Colombia. La masacre del Palacio de Justicia
Diario El Tiempo (Colombia)
publicado el 30 de octubre de 2015
El 6 de noviembre de 1985 el Comando “Iván Marino Ospina” del Movimiento 19 de Abril -M-19- inició la llamada operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. Se trató de la toma armada del Palacio de Justicia, ubicado frente a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Los insurgentes pretendían juzgar al gobierno del presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz que el M-19 y el gobierno habían pactado entre 1984 y 1985. Recuerdo de un hecho trascendente de la historia reciente de Colombia, que proyecta enseñanzas para el futuro.
publicado el 30 de octubre de 2015
El 6 de noviembre de 1985 el Comando “Iván Marino Ospina” del Movimiento 19 de Abril -M-19- inició la llamada operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. Se trató de la toma armada del Palacio de Justicia, ubicado frente a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Los insurgentes pretendían juzgar al gobierno del presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz que el M-19 y el gobierno habían pactado entre 1984 y 1985. Recuerdo de un hecho trascendente de la historia reciente de Colombia, que proyecta enseñanzas para el futuro.
El M-19 retuvo en el Palacio de Justicia a 350 magistrados, visitantes, consejeros de Estado, empleados y servidores judiciales. Las fuerzas militares colombianas realizaron la retoma del Palacio, lo que derivó en la muerte de al menos 100 personas y en la desaparición de 11.
Varios fueron los llamados, mensajes y gritos de los magistrados para pedir al gobierno nacional que ordenara el cese al fuego a los militares para buscar una solución pacífica. También reclamaron la presencia de la Cruz Roja Internacional. El gobierno de Belisario Betancur quedó como un simple espectador, mientras los disparos y explosiones sonaban en el Palacio. El Ejército tomó el absoluto control de las decisiones imposibilitando cualquier solución negociada.
Por ese hecho han sido condenados por la justicia colombiana el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales. Sin embargo, aún existen otros militares que no han sido juzgados.
Según pudo verse en varios videos de la época, del Palacio de Justicia salieron con vida varias personas que fueron llevadas a la Casa del Florero, convertida en base militar del Ejército, y a otras instalaciones militares. Nunca más se volvería a saber de estas personas.
Por ejemplo, en un video revelado por Noticias Uno en 2007 se ve salir con vida al magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, pero luego su cuerpo fue encontrado dentro de las instalaciones del Palacio con una herida en la cabeza de proyectil 9 milímetros. En otro video encontrado en un allanamiento en casa del Coronel Alfonso Plazas Vega, se ve al administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y a Cristina del Pilar Guarín, una de las cajeras, salir con vida del Palacio aunque después fueron desaparecidos.
De los 35 miembros del M-19 que participaron en la toma, sólo Clara Helena Enciso conseguiría escapar con vida. La guerrillera Irma Franco Pineda salió del Palacio pero fue detenida por el Ejército y posteriormente torturada, asesinada; y su cuerpo, desaparecido. Algunos de los guerrilleros capturados dentro del Palacio fueron asesinados después de haberse rendido o cuando quedaron en estado de indefensión. Lugo fueron presentados como muertos en combate.
“Masacre u Holocausto”
En 2006, la Comisión de la Verdad conformada por los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez, y el magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, encontró responsables del holocausto al M-19, al gobierno de Belisario Betancur y a las fuerzas militares colombianas.
Para esa Comisión de la Verdad el M-19 fue responsable del asalto del Palacio de Justicia y de la toma de rehenes. En dicho informe la Comisión señala una conexión entre el cartel de Medellín y el M-19 para la realización de la toma, pero no aclara el nivel de dicha relación. Estas afirmaciones fueron negadas por antiguos miembros del M-19, quienes aseguran que la operación tenía como objetivo juzgar al gobierno por el fracaso del proceso de paz y que la organización no tenía ninguna motivación en favor de los carteles de la mafia.
En el Palacio de Justicia, durante la toma, fueron destruidos varios procesos judiciales que afectaban a los narcotraficantes y a miembros de las fuerzas militares involucrados en crímenes y violaciones a los derechos humanos y en vínculos con grupos paramilitares. Además, aquel día de la toma se adelantaban las discusiones sobre la extradición y dichas cortes habían sido amenazadas por los narcotraficantes.
Para la Comisión de la verdad, el gobierno nacional no hizo absolutamente nada para proteger a las víctimas del Holocausto. Tampoco buscó un cese al fuego ni una solución pacífica para salvar a las víctimas y prefirió impedir que se supiera lo que estaba ocurriendo. La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó la transmisión de un partido de fútbol en televisión y radio mientras se escuchaban los disparos y las explosiones.
Nadie escuchó el clamor del magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía: “Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19″. Según verificó la Comisión, los restos de los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa, tenían proyectiles de armas que no fueron usados por la guerrilla.
Quienes saldrían más responsabilizados por los hechos del Palacio de Justicia serían las fuerzas militares colombianas. Para la Comisión de la Verdad, los militares nunca buscaron salvar a las personas rehenes. En las conclusiones de la investigación consta que los militares tenían conocimiento con anticipación de la operación que realizaría el M-19 por información que había dado el magistrado Echandía. Sin embargo, no hicieron nada para impedir que ocurriera la toma. Igualmente el Ejército tiene responsabilidad en la desaparición forzada y en la ejecución y asesinato de varias de las víctimas. Las fuerzas militares impidieron cualquier intento para realizar un cese al fuego y no dudaron en hacer un uso excesivo de la fuerza para retomar el Palacio de Justicia.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ocurrido en el Palacio de Justicia ha sido calificado como Masacre u Holocausto. En dicha corte se espera un fallo sobre la responsabilidad del Estado colombiano en la retoma del Palacio de Justicia.
Fuente: Nodal
***************
Las 4 heridas abiertas de la tragedia del Palacio de Justicia
El 6 de noviembre de 1985, mientras el país enfrentaba los embates del narcoterrorismo, la otra guerra, la del Estado contra las guerrillas, se instaló por dos días en plena plaza de Bolívar, en el corazón del poder en Colombia.
Fueron 28 horas de horror durante las cuales el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, quedó reducido a escombros por los violentos combates entre Ejército y guerrilla, y por los tres incendios que asolaron la edificación durante la toma y la retoma.
Treinta años después, la justicia colombiana está lejos de haber establecido lo que realmente ocurrió en esos dos días de noviembre. Tanto así que uno de sus últimos movimientos, precisamente, apunta a revivir los primeros momentos de la tragedia: el proceso de identificación de las casi 100 víctimas mortales del holocausto.
La zozobra que hasta hace unas semanas parecía exclusiva de las familias de los once desaparecidos históricos –Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao– se multiplicó por decenas.
¿La razón? Incluso hoy, muy pocos de los deudos pueden decir con certeza que en 1985 enterraron a sus muertos. De hecho, la Fiscalía no descarta realizar una exhumación masiva, en un proceso que tomaría al menos otros dos años.
Ahora, para tres de las familias de los desaparecidos terminó la búsqueda. Lucy Amparo Oviedo, Luz Mary Portela León y Cristina Guarín volverán a los suyos: padres, madres y hermanos murieron, sin embargo, esperándolos.
Las familias de Libia Rincón de Mora y María Isabel Ferrer de Velásquez viven la otra cara de la moneda: de un momento a otro, se enteraron de que las tumbas de sus muertos eran ajenas. Más doloroso aún, esa historia de revictimización se habría repetido decenas de veces.
Pero la suerte de los desaparecidos no es la única herida abierta de uno de los procesos judiciales más largos y controversiales en la historia del país. La Fiscalía acaba de abrir un nuevo capítulo, el de las torturas a los sobrevivientes, por el que serán investigados cuatro generales, y avanza, contra dos de ellos, en un proceso por homicidio fuera de combate, otro crimen de lesa humanidad que no prescribe.
¿Financió la toma del M-19 el capo del cartel de Medellín Pablo Escobar? ¿La desprotección del palacio fue una trampa para atraer a la guerrilla y asestarle un golpe mortal al agónico proceso de paz del gobierno Betancur? Y ¿hubo o no vacío de poder –en varias sentencias se menciona incluso un “golpe de Estado transitorio”– en esos dos días que pusieron a prueba la institucionalidad colombiana?
Hoy, cuando se habla de paz con las Farc y de la posibilidad de que los militares condenados por hechos de la guerra puedan recibir condenas alternativas a cambio de verdad, algunos de los implicados en el expediente del palacio han empezado a contemplar algo que han negado por décadas: que en esos dos días de furia no solo el M-19, que asaltó a sangre y fuego una sede civil, cometió graves crímenes de guerra y de lesa humanidad.
¿Una trampa que dejó indefensa a la Corte?
Tres días antes del ataque del M-19, la Policía que cuidaba el Palacio de Justicia fue relevada. Hasta hoy, las autoridades militares y policiales de la época no han podido explicar por qué se tomó esa decisión, que facilitó el asalto; más aún cuando había plena certeza de que la guerrilla intentaría atacar a las altas cortes. Así lo admitió en un debate en el Congreso el entonces ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, quien reconoció que se conocía por inteligencia de un plan del M-19 para tomarse el Palacio y hacer rehenes a los magistrados.
El 30 de septiembre de 1985, consta en expedientes, el tema fue examinado en un consejo de seguridad al que asistieron los directores del DAS, de la Policía y el Ministro de Gobierno. Incluso se envió una carta a la Corte Suprema para advertir sobre las amenazas que pesaban sobre algunos magistrados. Un fallo del Consejo de Estado contra la Nación dice que, sin embargo, se retiró la seguridad, “sin que al respecto se encuentre en el proceso justificación o explicación alguna para tomar tan irresponsable determinación”.
La tragedia de los que no aparecieron
Los absurdos cometidos en la identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas del palacio están, como se demostró este mes, ligados a la que por tres décadas fue la herida más visible de la tragedia: la de los desaparecidos.
Pero ese hecho está, de acuerdo con todas las fuentes que conocen de los acontecimientos, lejos de explicar todos los casos.
Así, los investigadores consideran “muy probable” que, bien en tumbas ajenas o entre los restos recuperados de la fosa común del Cementerio del Sur, aparezcan algunos de los desaparecidos emblemáticos.
Pero esa difícilmente será la situación de personas como Irma Franco, guerrillera del M-19 que salió con vida del palacio; y, probablemente, de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería. En los expedientes hay testimonios de personas que dicen haber visto a Franco en la Casa del Florero. De hecho, el coronel Alfonso Plazas Vega sostiene desde el 2009 que la única desaparición comprobada es la de Franco, pero dice que quienes deben responder son los encargados de Inteligencia.
‘Gobierno fue un espectador’
Aunque solo hace un año la Fiscalía abrió la posibilidad de investigar a funcionarios del Ejecutivo por la presunta omisión durante la retoma, ya sentencias han advertido de las pruebas de un ‘vacío de poder’, en el que el Gobierno fue desconocido por los militares. “Las pruebas le permiten acoger la tesis de un golpe de Estado transitorio por parte del Ejército, cuyos principales agentes (...) no permitieron que el presidente (Belisario) Betancur escuchara ningún pedimento del grupo ilegal (...). Detrás del control absoluto del mandatario se observa un manejo irregular dado por la institución castrense al operativo, al ocultar información que hubiera podido disminuir graves consecuencias”, dijo el Tribunal de Bogotá en el fallo que ratificó la condena contra el general Jesús Armando Arias.
La Comisión de la Verdad advirtió que el Gobierno “estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas” y que el Presidente fue espectador del desarrollo de los acontecimientos”.
¿Hubo plata de Escobar?
La Fiscalía aún no logra probar de manera irrefutable si, como se asegura, el cartel de Medellín financió la toma del M-19. Sin embargo, la Comisión de la Verdad señala en su informe que “todo indica que hubo conexión (de esa guerrilla) con el cartel de Medellín en el asalto” al palacio.
En el expediente está la declaración de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, ‘Popeye’, quien sostuvo que el capo Pablo Escobar pagó inicialmente dos millones de dólares por ese golpe, con el que pretendía arrodillar a una corte que lo amenazaba con la extradición a EE. UU.
El día del asalto, la Sala Constitucional de la Corte discutía la ley aprobatoria del tratado de extradición.
La Fiscalía ha señalado en los juicios que existió una relación de conveniencia entre Iván Marino Ospina, uno de los jefes del M-19, y Pablo Escobar, y hasta se habla de una visita del guerrillero a la mansión del capo meses antes de la toma.
¿Qué pasó con los protagonistas?
Coronel Alfonso Plazas Vega
El coronel Plazas Vega fue el primer uniformado que entró al Palacio asaltado. Lo hizo en un tanque –del mismo grupo que disparó sus cañones hacia el edificio– que les abrió pasó a las tropas de infantería.
Su famosa frase ante cámaras –‘Defendiendo la democracia, maestro’– lo convirtió en el símbolo de la retoma. Tras 20 años de cuestionamientos, fue procesado por la justicia ordinaria y condenado a 30 años por desaparición. Él alega que es víctima de un plan contra el Ejército. Está pendiente de que la Corte Suprema resuelva en última instancia su proceso.
General Jesús Armando Arias Cabrales
Era el comandante de la Brigada 13, con sede en Bogotá, y, con el nombre clave de ‘Arcano 6’, dio instrucciones para recuperar el palacio.
Arias Cabrales fue sentenciado a 35 años de cárcel, la condena más alta emitida por la justicia contra los militares procesados por los excesos cometidos durante la retoma.
El Tribunal Superior de Bogotá dijo que Arias no cumplió su deber de proteger a los sobrevivientes y que su actuación permitió la desaparición de cinco personas.
M-19
El primer responsable de la tragedia fue el M-19, que desde la entrada al palacio asesinó a civiles indefensos. Los cerca de 35 guerrilleros que participaron murieron.
Fuente: eltiempo.com