La seguridad jurídica

Aldo Ferrer
Diario BAE

La supuesta falta de seguridad jurídica es uno de los puntos centrales en la crítica neoliberal de la situación actual del país. La cuestión repercute en el ámbito externo. Frecuentemente, aparecen en medios informativos del exterior comentarios que toman partido en el debate político en curso en el país y, uno de los temas principales se refiere, precisamente, a este aspecto. El hecho, si fuera cierto, sería grave porque la seguridad jurídica es necesaria para el despliegue de la actividad económica.

Pero el argumento no tiene fundamentos en la realidad porque, en efecto, se verifican, actualmente, las dos condiciones fundamentales en las cuales se sostiene la seguridad jurídica. A saber: la división de poderes y los equilibrios macroeconómicos. La primera es necesaria, para que las decisiones del poder administrador, sujetas a aprobación parlamentaria, cuenten con la mayoría necesaria o, si son objetables, por eventual incumplimiento de las normas legales, queden subordinadas a la decisión de la Justicia. Recuérdense, a este respecto, las innumerables acciones judiciales para dar curso a demandas privadas de suspensión de la ejecución de decisiones del poder administrador. Como corresponde al funcionamiento de un estado de derecho, la división de poderes asegura la defensa de los derechos de los particulares.

Sin embargo, esto no alcanza para la plena seguridad jurídica que, en resumen, significa que los contratos entre particulares y entre éstos y el sector público, son cumplibles. Para que esta condición se verifique es preciso que la política económica asegure los equilibrios del sistema. En condiciones de desequilibrio extremo, por ejemplo hiperinflación y/o insolvencia internacional, los contratos no pueden cumplirse. En la experiencia argentina, el último ejemplo fue la crisis del 2001 y su epílogo. Bajo la convertibilidad, dos tercios de los contratos entre particulares y otro tanto de los activos y pasivos del sistema financiero estaban denominados en dólares, en un contexto de extremo desequilibrio macroeconómico, insostenible endeudamiento, dependencia del ingreso continuo de capitales externos e inexistencia de un prestamista de última instancia. La seguridad jurídica estaba entonces amenazada porque los contratos eran económicamente inviables. En cambio, desde la salida de la crisis, la situación macroeconómica se sustenta en un nivel deuda pública pagable con recursos propios, superávit en los pagos internacionales corrientes, reservas en el Banco Central y razonable equilibrio en las finanzas públicas. El comportamiento actual de los precios, aún aumentando más de lo que conviene, pero no descontrolados, no alteran la seguridad jurídica.

En resumen, en la actualidad, se verifican en el país la división de poderes y la consistencia macroeconómica, que constituyen las condiciones necesarias de la seguridad jurídica. ¿A qué obedece entonces la insistencia en el argumento contrario? La respuesta es que concibe la seguridad jurídica como seguridad política, la cual, según la perspectiva neoliberal, radica en la desregulación de los mercados, apertura incondicional a la especulación financiera, marginación del Estado y privatización indiscriminada de los activos públicos; es decir, el paradigma del Consenso de Washington. Entonces, cuando la política económica, en el marco de las atribuciones de un gobierno constitucional, toma un rumbo distinto existe, por definición, inseguridad jurídica.

En la realidad, las políticas neoliberales son una causa principal de inseguridad jurídica. Conocemos la experiencia argentina. En el orden mundial, la desregulación financiera provocó la peor crisis desde los años treinta y reclamó la intervención masiva de los estrados de las mayores economías del mundo para rescatar al sistema, evitar del colapso de los contratos financieros y la contracción de la economía real.

Las políticas generadoras de inseguridad jurídica cuentan, sin embargo, con el entusiasta apoyo de quienes la reclaman. Así sucedió con el programa del 2 de abril de 1976, ejecutado por el último régimen de facto, circunstancia en la cual, además, no había división de poderes. El apoyo tuvo también lugar, más tarde, bajo un gobierno constitucional, con la convertibilidad de la década del ’90.

El desarrollo económico y social depende de ambas seguridades: la jurídica y la política. Nuestro problema es, precisamente, que la inestabilidad del país en la mayor parte del siglo pasado dio lugar a cambios extremos en la orientación de la política económica y a profundos desequilibrios. En particular, durante el largo período 1976-2001, la hegemonía neoliberal, demolió la seguridad jurídica y generó un cuadro de incertidumbre y desaliento a la inversión y el crecimiento. Fue el peor período de la historia económica del país.

En conclusión, en la actualidad la seguridad jurídica está respaldada por la vigencia de la democracia y los equilibrios macroeconómicos. A su vez, la seguridad política depende de la formación de una estructura productiva integrada y abierta, capaz de gestionar el conocimiento, generar empleo a niveles crecientes de productividad y mantener una relación simétrica, no subordinada, con el resto del mundo. Es decir, de la competitividad de la producción interna sujeta a la competencia internacional, los espacios de rentabilidad que retengan el ahorro interno en la ampliación y transformación de la capacidad productiva y la estabilidad razonable de precios. Para la seguridad política, es esencial el equilibrio de las finanzas públicas y mantener la deuda a niveles manejables con recursos propios.

La dimensión internacional de la cuestión es también fundamental. No existe seguridad jurídica ni política, sin el ejercicio efectivo de la soberanía. Los países endeudados están sometidos a la irracionalidad de los mercados y pierden el control de su propia política indispensable para garantizar los derechos sociales e individuales de sus habitantes y decidir el rumbo de su desarrollo. Es una paradoja de la globalización del orden mundial contemporáneo: sólo les va bien a los países que tienen el comando de su propio destino. En ese terreno y en otros, la Argentina ha experimentado avances notables desde la salida de la última crisis.

http://www.diariobae.com/diario/2013/05/30/29211-la-seguridad-juridica.html