Firme impulso de Cristina al plan de inversiones hidrocarburíferas y a la comisión que regulará el sector

Raúl Dellatorre
Pagina/12


Con fuertes definiciones políticas y condenando los intentos descalificadores, la Presidenta de la Nación destacó la gestión de Galuccio en YPF, de Kicillof en la comisión reguladora y la relación con las provincias.
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“En Brasil y Colombia tienen agencias que ejercen una regulación más completa y suelen ser citados como ejemplos para la inversión extranjera.”
La Presidenta de la Nación defendió la regulación del sector petrolero y el decreto que la reglamenta, el número 1277 firmado esta semana. Anticipó que el tema no hará entrar en tensión la relación del gobierno nacional con los mandatarios provinciales y anunció la recomposición del precio del gas en boca de pozo, que representará un incremento en el ingreso de las empresas de 900 millones de pesos al año y de 119 millones en las arcas de las provincia, por mayores regalías. El incremento, que lleva el precio del metro cúbico de gas para suministro de GNC de 15 centavos por metro cúbico a 60 centavos (300 por ciento de aumento), será otorgado a cambio del compromiso de inversión por parte de las firmas que lo extraen. Cristina Fernández aludió a esos y otros temas durante un discurso difundido por cadena nacional, en la inauguración de la planta de hidrotratamiento de gasoil en la destilería La Plata, que permitirá ampliar la producción de dicho combustible en su variante “premium”, con menos azufre y en un volumen “que permitirá desde ahora reducir a cero” la importación de dicho producto, precisó Miguel Galuccio, titular de YPF, cuya presentación precedió al discurso de la Presidenta.

El decreto 1277 creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del plan nacional de inversiones hidrocarburíferas. Al frente de ésta fue designado Axel Kicillof, secretario de Política Económica, lo cual había desatado una oleada de interpretaciones y versiones acerca del “súperpoder” que le otorgaba el cargo, en desmedro –supuestamente– de la capacidad de gestión de Galuccio, del rol del ministro de Planificación y de los derechos constitucionales de las provincias. Cristina ironizó ayer acerca de estas versiones, apuntando que, como el nombre del funcionario suena de origen ruso, “ayudó a generar la idea de que habíamos creado un soviet o algo así”. Delante de todos los aludidos por las versiones, la Presidenta describió las facultades de la comisión y defendió el rol de promover las inversiones a través de la planificación estatal, según los postulados de la ley de expropiación de YPF.

Repasó parte de la experiencia internacional en el tema. Tomó los casos de Brasil y Colombia. El primero cuenta con una agencia nacional del petróleo, que realiza un seguimiento del precio de los combustibles, fija tarifas de transporte y distribución de gas natural, además de contar con Petrobras, sociedad mixta bajo control estatal, con un rol relevante en todos los eslabones de la cadena. En el caso de Colombia, fiscaliza completamente la producción, fija los precios de exportación a los fines fiscales y administra la información técnica y económica del sector. Dos países que “usualmente son dados como ejemplo de mucha inversión extranjera aplican una regulación completa: los que tenían algún temor por el decreto 1277, que lo disipen”.

Inmediatamente, Cristina destacó que la primera medida adoptada por la comisión había sido una recomposición del precio del gas en boca de pozo que se destina a la venta minorista de GNC para vehículos. Estimó que el salto del precio de 15 centavos a 60 por metro cúbico les va a significar a las empresas que lo extraen un beneficio anual de 900 millones de pesos en rentabilidad extra, pero también aclaró que las beneficiarias deberán responder con la puesta en marcha de planes de inversión para incrementar la producción. Recordó que el proyecto de perforaciones en yacimientos gasíferos que encara actualmente YPF representan “las primeras en quince años”, y que el abastecimiento de GNC al mercado automotor representa en torno a ocho millones de metros cúbicos diarios. “Es el equivalente al gas que debemos cortarle a la industria en los meses en que falta gas, para no desabastecer a los hogares.” Pidió que los automovilistas que usan GNC –mucho más barato que los combustibles líquidos– sean conscientes de esa condición ventajosa.

En referencia a los combustibles líquidos, recordó que hasta el año pasado se observaban “largas colas” en estaciones de servicio de todo el país que se solían atribuir a deficiencias en la importación. Desde que el Estado se hizo cargo de YPF, con la intervención no bien se votó la ley, “sabemos que era porque no se utilizaba a pleno la capacidad de refinerías, como una suerte de plan para generar malestar en la sociedad”. El uso de la capacidad de producción, que estaba por debajo del 82 por ciento, hoy está en el límite del 100 por ciento, según había anunciado Galuccio y reiteró la Presidenta.

Las instalaciones inauguradas ayer representan una ampliación de la capacidad de producción de gasoil “premium” de YPF, sustituyendo el volumen que hasta ahora se importaba. Cristina destacó que este incremento también aportará a un mejor equilibrio de la inserción de YPF en el mercado, “para la que siempre quedaban los combustibles baratos, como el GNC, y otros se quedaban con los más caros, los premium”. La inversión realizada ascendió a 1429 millones de pesos, de los que 420 millones fueron aportados por el Estado a través del programa Refino Plus.
Cristina también destacó el acuerdo de sindicación de acciones con las provincias, que compromete a éstas y al Estado nacional a votar en bloque en asamblea de accionistas (51 por ciento en total) por cincuenta años. “El acuerdo establece los derechos de las provincias, cómo vamos a hacer para que las provincias incorporen yacimientos al patrimonio de YPF para hacer una empresa más fuerte.” Contra todas las especulaciones de que la política energética provocaría un enfrentamiento entre la Nación y las provincias, la Presidenta subrayó que “éste es un gobierno en el que convive un proyecto de Nación en el cual las provincias tienen un lugar irreemplazable e insustituible”.

En cuanto a la relación con Galuccio, Cristina repasó los distintos titulares que a lo largo de los últimos días refirieron cortocircuitos y la intención de renunciar del CEO de la petrolera. “Quisieron limar su imagen”, advirtió, desmintiendo esas versiones y destacando el compromiso del directivo con el proyecto en marcha.
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Buscando armonía

Javier Lewkowicz
La presidenta Cristina Fernández descartó ayer que el decreto 1277, que reglamentó las atribuciones del Gobierno en materia de regulación en el mercado de hidrocarburos, perjudique a las provincias. Los gobernadores no quieren perder recursos fiscales que obtienen a través de regalías, y en ese sentido la primera señal recibida fue positiva, por la suba del precio del GNC en boca de pozo (ver aparte). El esquema de preponderancia provincial en la política hidrocarburífera, antes del decreto, suponía la búsqueda de la maximización de la producción para incrementar los ingresos por regalías, sin atender la explotación de áreas menos rentables o inversiones en reposición. La presencia del Estado nacional incrementa el roce por la regulación del sector, pero también incorpora el objetivo del autoabastecimiento y de la sustentabilidad a mediano y largo plazo.

La coordinación entre estados provinciales y Nación es vista con mejores ojos por los gobernadores luego de la reunión del pasado martes, donde la plana mayor del Gobierno central en el área energética les aseguró que seguirán teniendo la potestad de otorgar y caducar concesiones y participarán de los planes de inversión. “El mensaje será más claro, va a dejar de haber doble comando y se amplía el poder de negociación”, explicó un asistente a la reunión general, que se repetirá una vez por mes, además de los encuentros del gobierno nacional con representantes de cada provincia. Ayer los gobernadores de provincias petroleras firmaron el convenio que confirma su presencia en YPF. Según esa norma, el Estado debe confeccionar un Plan Nacional de Inversiones, mientras que las empresas deberán alinear sus objetivos con los del Estado. El Gobierno realizará esa tarea de planificación, control y, eventualmente, sanción a través de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica, encabezada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

El protagonismo del gobierno federal abre un campo de potencial conflicto con las provincias, que se deberá dirimir en la negociación política. En el caso de Neuquén, las empresas operadoras antes se comprometían en forma anual con el gobierno provincial a realizar inversiones. Sin embargo, no se les exigía hacerlo en determinadas áreas o enfocarse en gas. La decisión fue producir petróleo, que tiene mayores márgenes de rentabilidad, y desatender el gas, cuyo precio en boca de pozo se mantuvo prácticamente congelado hasta el anuncio de ayer.

La presión nacional para producir más gas hubiera tenido impacto en los ingresos por regalías que cobra la provincia. Por eso la suba anunciada del precio del GNC a los productores representa un alivio para el gobierno de Neuquén, que recibirá 60 millones de pesos adicionales al año. También YPF verá incrementados fuertemente sus ingresos.

La ausencia de una directriz clara del Estado nacional previo a la ley de soberanía hidrocarburífera dejaba a las provincias con la potestad casi total sobre la dirección del mercado. Representantes de esos distritos coinciden en que en la medida en que el incentivo de las provincias es maximizar sus ingresos, ello iba a veces a contramano de las necesidades del país, en caso de sobreexplotación del recurso sin recuperar reservas o, en el ejemplo neuquino, sin producir gas. Concluyen que la acción en conjunto es razonable y necesario para una recuperación armónica.

Módulos para abastecer

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer la creación de 15 módulos de provisión de combustibles de YPF en distintos puntos del país donde actualmente no llega la empresa ni otras compañías petroleras. “Se trata de 15 módulos en los cuales la gente va a poder cargar. Esos módulos se van a sostener con energía solar”, explicó la jefa del Estado durante la inauguración de una planta refinadora de gasoil en la localidad bonaerense de Ensenada. Las unidades de la primera etapa de prueba fueron diseñadas y desarrolladas íntegramente en Argentina, son adaptables a distintas zonas geográficas y ambientales, son de fácil implementación y tienen bajos costos operativos. La estructura modular permite –explicaron desde la compañía– reducir al mínimo las inversiones en obra civil y habilita la incorporación de un surtidor adicional si crece la demanda de combustibles en alguna localidad. La mandataria comentó que para el desarrollo del plan denominado Módulos de Abastecimiento Social (MAS), empleados de la petrolera recorrieron más de 70.000 kilómetros de rutas del país para poder definir los lugares en los que van a estar instalados. Se trata de 15 de las 2674 localidades con menos de cinco mil habitantes del país donde no existen alternativas para abastecimiento de combustibles. En la provincia de Salta serán instalados tres de esos módulos, en las ciudades de Iruya, Santa Victoria Este y Rivadavia.