El marco económico de la Semana Santa de 1987
Horacio Rovelli
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Al momento del primer levantamiento carapintada, los sectores beneficiados por la dictadura militar y sus socios, los grandes bancos acreedores, ya habían logrado que el gobierno de Raúl Alfonsín legitimara la espuria deuda externa generada por ellos mismos tras el golpe del 24 de marzo de 1976, con lo cual el Estado Argentino terminaba por aceptar y convalidar una deuda de 46.000 millones de dólares de esa época (65% de nuestro Producto Bruto Interno). Pero el plano de la discusión ya era otro; reconocida la deuda, había que pagarla, y para eso tenían proyectado lo que después se conoció como el Plan Baker. Dicho plan debe su nombre al secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Baker, quien presentó en la Asamblea conjunta del FMI y del Banco Mundial, en octubre de 1985, en Seúl, un documento titulado Programa para el Crecimiento Sostenido que básicamente proponía que los deudores debían lograr una tasa más alta de ahorro y de inversión internos a fin de propender al crecimiento sostenido, para lo cual debían continuar aplicando los ajustes de corto plazo indicados por el FMI junto con políticas macroeconómicas aperturistas y de libre mercado, que incluían las privatizaciones de empresas públicas, para que la inversión privada encontrara condiciones propicias.
Ese argumento, conocido hasta el cansancio por nuestro país, impuesto a sangre y fuego por los militares, fue continuado por el Plan Austral dirigido por el equipo de Juan Vital Sourrouille, quien había asumido en el Ministerio de Economía el 19 de febrero de 1985. El citado plan significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios, y un cambio de moneda (peso por austral). Con fecha 1º de julio de 1985, mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 del Banco Central se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión del primer ministro de Economía de Alfonsín, don Bernardo Grinspun, se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”. Este hecho significó la legitimación de la deuda, reconocido en el libro El manejo de la deuda externa en condiciones de crisis de balanza de pagos, firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer (quienes fueron presidente y director del Banco Central durante la administración del ministro de Economía Sourrouille), donde dicen textualmente: “La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83% en 1985”.
El gobierno radical sufrió una fuerte derrota en las elecciones intermedias nacionales de septiembre de 1987, la inflación de ese año según el Indec fue del 131,3%.
La discusión en los sectores dominantes de nuestra sociedad pasaba a ser qué grado de apertura equilibraba los intereses de los grandes capitales internacionales con los de los industriales y productores locales, y quiénes se iban a beneficiar de las privatizaciones. De allí que, consustanciados con el Plan Austral en un principio y una vez lograda la “estatización” de su deuda externa, se posicionaron en defensa de sus prebendas (promoción industrial, desgravaciones impositivas, créditos blandos por la banca oficial, etc.) y a favor de una política arancelaria que impedía las importaciones que compitieran con su producción, y determinar su participación en el desguace del Estado. En julio de 1987, tres meses después del primer levantamiento carapintada, los ministros de Economía, Juan Sourrouille, y de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, anunciaron conjuntamente un paquete de medidas para la reforma del sector público, que contemplaba no solo el retiro de muchas de las funciones estatales sino fundamentalmente la participación vía asociación con el capital privado, o directamente la privatización de empresas públicas.
Con respecto a la apertura de nuestra economía, las primeras medidas concretas se tomaron entre febrero y marzo de 1987 e iniciaron la liberalización comercial, que consistían en la progresiva eliminación de productos del “Anexo II” del Decreto N° 4.070/87, que establecía la lista de las posiciones sujetas a autorización previa para su importación, lo que hizo que los sectores del MIN (Movimiento de Industrial Nacional dentro de la Unión Industrial Argentina –UIA–, conformado básicamente por empresarios medios y del interior del país), y otras asociaciones de menor alcance y relevancia efectiva como el CAI (Consejo Argentino de la Industria) y la CGI (Confederación General de la Industria), plantearan su oposición a la reducción de los aranceles y propusieran mejoras en la instrumentación de las medidas antidumping. Pero el resto de las cámaras empresariales, ya sea por su actividad (rural, financiera, construcción, comercio) trataban de mantenerse al margen de lo que creían como inevitable y se preparaban para mejorar en ese contexto su situación. Todas coincidían en que el Gobierno debía tener en cuenta la opinión de las distintas asociaciones empresariales.
En síntesis, la situación económica al momento de la extorsión militar, era de claro triunfo de los sectores más concentrados y principales beneficiados de la “estatización” de la deuda, posicionándose ante el desembarco de capitales internacionales, en el que el gobierno de Alfonsín con Sourrouille como ministro, le eran funcionales en tanto y en cuanto le dieran participación en las decisiones. Pero, al revés de temor del principio del gobierno de Alfonsín con Grinspun en el timonel de la economía, esos sectores concentrados ya no temían la “vuelta al populismo”. Querían, y veían que lograban su objetivo: que el gobierno fuera más útil al capital externo, con el Banco Mundial y el FMI como mascarón de proa.
Aquel temor fundado de la primera etapa del gobierno se iba a disipar con las nuevas orientaciones económicas. Por ende, más allá de que algún sector empresarial, o un grupo de empresarios, pudieran haber estado en contacto o con simpatía por los sublevados en Semana Santa de 1987, lo cierto es que para ellos los militares habían cumplido su papel, y ahora se desentendían de su suerte.
Esto lo refleja mejor que nadie Don Arturo Jauretche cuando afirmaba en 1955, ante un grupo de jóvenes militares: “Ustedes eran oficiales de bajo rango cuando derrocaron a Yrigoyen con Uriburu. Luego Justo los sacó de una patada. Estaban más crecidos cuando Perón los echó por piantavotos y ya eran adultos cuando participaron en el régimen antiperonista y fueron echados por Rojas y Aramburu. Eran jóvenes en una ocasión y hombres adultos en otras, lo que no se puede negar es que boludos fueron siempre”.
El gobierno radical sufrió una fuerte derrota en las elecciones intermedias nacionales de septiembre de 1987, la inflación de ese año según el Indec fue del 131,3%. En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. Todo un cuadro que se fue complicando para derrapar en la hiperdevaluación e hiperinflación de 1989 y la entrega de gobierno en forma anticipada por el presidente Alfonsín. Seguramente, deben haber pesado en el desprestigio del gobierno las asonadas militares de Semana Santa y las posteriores, las conflictivas leyes de obediencia debida y punto final. Pero, desde el punto de vista de la economía, el rumbo se perdió cuando el gobierno aceptó la estafa de la deuda externa, que hipotecaba nuestro destino como Nación y que como toda deuda pública, la paga el pueblo.