Practicas históricas del diario Clarín
Por Eduardo Luis Duhalde
ex Secretario de Derechos humanos de la Nación
para Tiempo Argentino
publicado en diciembre de 2010
Parte I
Las prácticas del terrorismo de Estado no comenzaron en 1976, sino en el año 1955. La actividad de los Noble y el diario Clarín, asociada con los militares y el terror, tampoco comenzó con Videla y Papel Prensa, sino que se remonta también al golpe del ’55.
En esta nota, comenzamos mostrar la indignidad de la conducta permanente e ignominiosa del Grupo Clarín, con un gravísimo episodio de la década de 1960.
El 6 de junio de 1960, el ministro del Interior Alfredo Vítolo envía este Memorando urgente al presidente Frondizi, que se conserva en el Archivo de este último, actualmente fondo de la Biblioteca Nacional:
Memorándum Dr. Vítolo
“Señor Presidente:
Hace alrededor de media hora me llamó el Dr. Noble.
Pensaba hablar con Vd. para pedirle que en algún momento conversaran; no obstante, dada la premura de los acontecimientos, me encargó que con la mayor urgencia le trasmitiera su opinión sobre la actual situación:
Me dijo textualmente: “Dígale al presidente que, como gran amigo que es, soy de opinión que debe intervenir Córdoba con la media sanción de la ley por parte de Senadores” (subrayado en el original).
Le contesté: “No conozco ningún precedente.” Me volvió a repetir: Hay momentos históricos en que los precedentes deben crearse. El Senado representa a las Provincias, y ahí ya obtuvo los dos tercios. En Diputados va a ver demora por el pase a Comisión y existiría el peligro de que no salga. EL PRESIDENTE DEBE VIAJAR A EUROPA EL LUNES Y A ESA FECHA CORDOBA DEBE ESTAR INTERVENIDA. (subrayado, idem).
Me reiteró que se lo trasmitiera urgente. Que si Vd. adoptaba esa posición, él con su diario, se encargaba de la opinión pública general y lo apoyaría en todos los órdenes. Pero que lo haga.
El carácter de este mensaje ha sido la causa de mi insistencia en que se lo hiciesen llegar en el acto.”
En pocas palabras: Roberto Noble instaba al presidente de la Nación a violar groseramente la Constitución Nacional, sin la pertinente Ley de Intervención Federal a la provincia de Córdoba, aprobada por ambas Cámaras del Congreso Nacional, y como “pago” de su obligante consejo imperativo, le aseguraba la manipulación de la opinión pública y el apoyo del diario Clarín de allí en más.
El mensaje mafioso, por cierto que no era una ocurrencia personal de Noble, ya que formaba parte de la política destituyente del gobierno civil, ligada a los peores sectores del golpismo terrorista de 1955 en adelante.
– Roberto Noble y Ernestina Herrera
Hagamos un poco de memoria histórica:
El 16 de febrero de 1960 visitaban Córdoba el ministro de Economía Álvaro Alsogaray y el secretario de Guerra, general Rodolfo Larcher. Ese mismo día explotaban los depósitos de nafta que la empresa estadounidense Shell-Mex tenía en barrio San Fernando, en cercanías del ramal ferroviario tendido hacia Malagueño. La cifra de muertos fue de 15 personas y hubo una veintena de heridos. La conmoción nacional fue muy grande. Toda la prensa lo calificó como “un atentado terrorista”. Nunca se probó siquiera que fuera un atentado y no un accidente técnico.
Finalmente, los que estuvieron presos por el hecho, tras 19 meses de torturas y de encierro, fueron sobreseídos y no hubo ninguna persona condenada por su eventual autoría.
Frente a “la voladura de la Shell-Mex”, el Ejército tomó las riendas del caso por encima de los poderes constitucionales de la República.
Fue el prefacio de la caída del gobernador electo en 1958, Arturo Zanichelli –de la Unión Cívica Radical Intransigente– y de la intervención federal a los tres poderes de la provincia.
Ya por entonces, el presidente Arturo Frondizi mostraba una abierta claudicación de los principios republicanos y cedía a las presiones de los cotidianos planteos militares, autorizándoles la represión a civiles en virtud del Plan Conmoción Interna del Estado (Conintes).
En virtud de del Plan Conintes y frente al suceso de Córdoba, se creó un Consejo de Guerra Especial y se puso en vigencia la “pena de muerte” y el establecimiento de “zonas militares”, justificadas para “tiempos de guerra”.
El Consejo era presidido por el siniestro coronel Juan Carlos Sánchez, quien diez años después, ascendido a general, sembró de terror y muerte el II Cuerpo de Ejército en la dictadura de Lanusse, hasta que murió en un atentado guerrillero en 1972, en Rosario.
Asesinato del General Juan Carlos Sánchez (Ejército II cuerpo)
Integraba también el Consejo de Guerra, el entonces capitán José Antonio Vaquero, quien posteriormente llegaría a general, siendo uno de los jefes más feroces del Estado Terrorista a partir de 1976.
Paralelamente, los militares detuvieron a los máximos dirigentes del peronismo cordobés, entre ellos, Raúl Bercovich Rodríguez, Armando Andruet y Julio Antún; también se allanó el domicilio del ex gobernador radical Santiago del Castillo. Asimismo, se detuvo a numerosos dirigentes sindicales que nada tenían que ver con el presunto atentado.
En 1958, el coronel Juan Carlos Sánchez había acusado a Zanichelli –en un informe presentado al Comando en Jefe del Ejército– de “promover la formación de milicias civiles adictas, integradas por peronistas e izquierdistas”.
En marzo de 1959, un informe de la inteligencia militar que el comandante en jefe del Ejército entregó al presidente Arturo Frondizi –conocido como Informe Conintes o Informe Landa–, reiteraba la acusación.
Por ello, los partidarios del gobernador de Córdoba tenían otra hipótesis sobre la voladura de la Shell: era una operación militar destinada a derribar a Zanichelli.
Al respecto, el diputado provincial Héctor González advertía en una sesión legislativa de entonces: “Los servicios de información secreta del Ejército, el famoso SIDE y otros más (…) se han convertido en organismos judiciales y fiscales al margen de la Constitución, y entran en el terreno político. Aceptar que los informes de organismos del Ejército puedan servir para enjuiciar a un gobierno civil sería dar validez a lo que podríamos llamar nuevo tipo de golpe de Estado.”
Federico Toranzo Montero
El 12 de mayo de 1960, el comunicado número tres del Comando en Jefe del Ejército, firmado por Federico Toranzo Montero –ampliamente difundido por los medios–, no sólo acusaba a Zanichelli de complicidad, sino que lo responsabilizaba de “organizar y armar grupos terroristas”.
El conservador Partido Demócrata y el Partido Cívico Independiente (que respondía a Alsogaray) también responsabilizaron al propio gobernador en sintonía con la acusación militar.
El entonces juez de Instrucción Héctor A. Gilly ordenó la detención de los presuntos autores, y los imputó por asociación ilícita. Estos ocho imputados eran militantes de la inorgánica “resistencia peronista”, entre ellos el “Coco” Pedrotti, un conocido activista del nacionalismo peronista al que le imputaban la jefatura del grupo.
El 22 de abril de 1960, el coronel Sánchez solicitó por nota al juez Gilly la entrega de los detenidos, sin aclarar por cuánto tiempo ni dónde los alojaría. Así, este rechazó el requerimiento afirmando que en tales condiciones “la negativa es, pues, inevitable”.
Sánchez, no admitió la “insolente” respuesta del juez de la constitución, y dos días después, envió los comandos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas, al mando del mayor Manuel H. Pomar, a la Cárcel de Encausados y los sustrajo por la fuerza. (Pomar, con el grado de capitán, a los 27 años había participado en los combates librados en Córdoba durante la Revolución Libertadora, y luego con su tropa de élite, conocida como “los perros de Pomar” se dedicó a allanar casas de militantes peronistas, detenerlos ilegalmente y someterlos a todo tipo de vejámenes. Se retiró como general de Brigada, pero fue convocado luego, por el Estado Terrorista en 1981 y se desempeñó como director de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF).
De inmediato, el juez de Instrucción puso en conocimiento del hecho al Tribunal Superior de Justicia, presidido por Antonio de la Rúa (padre de Fernando de la Rúa). El máximo tribunal emitió, entonces, una histórica acordada el 26 de abril de 1960, mediante la cual respaldó en forma categórica la jurisdicción del juez civil para entender en la cuestión de las actividades subversivas, no obstante la vigencia del Decreto 2639/60, del Poder Ejecutivo Nacional, que se la confería a las autoridades militares, por el plan Conintes.
Entre otras cosas, sostuvo el Tribunal Superior: “Que durante la vigencia del estado de sitio el gobierno federal no puede interferir por sí o por intermedio de autoridad que le esté subordinada, el normal ejercicio del Poder Judicial de la provincia que en el presente caso, el ejercicio legítimo de la jurisdicción de un juez local ha sido interferido por la autoridad militar. Que el acto cumplido implica prácticamente el más terminante arrogamiento de jurisdicción y el total desconocimiento de la del juez de la provincia al margen del debido procedimiento legal, con la consecuencia inadmisible de la más drástica intervención militar en la vida civil local (…) que a este Tribunal le corresponde velar por los fueros de la jurisdicción local y promover su defensa por la vía constitucional.”
El integrante del Tribunal Superior, Esteban Gorriti, pronunció la frase más contundente: “Sólo una mente trasnochada pudo haber creído que en estos tribunales encontraría furrieles en lugar de magistrados.”
Remitida de urgencia la causa a la Corte Suprema, esta dio la razón al Tribunal Superior el 29 de abril y ordenó al juez militar la restitución de los detenidos al juez civil, dentro del plazo de tres días.
Frondizi, para congraciarse con el poder militar, intervino las cárceles del Servicio Penitenciario Nacional y se las entregó a las FF AA (al conocido represor Toranzo Montero).
A partir de allí, los presos políticos en Córdoba eran “prestados” al Consejo de Guerra Permanente que funcionaba en la calle 27 de abril esquina Mariano Moreno, donde eran torturados y sometidos a continuos interrogatorios para que “confesaran”.
Los militares no se conformaron con ello, inflamados sus ánimos por la desautorización infligida por el sistema judicial, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas exigió al presidente Arturo Frondizi la intervención federal a los tres poderes de la provincia de Córdoba, aduciendo que el gobierno de Arturo Zanichelli era incapaz de enfrentar la amenaza terrorista, por las buenas relaciones que mantenía con la proscripta dirigencia peronista.
Frente al peligro cierto de ser él mismo derrocado en caso de no acceder, Frondizi cedió, una vez más, a la presión militar y envió al Congreso el proyecto de ley de intervención contra su amigo Zanichelli, el que aprobado por el Senado, era resistido por parte de los diputados oficialistas, sospechando los conspiradores cívico-militares –entre ellos Roberto Noble– que en esa resistencia podía estar la propia mano de Frondizi.
Es allí que se produce el chantaje gansteril del director del diario Clarín, obligando al presidente de la República a ceder a la exigencia militar: la intervención federal a Córdoba fue aprobada de inmediato, tras un áspero debate en la Cámara de Diputados.
Apenas nueve días después de la carta de Noble, asumía la intervención provincial un hombre del establishment: Juan Francisco de Larrechea, ligado a Álvaro Alsogaray. (Luego de realizar la tarea sucia de la intervención, Larrechea fue premiado con la presidencia del Banco Industrial de la República Argentina).
Si los presos por el “atentado”, hubieran conocido el papel jugado por la prensa canalla bajo la batuta de Roberto Noble, hubieran entendido las palabras del juez de instrucción Héctor Gilly, cuando aquellos le expresaron que querían ir de inmediato a juicio oral: “no podemos llevarlos a juicio, porque la gente vendrá a ver un juicio instalado por los medios y el mismo no estará referido al hecho publicitado” (sic).
Veinte meses después, sería depuesto el propio presidente Frondizi. Ya ese día Clarín lo había abandonado a su suerte.
Parte II
El 28 de agosto de 1945 aparecía en la Argentina un nuevo diario, el primero que adoptaba el formato tabloid. Lo dirigía Roberto Noble y se llamó Clarín.
Existen fundadas sospechas de que se financió con aportes de las empresas alemanas -cuya expropiación fuera dispuesta por el gobierno de Farrell tras la tardía declaración de guerra al Eje nazi-fascista- y por la Embajada del Tercer Reich en nuestro país.
No sería improbable, dada la ideología que por ese entonces hacía gala Noble, y la indignación pública que mostró ante la medida, calificándola de «acto lastimoso», defendiendo la neutralidad en afiches callejeros y solicitadas (Manifiesto de Afirmación Argentina). Tampoco cabe descartar que el nombre fuese un homenaje al pasquín nazi llamado Clarinada (1937-1945), clausurado por el gobierno meses antes, como también se ha sostenido.
Roberto J. Noble no era un desconocido, pero tampoco era periodista profesional. No le faltaba olfato político, ya que desde su juventud había demostrado ser un verdadero camaleón ideológico que cambiaba «de colores según la estación» política.
El director del nuevo diario se había iniciado, en 1927, en el Partido Socialista, y a poco de andar demostró su audacia: como lo señalara Luis A. Sciutto (Diego Lucero) en la biografía por encargo publicada en 1979, había participado activamente en el golpe de Uriburu del 6 de septiembre y fue «uno de los seis únicos civiles de la primera línea en aquellos actos determinantes del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen».
Pronto se abrió del Partido Socialista, con la escisión que encabezaron Antonio Di Tomaso y Federico Pinedo (actores relevantes de la Década Infame como ministros de Agricultura y de Hacienda de Agustín P. Justo).
De la mano de Pinedo y Di Tomaso, Noble hizo profesión de fe ultraliberal y, como todo converso, no se privó de ningún gesto para hacer creíble su acto de fe.
Fue elegido diputado nacional en 1932, como parte de la Concordancia a expensas de la proscripción del radicalismo yrigoyenista, y no vaciló, al año siguiente, en ratificar legislativamente el pacto Roca-Runciman (Ley 11.693), el mayor tratado histórico de prosternación de la Argentina ante el Imperio Británico.
De este tratado vergonzoso, sólo la oligarquía ganadera exportadora de carne enfriada fue la gran beneficiada.
Cuando en 1936 el gobernador Manuel Fresco le ofrece a Noble hacerse cargo del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, este lo acepta de inmediato.
Ya ha dejado atrás su declamado liberalismo y adoptado sin hesitar la ideología nazifascista como miembro de la agrupación Afirmación Argentina.
Al igual que su ahora jefe, cuelga la foto de Mussolini en su despacho y escribe, entre otros gestos de adhesión, una carta pública expresando su admiración por el Duce.
Decía Noble: «Mussolini es el modelo viviente del moderno hombre de Estado, y en lo que al genio de su raza se refiere, constituye una expresión y egregia de la excepcional capacidad que el pueblo italiano ha demostrado en todos los tiempos de producir ejemplares humanos dotados de amplitud universal, de fantasía creadora y temperamento ejecutivo, síntesis que justifica por sí misma la existencia de la especie y la encumbra como portadora de lo supremos valores morales y espirituales en el mundo (.) Los argentinos nos regocijamos con alegría de hermanos, por la gloria de Italia y de Mussolini.»
Apenas asumió el cargo, designó como uno de sus más inmediatos colaboradores a Carlos Suárez Pinto, otro converso que había incursionado en el progresismo (firmó el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria del ’18). Noble lo designa subjefe de la policía provincial. Ambos se encargaron de cerrar con saña y violencia, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, las escuelas obreras judías, las Arbeter Shuln, que tan importante tarea educativa realizaban entre los sectores más pobres de los inmigrantes de esa colectividad, que se encontraban principalmente en La Plata, Zárate, Campana y Valentín Alsina.
Luis Alberto Murray, otro biógrafo por encargo de la Fundación Noble, trata de justificar esta pirueta ideológica y lo compara con Leopoldo Lugones (cuyos inicios socialistas no le impidieron proclamar «La Hora de la Espada», y embarcarse con las camisas pardas).
Su consejero y diario contertulio fue Alberto Barceló: el mafioso caudillo de Avellaneda que durante tres décadas controló los negocios sucios, el juego clandestino y la prostitución.
El nazismo y antisemitismo de Noble no era objeto de ocultamiento: el 10 de abril de 1939, al realizarse un gigantesco acto en el Luna Park de adhesión al Tercer Reich, con gran despliegue de banderas con la cruz esvástica y abundantes cánticos contra los judíos, los comunistas y la francomasonería, contó con la presencia del gobernador Manuel Fresco, acompañado por su ministro de gobierno, Roberto J. Noble, como bien ha recordado Herman Schiller.
Ese mismo año dejó su cargo por presión del gobierno de Roberto Ortiz. Ninguno de los ministros de Fresco -ni este mismo, por supuesto- se retiraron pobres de la función pública. Noble montó un establecimiento ganadero «modelo» en Lincoln, que llamó Estancia Santa María.
Tras unos pocos años de ostracismo político, Noble funda Clarín y designa a Suárez Pinto como secretario de redacción del diario.
En el período de 1946 a 1951, si bien el matutino había cobrado cierto vuelo, no fueron años en que se destacara excepcionalmente.
Había apostado mal, haciendo campaña a favor de la Unión Democrática, apoyando la fórmula Tamborini-Mosca contra Perón.
Para el camaleónico director de Clarín, no importaba la ideología de aquella: se podía estar con el eje Berlín-Roma y jugar con Braden, el embajador de los EE UU. Es que en la lista de la coalición antiperonista iba de candidato a diputado su hermano Julio, ya casado con una Mitre, y eso era una pieza clave para sus intereses económicos y periodísticos.
No sólo por eso Evita detestaba a Noble, mencionándolo con epítetos tales como «pituco» y «pervertido», ya que consideraba que no había sido ajeno al «escándalo de los cadetes del Colegio Militar» del año 1942, en que señores de la élite porteña organizaban fiestas en departamentos privados, a las que concurrían engañados muchos tiernos cadetes del instituto castrense, quienes eran abusados sexualmente por este rancio grupo de pedófilos, que además los fotografiaba para extorsionarlos para obtener nuevas presencias y silencio. Estallado el escándalo público, el juez que instruyó las actuaciones realizó varios allanamientos en Barrio Norte y detuvo a diversos hombres de prosapia. El caso concluyó con la condena de algunos de ellos y el suicidio del arquitecto Duggan, que integraba el grupo de condenados.
En ese año 1942, Roberto J. Noble publicó una solicitada en los diarios, negando haber participado en aquellas «fiestas negras», como se comentaba insistente y públicamente en los distintos corrillos políticos y sociales.
Pero el año 1952 fue un año de cambio promisorio para el director del diario Clarín.
Hubo tres hechos que probaban que era «un hombre de suerte», como él se calificaba.
En primer lugar, la muerte de Evita, que era su obstáculo para codearse con el poder.
En segundo lugar, la expropiación por parte del gobierno peronista del diario La Prensa para convertirlo en el órgano de la CGT, que se comenzó a editar el 19 de noviembre de 1951, ostensiblemente dirigido a los millones de afiliados sindicales. El cambio del público lector de La Prensa fue aprovechado por Clarín para quedarse con su sección de avisos clasificados, hasta entonces concentrados en el diario de Gainza Paz.
En tercer lugar, porque tras la muerte del vicepresidente Hortensio Quijano, que acompañó muy dignamente a Perón en su primera presidencia, este eligió para remplazarlo en su segundo mandato al contralmirante Alberto Tessaire.
En nada se parecía su sucesor al vicepresidente Quijano, viejo dirigente de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que diera en todo momento pruebas de su lealtad a Perón.
El marino Alberto Tessaire, tres años más tarde de su asunción, al día siguiente del derrocamiento de Perón, se sumaría a las huestes de Aramburu y Rojas, y no cesaría de dar testimonio contra el propio Perón en todas las «comisiones investigadoras» del gorilaje que asaltó el poder, convirtiéndose en un antecedente histórico de la traición de Cleto Cobos.
En 1952, Noble y el diario Clarín comienzan a recibir fuertes sumas de los fondos reservados, desviadas por Tessaire a través del secretario privado, que no era otro que el viscoso Bernardo Neustadt.
Clarín pasó a ser, en apariencia, moderadamente oficialista, aunque en realidad, Roberto Noble era parte de la conspiración contra Perón.
Cuando el 16 de junio de 1955 la Marina y parte de la Aeronáutica escriben la página más brutal del odio homicida de las Fuerzas Armadas bombardeando la Plaza de Mayo que dejó el saldo de 300 muertos civiles y más de 1000 heridos, no pudiendo derrocar a Perón y huyendo con los aviones al Uruguay, Noble estaba de viaje en los EE UU.
El subdirector de Clarín sabía qué hacer: nunca apostar a los perdedores.
Por eso el diario los trata de «ASESINOS» y editorializa al día siguiente: «Las palabras no alcanzan a traducir en su exacta medida el dolor y la indignación que ha provocado en el ánimo del pueblo la criminal agresión perpetrada por los aviadores sediciosos que ayer bombardearon y ametrallaron la ciudad». Vuelto Noble al país de su corto viaje, puso el grito en el cielo por la condena del suceso, al advertir que la Marina dirigía todos sus cañones contra él.
Apenas transcurrieron 90 días entre el trágico y abyecto bombardeo de la Plaza de Mayo y el golpe de Estado que finalmente derrocó a Perón, el 16 de septiembre de 1955.
El día que asumió la presidencia Lonardi, Clarín colocó como gran titular de tapa la palabra: «LIBERTAD» y la foto del jefe golpista.
Ya los editoriales apologéticos del diario Clarín eran redactados por su propio director.
Pocos días después, convertido ya en uno de los grandes voceros mediáticos de la dictadura implantada, calificaba como «héroes» a los aviadores que habían bombardeado la Plaza de Mayo y que regresaban de su corto exilio en Montevideo.
Pesaba más la necesidad de congraciarse con la marina del almirante Rojas y los lazos familiares que la coherencia del diario.
Las cabezas del fuerte bloque civil de la Revolución Fusiladora habían sido designados como miembros de la «Junta Consultiva Nacional», un remedo de Poder Legislativo en que estaban representados junto a otros partidos menores: el radicalismo en sus tres tendencias internas, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Conservador y el Partido Demócrata Progresista. Y uno de los dos representantes de este último era el gran hermano: Julio Argentino Noble.