martes, 31 de julio de 2018

Mitos económicos: Propiedad y el pueblo mapuche “Las tierras de Benetton”

Por Andrés Asiain
para Pagina 12/Supl, Cash
Publicado el 10 de diciembre de 2017

La muerte de Santiago Maldonado provocada por la represión de una protesta mapuche puso en el centro de la escena política los conflictos por la posesión de las tierras del sur. Quienes apoyan el accionar del gobierno destacan la ilegalidad de las ocupaciones del pueblo originario mapuche al que tildan de chileno, defendiendo la ocupación de las mismas por terratenientes extranjeros que figuran como “propietarios legales”. 

Veamos cómo se construyó la propiedad legal de las 900.000 hectáreas que ocupan los Benetton.

El origen fundante de la propiedad legal de esas tierras comenzó con la “Conquista del Desierto” liderada por Julio Argentino Roca, consistente en el genocidio de los pueblos que las ocupaban para la apropiación de sus tierras. Al respecto cabe señalar que las leyes internacionales sobre genocidios a las que la Constitución argentina adhiere, lo vuelven un delito imprescriptible, por lo que los descendientes de los mapuches asesinados estarían en derecho de reclamar por la propiedad de sus tierras arrebatadas hace más de un siglo. Hay quienes dirán que las leyes internacionales sobre genocidio fueron posteriores a la “Conquista del Desierto”, por lo que no puede aplicársele. Sin embargo, la primera aplicación de las leyes de genocidio en los tribunales de Tribunal de Núremberg fue en el caso de los crímenes nazis realizados con anterioridad a que esas leyes internacionales fueran establecidas.

Volviendo a las tierras ocupadas por los Benetton, tras su apropiación por el Estado fueron dadas en forma gratuita a 11 testaferros detrás de los cuáles se encontraba una compañía inglesa llamada The Argentine Southern Land Company Limited. Los testaferros se presentaron ante la Oficina de Tierras y Colonias a pedir cada uno 80 mil hectáreas tal como señala Ramón Minieri en el libro Ese ajeno sur. La concesión se hizo de acuerdo al art.98, cap.III, de la segunda parte de la Ley Nº 817 de “Inmigración y Colonización”, más conocida como ley Avellaneda, que establecía la obligación de la empresa de subdividirlo, entregarlo a colonos y realizar una serie de obras. La empresa británica nunca cumplió con esas obligaciones, pero fue beneficiada con otras leyes que le terminaron otorgando la propiedad a cambio de realizar ciertas inversiones. Cuenta Minieri que esas inversiones tampoco fueron realizadas, trasladándose las ovejas y los peones de campo en campo al ritmo de las inspecciones para aparentar su concreción. Sin embargo, el negocio de la lana, mulas, caballos y almacenes llegó a brindarle una rentabilidad anual del 130 por ciento por sobre el escaso capital inicial invertido, unas 60.000 libras según estima Minieri.

En 1974 tres capitalistas argentinos, Menéndez, Ochoa y Paz, la compran a través de una empresa offshore con sede en Luxemburgo y recién en 1982, por la guerra de Malvinas, cambian su nombre inglés por el de Compañía Argentina de Tierras del Sud. Bajo esa denominación son vendidas en los noventa del siglo pasado a los Benetton, que desde entonces ocupan las tierras mapuches, apropiadas ilegalmente por el Estado y concedidas en forma gratuita e irregular a terratenientes extranjeros.

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