Ciccone: El Gobierno decidió intervenir la imprenta y elevar un proyecto de ley para expropiarla
Tomás Lukin
Pagina/12
El proyecto oficial señala que el Estado busca recuperar funciones indelegables. Las instalaciones de la firma pasarán a formar parte de la Casa de Moneda. La intervención estará a cargo del ministro de Economía y la titular de este organismo.
Hernán Lorenzino, ministro de Economía, y Katya Daura, titular de la Casa de Moneda, quedarán al frente a la ex Ciccone por sesenta días.
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para expropiar la ex Ciccone Calcográfica, hoy llamada Compañía de Valores Sudamericana SA (CVS). Como primer paso, el Poder Ejecutivo decidió la intervención (por sesenta días) de la imprenta a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien estará acompañado por la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura. Los funcionarios visitaron ayer las instalaciones de la empresa, donde se reunieron con operarios y gerentes e iniciaron la intervención. Cuando se apruebe la iniciativa que declara de utilidad pública a la firma, sus trabajadores y maquinaria pasarán a ser parte de la Casa de Moneda. La empresa CVS, dedicada a la impresión de billetes y otros documentos de alta complejidad, está envuelta hace más de dos años en un proceso de salida de quiebra, que está siendo investigado por la Justicia ante las acusaciones de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública contra el vicepresidente, entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Al mismo tiempo, la pesquisa judicial busca determinar la identidad de los nuevos dueños de la firma, que ingresaron a través de la sociedad The Old Fund y el origen de los fondos que posibilitaron ese desembarco (ver aparte).
El proyecto de ley, que mañana será tratado por un plenario de comisiones del Senado, argumenta que la expropiación de la ex Ciccone es “primordial para mantener la soberanía monetaria”. Por eso, enmarca la iniciativa en la continuidad del proceso de “recuperación para el Estado de capacidades que son estrictamente de su competencia indelegable e ineludible, como es el caso de la emisión de moneda de curso legal”. Según enfatizan desde la intervención de la empresa, Argentina, a diferencia de otros países, como Chile, imprime sus propios billetes. Cuando se concrete la expropiación, la totalidad de los bienes de la empresa pasarán a integrar el patrimonio de la Casa de Moneda.
El precio que pagará el Estado a los dueños de la firma, al igual que sucedió con YPF y Aerolíneas Argentinas, será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, pero a ese valor deberá descontársele el monto de la deuda que posee la empresa con la AFIP. Según evalúan en el Juzgado Federal de Ariel Lijo, que investiga el caso de la ex Ciccone, el pasivo actual de la empresa con el organismo recaudador rondaría los 250 millones de pesos. En el equipo de la intervención consideran que lo más probable es que los pasivos superen los activos de la empresa y, por lo tanto, el Estado pagará poco o nada. Actualmente, la empresa sobrevive, explican en el Gobierno, exclusivamente gracias al contrato que posee con la Casa de Moneda para imprimir en sus instalaciones de Don Torcuato, bajo su supervisión y operación del sector público, alrededor de quinientos millones de billetes este año.
Asimismo, el proyecto de ley de expropiación reconoce la existencia de distintos proyectos legislativos presentados meses atrás por otros partidos –UCR y Proyecto Sur– para avanzar en la estatización de la imprenta. En ese sentido, el texto sostiene que “se descuenta la aprobación por parte de esas bancadas”. El senador radical Luis Naidenoff y el diputado Fernando Solanas dijeron que acompañarán la iniciativa. Sin embargo, reclamaron que la causa judicial siga su curso (ver aparte).
¿Por qué ahora?
“La empresa posee el único establecimiento del país con capacidad técnica suficiente para el proceso de impresión de billetes, imprescindible para la circulación monetaria”, reconoce el proyecto de ley. La voluntad del Estado para hacerse cargo de la empresa y así ampliar su capacidad de producción de billetes no es nueva. Según informó la AFIP, a mediados de 2010, en medio de la quiebra a la que llegó Ciccone Calcográfica, el organismo le manifestó al Juzgado Comercial Nº 8, a cargo de Javier Cosentino, la intención estatal de tomar control de la empresa por absorción y, el 23 de agosto de ese año, le presentó la propuesta de Casa de Moneda. Cosentino terminó aceptando una oferta de la empresa Boldt, dueña de gran parte del juego en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esa firma no logró avanzar y finalmente la quiebra fue levantada por The Old Fund (ver aparte).
En ese momento, según remarcan fuentes legislativas del FpV, “el oficialismo no pudo ni siquiera aprobar el Presupuesto en 2010, mucho menos podría haber conseguido la expropiación de una empresa como Ciccone”.
La incorporación de las instalaciones de Don Torcuato hubiera permitido sortear las limitaciones y obsolescencia tecnológica de la maquinaria de Casa de Moneda para imprimir la totalidad del creciente requerimiento de billetes que se hicieron evidentes a finales de 2010. El faltante de papel moneda debió ser cubierto por billetes producidos en Brasil.
Finalmente, la ex Ciccone quedó en manos del investigado The Old Fund y este año fue contratada por Casa de Moneda para imprimir una parte de los 1300 millones de billetes demandados por el Banco Central. En marzo se confirmó que el organismo encabezado por Katya Daura alquilaría la maquinaria de la ex Ciccone y bajo su control y supervisión comenzó a imprimir los billetes. Según reconocen en la intervención, “la única posibilidad de supervivencia de la empresa es a través de contratos con el sector público”. Al mismo tiempo, advierten que un planteo de expropiación hubiera sido difícil en marzo cuando la causa judicial que investiga la participación del vicepresidente estaba en el centro de la escena mediática
El debate en el Senado
Miguel Jorquera
El proyecto del Gobierno que declara de “utilidad pública y sujeta a expropiación” a la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) ingresó ayer al Senado, donde el oficialismo se propone comenzar a debatirlo este jueves. La UCR, que ya había presentado su propio proyecto de expropiación, está, en principio, de acuerdo con la iniciativa, aunque exige antes conocer la deuda de la empresa y “a sus verdaderos dueños”. En el FAP aseguran que “no tienen una visión favorable” de la propuesta oficial y ayer mismo se comenzó a discutir la postura que adoptará el interbloque. Desde el Peronismo Federal y el macrismo le apuntaron directamente al Gobierno afirmando que “es una clara medida para proteger a (Amado) Boudou”.
“Lo vamos a tratar con premura”, dijo el titular de la bancada del FpV en el Senado, Miguel Angel Pichetto, cuando el proyecto que firman el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ingresó en la Cámara alta. Un rato después, el también senador oficialista Aníbal Fernández anunció que la iniciativa comenzará a debatirse mañana por la mañana en el Senado, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. Una muestra clara de la predisposición de avanzar rápidamente con la propuesta oficial.
La oposición reaccionó con posturas enfrentadas ante la iniciativa. “En principio, en el radicalismo estamos de acuerdo con la expropiación y blanqueo de la situación de la empresa responsable de la impresión de billetes de curso legal”, expresó Gerardo Morales. El senador jujeño aclaró que el radicalismo también espera “la información del Gobierno correspondiente a la quiebra, los dueños y las deudas con el Estado nacional de la ex Ciccone”.
La UCR ya había presentado en la Cámara baja su propio proyecto de expropiación de la compañía. “No estamos en desacuerdo en que la impresión de los billetes la haga el Estado, al contrario. Lo que exigimos es que en el debate de la ley se produzca el esclarecimiento de todos los hechos y que no sea una maniobra de distracción y que tienda a encubrir las sospechas sobre un acto gravísimo”, sumó el jefe de los diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, en referencia a la causa que involucra al vicepresidente Boudou.
“Esto se debió hacer apenas comenzó el problema, el Estado debió ejecutarle la deuda y quedarse con los activos de la empresa. Ahora se corre el riesgo de pagarle al mismo fondo de inversión que apareció de manera misteriosa”, sostuvo el diputado del FAP Claudio Lozano. “Todas las acciones siguen en camino a tapar la corrupción de los funcionarios. La impunidad del poder absoluto”, afirmó, en cambio, Margarita Stolbizer, también del FAP. El interbloque ya comenzó a discutir la postura que asumirá en el Congreso.
El PJ disidente y el PRO coincidieron en apuntarle al Gobierno. “El kirchnerismo quiere destinar dinero público para comprar la empresa de los amigos de Boudou. Otra estafa a los argentinos”, sostuvo el macrista Federico Pinedo. Su compañero de bancada, Pablo Tonelli, se pronunció sólo en contra de la expropiación: “Esta intervención es una violación de la Ley 19.550, de sociedades, la cual dispone que una sociedad comercial sólo se pueda intervenir mediante una decisión judicial”
La causa sigue en marcha
Raúl Kollmann e Irina Hauser
El expediente que lleva el juez Ariel Lijo busca determinar si la empresa fue favorecida en forma irregular por funcionarios del Estado. La atención está concentrada en la propiedad de la ex Ciccone y el origen de los fondos con que se levantó su quiebra.
La causa por la ex Ciccone Calcográfica obviamente continuará más allá de la expropiación de la empresa. Por ahora, el expediente produjo muchísimo más ruido que nueces, sobre todo en el aspecto principal: si Ciccone fue o no excepcionalmente favorecida por funcionarios del Estado, ya sea de la AFIP o el entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Ante la Justicia, la AFIP ya presentó papeles de que otorgó facilidades de pago a otras 1500 empresas y que el plan que se le dio a la ex Ciccone estaba dentro de las facultades del titular de la agencia recaudadora. El juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello quieren saber, de todas maneras, por qué se levantó la quiebra cuando todavía ese plan de pagos a la AFIP no estaba acordado. La firma del ahora vicepresidente Boudou en un dictamen en el que le pidieron opinión sobre el plan de pagos no parece –según dicen en Tribunales– fuera de lo razonable: Boudou dijo que la AFIP resuelva de acuerdo con su función de recaudar, pero tratando de conservar los puestos de trabajo y una empresa estratégica porque es la única compañía privada de América latina con las máquinas aptas para imprimir billetes. El punto más controvertido de la causa judicial es la propiedad de la ex Ciccone y el origen de los fondos con los que se levantó la quiebra. Apareció el fondo The Old Fund, cuya propiedad está oscura hasta el momento –el fiscal Carlos Rívolo, ya apartado de la causa, apuntaba a amigos del vicepresidente– y tampoco está claro quién aportó los aproximadamente 50 millones de pesos que se necesitaron para reactivar la empresa. Esto llevó a que el expediente esté ahora más orientado a investigar si hubo lavado de dinero que favores de funcionarios.
La causa sobre la ex Ciccone continuará normalmente según confirmaron a este diario desde el juzgado que está a cargo de Lijo y desde la fiscalía de Di Lello. El magistrado llamó a declarar a prestanombres que conformaron Tierras International Investment en 2009, empresa que luego fue comprada para constituir The Old Fund. Alejandro Vandenbroele es el titular del fondo y su ex esposa dijo públicamente que administra bienes de Boudou, ya que ambos, Vandenbroele y Boudou, son amigos de la infancia en Mar del Plata. Tanto el empresario como el vicepresidente afirmaron que no se conocen y lo cierto es que no se aportó ni un testigo ni un dato concreto ni una foto que los vincule. El único nexo es que ambos tienen relación con José María Núñez Carmona, amigo de la infancia de Boudou y que convocó a Vandenbroele para algunos trabajos. En el juzgado evalúan que no tienen peso los datos anecdóticos: lo fundamental será saber de quién es The Old Fund y quién aportó el dinero para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica.
Uno de los delitos investigados es el de negociaciones incompatibles con la función pública, es decir si hubo un funcionario que benefició indebidamente a la ex Ciccone.
En este terreno, el juzgado investiga lo siguiente:
- Si el plan de pagos que la AFIP le otorgó a la empresa tuvo algún aspecto anómalo. El ente recaudador le presentó a la fiscalía los 1500 casos anteriores en que dio planes de pago y eso será evaluado por el fiscal y el juez.
- Cuando la AFIP pidió la quiebra de la ex Ciccone, también planteó por escrito que el Estado quería quedarse con la empresa para que fuera administrada por la Casa de Moneda e imprima billetes. Es decir, la idea de que el Estado se quede con Ciccone ya estaba presente en ese momento. Sin embargo, el juez de la quiebra optó por darle las máquinas en alquiler a Boldt, la empresa que maneja el juego en la provincia de Buenos Aires. A raíz de esa decisión, Ciccone, ya en manos de The Old Fund, se presentó ante la AFIP y dijo que se empezaría a pagar la deuda en un plan de facilidades. Lo que el juez Lijo investiga es por qué la AFIP pidió el levantamiento de la quiebra aun antes de la aprobación del plan de pagos.
- En el expediente dejó de tener fuerza el dictamen firmado por el entonces ministro de Economía, Amado Boudou. “No es ilógico”, sostienen en el juzgado y, además, fue posterior al levantamiento de la quiebra.
- Pero lo que sí tiene peso es si existe vínculo entre los dueños de The Old Fund –que no se sabe quiénes son– y cualquier funcionario público, incluyendo a Boudou. El juez busca respuestas concretas a ese interrogante. En este terreno, aparecen varios viajes pagados por The Old Fund a Núñez Carmona y uno pagado a un hermano de Boudou. El abogado de Núñez Carmona y Boudou sostiene que no hubo tal pago de pasajes, sino una maniobra de la agencia de viajes. Lijo está recibiendo informes de distintos registros sobre la conformación de The Old Fund.
- El otro elemento fundamental es el origen de unos 50 millones de pesos que aportó The Old Fund para poner nuevamente en movimiento a la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), la ex Ciccone. El juez está esperando los informes de los movimientos de dinero para determinar si los aportes fueron lícitos.
Más allá de la intervención de la CVS y el proyecto de intervención, la investigación judicial continuará por estos rumbos. Por lo que se ve en el expediente, el Estado se quedará con la empresa sin tener que realizar ningún pago, porque se estima que Ciccone debe a esta altura unos 250 millones de pesos a la AFIP. Esté quien esté detrás de The Old Fund no parece haber hecho –según opinan los que conocen la causa– un buen negocio. Y a Boldt también se le corta la ilusión de quedarse con un virtual monopolio de la impresión de seguridad.