Nazaret Castro* Le Monde diplomatique Precario equilibrio de fuerzas entre el crimen y el Estado en San Pablo. Organizaciones de derechos humanos y vecinos de los barrios pobres denuncian el fortalecimiento de los grupos paramilitares y exigen el fin de la impunidad de la Policía Militar, que mata más de 500 personas al año. Débora Maria Silva se enteró por la radio de que habían matado a su hijo. Ella ya se lo barruntaba: aquel domingo, día de la madre y cumpleaños de Débora, le pidió precaución a Rogério, 29 años, padre de un niño de tres. Él la tranquilizó, aunque la calle estaba brava, en Santos como en todo el estado de San Pablo, desde que la organización criminal más poderosa del país, el Primeiro Comando da Capital (PCC), había decretado la guerra a las autoridades, sacado a sus hombres a las calles y ordenado matar policías, atacar comisarías y quemar autobuses. El Estado respondió con mano dura y lógica militar: en ocho días, la Policía Militar (PM) mató a cerca de ...