Panamá: la miseria del país hanseático
Olmedo Beluche
Sin Permiso
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Diez días de tenaz lucha en las calles duramente reprimida por la policía, con un saldo de, por lo menos, 4 muertos de bala, decenas de heridos y centenares de detenidos, es el resultado del alzamiento popular del pueblo de Colón, segunda ciudad en importancia económica y demográfica de la república de Panamá.
Esta sublevación incontenible tiene dos causas, una manifiesta e inmediata y otra que se hunde en lo profundo de las razones sociales: la primera, la imposición de la Ley 72, que autoriza la venta de terrenos en el área de la Zona Libre de Colón, la mayor área de reexportación del continente americano; la otra, la extrema miseria en que vive la población de esta ciudad que habita al lado del negocio más próspero del país. La ciudad de Colón es la fotografía viva y desgarrante del capitalismo panameño con su extrema polarización de la riqueza en pocas manos y la pobreza más insultante para las mayorías.
Es un deber de los sectores más concientes de la sociedad panameña no perder de vista el problema de fondo en Colón que explica las verdaderas causas de este "octubre rojo" panameño, rojo de sangre y banderas. Porque la sola derogación de la Ley 72, que puede ser conveniente para los comerciantes que han controlado por décadas el negocio de reexportación, no solucionará el problema de fondo, la injusticia social que mueve a los colonenses a las calles, dirigidos por el Frente Amplio de Colón (organismo que agrupa a sindicatos, gremios y organizaciones civiles).
Mientras que, respecto a la motivación inmediata, la derogación de la Ley 72, la posición firme del Frente Amplio de Colón ("no hay negociación, sin derogación") está clara y ya ha empezado a resquebrajar la posición del gobierno; respecto de la segunda causa, ni el FAC, ni ningún otro sector de la izquierda y el movimiento popular hemos propuesto todavía una fórmula clara.
Por ello, junto a la demanda de derogación de la Ley 72, impuesta y sancionada en menos de 6 horas por la Asamblea nacional y el Ejecutivo, habría que formular una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo la Zona Libre de Colón va a compartir sus enormes ganancias con el pueblo colonense?
Un poco de historia
La historia de Panamá está marcada por un determinismo geográfico: un istmo que une los océanos Atlántico y Pacífico que, desde la aparición del mercado mundial, con la conquista española, se le asignó el papel de puente de mercancías y gentes. Primero, del oro y la plata del Perú; luego de paso de la comunicación entre las costas este y oeste de los Estados Unidos; más recientemente, de las mercancías "baratas" de Asia (China-Taiwán-Hong Kong-Japón) y América Latina (Colombia, Venezuela, Brasil, etc.).
Ese peso de la posición geográfica y su articulación al mercado mundial, dio origen a un concepto formulado por el historiador Alfredo Castillero Calvo en los años sesenta, que lo define bien: el “transitismo”.
El transitismo describe un país volcado a la zona de tránsito (hoy el eje Panamá-Colón, antes, Panamá-Portobelo), controlado por ávidos comerciantes agentes de intereses comerciales foráneos. Ese transitismo ha producido un país dislocado, en el que la zona de tránsito concentra la mayor parte de la riqueza, dejando casi en el olvido al resto del estado nacional. Un país con un 80% del PIB cargado hacia el comercio y los servicios financieros y de transporte, carente casi de agricultura e industria, cuyo resultado social es una de las peores polarizaciones de la riqueza social, con altas tasas de desempleo y pobreza.
El transitismo nos habla de un comercio que no proviene ni está dirigido a la población panameña que, dada su baja densidad demográfica y escasa industria, no posee un atractivo mercado interno. Ese comercio está en función de intereses extranjeros, mientras que el panameño y el colonense sólo ve pasar la riqueza, como antes vio pasar el oro y la plata del Perú.
Pero el transitismo ha tenido sus períodos de decadencia. Entre mitad del siglo XVIII y mitad del XIX, los comerciantes panameños en varias ocasiones soñaron abiertamente con la construcción de un "país hanseático" que, al estilo de las ciudades comerciales europeas del medioevo, realizara una alianza comercial con Inglaterra y su base jamaiquina, para que fuera puente mercancías inglesas hacia Sudamérica.
El sueño "hanseático" empezó a tomar forma a partir de la "fiebre del oro" de California, cuando Panamá fue descubierta por la potencia emergente, Estados Unidos, como el puente más corto y seguro entre sus costas. El sociólogo Marco Gandásegui ha dicho en alguna ocasión que Panamá se transformó en una extensión del río Mississipi que desembocaba en San Francisco.
Así nació la ciudad de Colón, cuando en 1850, la Pacific Mail empezó la construcción del ferrocarril de Panamá, el primero que unió ambos océanos. Por su trazado, el ferrocarril necesitaba una terminal en la costa caribeña de Panamá, así que se procedió a rellenar la isla de Manzanillo, dando origen a una ciudad que los norteamericanos llamaron al principio Aspinwall (en honor a uno de los gerentes de la Panama Railroad Co.).
Como el trazado del posterior Canal de Panamá corre paralelo al del ferrocarril, Colón se convirtió en el polo caribeño de asentamiento de los trabajadores antillanos, en su mayoría afrodescendiente, traídos para excavarlo. La población de Colón pasó de 3.000 habitantes en 1900, a más de 30.000 en 1920.
La construcción del canal por Estados Unidos trajo aparejada la separación de Panamá de Colombia, de la que era una provincia, dada la resistencia a aceptar un tratado que imponía la segregación de una Zona del Canal bajo soberanía norteamericana. Pese a que los comerciantes panameños creyeron ver cumplido su sueño "hanseático", y lo pusieron en la divisa del nuevo escudo nacional ("Pro Mundi Beneficio"), la realidad dura fue su exclusión del negocio canalero por los norteamericanos, quienes controlaron todo bajo un estricto esquema militar.
De manera que a mitad del siglo XX, el sueño "hanseático" de nuestros comerciantes era proveer de cantinas y burdeles a los soldados acantonados en las bases militares norteamericanas. Pero, al final de la Segunda Guerra Mundial, esa economía de cantina entró en crisis, degenerando en una continua serie de conflictos sociales y políticos, incluso interburgueses, por disputarse el control de los pocos negocios que producían algo de plusvalía.
El gobierno de Enrique A. Jiménez, en 1945, contrató los servicios de un grupo de asesores norteamericanos para que sugirieran algunos remedios a la crisis económica y fiscal. Uno de ellos, Thomas E. Lyons, funcionario del Departamento de Comercio de EE UU, realizó un informe en el que propuso la creación de una zona franca de comercio. Así nació la Zona Libre de Colón, mediante el decreto Ley No. 18 de 17 de junio de 1948, vigente hasta el viernes 19 de octubre de 2012, cuando fue aprobada y promulgada la Ley 72.
¿Zona Libre para beneficio de quién?
Las empresas que se establecen en la Zona Libre de Colón no pagan ningún tipo de impuestos, ni nacionales, ni municipales. La última vez que un gobierno intentó cargarles con un leve impuesto, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-99), los poderosos comerciantes pegaron el grito al cielo y el gobierno tuvo que retroceder. Lo único que pagan es un arrendamiento por las instalaciones que usan a un precio catastral subvalorado.
La Zona Libre de Colón cuenta en este momento con 1.751 empresas asentadas que reciben 250.000 visitantes al año. Aunque hay en ella todo tipo de empresas, predominan poderosos capitales judíos y árabes (que allí se llevan muy bien). Entre los primeros destaca la familia Motta (cuyas ramificaciones se extienden a la Compañía Panameña de Aviación, COPA; TVN-Canal 2; y el Banco General, el mayor de capital panameño). Entre los segundos destaca la familia Waked (con ramificaciones en todos los puertos libres del continente a través de los almacenes La Riviera y en los diarios La Estrella y El Siglo).
Se estima que en 2012 la Zona Libre de Colón manejará un movimiento comercial de 12.447.646 millones de dólares, 5.785.202 en importaciones y 6.662.443 en exportaciones, según la Contraloría General de la República. Otros cálculos elevan estas cifras por encima de los 16 mil millones de dólares. En un país cuyo Producto Interno bruto Total fue ponderado en 2011 en 23.253.6 millones de dólares, estamos hablando de una cifra significativa.
En un articulo reciente, el economista colonense y precandidato presidencial, Juan Jované, ha estimado el valor agregado generado por la Zona Libre de Colon en 2.042,6 millones en el año 2010. Este año la cifra será mayor según los indicadores.
Pese a toda esa riqueza que se mueve dentro de las 240 hectáreas que ocupa la Zona Libre, la ciudad de Colón es, a la vista del peor miope, una urbe paupérrima, en que la población camina en aceras decrépitas por donde corren aguas cloacales, malvive en edificios a medio caerse, cuya juventud padece el desempleo crónico (15%, según Jované) y se refugia en las pandillas; con hospitales decadentes y clínicas mal equipadas; ni hablemos de las escuelas. El desempleo general puede estar cerca del 25%.
Según datos del propio Ministerio de Economía (y estimados a la baja por una metodología alevosamente construida), el 3,2 % de los colonenses sobrevive en la indigencia y el 15,8% en la pobreza.
A todo lo cual hay que agregar el desprecio racista de gobiernos, policías y empresarios contra la población colonense, en su mayoría afrodescendiente. Ese racismo desembozado se expresa no sólo en el abandono de la provincia (de 220.000 habitantes) pese a su importancia económica, sino en que los empresarios de la Zona Libre prefieren traer trabajadores de Panamá a contratar colonenses. Además de que, por supuesto, los dueños y gerentes no tienen sus residencias en Colón sino en la ciudad de Panamá.
Como nos comentaba Alberto Barrow, dirigente de la etnia negra, ese racismo descarado también está en las cabezas de los policías, y sus jefes que le han ordenado disparar directamente contra la gente que protesta en Colón, como han mostrado las cámaras de la televisión. Es el mismo racismo con el cual hace dos años, en julio de 2010, dispararon a mansalva contra los trabajadores bananeros, en su mayoría del pueblo Gnabe-Buglé, en Changuinola; y en 2011, de nuevo contra ellos mismos que luchaban contra el Código Minero y las hidroeléctricas, en el área de San Félix.
Ese racismo ha sido consuetudinario en las élites panameñas, pero ha llegado al paroxismo bajo el gobierno integrado por comerciantes blancos de Ricardo Martinelli y su ministro de Seguridad José Raúl Mulino. Habría que preguntarle a los organismos de derechos humanos si no estamos ante una conciente práctica genocida por parte de estos gobernantes.
Los intereses inconfesables
En la crisis actual se mueven aviesos intereses. Los intereses del grupo gobernante, que ha impuesto la Ley 72, con la que pretenden matar dos pájaros de un tiro: hacerse con una cifra de entre 200 y 400 millones de dólares en venta de activos estatales para cuadrar un presupuesto exorbitante (el mayor de la historia) con el que quieren cerrar el año preelectoral, con mucho clientelismo y una impresión de bienestar; a la vez que se apropian para su grupo de valiosas tierras nacionales a precios de regalo y entran al negocio que les faltaba.
Pero no hay que perder la perspectiva de que a la oligarquía comercial que controla la Zona Libre de Colón le conviene que se derogue la Ley 72, no porque ellos tenga algún aprecio por la propiedad pública, sino porque el decreto de 1948 les permite seguir lucrando sin compartir un centavo con el pueblo colonense, como han hecho por sesenta años.
De ahí que no basta con exigir la derogación de la Ley 72, hay que buscar una propuesta que obligue a esos comerciantes a compartir un pedazo de la riqueza que genera la Zona Libre de Colón. Propuesta que debe salir de la dirigencia popular del Frente Amplio de Colón y de sus mejores intelectuales comprometidos con la causa popular. Propuesta que, aún manteniendo el negocio capitalista, haga algo de justicia al pueblo colonense y permita resolver las enormes disparidades sociales que padece.
Colón es la punta del iceberg, la vanguardia de un conflicto social que atraviesa todo el país (de ahí que la solidaridad y las protestas se hayan extendido por todos lados), entre la riqueza de una casta comercial que ha empezado a ver su sueño hanseático cumplido, a partir de la reversión del Canal en el año 2000, y esa masa popular que vegeta en la pobreza más allá de los edificios de la bahía de Panamá. El problema de fondo que amenaza con estallar, es el capitalismo transitista panameño y su sueño hanseático, cada vez más inequitativo, injusto y antidemocrático.
Olmedo Beluche es un sociólogo y analista político panameño, profesor de la Universidad de Panamá y militante del Partido Alternativa Popular