Cien hectáreas de espacio público porteño, en manos de “ocupas VIP”
Manuel Alfieri
Tiempo Argentino
- En su mayoría, fueron entregadas por la dictadura y el menemismo a clubes privados, empresas y asociaciones civiles, mediante operaciones irregulares o concesiones que vencieron hace años. El predio que Macri le transfirió a un amigo.
La Ciudad de Buenos Aires tiene una superficie de 20 mil hectáreas. Y una porción de ese territorio está en manos de “ocupas VIP”: clubes privados, asociaciones civiles y empresas que se apropiaron en forma irregular –y en algunos casos, directamente ilegal– de grandes extensiones del espacio público que pertenece a todos los porteños.
Según el relevamiento de Tiempo Argentino –del que participaron dos arquitectos, un abogado y un fiscal de la Ciudad– se trata de 1.075.058,67 metros cuadrados, es decir, más de 100 hectáreas, en su mayoría entregadas durante la dictadura militar y el menemismo. Equivalen a 12 veces el estadio de River Plate o a 100 plazas de barrio. Son 33 espacios públicos, cercados a la población y reservados al uso de unos pocos.
Las fuentes consultadas coincidieron en que el problema tiene dos aristas: la connivencia entre grupos privados y autoridades políticas, y la parsimonia de la justicia para investigar las denuncias de vecinos y fiscales. “La profundización de la entrega del espacio público comienza con el intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore. Ahí se da un proceso de venta de terrenos, que continúan Suárez Lastra, Grosso, Ibarra y, ahora, Macri”, sostuvo el arquitecto Osvaldo Guerrica Echevarría, que a través de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y tras años de denuncias logró recuperar unas 10 hectáreas irregularmente ocupadas en el Parque 3 de Febrero. “Todo esto quedó cubierto por una impunidad terrible, hasta que comenzamos a denunciarlo y ahí no se vendió más. Pero los terrenos quedaron ocupados”, explicó Guerrica Echevarría.
El Parque 3 de Febrero, último pulmón verde de la Ciudad, es también donde se instaló uno de los emblemas del poder político y económico local: la Sociedad Rural (SRA). El 20 de diciembre de 1991, esa entidad se quedó con un terreno de 12 hectáreas, el famoso predio ferial de Palermo. En 1999, la operación fue denunciada por fraudulenta y, por esa razón, hoy está procesado el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Por otra parte, la SRA mantiene en la actualidad una deuda con el Estado Nacional de 23,5 millones de dólares, ya que nunca terminó de pagar el predio.
Otra corporación que ocupa espacios públicos es el Grupo Clarín, que obtuvo media hectárea en el barrio de Constitución, por la que nunca pagó alquiler ni jamás terminó de comprar. Allí se encuentran los estudios de Canal 13, emisora que el tándem Noble-Magnetto adquirió en 1989. El pliego de venta del canal entregaba en comodato el terreno de Constitución por cinco años, con opción de compra. El 12 de enero de 1995, una vez vencido ese plazo, ARTEAR –empresa que gestiona la licencia de Canal 13– rechazó todas las tasaciones del Banco Ciudad, el Nación y el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por lo que nunca adquirió el predio de forma definitiva. Sin embargo, los estudios de la emisora de aire y de la señal de cable Todo Noticias siguen funcionando en aquel edificio, que en septiembre de 2009 fue valuado en más de 14 millones de pesos. Y aunque Clarín lo ocupa de forma irregular desde hace más de 16 años, al jefe de gobierno Mauricio Macri no parece importarle: la fallida escrituración está archivada desde 2009.
“Es llamativo que al macrismo lo alteren los manteros de Florida, pero no los ocupas VIP, es decir, aquellos que son aprobados por las autoridades y que generalmente responden a amigos del poder”, se indignó el arquitecto Rodolfo Livingston.
En este sentido, un caso emblemático es el de los predios ubicados en Figueroa Alcorta al 7300. Son 4,6 hectáreas, transferidas por la Nación en 1996 al gobierno porteño, a través de la Ley Nº 239, que las declaró “espacios verdes de uso público”. Hasta 2009, un tercio de esas tierras habían sido usadas por el club Obras Sanitarias. Pero Macri intimó su desalojo. Resultaba “indispensable concluir con la ocupación irregular”, sostuvo el alcalde, y los vecinos festejaron su decisión. Aunque la alegría duró poco: a finales de 2011, el terreno fue cedido a la Asociación Argentina de Tenis, presidida por Arturo Grimaldi, un conocido amigo de Macri, de quien fue profesor de tenis y hasta testigo de boda. El predio fue entregado a la entidad a cargo de Grimaldi por cinco años y en forma gratuita. Por el escándalo, la maniobra pasó a manos de la justicia. Y mientras esperan una resolución, las asociaciones vecinales denuncian una “privatización encubierta”.
En dictadura, la Junta Militar había entregado varios espacios públicos a clubes privados y asociaciones civiles, que incluso hasta hoy siguen usufructuando esos beneficios de los años de plomo. Esto fue posible gracias a las medidas del intendente de facto Cacciatore, como el decreto-ordenanza Nº 6441, emitido el 23 de octubre de 1978, que aprobó todos los convenios de compra-venta celebrados con distintos clubes. Entre otros, figuran Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (20 hectáreas), el Buenos Aires Lawn Tennis (4,5 hectáreas) y el Club Alemán de Equitación (6 hectáreas).
Muchas de estas operaciones fueron luego refrendadas por gobiernos democráticos. Así ocurrió, por ejemplo, con el predio entregado al club Gimnasia y Esgrima, que fue escriturado definitivamente en 1990 por el ex intendente Carlos Grosso, actual asesor del macrismo. Lo mismo sucedió con las tres hectáreas cedidas al Automóvil Club Argentino (ACA) el 24 de marzo de 1982. Ese día, Cacciatore y Cesar Carman, el entonces titular del ACA, firmaron el boleto de compra-venta con el que cerraron la transacción. Casi dos décadas después, en septiembre de 2000, el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra otorgó la escritura traslativa de dominio a la entidad, en aquel momento presidida por Carlos Vaquer. El arquitecto Guerrica Echevarría aseguró que así se violó la ordenanza municipal Nº 46.229 y la Ley Nº 24.251, que prohíben “efectuar transferencias de dominio” en el Parque 3 de Febrero, donde se encuentra el predio. Ibarra fue denunciado penalmente por la Asociación Amigos del Lago de Palermo, pero la presentación no prosperó.
“El único camino es el de la justicia. Pero la justicia de la Ciudad es lamentable. Los jueces tienen temor de meterse con el poder político. Algunos, por afinidad ideológica, y otros por miedo”, sostuvo el abogado Pedro Kesselman, vecino de Palermo y denunciante de las irregularidades en el Parque 3 de Febrero.
El caso de esa área es paradigmático. Gracias a la entrega de grandes extensiones a manos privadas, el parque pasó de poseer 700 hectáreas en 1920, a contar hoy con sólo 130 hectáreas abiertas a la población. Esto motivó la queja de muchos porteños y una investigación de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 33, que en 1997 determinó que 18 hectáreas de los bosques de Palermo habían sido usurpadas por empresas, clubes y restaurantes con “concesiones anuladas y construcciones clandestinas”. La fiscalía pidió que se tome declaración indagatoria a particulares y a las autoridades de distintas administraciones municipales, por posible cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público. “Siempre hubo falta de respuesta o acompañamiento de las autoridades. Están todas las pruebas, pero no accionan”, explicó el fiscal Rodríguez Varela, que investigó el caso junto a José María Campagnoli.
Según el Código de Planeamiento Urbano porteño, el Parque 3 de Febrero es una zona de “urbanización parque”, donde no se pueden habilitar explotaciones comerciales, sólo “obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter” del lugar. Además, la ordenanza Nº 46.229 indica que “no se podrá otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso, ni cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal”.
Sin embargo, a las ocupaciones ya mencionadas se suman otras. En el ex Paseo de la Infanta –desde 2006, Paseo Marcela Brenda Iglesias–, con una hectárea de extensión, los vecinos acusaron la construcción clandestina de un polo gastronómico, a cargo de la empresa Panter SRL. Ya está funcionando el local de una famosa hamburguesería. A su lado se encuentra la Plaza de la Shoá, creada por ley hace cuatro años, aunque lo único que hay es un baldío cercado con publicidad del gobierno porteño que anuncia su inauguración “próximamente”.
En paralelo, también creció un verdadero corredor de restaurantes, confiterías y locales bailables, todos ellos muy famosos, que obtienen sus ganancias gracias a que ocupan un lugar en esa ubicación estratégica que ofrece el parque.
Otro fenómeno común es el de las concesiones vencidas y jamás renovadas. Por caso, el club Tiro Federal Argentino posee un predio de 162.500 metros cuadrados que le fue cedido por el Estado en 1925. El acuerdo caducó en 1945 y así sigue. En idéntica situación están las 13 hectáreas ocupadas por la Fuerza Aérea, concedidas en plena Revolución Libertadora por el decreto-ordenanza Nº 15.788 de 1956. La cesión de 20 años venció en 1976.
Todo esto sucede en una de las ciudades con menos espacios verdes del mundo: apenas tres metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud indica un mínimo de diez. “Es necesario alcanzar ese número para hacer más vivible una ciudad que es puro hormigón y asfalto. Además, los espacios públicos son lugares de recreación gratuita”, concluyó Guerrica Echevarría.
En ese contexto, resulta paradójico lo que sucede con el Velódromo Municipal, de la calle Belisario Roldán. Ese predio de seis hectáreas había sido concesionado por Grosso a la firma Asesores Empresarios, pero el acuerdo terminó anulado porque el proceso de selección fue irregular y, además, la concesionaria no había cumplido con las obras pactadas. Hoy, el velódromo está abandonado y su uso está restringido al público, lo que no impide que la Comisaría 23 lo use como playa policial y que la empresa Mantelectric tenga allí su base de operaciones. En la recorrida hecha por este diario, un empleado de esa firma se acercó para pedir documentación y advertir que se trataba de “un lugar privado”. Existe un proyecto para que la Legislatura convierta al velódromo en una plaza pública, pero nunca fue discutido.
Avanzar con este tipo de propuestas sería una forma de comenzar a devolver a los porteños el suelo que acaparan los “ocupas VIP”. Sin embargo, las fuentes consultadas coincidieron en que la política de Macri con respecto al espacio público, lejos de ser una solución al problema, es un impulso para su profundización.<
La Rural de Palermo: un caso paradigmático de los ’90
La Rural de Palermo es un emblema de la entrega del espacio público a grupos privados. Así lo sintetizó el arquitecto Osvaldo Guerrica Echevarría (foto), luchador incansable por la protección de las áreas que integran el Parque 3 de Febrero.
En diciembre de 1991 el predio de 12 hectáreas fue cedido a la Sociedad Rural (SRA) en una operación plagada de irregularidades, denunciada por los vecinos y los fiscales José María Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela, quienes probaron que la venta fue a un “precio vil” y violando normas constitucionales. En la causa abierta está procesado el ex ministro Domingo Cavallo.
A pesar de que pasaron 20 años, la SRA nunca terminó de pagar el terreno. Según el Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), la deuda asciende a 23,5 millones de dólares. Eso significa que la entidad sólo abonó siete de los 30 millones de dólares que había acordado con el gobierno de Carlos Menem.
La cifra por la que la SRA se alzó con el inmueble la fijó un consorcio de bancos, marginando deliberadamente al Tribunal de Tasaciones de la Nación. De hecho, Menem y Cavallo autorizaron la operación aun cuando había dos dictámenes que objetaban el precio y la venta directa. Es más: un agrimensor había tazado la propiedad en U$S 943.396.266, es decir, 30 veces más que el monto por el que fue cedida. “Un monumento a la corrupción”, resumió el fiscal Rodríguez Varela.
La SRA tampoco abonó el canon del 5% por entrada vendida que marca el contrato. Cuando hay actividad en La Rural, son unos 200 mil pesos mensuales que se “ahorran” tanto los ruralistas como el diputado Francisco de Narváez, dueño de la empresa que desde 2002 explota comercialmente el predio.
Un proyecto del macrismo
A fines de 2011, el PRO impulsó una iniciativa que ya había sido frenada en 2008 por la Legislatura. El proyecto daba rienda a la instalación de bares, confiterías y restaurantes en espacios públicos de la ciudad, ya sean plazas o parques, a través de concesiones por tiempo indeterminado.
Esta posibilidad está prohibida por dos ordenanzas del ex Concejo Deliberante, y los bloques opositores ya la calificaron como un intento privatizador del espacio público. De todas formas, fuentes del Parlamento aseguraron que el PRO tiene en carpeta volver a impulsarla.
La clave - Pulmón verde
Buenos Aires es una de las ciudades con menor cantidad de espacios verdes del mundo: tres metros cuadrados por habitante. La OMS recomienda un mínimo de diez. El Parque 3 de Febrero, en Palermo, es uno de sus últimos “pulmones”.
La cifra - 12
veces el estadio Monumental de River Plate es lo que representan las tierras públicas que hoy están en manos de “ocupas VIP” en la Ciudad de Buenos Aires.