El modelo: crecimiento y distribución
Aldo Ferrer
Diario BAE
La resolución eficaz de
las relaciones complejas entre el crecimiento y la distribución es un desafío
principal que enfrenta el modelo. El crecimiento requiere el aumento de la tasa
de inversión y la incorporación de conocimientos en el tejido económico y social.
La distribución incluye la participación de los trabajadores en los incrementos
de la productividad resultante del crecimiento y la existencia de la red de
seguridad social, que incluye la atención de los sectores vulnerables. El
aumento del empleo a niveles crecientes de productividad es un componente
fundamental de la elevación del nivel y la calidad de vida de la población.
Éste es el escenario, dentro del modelo, en el cual se plantea el dilema
crecimiento-distribución.
El desarrollo científico y tecnológico, vinculado con la inversión y la
organización del tejido económico y social, es la plataforma fundamental del
crecimiento. Es, a su vez, un factor fundamental de la distribución porque
requiere niveles más altos de capacitación y salarios y genera cadenas de valor
más complejas, que difunden el conocimiento, aumentan el empleo y la
productividad. Las políticas públicas son esenciales para fortalecer el sistema
científico y tecnológico, fortalecer sus relaciones con la producción e
impulsar la innovación en el sector privado.
Condiciones necesarias. La acumulación de capital requiere el
aumento de la inversión privada y pública. La privada ne- cesita la existencia
de márgenes de ganancia y expectativas favorables, para estimular las
decisiones empresarias de invertir. Esto plantea un primer conflicto entre el
crecimiento y la distribución. Es decir, el reparto de los incrementos de la
productividad consistente con el crecimiento de los salarios reales y los
beneficios atractivos para la inversión privada.
El aumento del empleo y del salario real expande el mercado interno y estimula
inversión. Al mismo tiempo, el aumento de los salarios reales tiene un límite
determinado por el incremento de la productividad, la preservación de las
ganancias necesarias para la inversión y la estabilidad razonable del nivel de
precios. Es el dilema que debe resolver la política de precios y salarios.
La
racionalización del régimen económico encuadra el dilema. Por ejemplo, la
competencia en los mercados y la eliminación de las posiciones dominantes, el
control de la especulación financiera y la orientación del crédito a la
acumulación de capital productivo, evitan el desvío del ingreso hacia actores
que no contribuyen al aumento de la producción y el empleo. En ese escenario,
cuya existencia es un objetivo del modelo, subsiste la necesidad de resolver la
puja distributiva para impulsar el crecimiento, en condiciones razonables de
estabilidad de precios.
La
inversión pública requiere un nivel suficiente de ahorro público para
financiarla y, en el caso, de apelar al crédito, para pagar los servicios de la
deuda. Las relaciones de la recaudación tributaria y el gasto público con el
PBI son, en la actualidad, razonables dado el nivel de desarrollo del país. En
esta materia, los problemas principales del modelo, se refieren a la “calidad”
de ambas dimensiones, en virtud de su impacto en el desarrollo y el bienestar
social. En un Estado federal, como el nuestro, la distribución de los ingresos
tributarios y de las responsabilidades de las políticas públicas, forman parte
de los desafíos de la política fiscal del modelo.
La recaudación de impuestos, como fuente fundamental del financiamiento del
sector público, debe asentarse en la capacidad contributiva de la población, evitar
recaer en los sectores de menores ingresos y estimular la inversión y el cambio
tecnológico. El gasto público de inversión es un componente principal de la
acumulación de capital. Su financiamiento con recursos propios y financiamiento
interno y externo, dentro de niveles aceptables de deuda, es otro de los
desafíos principales de la política fiscal del modelo.
El
nivel del empleo y actividad económica y la situación de los pagos
internacionales son siempre factores condicionantes de la política fiscal
necesaria para el crecimiento. Cuando factores internos y/o externos deprimen
la demanda agregada y debilitan la producción y el empleo, son pertinentes las
políticas anticíclicas. Su viabilidad y eficacia dependen de la fortaleza de
los equilibrios macroeconómicos que las sostienen, asentados en la movilización
de los recursos propios. El acceso al crédito externo no es una buena fuente de
financiamiento de tales políticas. Es uno de los ejemplos en que “el remedio es
peor que la enfermedad”.
Estabilidad. La evolución del nivel general de precios influye en el
crecimiento y la distribución. En la actualidad, en nuestro país, prevalece una
inflación inercial asentada en la memoria colectiva de un proceso inflacionario
endémico. Los actores sociales se comportan con hipótesis de inflación futura,
que es el piso sobre el cual se resuelve la distribución, el ingreso entre
ganancias y salarios. Esta situación confronta al modelo con el dilema de
disminuir el aumento de precios, defender el poder adquisitivo de salario y el
ingreso de los sectores sociales de menores recursos y, simultáneamente, crear
un escenario positivo para la inversión privada.
El
modelo descarta la estrategia de “metas de inflación” inherente al paradigma
neoliberal, destinado siempre al fracaso e incompatible con el desarrollo del
país, el bienestar social y la equidad. Un instrumento heterodoxo de la
estrategia de estabilidad, cuando las condiciones políticas lo permiten, es la
“política de ingresos”, concertada entre los actores sociales y el Estado, para
fijar metas deseables y posibles de aumento de precios y equidad distributiva.
Es
necesario transmitir a la sociedad el convencimiento de que los equilibrios
macroeconómicos fundamentales (el presupuesto y el balance de pagos) son
sólidos y que la política monetaria es consistente con el objetivo del
crecimiento, la distribución equitativa del ingreso y la estabilidad de
precios. Esta condición es particularmente indispensable en el actual escenario
internacional. En el mismo, prevalecen la inestabilidad y el debilitamiento del
crecimiento, provocados por el predominio, en las antiguas potencias
industriales del Atlántico Norte, de la financiarización y del Estado
neoliberal. Sostener el crecimiento en los recursos propios y evitar la dependencia
de los mercados financieros especulativos siempre es importante y,
particularmente, en la actualidad.
Este
escenario plantea riesgos a la capacidad del modelo de resolver el dilema
crecimiento y distribución. Por ejemplo, frente a la inflación inercial, puede
intentarse anclar la estabilidad y la distribución progresiva del ingreso, a
través de subsidios a insumos difundidos (como transportes y energía) y la
apreciación del tipo de cambio. El límite de estos instrumentos está dado por
su impacto en las finanzas públicas y la pérdida de competitividad externa, que
debilitan el crecimiento y la fortaleza de los pagos internacionales. Es decir,
terminan por sancionar la inviabilidad del modelo. Ésta es, precisamente, la
expectativa de la crítica neoliberal del modelo.
El éxito de los controles, instrumentos legítimos dentro de un Estado nacional,
la democracia y la división de poderes, depende de la consistencia de los
equilibrios macroeconómicos que respaldan la política de crecimiento y
distribución.