SIP, libertad de expresión y medios hegemónicos
Juan Manuel Suárez
APAS
Los multimedios mediáticos van perdiendo la investidura que los protege y la falacia que utilizan para construir verdades se desarticula. La SIP sale al ataque frente al avance de los procesos de regulación que garanticen la pluralidad de voces en la región.
Este organismo, que funciona desde principios de la década de 1940 se encarga de emitir, de manera mensual, comunicados con diagnósticos sobre el nivel de libertad de expresión y libertad de prensa en cada país americano.
En la actualidad, la SIP aglutina el universo mediático de la prensa hegemónica del continente y su representación se hace expresa en los informes que expide tras las asambleas celebradas dos veces al año. En los mismo se repite una marcada preocupación por el “entorpecimiento” de la libertad de prensa en aquellos países que son blancos recurrentes de la política exterior norteamericana, como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Igual preocupación manifiestan los informes sobre las situaciones que afectan los intereses del poder mediático concentrado, con mayor regularidad a partir de los procesos actuales de democratización de la palabra, como ocurre en el caso de Argentina con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esos informes se infiere una relación lineal y condescendiente entre la SIP y los medios a los que representa, amparados en un discurso taxativo que sitúa a los periodistas y los canales informativos como sujetos constructores de la verdad.
En el caso de Venezuela, el gobierno socialista de Hugo Chávez sufrió un sinfín de acusaciones por parte de la SIP, puntualmente a partir de 2004, cuando el Congreso aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, más conocida como Ley Resorte. La excusa para atacar esta iniciativa gubernamental fue la supuesta posibilidad de censura previa que existiría en la norma, cuando ciertamente el objetivo del proyecto fue promover la pluralidad de voces y la búsqueda de información veraz para el pueblo.
Lo que la SIP omite -conscientemente- en sus análisis es el aval que le brindó al golpe de Estado contra el gobierno democrático de Chávez en abril de 2002, cuando no emitió comunicado alguno sobre el encubrimiento que los canales privados realizaron al no informar sobre el ataque.
En el año 2006, la SIP apuntó contra el gobierno democrático de Evo Morales. Fue inmediatamente después de remarcar en más de un comunicado público que en Bolivia corría peligro la libertad de prensa, a partir del apoyo oficial que tuvo la formación de una red de medios comunitarios. Poco les importó a los “amos de la libre expresión” que la construcción de dichos medios sea una herramienta que favorezca la democratización de las comunicaciones, gestionadas a partir de las propias comunidades.
La dirección de las acciones de la SIP en Bolivia fue siempre en apoyo de los gobiernos que se encargaron de generar la miseria en una de las poblaciones más golpeadas y olvidadas de América Latina. Años atrás, la vinculación de la SIP con los intereses de Estados Unidos quedó al descubierto a partir de que la consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, ordenó en teleconferencia a la Asamblea General de la SIP darle apoyo al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Es menester recordar que el mandato de este último finalizó de forma inmediata luego de que un paro cívico-vecinal organizado en la ciudad de El Alto -muy próxima a La Paz-, fuese reprimido por orden de Sánchez de Lozada, dejando un saldo de 80 muertos y 500 heridos.
De la misma manera, en el año 2005, la Sociedad Interamericana de Prensa, acusó al gobierno argentino conducido por Néstor Kirchner de “manejar la publicidad de manera selectiva”, a partir de la postura que tomó en cuanto a distribuir la publicidad oficial con un criterio de equilibrio, entre los medios, sin importar el tamaño.
Lo cierto es que el avance necesario de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le representa una notable pérdida de intereses al monopolio mediático del Grupo Clarín, el cual se formó a partir de la apropiación ilegal de Papel Prensa gracias a la dictadura militar. La visita de la SIP en ese marco constituyó un claro respaldo a la libertad de empresa, luego de oponerse a través de comunicados a la formación de una reglamentación, que viene a buscar las desconcentración de los medios en la Argentina.
Todas estas acusaciones hacia los avances de las reglamentaciones en materia de medios en América Latina nacen de las entrañas de los poderosos grupos mediáticos representados en la Sociedad Interamericana de Prensa. Los medios se visten y toman el rol de personeros de las derechas liberales de la región y se enfrentan a los procesos democráticos consolidados por las reivindicaciones sociales logradas.
Es por esto que todo lo que atente contra la concentración del poder será considerado un enemigo en ese proceso constante de construcción del status-quo. Sin embargo, la actualidad encuentra un debate esperado y necesario entre el papel que juegan los medios respecto de la visión tradicional que los posiciona como ingenieros de la verdad frente a una nueva figura mediática que pone reglas para que la discusión sea lo más justa posible, sin vestiduras que engañen.
http://www.apasdigital.org/apas/nota_completa.php?idnota=5743