Bush y Obama, el cambio en la continuidad
Jean-Claude Payé
Rebelión
La posibilidad de tratar a los ciudadanos estadounidenses como a los extranjeros es un objetivo constante del poder ejecutivo de Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ya el «Patriot Act», que entró en vigor el 6 de octubre de 2001 bajo la presidencia de Bush, autorizaba a la administración a detener, sin acusación y por un tiempo indeterminado, a los extranjeros sospechosos de vinculación con los grupos designados como terroristas. Con el fin de poder, eventualmente, juzgar a esos prisioneros, se crearon los tribunales especiales y las comisiones militares mediante un decreto presidencial, la «Military Order» del 13 de noviembre de 2001.
Con la aprobación de la «Military Commissions Act» en septiembre de 2006, bajo la segunda presidencia de George Bush, las Cámaras legalizaron las comisiones militares y dieron al presidente el poder de designar como enemigo a cualquier ciudadano estadounidense o a cualquier residente extranjero de un país en paz con Estados Unidos. Aunque a los estadounidenses acusados de «enemigos combatientes ilegales» siempre hay que presentarlos ante una jurisdicción civil, este no es el caso de los extranjeros, que pueden ser juzgados por los tribunales militares especiales.
El 28 de octubre de 2009, el presidente Obama firmó la «Military Commissions Act of 2009», que enmendaba la «Military Commissions Act of 2006». La nueva ley no habla de «enemigos combatientes ilegales», sino más bien de «enemigos beligerantes no protegidos». Lo esencial permanece: la inscripción de la noción de enemigo en el código penal, así como la fusión entre el derecho penal y el derecho de la guerra. Sin embargo, el atributo de «beligerante» amplía el campo de la incriminación, que ya no implica únicamente a los combatientes, sino también a «las personas involucradas en un conflicto contra Estados Unidos». Así, la nueva definición permite atacar a las personas que apoyan actuaciones o expresan solidaridad con los que se oponen al ejército estadounidense o simplemente a la política belicista del gobierno.
La «National Defense Authorization Act», firmada por el presidente Obama el 31 de diciembre de 2011, conseguía por fin lo que la administración anterior no pudo lograr: autorizar la detención indefinida, sin proceso ni acusación, de ciudadanos estadounidenses designados como enemigos por el poder ejecutivo cuando hasta ahora existía la obligación de juzgarlos en una jurisdicción civil. Puede afectar a personas que nunca hayan puesto un pie fuera de Estados Unidos ni hayan participado jamás en una operación militar. La ley va simplemente contra individuos que la administración ha designado «miembros de Al-Qaida, talibanes y quienes tomen parte en hostilidades contra Estados Unidos», pero también contra los que «apoyan de forma sustancial a esas organizaciones». Esta formulación permite una utilización flexible y extensiva de la ley. Permite, por ejemplo, ir contra las organizaciones de defensa de las libertades civiles que pretenden que se respeten los derechos constitucionales de los estadounidenses designados por el poder ejecutivo como enemigos del país.
Después de declarar de entrada que no firmaría la ley, a continuación Obama ratificó el texto expresando que en realidad la «National Defense Authorization Act» no le concede prerrogativas nuevas. El presidente ya dispondría del poder de encarcelar sin juicio a los ciudadanos estadounidenses desde que el 14 de septiembre de 2001 el Congreso aprobó una resolución que decía que «el presidente está autorizado a utilizar todas las fuerzas necesarias y apropiadas contra las naciones, organizaciones o personas que planificaron, autorizaron, cometieron o colaboraron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001…» De esta forma el presidente se coloca en la misma posición que G. Bush, quien afirmó que el mandato concedido al presidente de utilizar la fuerza le concedía una autorización sin limitaciones en el espacio y en el tiempo para actuar contra cualquier agresor potencial y no únicamente contra los implicados en los atentados del 11 de septiembre.
Se trata de la forma habitual de organización jurídica y política de un país en guerra abierta y cuya existencia se encuentra amenazada por una potencia extranjera. La autorización concedida en 2001 por el Congreso de incluir la fuerza contra los responsables de los atentados del World Trade Center está considerada por el poder ejecutivo una declaración de guerra como las que se votaron en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo el campo de aplicación es mucho más extenso, puesto que la autorización permitiría hacer la guerra no solo contra otras naciones, sino también contra organizaciones o simples individuos.
Debido a la «National Defense Authorization Act», cambia el objeto de la guerra. Ya no aparece el objetivo declarado de hacer frente a una potencia extranjera que amenaza al territorio nacional, sino que se enfrenta a organizaciones o individuos no definidos de forma precisa. Esta guerra ya no está limitada ni geográficamente ni en el tiempo. No hace distinciones y va tanto contra los ciudadanos de Estados Unidos como contra los soldados de un Estado enemigo. Y no separa lo interno de lo externo e incluye a la población estadounidense en la psicosis. De esta forma la estructura política y jurídica construida a partir de esta nueva guerra asimétrica establece una relación inédita entre el poder y los ciudadanos, la hostilidad.
Jean-Claude Paye es sociólogo y autor de los libros: De Guantanamo à Tarnac: L’emprise de l’image, Editions Yves Michel, noviembre de 2011, y El final del Estado de Derecho, Hiru 2001, traducido al español por Beatriz Morales Bastos.
Rebelión
Barack Obama fue elegido presidente con la promesa de un futuro basado en el respeto de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Pero el balance de su mandato demuestra el rompimiento de dicha promesa. Los aspectos más obvios, como el hecho de mantener abierto Guantánamo, el mantenimiento de los tribunales militares de excepción o la práctica de la tortura en Afganistán, solo son la punta del iceberg. Esos elementos nos permiten entrever la continuidad con la política de la administración de Bush. Además, en lo que concierne al orden jurídico, ha profundizado de forma significativa en la política anterior. Gracias a la nueva prerrogativa concedida al presidente por la «National Defense Authorization Act», según la cual puede suprimir el Hábeas corpus de los ciudadanos estadounidenses y no solo el de los residentes extranjeros, Obama ha llevado a cabo lo que el gobierno precedente puso en marcha y no pudo concretar.
La posibilidad de tratar a los ciudadanos estadounidenses como a los extranjeros es un objetivo constante del poder ejecutivo de Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ya el «Patriot Act», que entró en vigor el 6 de octubre de 2001 bajo la presidencia de Bush, autorizaba a la administración a detener, sin acusación y por un tiempo indeterminado, a los extranjeros sospechosos de vinculación con los grupos designados como terroristas. Con el fin de poder, eventualmente, juzgar a esos prisioneros, se crearon los tribunales especiales y las comisiones militares mediante un decreto presidencial, la «Military Order» del 13 de noviembre de 2001.
Con la aprobación de la «Military Commissions Act» en septiembre de 2006, bajo la segunda presidencia de George Bush, las Cámaras legalizaron las comisiones militares y dieron al presidente el poder de designar como enemigo a cualquier ciudadano estadounidense o a cualquier residente extranjero de un país en paz con Estados Unidos. Aunque a los estadounidenses acusados de «enemigos combatientes ilegales» siempre hay que presentarlos ante una jurisdicción civil, este no es el caso de los extranjeros, que pueden ser juzgados por los tribunales militares especiales.
El 28 de octubre de 2009, el presidente Obama firmó la «Military Commissions Act of 2009», que enmendaba la «Military Commissions Act of 2006». La nueva ley no habla de «enemigos combatientes ilegales», sino más bien de «enemigos beligerantes no protegidos». Lo esencial permanece: la inscripción de la noción de enemigo en el código penal, así como la fusión entre el derecho penal y el derecho de la guerra. Sin embargo, el atributo de «beligerante» amplía el campo de la incriminación, que ya no implica únicamente a los combatientes, sino también a «las personas involucradas en un conflicto contra Estados Unidos». Así, la nueva definición permite atacar a las personas que apoyan actuaciones o expresan solidaridad con los que se oponen al ejército estadounidense o simplemente a la política belicista del gobierno.
La «National Defense Authorization Act», firmada por el presidente Obama el 31 de diciembre de 2011, conseguía por fin lo que la administración anterior no pudo lograr: autorizar la detención indefinida, sin proceso ni acusación, de ciudadanos estadounidenses designados como enemigos por el poder ejecutivo cuando hasta ahora existía la obligación de juzgarlos en una jurisdicción civil. Puede afectar a personas que nunca hayan puesto un pie fuera de Estados Unidos ni hayan participado jamás en una operación militar. La ley va simplemente contra individuos que la administración ha designado «miembros de Al-Qaida, talibanes y quienes tomen parte en hostilidades contra Estados Unidos», pero también contra los que «apoyan de forma sustancial a esas organizaciones». Esta formulación permite una utilización flexible y extensiva de la ley. Permite, por ejemplo, ir contra las organizaciones de defensa de las libertades civiles que pretenden que se respeten los derechos constitucionales de los estadounidenses designados por el poder ejecutivo como enemigos del país.
Después de declarar de entrada que no firmaría la ley, a continuación Obama ratificó el texto expresando que en realidad la «National Defense Authorization Act» no le concede prerrogativas nuevas. El presidente ya dispondría del poder de encarcelar sin juicio a los ciudadanos estadounidenses desde que el 14 de septiembre de 2001 el Congreso aprobó una resolución que decía que «el presidente está autorizado a utilizar todas las fuerzas necesarias y apropiadas contra las naciones, organizaciones o personas que planificaron, autorizaron, cometieron o colaboraron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001…» De esta forma el presidente se coloca en la misma posición que G. Bush, quien afirmó que el mandato concedido al presidente de utilizar la fuerza le concedía una autorización sin limitaciones en el espacio y en el tiempo para actuar contra cualquier agresor potencial y no únicamente contra los implicados en los atentados del 11 de septiembre.
Se trata de la forma habitual de organización jurídica y política de un país en guerra abierta y cuya existencia se encuentra amenazada por una potencia extranjera. La autorización concedida en 2001 por el Congreso de incluir la fuerza contra los responsables de los atentados del World Trade Center está considerada por el poder ejecutivo una declaración de guerra como las que se votaron en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo el campo de aplicación es mucho más extenso, puesto que la autorización permitiría hacer la guerra no solo contra otras naciones, sino también contra organizaciones o simples individuos.
Debido a la «National Defense Authorization Act», cambia el objeto de la guerra. Ya no aparece el objetivo declarado de hacer frente a una potencia extranjera que amenaza al territorio nacional, sino que se enfrenta a organizaciones o individuos no definidos de forma precisa. Esta guerra ya no está limitada ni geográficamente ni en el tiempo. No hace distinciones y va tanto contra los ciudadanos de Estados Unidos como contra los soldados de un Estado enemigo. Y no separa lo interno de lo externo e incluye a la población estadounidense en la psicosis. De esta forma la estructura política y jurídica construida a partir de esta nueva guerra asimétrica establece una relación inédita entre el poder y los ciudadanos, la hostilidad.
Jean-Claude Paye es sociólogo y autor de los libros: De Guantanamo à Tarnac: L’emprise de l’image, Editions Yves Michel, noviembre de 2011, y El final del Estado de Derecho, Hiru 2001, traducido al español por Beatriz Morales Bastos.