jueves, 17 de noviembre de 2016

La mirada del imperio. Un nuevo capítulo en la incesante batalla por la memoria en Argentina

Una silueta roja en la entrada de la Escuela Mecánica de la Armada —ESMA—
 en Argentina, uno de los centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura
. En una entrevista reciente con Buzzfeed,
el presidente Mauricio Macri se refirió a la época del terrorismo de Estado como "la guerra sucia"
. Credit Nicolas Goldberg para The New York Times
Jordana Timerman*









El monumental Palacio de Correos y Telecomunicaciones en Buenos Aires es una especie de palimpsesto de proyectos políticos de la historia argentina. Se construyó con la imponente arquitectura del academicismo francés, digno de un país cuya élite importaba lo mejor de Europa a comienzos del siglo pasado. Posteriormente, fue sede de la Fundación Eva Perón, donde la primera dama recibía a los pobres que venían a pedir asistencia, apoyada por los Descamisados, trabajadores que eran la antítesis de esa élite que aspiró a ser europea.
En su actual forma, el edificio —que ha sido refaccionado con un presupuesto millonario—, hospeda el Centro Cultural Kirchner. Y, gracias a ese nombre, otorgado por la sucesora y viuda del expresidente Néstor Kirchner, se ha vuelto a convertir en campo de batalla simbólica por definir la identidad política e histórica argentina.
Un proyecto de ley que sería impulsado por Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos del gobierno de Mauricio Macri, busca prohibir que se homenajee a personajes políticos o sociales dándole sus nombres a lugares públicos hasta después de veinte años de su muerte. La iniciativa eliminaría el nombre Néstor Kirchner del palacio y de decenas de espacios públicos. Otras figuras públicas con visiones políticas diversas también sufrirían la misma suerte.
El impulso de borrar la historia no es nada nuevo aquí: el gobierno de facto que derrocó al presidente Juan Domingo Perón en 1955, por ejemplo, prohibió hasta la mención de su nombre. En un país que aún no puede ponerse de acuerdo sobre quiénes son sus héroes nacionales, cada ciclo político va acompañado de una nueva historia oficial. La movida del gobierno de Macri es la manifestación más reciente de una constante lucha por definir la memoria histórica del país.
La actual iteración tiene, sin embargo, una curiosa peculiaridad. Esconde su sentido político tras un discurso de despolitización. Quienes abogan por la ley dicen que busca la inclusión y dejar detrás la “deformación demagógica y populista” de los Kirchner, según Lombardi. Pero detrás de la supuesta despolitización hay en realidad una feroz lucha política.
No hay nada de malo en celebrar las contribuciones de algunas figuras políticas —recientes o históricas— ni tampoco en disputar esas interpretaciones. El gobierno se equivoca al negarle a los argentinos un debate honesto sobre a qué próceres honrar y de qué forma.
La actual arremetida contra los emblemas “populistas” quizá tenga poca relevancia más allá de lo simbólico, pero entraña una tendencia peligrosa: la negación de verdades históricas.
Los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hicieron fuerte hincapié en la reivindicación de las víctimas de la dictadura cívico-militar que gobernó entre 1976 y 1983, y en la visibilización de su historia. Desde los ochenta existe un consenso general sobre la seriedad de los crímenes que llevó al enjuiciamiento de la junta militar que gobernó el país durante la dictadura. Pero fue bajo el gobierno de Kirchner que se derogaron leyes que protegían a los represores de la época, permitiendo que avanzaran causas judiciales contra ellos.
Pero el nuevo discurso oficial representa una seria regresión para un país reconocido internacionalmente en materia de derechos humanos: cuestiona la cantidad de víctimas y sugiere que es producto de una interpretación política.
En una entrevista reciente con Buzzfeed, el presidente Macri desestimó la importancia de la cifra de desaparecidos, diciendo que es un debate irrelevante si fueron 9000 o 30.000. A su vez, se refirió a la “guerra sucia”, término que implica erróneamente que las muertes se produjeron en un contexto de batalla. Las palabras del presidente muestran, al más alto nivel, la aceptación de versiones que niegan el alcance y gravedad del terrorismo de Estado en la dictadura. Y no ocurren en el vacío. Están acompañadas por un sustancial recorte al presupuesto para la Secretaría de Derechos Humanos, lo cual afectaría el respaldo jurídico a sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad y otras áreas relacionadas con la memoria histórica.
Vemos un retroceso en estos temas. En el rol del Estado, en el acompañamiento de los querellantes”, explica Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El propósito de esta negación es someter a la historia a un proceso de purga semejante al que buscan para los monumentos de los Kirchner.
La cifra de los desaparecidos —ciertamente aproximada— se puede entender como el número de muertos en el Holocausto. Un dato que representa una realidad más allá de cuestionamiento político. O debería serlo así en un país donde la memoria histórica esté menos reñida.
Por eso, no debe sorprender que al día siguiente del triunfo de Macri, el tradicional diario La Nación planteara que era momento de dejar de lado las “venganzas” de la política de derechos humanos del kirchnerismo. Pero la postura, que representa el anhelo de sectores conservadores por volver atrás, provocó un amplio rechazo, hasta de la redacción del diario mismo. Fue una señal del fuerte arraigo de la narrativa de derechos humanos en la sociedad argentina. El presidente electo rápidamente se distanció de esta interpretación drástica, que salía en defensa de los antiguos represores.
“Las guerras de la memoria corresponden más al tiempo en el que ocurren que la época sobre la que batallan ostensiblemente”, argumenta el historiador Peter Winn en No hay mañana sin ayer, libro acerca de la memoria histórica en el Cono Sur. El discurso antipolítico de Macri cumplió con las deseos de diversos sectores cansados de las fuertes batallas ideológicas y simbólicas que marcaron los gobiernos kirchneristas. Las batalla por quién homenajear en años recientes tiene más que ver con proyectos políticos del presente que con nuestra historia.
Otros ejemplos más cotidianos prueban esta disputa. Los viejos billetes de 100 pesos, que aún circulan, tienen la cara del prócer Julio Roca, tradicionalmente loado como el modernizador del país, pero quien ha sido criticado por sectores progresistas como genocida de comunidades indígenas.
El gobierno de Fernández de Kirchner lo remplazó con la figura de Eva Perón, un claro símbolo “populista”, de los que son inaceptables para un gobierno como el de Macri, que considera que la politización abierta es de mal gusto. Así que hizo imprimir billetes homenajeando animales autóctonos. Una imagen sin polémica para un país cuyo nuevo proyecto político es la amnesia histórica.
El actual gobierno no apuesta a la proscripción como hicieron ciclos anteriores en Argentina, sino que deslegitima como políticos hechos históricos que mal podemos permitir caer en el olvido.
Como ciudadanos debemos admitir que hay debates políticos en los que difícilmente llegaremos a un acuerdo. Las imágenes de Roca, Evita y el yaguareté, que decoran nuestros billetes, reflejan un país con una larga historia de polarización. Debemos permitirnos una discusión honesta acerca de lo que representan.
Pero no todo se puede reinventar cada diez años. Los argentinos han demostrado que la defensa de los derechos humanos es un eje central sobre el cual la mayoría parece estar de acuerdo. No permitamos que la ideología encubierta de la despolitización arrase con los avances de los últimos años en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.