Junta Nacional de Granos, una solución contra la evasión y la falta de controles
Federico Schmalen
Tiempo Argentino
La política para resguardar
la disponibilidad de divisas y la orientación estatal del proceso productivo
plantean la disyuntiva de avanzar sobre los sectores concentrados que se siguen
beneficiando con la liberalización del mercado heredada de los '90.
Un reciente reclamo de la AFIP a las grandes
corporaciones cerealeras produjo, nuevamente, la paralización parcial de la
liquidación de soja para exportación en el puerto de Rosario. A modo de
protesta, las grandes comercializadoras de granos repudiaron el intento oficial
por hacerse de una deuda en concepto de retenciones retroactivas por la
liquidación de la cosecha del año 2007.
Sin
datos certeros se estima que las empresas deben al Estado por ese concepto algo
más de 500 millones de dólares que deberían nutrir al fisco en concepto de
retenciones y que se derivan del diferencial entre el 27,5% vigente hasta 2007
y el 35% posterior.
El
diferendo, más allá de su desenlace puntual, puso nuevamente en el centro de la
discusión y la disputa política el aporte del sector agrícola a los intereses
nacionales a partir de las ventajas comparativas del campo argentino con
relación al mundo.
Es
que, según destaca un informe de mediados de agosto de 2012 elaborado por la Asociación de Economía
para el Desarrollo de la
Argentina (AEDA), entre el año 2002 y el 2012 el precio
internacional de la soja paso de 210 dólares la tonelada a superar los 640
experimentando un crecimiento en su valor del 306 por ciento (al cierre de esta
nota se ubicaba en los 570 dólares por tonelada). Según el mismo informe,
además, desde 2003 a
2011 el valor de la tierra, traccionado por el poroto, se elevó en un 570% en
moneda estadounidense. Por otro lado, la producción local, si bien se mantiene
tercera en el ranking internacional de productores detrás de los Estados Unidos
y Brasil, se incrementó durante una década en más de un 80% mientras los
anteriores lo hicieron en un 35 y 26% respectivamente.
Datos
como estos, en el contexto del diferendo fiscal con la AFIP , vuelven a plantear la
disyuntiva histórica de nuestro país sobre el uso social de los beneficios de
la tierra y sus productos. Un informe realizado por economistas de la Universidad de Rosario
a pedido del sindicato de trabajadores de la industria oleaginosa confirmó
recientemente que, como aseguraba la
AFIP , las principales cerealeras multinacionales eluden
impuestos por retenciones a partir de la triangulación contable (los granos no
se mueven) con sus casas matrices (comercio intrafirma) situadas la mayoría de
ellas en paraísos fiscales y, en particular, con Chile y Uruguay. La denuncia
alcanza a Molinos, Dreyfus, Nidera y Cargill entre otras. Además, las cifras de
la elusión, según el mismo informe, son muy difíciles de establecer
precisamente por la ausencia de controles por parte del Estado sobre el
mercado, e incluso sobre los puertos que también se encuentran desde los '90
bajo gestión privada.
Además
de la elusión y la evasión fiscal, las triangulaciones que ejercen las empresas
agravan el drenaje de divisas al exterior y, por lo tanto, escatiman
divisas para engrosar las reservas del BCRA y su usufructo para afrontar pagos
de obligaciones extranjeras (en diciembre el cupón PBI gatillará cerca de 3000
millones de dólares).
APORTES. El informe de la Universidad de
Rosario, además, pone de manifiesto el escaso aporte al desarrollo del mercado
interno nacional que ejercen las mismas empresas en la medida en que, con un
uso de mano de obra extensiva y por lo tanto escasa, el peso de la mano
de obra en el total de las ventas es irrisorio.
Desde
el punto de vista del estímulo a la demanda y el consumo del sector los numeros
son reveladores. La masa salarial que desembolsan las cerealeras, en promedio,
equivale a un 1,38% de sus ingresos declarados por ventas.
HISTORIA. Estas empresas que,
según AEDA, "han realizado prácticas comerciales en detrimento del
país", se valen abusivamente del régimen de (des)control heredado de la
década de los noventa cuando, bajo el gobierno de Menem y Cavallo, se puso fin
a la Junta Nacional
de Granos que, bajo diversas formas existía en el país desde el año 1933 cuando
el entonces presidente Agustín P. Justo creara la Junta Reguladora
de Granos.
En
1991, a
través del Decreto Nº 2284/91, se disolvió toda forma de control y regulación
estatal. Aquella resolución abriría de par en par el ingreso de las
multinacionales en el mercado de granos y restaría protagonismo al Estado en el
mercado otorgando a las cerealeras la libertad para disponer a su antojo de los
recursos derivados de su actividad.
REALIDAD. Hoy, cuando la crisis
global y la retracción de la demanda internacional imponen restricciones en la
balanza comercial y los compromisos en el pago de deudas y títulos le plantean
al gobierno la necesidad de establecer políticas tendientes a preservar los
dólares, no es una idea descabellada pensar en retomar políticas que apunten a
garantizar el usufructo social y acorde al interés nacional del sector que
provee históricamente las divisas en nuestro país. Tiempo Argentino
consultó a diversos especialistas en economía agraria sobre las posibles
alternativas para ejercer un control efectivo que permita recuperar soberanía
sobre los recursos nacionales, garantizar la seguridad alimentaria (precios y
disponibilidad) y consolidar, a su vez, los sectores más vulnerables de la
cadena productiva agropecuaria. Los sectores más pequeños, de hecho, se ven
perjudicados con el diferencial de precios en el mercado interno y el
internacional (FOB) además de no contar, como otrora, con una política de
precios sostén que garanticen rentabilidad y previsibilidad al segmento más
vulnerable por la creciente volatilidad del mercado internacional.
De la junta al IAPI. Ya
desde 1933, el Estado se plantea la necesidad de disponer de herramientas
capaces de ejercer un control sobre el sector que contemple el uso de los
recursos para la defensa de los intereses nacionales. Entonces, el presidente
Agustín P. Justo dispuso la creación de la Junta Reguladora
de Granos que en 1946 amplió sus alcances con la creación del Instituto
de Promoción del Intercambio (IAPI) inspirado por el General Perón pero
ejecutado por el presidente Edelmiro Farrell. Sus objetivos eran centralizar el
comercio exterior y transferir recrusos entre los diferentes sectores de la
economía como un acto de soberanía. Los vaivenes del mercado internacional y el
derrumbe de los precios internacionales luego de la recuperación europea de
post guerra lo transformaron en un gestor de subsidios que, más temprano que
tarde, dictaron su final dando paso en 1963 a la Junta Nacional de
Granos disuelta finalmente por Menem en 1991.