¿España no es Chipre?
Carlos Sanchez Mato
En la madrugada del sábado los ministros de
Economía y Finanzas de la
Unión Europea acordaron proporcionar un préstamo de 10 mil
millones de euros a Chipre para que el país rescate a su sistema bancario. A
cambio, se obliga a este gobierno conservador a establecer un impuesto del
6,75% sobre los depósitos de hasta 100.000 euros y del 9,9% en los depósitos
por encima de esa cantidad. Con esta medida, el estado chipriota recaudará
5.800 millones de euros. Para evitar la huida masiva de los depositantes, las entidades
han retenido ya esa cantidad, y se han limitado las transferencias para impedir
una retirada masiva de fondos. En definitiva, el corralito en plena Unión
Europea. El camino que se ha iniciado en Chipre no tiene vuelta atrás. Se ha
cruzado una línea que era el único obstáculo que impedía en estos últimos años
la quiebra del sistema bancario de la mayoría de los países europeos.
Según se han apresurado a declarar fuentes del
Ministerio de Economía, el rescate que la Unión Europea ha
realizado a Chipre y que incorpora por primera vez la realización de quitas a
los ahorradores “no es extrapolable a ningún otro país”. El argumento es que
Chipre tiene un sector bancario sobredimensionado, una situación muy compleja y
una profunda crisis inmobiliaria. La verdad es que no parecen argumentos muy
tranquilizadores para los depositantes españoles…
Y no lo son porque el sistema bancario estaba
y está en quiebra. El único motivo por el que los ciudadanos españoles no
retiran de forma masiva sus ahorros de las insolventes entidades bancarias es
la confianza en que el Estado protege sus depósitos hasta un importe de 100 mil
euros por titular. Saben que el Fondo de Garantía de Depósitos no dispone de
patrimonio para responder ni a la quiebra de una pequeña entidad como el Banco
de Valencia por lo que su utilidad en caso de una crisis global como la actual
es nula.
Si el Gobierno español adoptara una decisión
similar, se recaudarían más de 148 mil millones de euros según las estimaciones
que podemos realizar con los datos de depósitos de las entidades bancarias
publicados en junio de 2012. De esa cantidad, más de 53 mil millones de euros
corresponderían a los titulares de depósitos de importe inferior a los 100 mil
euros. Desde el miope punto de vista del Gobierno puede ser muy tentador “meter
la mano” en los ahorros de la ciudadanía para recapitalizar a bancos y cajas de
ahorros. Sin embargo, esa actuación no conseguiría en ningún caso el objetivo
perseguido. Los depósitos de la clientela suponen aproximadamente el 44% de la
financiación de los activos del sistema bancario español. Con toda seguridad se
produciría una contracción brutal de la confianza en la seguridad de los
particulares y el efecto sería demoledor para las entidades.
Hasta ahora, mi opinión había sido que las
élites en el poder no se atreverían a resolver la falta de capital de las
entidades financieras expoliando a los depositantes por la enorme repercusión
política que esas medidas supondrían. Sin embargo, no contaba con la torpeza de
los reunidos esta semana en Bruselas. Solamente una nacionalización inmediata y
permanente de todo el sector bancario puede salvar los ahorros de los europeos
pero no parece que esto forme parte de la agenda de la Comisión Europea.
El plan diseñado para Chipre es una
experiencia piloto y las consecuencias de esa actuación serán analizadas con
todo detalle por los jefes de Estado y de Gobierno de los países pertenecientes
a la Unión Europea.
Si logran atajar las consecuencias de esta decisión, es decir, si no se produce
una huida desesperada de los depositantes (no solamente de los chipriotas) y
una protesta social equivalente a la magnitud de la tropelía, actuarán de igual
forma en la siguiente fase del rescate bancario que tendrá lugar en los
próximos años en los países del Sur de Europa. La parte positiva es que, por
fin, se producirá el estallido social.