Del debate sobre Malvinas al Proyecto X: Illia, Alfonsín, CFK

Horacio Verbitsky

Pagina 12

La catástrofe ferroviaria postergó el anuncio sobre la construcción de un museo histórico dedicado a las Malvinas, allí donde hoy están los dormitorios en desuso de los marinos que prestaron servicios en su Escuela de Mecánica. Cuando se conoció ese propósito, por una visita oficial al predio, organismos defensores de los Derechos Humanos comunicaron su inquietud.

CFK la disipó al regreso de su operación: ordenó publicar el aún secreto Informe Rattenbach, que es la cuña más aguda que alguna vez se clavó en el palo militar; proclamó la precedencia de la soberanía popular sobre cualquier reivindicación territorial; renegó de todo intento bélico sobre las islas; denunció la militarización y nuclearización del Atlántico Sur y encuadró el reclamo dentro de la defensa de los recursos naturales de Sudamérica, amenazados por el pillaje de las grandes potencias. Eso explica el respaldo regional que nunca antes había acompañado la posición argentina, para exigir que el gobierno británico cumpla con la resolución de las Naciones Unidas que ordenó a ambas partes negociar dentro del marco del proceso de descolonización. Fue conseguida por el presidente Arturo Illia, en 1965. En 1982, el único político notable que se opuso a la invasión fue otro dirigente de la UCR, Raúl Alfonsín. Esa posición mesurada y su promesa de enjuiciar a los conductores de la guerra sucia contra la sociedad argentina fueron las razones de su sorprendente victoria sobre su lúgubre adversario justicialista, el mismo Italo Lúder que les dio a las Fuerzas Armadas “licencia para matar”, según la precisa descripción del dictador Videla. Los hechos posteriores, que culminaron con la desdichada frase sobre los héroes de Malvinas y con la ley de obediencia debida, no borrarán el reconocimiento histórico que Alfonsín merece por aquellos deslindes fundamentales. Pero tampoco pueden ser omitidos del análisis, que recobra actualidad ahora, cuando Cristina retoma y profundiza el rumbo firme y pacífico señalado por Illia y Alfonsín.

La impronta marxiana

Cuesta comprender, entonces, la declaración de 17 intelectuales que identifican esta madura perspectiva con “la trágica aventura militar de 1982”. Varios firmantes provienen de distintas confesiones marxistas. Cuestionan como contrario a la paz “el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos –es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino–” y destacan las “inevitables consecuencias de largo plazo” que atribuyen a la guerra perdida en 1982. En esta legitimación pasiva del apoderamiento británico de las islas reverbera el Manifiesto Comunista de 1848 y su apología de la expansión colonial como transmisora de “la civilización hasta a las naciones más salvajes”. O la declarada alegría de Marx ese mismo año por “la conquista de México” por los Estados Unidos porque, como celebró Engels “la magnífica California” fue “arrancada a los perezosos mexicanos, que no sabían qué hacer con ella”. Podría seguir con las enmiendas tardías de Marx, perfeccionadas por Lenin al distinguir entre el nacionalismo opresor de las grandes potencias y el nacionalismo liberador de las sociedades más débiles sometidas por aquellas, fundamento del posterior tercermundismo. Pero sería superfluo para estos efectos, porque los buscadores de nuevas alternativas para las Malvinas se quedaron en 1848. En esas definiciones marxianas puede encontrarse también la génesis del tránsito de algunos de ellos hacia el liberalismo y su aversión hacia el actual gobierno, que parece su motivación más profunda. Es legítimo reclamar la “crítica pública del apoyo social que acompañó a la guerra de Malvinas y movilizó a casi todos los sectores de la sociedad argentina” y no es verosímil reducir ese fervor a una manipulación mediática, aunque es ostensible que ocurrió. Pero no hay razón para excluir de esa revisión a ellos mismos y a los partidos y las organizaciones en las que militaban. Salvo error u omisión, las corrientes leninistas, trotskystas y maoístas apoyaron la invasión con entusiasmo.

Prioridades nacionales

No veo tampoco que el gobierno plantee lo que ellos llaman “la causa-Malvinas” como “una cuestión de identidad” ni que la coloque “al tope de nuestras prioridades nacionales y de la agenda internacional del país”. Ocurre que están por cumplirse tres décadas de la guerra de 1982 y dieciocho de la ocupación inglesa de 1833 y esto coincide con grandes novedades en la escena mundial, como la profunda crisis europea y la emergencia de un nuevo poder regional, que tiene a la Argentina en su núcleo (Mercosur, Unasur y la CELAC) y que estrecha relaciones comerciales y políticas con otros polos de poder emergente. En el número enero-febrero de “Nueva Sociedad”, el economista y diplomático mexicano Jorge Eduardo Navarrete destaca que la contribución de los países emergentes al Producto Bruto global desde 1998 “es mayor que la de las economías avanzadas. En otras palabras, se modificó la brecha de producción entre los dos grandes segmentos de la economía mundial”. Mientras el Reino Unido “ha tenido un crecimiento aplanado a resultas de la austeridad”, entre el cuarto trimestre de 2007 y el primero de 2011 el crecimiento real del PIB argentino per cápita sólo fue superado por China y la India, y seguido por Brasil. Si se consideran los países integrantes del G-20, la Argentina, Brasil y México ocupan el 4º, 5º y 9º puesto en la tabla de solidez de la recuperación, luego de China, Turquía y la India. En cambio, Gran Bretaña está en el penúltimo escalón, después de Italia y antes de España.

La participación en tales agrupamientos, en cuya concreción Néstor Kirchner tuvo un papel más reconocido fuera que dentro del país, encabeza las prioridades y define la identidad nacional, no Malvinas. En cuanto a la “escasa relación” de las islas con “los grandes problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan”, me permito disentir. La militarización y nuclearización de la única zona de paz del mundo es una amenaza gravísima, sobre todo si se ejerce en apoyo de las exploraciones hidrocarburíferas en el mar y de la depredación de los recursos ictícolas. Ambas cuestiones están vinculadas con algunos de los problemas principales del país, como la restricción externa que amaga por la crisis global. En 2011 la Argentina exportó pescados y mariscos por 1.365 millones de dólares, más de lo que obtiene por la venta de carne vacuna. Y la balanza del comercio energético arrojó un saldo negativo de 4.500 millones de dólares, que explica la escalada de conflicto con Repsol-YPF.¿Qué lógica tendría controlar la remisión de utilidades y exigir inversiones a las multinacionales radicadas en el continente e ignorar que Gran Bretaña explota los tan necesarios recursos propios en el Atlántico Sur? La declaración recomienda al respecto “una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños”, olvidando que Gran Bretaña decide sin consultar a nadie y que los pasados intentos por congraciarse con los isleños sólo sirvieron para que el Reino Unido acelerara el usufructo inconsulto de esos recursos.

Intereses vs. deseos

Los firmantes ven un “clima de agitación nacionalista” y proponen como alternativa “una estrategia que concilie los intereses nacionales legítimos con el principio de autodeterminación”. Hubiera sido útil que explicaran qué intereses nacionales consideran legítimos y cómo conciliarlos con la autodeterminación de los habitantes de las islas. Sólo un tercio de esas 3.000 personas descienden de los ocupantes originarios, desde 1983 tienen la nacionalidad británica, y ningún argentino puede radicarse allí aunque lo desee. Esto ridiculiza aún más la pretensión autodeterminatoria. El resto fueron traídos de otras colonias inglesas, son trabajadores migrantes de Chile y Perú y funcionarios de la administración colonial. Como escribió un grupo de ex soldados conscriptos, los habitantes viven en una aldea controlada y no toman ninguna decisión de política exterior, forman parte de los territorios de ultramar de Gran Bretaña. “Conviven en una relación de un habitante por un miembro de las Fuerzas Armadas británicas, unos 3.000 soldados que están asentados en la fortaleza Malvinas en la base de Mount Pleasant, donde se violan tratados de la comunidad internacional como lo es el de Tlatelolco. Hoy Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías militares”. No hay partidos políticos. La única radio y el único canal de televisión son militares y, según una fuente de la cancillería uruguaya, allí se preparan las tropas que inocularán la democracia al pueblo salvaje de Afganistán. El rompehielos “Protector”, que reemplazó al “Endurance” y llegó a las islas el mes pasado, es un barco científico, pero posee defensas que lo hacen invisible para el radar, lo cual lo asemeja a una nave de guerra. Los firmantes también consideran contradictoria la propuesta de “abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía” con el anuncio de que “la soberanía argentina es innegociable”. Es sólo un juego de palabras: en todos los procesos de descolonización los países que negociaron su soberanía ofrecieron algo a cambio. Mandela renunció al enjuiciamiento de los crímenes del apartheid en Sudáfrica y China admitió que Hong Kong mantuviera su régimen de gobierno y su sistema financiero integrado al circuito occidental. La Constitución de 1994 declara el respeto por el modo de vida de los habitantes de las islas y en todos los foros internacionales la Argentina ha expuesto que toma en cuenta sus intereses. Pero Gran Bretaña pretende, y los firmantes de la declaración lo comparten, que se pongan en la balanza sus deseos, que es otra cosa. También proponen “ofrecer instancias de diálogo real con los británicos y –en especial– con los malvinenses”, que es lo que Londres querría como legitimación del escenario colonial. Agregan que ese diálogo debería ocurrir “con agenda abierta y ámbito regional”, como si no tomaran nota del apoyo de todos y cada uno de los países de la región a la soberanía argentina. Agenda abierta quiere decir, entonces, renuncia al derecho que nuestro país invoca y “abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno”, como si las tres cosas fueran lo mismo.

Autodeterminación

vs integridad

De los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución en 1994, los declarantes deducen en forma correcta que “los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujeto de derecho”. Es discutible si se les aplica la Convención Americana, dado que Gran Bretaña no la firmó y nadie reconoce a los malvinenses otra representación política. En cualquier caso ese tratado prescribe el respeto por la vida, la libertad, la seguridad, la integridad de cada persona, que nadie les discute. El artículo 23 reconoce incluso los derechos políticos “de los ciudadanos” a elegir y ser elegidos para ocupar cargos públicos, pero la Corona designa al gobernador sin consultarlos. El derecho a la autodeterminación sí está contenido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. El sujeto de ese derecho no son los individuos sino los pueblos y, desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó en diciembre de 1960 la Resolución 1514, está condicionado al derecho de integridad territorial de los Estados. En 1964, la Secretaría General incluyó a las Malvinas entre los territorios a descolonizar aplicando esos principios y en 1965 la Asamblea votó la resolución 2065 en la que reconoce que hay una disputa de soberanía entre ambos países, a los que insta a negociar una solución pacífica que tenga en cuenta “los intereses de la población”, pero no sus deseos. Es decir que el principio de integridad territorial prevalece sobre el de autodeterminación de un agrupamiento humano injertado allí por un acto de fuerza. Comparar esto con el proceso inmigratorio de nuestra “sociedad plural y diversa” es extravagante. ¿Por qué Gran Bretaña no reconoce, y los firmantes no se lo reclaman, el derecho humano a migrar, universal, imprescriptible e indivisible, que la Argentina consagró en la ejemplar ley 25.871/04, y después de unos años sin restringir la radicación de argentinos convoca a un plebiscito autodeterminatorio?

Mi desacuerdo con este documento no implica desconocer la legitimidad del debate que propone y de su oposición a sacralizar posiciones. No discutiría tampoco que “los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni la escasez de recursos naturales”. Llamar a los firmantes gurkhas, cipayos, colonizados, quinta columna o traidores no es la mejor manera de rebatir sus endebles argumentos.

G-20: Indice de Solidez de la Recuperación

Fuente: Jorge Eduardo Navarrete, “La crisis global: brechas que se reducen. El desafío de los países emergentes”, en “Nueva Sociedad”, Nº 237, enero-febrero de 2012.

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Ni uno

 Horacio Verbitsky

La auditoría informática y jurídica que la ministra de Seguridad Nilda Garré encomendó a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal sobre el Proyecto X indicó que ese software de la Gendarmería se utiliza para ingresar y relacionar datos de causas judiciales y de reunión de Inteligencia sobre delitos complejos, terrorismo y narcotráfico, pero no incluye protestas, partidos, dirigentes ni organizaciones sociales o políticas. La aplicación informática fue donada por Estados Unidos en 2002 y actualizada en 2006. Los servicios de entrecruzamiento de llamadas del Proyecto X fueron requeridos en 242 causas judiciales desde 2007, año en que Gendarmería lo inscribió ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. La auditoría procuró verificar si alguna incorporación a la base respondía a criterios prohibidos por la ley de Inteligencia nacional (sobre personas “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”). Para ello se realizaron tres búsquedas. La primera, censal, sobre las 23.000 personas identificables en la base. Sólo en siete casos se encontraron informaciones complementarias a las causas judiciales, pero ninguna se vincula con protestas o reclamos sociales, sino con características físicas o hábitos. La segunda búsqueda, muestral, analizó en forma exhaustiva 378 casos, representativos estadísticamente del total, y determinó que el 99 por ciento “cumple con el requisito de legalidad”. Por último, la búsqueda orientada consistió en seleccionar cuatro categorías vinculadas a protestas sociales y comprobar si formaban parte de la base. Se consultaron los nombres de 147 candidatos de partidos políticos tomados de la Dirección Nacional Electoral, de 197 referentes de organizaciones sociales provenientes de sus propios sitios web y de 1020 representantes sindicales de 28 organizaciones gremiales. No se hallaron registros ni información vinculada estas personas y organizaciones. También se contrastaron 37 palabras clave que pudieran asociarse a protestas sociales, cortes de rutas, internas sindicales, movilizaciones laborales, reivindicaciones salariales y manifestaciones. En ningún caso aparecieron datos sobre personas. Cuando se introdujo la palabra “Puntero”, todos los casos se referían a la venta de estupefacientes; con “Tránsito”, a salidas transitorias de prisión, tránsito de llamadas o mercadería en tránsito. Tampoco hubo coincidencias referidas al conflicto en Kraft, la etnia Qom, el MOCASE o las protestas contra la minería. Garré explicó que todas las tareas de Inteligencia de Gendarmería en caso de cortes de rutas las realizó la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud), con sede en Campo de Mayo, por orden y con control judicial. Sus miembros no tienen acceso al Proyecto X, cuya sede está en el Edificio Centinela, y los resultados no se cargan en esa base de datos. Efectivamente, todos los expedientes mencionados la semana pasada en esta columna se originaron en órdenes a esa Uesprojud de los jueces Sandra Arroyo Guzmán, Juan Manuel Yalj y Adrián González Charvay, quienes pidieron identificar a los dirigentes o representantes en la manifestación, fotografiarlos y filmarlos. Hubo incluso un caso en el que un juez federal subrogante de Tres de Febrero, Mariano Larrea, procesó a oficiales de Gendarmería por incumplir sus órdenes de desalojar la ruta Panamericana cortada por empleados de Kraft Foods. Si en el Uesprojud no hay otra base de datos sobre dirigentes políticos y sindicales, alguien debería explicar por qué cada vez que se nombra al delegado Hermosilla, distintos oficiales de la Gendarmería en oficios dirigidos a diferentes jueces, lo identifican con involuntario humor como “alienado (sic) al Partido Obrero (PO)”. La ministra dijo que eran los jueces quienes garantizaban que no se violara la ley. Ése es el punto clave a dirimir: un corte de ruta constituye al mismo tiempo una protesta social y un delito del Código Penal y los jueces deciden qué prevalece en cada momento. La criminalización de la protesta es un estigma político, no legal.

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Petróleo

 Horacio Verbitsky

Un economista inglés de la London School of Economics que cursó aquí la maestría de FLACSO en Política Económica Argentina, dejó al partir un documento de lectura pertinente en este momento. Se trata de un cable enviado al Departamento de Estado, el 22 de mayo de 1965, sobre la anulación de los contratos petroleros por el presidente Arturo Illia y las restricciones a la remisión de utilidades al exterior. Narra una comida oganizada por el banquero Alex Shaw para que el embajador estadounidense Edwin Martin conociera a su primo, el jefe de Estado Mayor del Ejército, general Jorge Shaw, convencido igual que su colega Alejandro Lanusse de que “este gobierno debía irse”. Los otros comensales fueron el presidente de Shell, Enrique Puricelli, y Joe Martínez de Hoz. “Alex organizó la comida para persuadir al general Shaw de la necesidad de un golpe”, palabra que el embajador escribió en castellano. Alex comenzó por exponer todos los posibles aspectos erróneos en la política petrolera del gobierno y luego destacó “el daño de largo plazo a la confianza de los inversores europeos en la Argentina por las actuales dificultades para remitir utilidades”. Luego comentó “sin dar precisiones”, los comentarios críticos de unos ministros contra otros, “como ilustración de que el gobierno se estaba cayendo a pedazos”. También criticó “la completa rigidez mental de Illia dentro de la doctrina partidaria y varias veces sugirió que [el vicepresidente Carlos] Perette era una mentalidad más abierta”. El general Shaw y Martínez de Hoz hablaron poco. El militar expresó dudas sobre la apertura mental de Perette y dijo que el “gran problema de la Argentina era el peronismo”. Lo que hacía falta, agregó, era el “liderazgo fuerte” de un caudillo, pero “sólo había políticos que se pasaban el tiempo cortejando a los votantes en vez de decirles qué debían hacer”. También expresó su firme apoyo a la invasión estadounidense de la República Dominicana y se mostró preocupado por las manifestaciones callejeras en contra. Martínez de Hoz criticó la “inmadurez política de la Argentina en comparación con los Estados Unidos”. Al salir, el banquero Shaw le dijo al general Shaw que algo habría que hacer respecto al presidente del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, Abraham Eidlicz, porque era “un conocido comunista”. Trece meses después, las “bellas almas” de esa clase “temperamentalmente inclinada al asesinato” derrocaron a Illia. Que sus guardaespaldas castrenses, y algunos de sus propios miembros, purguen hoy sus crímenes en cárceles o arrestos domiciliarios, permite discutir sin esas presiones los perdurables asuntos estructurales de la economía y la sociedad argentina.