La política económica del Estado nacional
Aldo Ferrer
Diario BAE
En los países centrales del Atlántico Norte, en el transcurso de
la década de 1970, la creciente influencia de los actores transnacionales y la
financiarización impuso el dogma de la racionalidad superior de los mercados y
la ineficacia de las políticas públicas. El neoliberalismo contagió las ideas
económicas prevalecientes en la periferia. Los países de débil densidad
nacional, como los de América latina, volvieron a caer entonces bajo la
hegemonía del “pensamiento céntrico”.
Como, supuestamente, la globalización ha
borrado las fronteras nacionales y transferido el poder a la esfera
transnacional, el Estado nacional es impotente para administrar los mercados.
Su lugar es ocupado por el Estado neoliberal, que se limita a transmitir
“señales amistosas” para estimular el crédito y las inversiones privadas y, en
situaciones críticas, rescatar a los especuladores muy “grandes para quebrar”.
La experiencia de nuestro país, la crisis
irresuelta en las naciones industriales del Atlántico Norte y el protagonismo
del Estado en las naciones emergentes de Asia, han demolido los principios
fundacionales del neoliberalismo. Es abrumadoramente evidente que el desarrollo
económico y la estabilidad son imposibles sin un Estado que asuma las
responsabilidades que le competen en las economías de mercado y en la
organización de las relaciones internacionales. Sin embargo, el enfoque
neoliberal conserva una notable influencia en importantes segmentos de la
opinión pública y en las políticas prevalecientes en la mayor parte de las
antiguas economías desarrolladas.
En este contexto, es pertinente recordar los
desafíos principales actuales del Estado nacional en nuestro país. Un orden
macroeconómico ordenado, gobernado y gobernable, es indispensable para el
aumento de la producción y el empleo. Las dos dimensiones de la cuestión están
íntimamente relacionadas. En efecto: el desarrollo requiere sólidos equilibrios
macroeconómicos y una estabilidad razonable de precios y éstos, a su vez, de
una política económica eficaz. Es decir, cuanto más sólida es la gestión de la
macroeconomía, mayor es la libertad de maniobra para ejecutar la política de
desarrollo, y cuanto más competente es el despliegue del potencial productivo,
mayor es la gobernabilidad del sistema.
Uno de los ejemplos notorios de esta
convergencia se refiere al tipo de cambio, el cual es una de las variables que
influye, simultáneamente, en el crecimiento económico y en los equilibrios
macroeconómicos, aunque puede hacerlo en distintas extensiones de tiempo. Por
ejemplo, en el corto plazo, la sobrevaluación de la paridad de la moneda puede
no provocar un desequilibrio inmediato en los pagos externos, si existe un
riguroso control de los pagos internacionales. Pero más temprano que tarde, la
apreciación cambiaria reduce la rentabilidad de la producción de bienes y
servicios transables y la sustituye por importaciones. Es un caso de la llamada
enfermedad holandesa, tratada en este mismo espacio, entre otros analistas, por
Eduardo Curia. Al final, también, genera desequilibrios insostenibles en los
pagos internacionales.
Además de consolidar los equilibrios
macroeconómicos y la estabilidad, es precisa una estrategia de desarrollo que
permita desplegar, en plenitud, el potencial de recursos disponibles. Surgen
así diversas cuestiones fundamentales, como las siguientes:
- Distribución del ingreso. El aumento de
las ocupaciones de calidad, la capacitación de la fuerza de trabajo y el pleno
empleo, son los fundamentos de la elevación del bienestar social y la equidad.
No existe, pues, posibilidad de una mejor calidad de vida sin desarrollo. Al
mismo tiempo, las políticas públicas que operan, esencialmente, a través de la
recaudación de tributos y el gasto público, contribuyen al bienestar y la
equidad operando sobre la educación, la salud, la defensa del medio ambiente,
la seguridad y la cultura. Se trata de bienes públicos fundamentales, en cuya
oferta, el Estado tiene una responsabilidad ineludible y para cuyo
financiamiento debe contar con tributos aplicables conforme a la capacidad contributiva
de la población.
- Rentabilidad. La inversión privada y, en primer lugar, la de origen interno,
constituye la inmensa mayoría de la acumulación de capital. Aun con la
presencia indispensable de la inversión pública, la inversión privada contribuye
por lo menos con dos tercios de la inversión bruta interna y su despliegue
necesita señales claras. Su aumento requiere de escenarios previsibles que
estimulen las ampliaciones de capacidad productiva y el cambio técnico, la
integración de las cadenas de valor, la incorporación de valor agregado a la
explotación de los recursos naturales y el desarrollo de las actividades
vinculadas a los conocimientos de frontera. En la actualidad, éstos incluyen
microelectrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología y los nuevos
materiales. Las decisiones privadas que se tomen ahora respecto de la
preferencia de producir o importar, son influidas por las políticas públicas
que determinan las perspectivas de rentabilidad a mediano y largo plazo. Un
tipo de cambio real competitivo y previsible a lo largo del tiempo es un
determinante principal de la rentabilidad de los bienes y servicios transables
en los mercados interno e internacional.
- Perfil productivo. La formación
de una estructura productiva diversificada y compleja, abierta y competitiva,
capaz de incorporar el conocimiento como factor esencial del desarrollo, no se
alcanza por el libre juego de las fuerzas del mercado en una economía mundial
globalizada. Como lo demuestra la experiencia de los países exitosos, requiere
de políticas públicas que impulsen la iniciativa privada en el sendero de la
integración de las cadenas de valor a niveles crecientes de contenido
tecnológico, particularmente en áreas de frontera. En tal sentido, todos los
países exitosos privilegian el protagonismo de las empresas locales y formas de
asociación y presencia de filiales de corporaciones transnacionales compatibles
con el desarrollo nacional, es decir, el fortalecimiento de la capacidad
endógena de acumular y gestionar el conocimiento. Las pymes son protagonistas
esenciales del desarrollo y la inclusión social.
- Financiamiento. La Argentina tiene una considerable capacidad de ahorro, próxima al 30% del
PBI, pero carece de un sistema financiero y un mercado de capitales capaces de
canalizar ese ahorro hacia la inversión productiva y el desarrollo social. El
prolongado período de inestabilidad en la economía argentina erosionó la
confianza en la moneda nacional, promovió la fuga de capitales y, finalmente,
transfirió el control de recursos fundamentales y mayores empresas del país a
filiales de corporaciones transnacionales. Esto provocó, además, una reducción
de la tasa de inversión, la concentración de la propiedad y el ingreso y el
deterioro de las condiciones sociales. La agenda del Estado nacional incluye
las reformas necesarias en el sector financiero para habilitarlo a cumplir la
función fundamental de formador y canalizador de ahorro hacia la ampliación de
la capacidad productiva, la proyección al exterior de la producción argentina y
el desarrollo social. Con recursos propios, el país puede cumplir sus
compromisos financieros y aumentar simultáneamente la inversión interna.
Un escenario macroeconómico sólido confiere a
la política económica un considerable grado de libertad de acción y preserva a
la economía argentina de las turbulencias financieras internacionales. Lo
alcanzado no debe dar lugar a la complacencia sino, más bien, a fortalecer
aquellos contenidos de la política económica que permitieron recuperar el
Estado nacional.