Brasil: De la verdad de los hechos a la Comisión de la Verdad
Bruno Peron Loureiro
Barómetro Internacional
Poco se sabe sobre las violaciones a los derechos y deberes durante el régimen militar en Brasil de 1964 a 1985. Algunas tentativas de “acorralar”, “avergonzar” y “desembozar” los hechos del período, por el periodista Elio Gaspari, contrastan con el silencio que todavía se mantiene oficialmente sobre los nombres de aquellos que sufrieron persecuciones, torturas y desapariciones.
Esta interrupción del periodo republicano no debe pasar desapercibida e impune, según las políticas del equipo de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y las sugerencias de movimientos sociales y organismos de derechos humanos, inclusive internacionales. La justicia para ellos “tarda pero llega” donde quiera que sea. Tarda mucho, por cierto.
En este escenario, el jurista Lauro Joppert Swensson Junior aclara, en el artículo Repensar el pasado, que el mecanismo de Justicia de Transición se hizo efectivo en Brasil mediante el lanzamiento del libro Derecho a la memoria y a la verdad, de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos-Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, desde el Palacio de Planalto en agosto de 2007. El entonces presidente Luis Inácio Lula da Silva estaba en su segundo mandato. La Justicia de Transición es un conjunto de abordajes, estrategias y mecanismos jurídicos (Organización de las Naciones Unidas: The rule of law and transacional justice in conflic and post-conflict societies, 2004) cuyo propósito es debatir sobre la transición de un régimen autoritario hacia uno democrático.
Comisiones de la Verdad no existen solamente en Brasil. Según la Cartilla preparada por el Núcleo de Preservación de la Memoria Política de San Pablo, 39 de estas comisiones se formaron en el mundo hasta 2010. El objetivo de nuestra Comisión de la Verdad no es punir sino esclarecer y tornar públicas las violaciones a los derechos humanos, crear mecanismos institucionales para evitar impunidad, escuchar a las víctimas y ofrecer respaldo a las políticas de justicia y reparación de los daños cometidos durante la dictadura militar.
Dilma Rousseff nombró siete integrantes en mayo de 2012 para conducir los trabajos que culminarán en el Informe de nuestra Comisión de la Verdad. Tendrá como miembros, un ex ministro de Justicia, un ministro del Tribunal Superior de Justicia, una abogada, un ex Procurador General de la República, un profesor, una diplomada, una sicoanalista y un jurista. El período de evaluación será mayor que el de la dictadura, de 1946 a 1988.
Ideas progresistas se cultivan a partir de la conciliación entre lo que se propone como necesario para el desarrollo del país y la escucha a las demandas de diversos sectores de la sociedad. Por lo tanto mi intención aquí es hacer un análisis sucinto que no se detenga en un izquierdismo apasionado o un conservadurismo nacionalista.
En noticia del periódico Estatal (EUA puede ayudar a Brasil a abrir la “Caja de Pandora” de la dictadura, dice un especialista, 16 de mayo de 2012) se pensó en la participación de “un especialista norteamericano en obtener archivos confidenciales históricos) para hacer públicas esas violaciones durante el período militar a las que me referí. Impresiona la naturalidad con la que se sugiere la intervención en Brasil del país más comprometido como financiador de las atrocidades civiles cometidas en América Latina, mientras que el australiano Julian Paul Assange, creador de WiliLeaks, fue castigado cuando divulgó informaciones ocultas sobre la diplomacia estadounidense.
La crítica a las Fuerzas Armadas brasileras -que están constituidas por la Fuerza Aérea Brasilera, el Ejército Brasilero y la Marina de Brasil- viene más del desconocimiento de analistas y reporteros de la prensa, que de los objetivos de trabajo de la Comisión de la Verdad. En nuestra época de incertidumbres bélicas e invasiones extraterritoriales: ¿Qué sería de un país sin una institución militar acreditada, coherente y fuerte, aunque más no sea que para fines de disuasión política? Basta para ello (des)informarse sobre lo que ha acontecido con el Invierno Árabe, en África Septentrional y el Oriente Medio. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas como institución no pueden condenarse por el error histórico de parte de sus integrantes.
Las violaciones a los Derechos Humanos en el período militar en Brasil deben ser develadas para que el grito argentino de “Nunca más” se materialice en la cultura democrática que se construyó en nuestro país y en América Latina. Cuando sea posible, los responsables, si todavía están vivos, también deben ser castigados para que las instituciones brasileras se solidifiquen a tal punto que ninguna inestabilidad eventual justifique medidas autoritarias.
Esperamos que la verdad de los hechos muestre la importancia de la Comisión de la Verdad sin desmerecer el papel de las Fuerzas Armadas en este período de robustecimiento de la democracia, ya que la transición del régimen autoritario ya ocurrió.