directores o a
sus dueños (…). Obviamente los ‘ungidos’ dejan de serlo cuando los antes
mencionados lo deciden”.
Visto
lo cual, todavía más sorprende que la presidenta del CNP, en lugar de atender a
precaria situación laboral de sus agremiados, alegue ante la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos que los comunicadores venezolanos son inducidos a la
“autocensura” mediante “dispositivos de temor”. Si hay “autocensura” en medios
que no se consideran obligados a ser veraces, es impuesta por “los directivos
del periódico, sus comités editoriales, sus directores o sus dueños”, según
confiesa Alba Sánchez. Ni un solo comunicador venezolano ha dejado de sentir
estos mecanismos patronales, sobre los cuales CNP y SNTP guardan el más
cómplice silencio, quizá por no dejar de ser “ungidos” a su vez por los
propietarios.
Los medios son la
principal fuente de las denuncias ante la CIDH
Como
otra prueba de la libertad de expresión integral de que se disfruta en
Venezuela, señalamos el hecho de que la mayoría de las denuncias interpuestas
por Organizaciones no Gubernamentales ante la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos, y que ésta por lo regular cursa sin mayor verificación
como acusaciones ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se
fundan única y exclusivamente en notas de prensa, que a menudo no aportan
precisiones sobre personas, lugar, fecha ni hechos.
En
repetidas oportunidades hemos criticado esta conducta, ya que viola los
principios de la
Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la cual en
su artículo 46 pauta que “Para que una petición o comunicación presentada
conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión , se requerirá
(…) d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la
nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o
del representante legal de la entidad que somete la petición”.
Y
en repetidas ocasiones también hemos exigido a la Comisión que se ajuste a
su jurisprudencia, que ella misma cita en sus informes, según la cual los
funcionarios públicos (de organismos nacionales o internacionales) “están
sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable,
aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus
opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por
los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y
en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los
hechos”.
Pero
si la Comisión
funda sus decisiones esencialmente en alegatos basados en notas de prensa de
los medios venezolanos, los cuales explícitamente rechazan el deber de
veracidad y de objetividad (y que son una fuente que ningún órgano
jurisdiccional digno de tal condición acepta por si sola como prueba), confiesa
con ello que en su propio juicio dichos medios informan y opinan sin cortapisas
ni limitaciones sobre lo que sucede en Venezuela, y confirma con tal práctica
que en nuestro país existe la más plena y total libertad de expresión.
Cerramos
estas consideraciones con un llamamiento para que la Comisión Interamericana
revise sus inveteradas prácticas de aceptar y dar curso irreflexivamente a todo
tipo de denuncias sobre violación de Derechos Humanos en casos en los cuales no
se ha agotado la jurisdicción interna, en los cuales no se precisan nombres,
lugares, fechas ni pruebas, en los cuales meramente se efectúan especulaciones
sobre posibles hechos futuros e inciertos, y sobre todo, basados única y
exclusivamente en notas de prensa de medios que según sus propias declaraciones
no se consideran obligados a respetar la objetividad, la veracidad ni la
imparcialidad, y que no representan más que la opinión interesada y parcial de
reducidos grupos de propietarios.
Sobre
el particular, la Comisión
debe tener muy en cuenta las críticas formuladas por los representantes de
Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú que constan en el Informe del Grupo de
Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana ,
de 13 de diciembre de 2011. No sólo se trata de un nutrido grupo de países que
formulan críticas al desempeño de esta Comisión: en conjunto, representan cerca
de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe. Los
pueblos de estos países, así como los gobiernos democráticos legitimados por el
voto de ellos, merecen la consideración y el respeto que tales prácticas
vulneran de manera continua: también son titulares de Derechos Humanos, y no se
debe los debe considerar incapaces de defenderlos cuando quienes los vulneran
son empresas o empresarios.
Por
estas muestras de los medios que hemos citado la veracidad y la imparcialidad
no se divisan, pero sí se divisa que la libertad de expresión en Venezuela es
quizá la más plena del mundo.
ANEXO: Dictadura
mediática en Venezuela: Investigación de unos medios por encima de toda
sospecha: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información , Caracas,
2008. Puede ser bajado de:www.minci.gob.ve