El modelo: Estado y mercado

 Aldo Ferrer

Diario BAE

La crisis argentina del 2001/02 fue el epílogo de la hegemonía del paradigma y del Estado neoliberales y anticipó la desencadenada en el sistema internacional, a partir del 2007. En nuestro país, la reconstrucción de instrumentos esenciales del Estado nacional estableció nuevas relaciones entre las políticas públicas y la actividad privada, resolvió los desequilibrios económicos heredados y permitió volver a crecer.

En las antiguas potencias hegemónicas del Atlántico Norte, la prolongación de la crisis es el resultado de la sobrevivencia del Estado neoliberal y la subordinación a las expectativas de la especulación financiera. De este modo, también, en el “centro”, las relaciones entre el mercado y las políticas públicas constituyen la cuestión dominante. Está por verse si, en esta materia, el cambio de rumbo introducido por el modelo en nuestro país es anticipatorio de acontecimientos de vasto alcance en otras latitudes.

El Estado ha vuelto a ocupar en la Argentina el lugar que le corresponde en una economía de mercado y una sociedad democrática, sobre la base de dos condiciones fundamentales. Por una parte, la suficiente capacidad de desplegar políticas públicas no subordinadas a intereses particulares. Por la otra, el convencimiento de que el país cuenta con los medios necesarios para decidir su propio destino dentro del orden mundial. La recuperación de estas dos condiciones permitió enfrentar el caos heredado del neoliberalismo, restablecer la gobernabilidad del sistema y promover la actividad económica y el empleo. Así fue posible aliviar los problemas sociales, soportar con razonable éxito el impacto del zafarrancho internacional estallado en 2007/8 y conservar considerable capacidad de respuesta frente a las renovadas turbulencias del orden global.

Dentro del modelo, el Estado enfrenta la resolución de desigualdades sociales graves y, simultáneamente, la transformación de la estructura productiva para gestionar el conocimiento y construir poder de decisión. La responsabilidad del Estado incluye consolidar la densidad nacional. Vale decir, la integración de la sociedad, los liderazgos con estrategias de acumulación de poder fundadas en el dominio y la movilización de los recursos disponibles dentro del espacio nacional, la estabilidad institucional y política de largo plazo en el marco de la democracia y la vigencia de un pensamiento crítico, no subordinado a los criterios de los centros hegemónicos del orden mundial.

En este contexto, el Estado puede ejecutar políticas económicas generadoras de oportunidades para amplios sectores sociales, protectoras de los intereses nacionales y capaces de arbitrar los conflictos distributivos. Puede, asimismo, consolidar el derecho de propiedad, asentándolo en espacios cada vez más amplios de rentabilidad y reducir los costos de transacción que facilitan las actividades de los operadores privados.

Dentro del modelo, el Estado es un protagonista principal, vinculado con la actividad privada, en el desarrollo del sistema nacional de ciencia y tecnología, para promover la innovación y la incorporación de los conocimientos importados en el propio acervo. La complejidad creciente de la actividad económica multiplica la demanda de tecnología que conviene atender, en la mayor medida posible, con la propia oferta de bienes complejos y conocimientos. La elevación de los niveles educativos y la promoción de la ciencia y la tecnología son objetivos esenciales en la acción pública, al mismo tiempo que el sector privado despliega sus actividades e investigación y desarrollo.

En el marco del orden constitucional y la división de poderes, el Estado reapareció. El modelo demostró que es posible alcanzar varios objetivos fundamentales. Por ejemplo: recuperar el comando de la economía y sus instrumentos fundamentales; establecer los marcos regulatorios dentro de los cuales se despliega la actividad económica (incluyendo los sectores económicos concentrados, las filiales de las empresas extranjeras y el mercado financiero) y, en caso de incumplimiento contractual de los concesionarios, reasumir la gestión de actividades privatizadas.

El modelo no ha logrado, todavía, alcanzar otro objetivo principal del Estado nacional. A saber, frenar la inflación inercial y, en ese contexto, facilitar el arbitraje de la puja distributiva (salarios, ganancias, impuestos, subsidios, etc.). En consecuencia, subsiste una evolución de los precios que no favorece el pleno despliegue del modelo. 

Ahora, el Estado nacional, promotor del desarrollo de una economía moderna en el mundo globalizado, existe en la Argentina. Éste es el logro fundamental del modelo y es preciso que funcione con la mayor transparencia y eficiencia.

La experiencia argentina arroja tres enseñanzas principales. A saber:

1. Es imprescindible ejercer el derecho soberano de conducir la política económica en pos de objetivos, abiertos al mundo, pero esencialmente nacionales.

2. Es preciso consolidar los equilibrios macroeconómicos (incluyendo el presupuesto, el balance de pagos, la moneda y la estabilidad de precios) y descansar principalmente en los recursos propios.

3. Es necesario fortalecer la competitividad de la producción doméstica para que el lugar más rentable y seguro para invertir los recursos internos sea el propio país y atraer, complementariamente, recursos externos.

Desde siempre, la responsabilidad del desarrollo es indelegable, los países se construyen desde adentro hacia afuera y, en definitiva, cada uno tiene la globalización (y las crisis) que se merece, en virtud de la calidad de sus propias políticas. Estas son bases fundamentales del Estado, dentro de un modelo comprometido con el desarrollo económico, la inclusión social y la soberanía.