jueves, 24 de noviembre de 2016

Colombia sin paz y ahogada en sangre

Colectivo de Colombianos refugiados en Asturias

Mañana [25 de noviembre de 2016] se firmarán con carácter definitivo los Acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano. Eso esperamos quienes estamos cansados de la violencia y preocupados porque se está exterminando con impunidad a la dirigencia social que ha sobrevivido a la guerra. 
Captura de pantalla de la campaña por los líderes sociales asesinados en Colombia en un recrudecimiento del conflicto social.
Las FARC aceptaron modificar el Acuerdo firmado en agosto. El gobierno de Juan Santos hizo de portavoz de los opositores cuyos puntos de vista fueron incorporados en un 75%, sin embargo los consideran “retoques insuficientes” y no aprueban el nuevo acuerdo con lo que la unanimidad se convirtió en un imposible político. 

Los jefes del NO, defensores del narco latifundismo, insisten en evadir el impuesto predial y se niegan a devolver las tierras que usurparon con violencia, se oponen a que la dirigencia de las FARC esté en el Congreso de la República con voz y sin voto, se oponen a que los Acuerdos entren a formar parte de la legalidad, rechazaron la presencia de jueces extranjeros que no puedan controlar en el tribunal pactado, se erizan con el reconocimiento de la equidad de género porque “genera confusiones”. De fondo buscan la impunidad para miembros de la fuerza pública y políticos como el expresidente Álvaro Uribe Vélez responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la tropa bajo su mando y para los que exigen sin haber sido juzgados “la libertad y la restitución de su honra.”

En medio de este enredo Colombia continúa lejos de vivir en paz. No hay garantías para la vida de la dirigencia social. Los enemigos de las aspiraciones de paz han desatado este año un plan de exterminio impune que ha costado la vida a 71 personas (30 desde el mes de agosto) en el que además han ocurrido 30 atentados y continúan los hostigamientos, el desplazamiento forzado y hay 279 amenazas de muerte en diferentes regiones del país. El objetivo de este terror sistemático son dirigentes sociales, activistas por la paz, personas defensoras de los Derechos Humanos, dirigentes de organizaciones campesinas y militantes del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica y del Congreso de los Pueblos.

No hay garantías. Estos crímenes recuerdan el genocidio en la década de los 80s y 90s contra opositores políticos militantes de los partidos de izquierda Unión Patriótica, A Luchar y Frente Popular. Muchas de estas muertes y el terror desatado están ocurriendo en el entorno de las zonas de concentración guerrillera acordadas entre el gobierno y las FARC. Es evidente que el gobierno no está persiguiendo a los grupos paramilitares llamados Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, Ejército Anti restitución de Tierras, Águilas Negras, etc., cuya presencia en todo el territorio nacional ha sido denunciada con insistencia por las organizaciones sociales colombianas y cuyas ubicaciones precisas en amplias zonas fueron reportadas al gobierno colombiano por la 12 Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en marzo del presente año.

El gobierno colombiano tampoco controla a los sectores del Ejército y de la Policía enemigos de la solución negociada a la guerra y que actúan como aliados de los sectores políticos que sabotean los Acuerdos de La Habana socios de los narco-paramilitares que quieren reventar el proceso de paz con las FARC y bloquear indefinidamente el inicio de las conversaciones con el ELN.

Las movilizaciones sociales de estos días exigen garantías para el derecho a la vida, acabar con los grupos paramilitares, cese de la impunidad, refrendación e implementación inmediata de los acuerdos firmados con las FARC porque nos están matando.

Por culpa de las élites que se enriquecen con la guerra Colombia corre el riesgo de ahogar en sangre el anhelo de millones de personas que queremos la Paz.

***************

Una ola de asesinatos complica la paz
Katalina Vásquez Guzmán

Desde Medellín

Han sido tantos, que hay que tomar lápiz y papel para entender cuáles y dónde han sido los promotores de la Paz atacados en la última semana en Colombia. Cinco resultaron muertos. Otros dos se debaten en las salas de urgencias de ciudades alejadas del centro del país, y otros, a quienes con suerte no recibieron ni un disparo, están escondiéndose y clamando a las autoridades que los protejan. Uno más denunció este domingo que hombres en moto, como los que atacaron a sus compañeros en las provincias de Caquetá y Nariño, rondaban su casa a la medianoche.
Todos pertenecían o pertenecen al Movimiento de izquierda Marcha Patriótica y han defendido las zonas de reserva campesina, la justicia para los pequeños terratenientes expulsados con sangre de sus campos por paramilitares, y son los que –en esas zonas de la Colombia rural olvidada– difunden los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, cubriendo la pedagogía que gobierno alcanza apenas a universidades privadas de las grandes urbes y los medios de comunicación donde pauta. 
“Nos estamos dando cuenta de que hay no hay un límite. Tengo miedo”, declara el sobreviviente Danielo Bolaños a quien, el pasado 19 de noviembre en una ruta hacia La Unión, Nariño, le propinaron seis disparos que logró esquivar con maniobras acelerando y frenando la motocicleta que conducía llevando a su esposa atrás. “Llegué a la estación de policía pero la persona que estaba no le dio mucha importancia al caso, me dio indicaciones para que no transitara la vía en las tardes, pero no sé si lo comunicó a un superior siquiera”, detalló a la radio comunitaria el joven integrante de la Asociación de Trabajadores campesinos Astracan quien sufrió el asalto después de participar en un cabildo por la Paz.
John Rodríguez, José Velasco y Erley Monroy fueron los tres primeros en perder la vida durante noviembre por liderar procesos sociales y políticos ligados a la izquierda y en respaldo a los acuerdos de La Habana que, entre otros asuntos, devolverá a las víctimas las millones de héctareas de tierra compradas por empresarios a la par que los paramilitares incursionaron con masacres y terror. Después de asistir al ritual de velación de Monroy, hallado herido en cercanías al batallón del Ejército de San Vicente del Caguán, otros dos compañeros suyos fueron alcanzados por las balas: Didier Losada fue atacado por encapuchados en su propia casa y frente a su esposa e hijos el 18 de noviembre a las nueve y media de la noche. 
Entre tanto, Rodrigo Cabrera recibía un disparo mortal en el abdomen al intentar defenderse de sus agresores. Su conductor, herido en el tiroteo, se recupera en Pasto de las heridas. A quince horas de allí, en Florencia, Caquetá, Hugo Cuéllar también lucha por su vida en un hospital. Cuéllar hace parte de la Asociación Campesina ambiental Río Lozada y de la Junta de Acción Comunal de su comunidad. Al igual que Didier, Cuéllar fue atacado tras asistir a despedir a Erley Monroy, reconocido líder de San Vicente, quien recientemente había insistido en decir públicamente que los campesinos no son guerrilleros. 
“La Fuerza Pública en todas las asambleas que hacemos nos asedian y hoy no hay ni uno. Me gustaría dialogar con el General Forero y decirle que es mentira que nosotros las organizaciones sociales somos guerrilleros”, decía en una reunión pública donde quedaron filmadas sus últimas palabras por la Red de Medios del oriente colombiano. El alcalde del municipio de San Vicente del Caguán, abiertamente uribista y en contra del proceso de paz perteneciente al partido Centro Democrático, dijo ayer que la guerrilla de las FARC estaría asesinando a sus propios líderes para culpar a los paramilitares. En la ciudad que el alcalde gobierna han ocurrido tres de los homicidios y dos atentados, por lo cual está bastante cuestionado actualmente. Allí en Caquetá, como en los puntos de Nariño y Meta donde se dieron los ataques, se realizaron recientemente vigilias por la paz convocadas por la guerrilla y comunidades religiosos. Estos líderes sociales acudieron al igual que la prensa, otros campesinos, autoridades locales y sacerdotes y pastores a encender velas en las trincheras de las FARC pidiendo por la pronta implementación del acuerdo de paz de La Habana. Esto ocurrió a finales de octubre y principios de noviembre, justo cuando empezó la ola de homicidios.
En San Vicente del Caguán, por su parte, se realizó la Décima Conferencia de las FARC que reunión a mil periodistas y centenares de líderes sociales del país entero. Las víctimas coinciden, también, en haber sido señaladas por la Fuerza Pública y autoridades del Estado como alcaldes de ser guerrilleros por sus movilizaciones sociales y políticas que, ahora, les están costando la vida. Desde Marcha Patriótica a donde todos pertenecían recuerdan que en lo que va del año 17 integrantes suyos han sido asesinados en diversas regiones de Colombia, y sumando la lista desde la fundación la suma asciende a 126. 
Andrés Gil, líder de Marcha, aseguró que “el gobierno nacional tiene que generar las garantías para que el ejercicio del movimiento social permita que se desarme el más amplio movimiento por la paz (…) Detrás de esto están los promotores de la guerra, los que no les interesa que se concrete la paz de Colombia”. El presidente Juan Manuel Santos no se ha pronunciado a la fecha causando la indignación de los militantes. Por su parte, la fiscalía envió una veintena de investigadores a las zonas de los ataques y las Naciones Unidas hacen presencia desde el fin de semana para monitorear y sugerir medidas que protejan la vida de los líderes.  Que no se repita el genocidio como el ocurrido con la Unión Patriótica es lo que piden los defensores de Derechos Humanos, y la misma guerrilla de Farc que ayer envió una carta a Santos pidiendo tome cartas en el asunto. 
Una comisión de seguridad pactada en La Habana no ha podido ponerse en marcha tras la derrota del acuerdo en el Plebiscito. La ONU recuerda y sugiere que ésta podrá ponerse en vigencia sin una nueva refrendación.