El conflicto en Ceamse y el lobby contra el reciclado

Alejandro Bercovich

Diario BAE

El negocio detrás del conflicto en Ceamse es multimillonario y aparece cruzado por lobbies empresariales de distinto tipo. Pero el eslabón de los cartoneros y recicladores, donde se desencadenó la protesta que dejó sin recolección a Buenos Aires durante tres días, es el más desprotegido históricamente por las autoridades.

 Y paradójicamente, potenciar su actividad podría ahorrarle al fisco de la Ciudad unos u$s5 millones mensuales.

El dato surge de informes de la Legislatura porteña y la Facultad de Ingeniería de la UBA. Allí consta que la Ciudad genera a diario 6.300 toneladas de basura. Y que con el correr de los años, pese a que su población disminuyó, la cantidad de residuos sólidos que envía a enterrar a Ceamse se mantuvo en ascenso y con una creciente participación de materiales que podrían ser reciclados y no lo son.

En 1972 cada porteño generaba en promedio 693 gramos de basura por día. En 2001 la cifra saltó a 883 gramos y en 2007 ya había sobrepasado el kilo diario. Luego descendió levemente. Lo que cambió mucho es su composición: mientras en el ’72 el 64% de la basura enterrada eran desperdicios alimenticios, en 2005 la proporción había caído a 35 por ciento. En paralelo, aumentó de 2% a 20% el peso de los plásticos, mientras que “papel y cartón” se mantuvo siempre cerca del 20 por ciento.

Según los datos de Ceamse y de Ingeniería, los cartoneros reciclan cerca del 10% de los residuos sólidos que tira a diario la Ciudad. Esas 630 toneladas de papel y cartón se venden a razón de 40 centavos el kilo. Los recicladores organizados en cooperativas logran precios algo mejores, de hasta 65 centavos por kilo, pero siguen obteniendo sólo migajas de un negocio que termina luego en la exportación de papel a manos de grandes holdings.

Por la composición actual de la basura, los especialistas sostienen que se podría reciclar hasta un 40% de los residuos que se entierran. Como la Ciudad paga u$s70 por cada tonelada que envía al relleno sanitario de José León Suárez luego del aumento del 35% que pactó este año con la provincia, el reciclado ahorraría casi u$s200.000 diarios, o unos 5 millones mensuales. A eso habría que agregar los ingresos adicionales que generaría la reutilización de los materiales. 

¿Quiénes se oponen? Por un lado, los grandes generadores (fundamentalmente hoteles, restaurantes y grandes superficies comerciales) que se niegan a pagar impuestos adicionales por las 2.000 toneladas diarias de residuos que vuelcan a la vía pública. Por otro, las empresas de recolección, que facturarían menos y deberían contratar más gente si se reciclara.

En la Legislatura, varias bancadas ya presentaron proyectos para hacer cumplir la Ley de Basura Cero e incrementar el reciclado. “Queremos que los grandes generadores se hagan cargo de la basura que producen. Y estamos trabajando para potenciar lo que hacen los recuperadores”, opinó Claudia Neira, diputada porteña de Buenos Aires para Todos (BApT) y autora de varios informes sobre el tema.

Voceros de las cooperativas de recicladores dijeron a BAE que su intención es simplemente “ser reconocidos como trabajadores”. Los que se desempeñan en el propio predio de Ceamse, que comandaron el bloqueo de esta semana, cobran unos $1.300 mensuales por los productos que separan de la basura a enterrar y que les permiten vender. Al margen de lo magro de esos ingresos, se desempeñan sin ropa adecuada ni los beneficios laborales que corresponden a cualquier otro empleado.

 Macri se prepara para afrontar una doble derrota política

 Gabriela Vulcano

Lo que parecía una simple disputa verbal con el Gobierno nacional y el bonaerense se transformó en menos de una semana en una amenaza real para la administración de Mauricio Macri. El traspaso del subterráneo y la reducción de la cantidad de basura que la Ciudad envía al Ceamse son las dos cuestiones que hoy desvelan al líder de PRO. En un encuentro que duró casi toda la jornada de ayer y con la asistencia de todo su Gabinete, analizó el escenario actual y los posibles pasos a seguir en caso de que se profundice la pelea con el kirchnerismo.

Aunque el gobierno de Daniel Scioli fue el encargado de reclamar a Macri que reduzca el envío de residuos a los basurales del conurbano bonaerense, en Bolívar 1 apuntan a la Casa Rosada: “Es una orden de la Nación y Scioli la ejecuta”. Meses atrás, fuentes provinciales y del Poder Ejecutivo nacional adelantaron a BAE las sospechas que hoy circulan dentro del macrismo, pese a que algunos funcionarios porteños piensan que el reciente pedido para que la Ciudad disminuya de 7.000 a 3.500 las toneladas diarias de basura que manda al Ceamse responde al enojo del mandatario bonaerense por las críticas que en los últimos días recibió de varios macristas.

Milagro. Desde el Gobierno porteño explican que “es imposible cumplir la meta dispuesta por Scioli en 30 días”. Así lo explicó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli: “Haría falta un milagro para que en un mes pueda ocurrir lo que están pidiendo, es muy poco tiempo”.

Lo cierto es que la Ciudad viene incumpliendo los plazos dispuestos por la Ley de Basura Cero, que establece la reducción progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios hasta llegar a su eliminación total.

Más allá de las explicaciones públicas de Santilli, Macri llevó el tema a la reunión de Gabinete, que se extendió desde la mañana hasta la tarde. Aunque la resolución no será inmediata, el alcalde sabe que el Ejecutivo nacional, en consecuencia el provincial, no cesará de reclamar que cumpla con lo que dicta la ley. No hacerlo podría traerle más de un dolor de cabeza en una cuestión que ya viene difícil tras los últimos conflictos con los trabajadores del Ceamse.

Macri también puso sobre la mesa la transferencia del subte. Si bien desde PRO señalan que “sin los recursos, no hay traspaso”, temen que la empresa Metrovías abandone la concesión o que la Nación rescinda el contrato. En cualquiera de los dos casos, la Ciudad tendría que hacerse cargo inmediatamente del servicio. Descontando la cuestión de los recursos, las mayores preocupaciones del Gobierno porteño están vinculadas a quién llevará la gestión operativa, los potenciales conflictos con los trabajadores y conseguir garantizar la seguridad.