Sintonía fina y debate serio

 Luciano Viard 
 Agemep

La ofensiva moyanista contra el impuesto a las ganancias renovó el debate, siempre presente, sobre la estructura impositiva. Olvidos tendenciosos de cierta dirigencia sindical, y la justeza equilibrada para profundizar el modelo sin hacerlo caminar por la cornisa. Una mirada sobre el sistema tributario argentino.

En los distintos debates sobre cuestiones impositivas se trae a colación el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como referencia de un impuesto regresivo. Este gravamen nacional impone el mismo porcentaje -21 por ciento- a todas las personas que compran bienes o consumen servicios, sin discriminar sus ingresos y capacidades contributivas.

El IVA nació en la década de 1970. En ese momento se exceptuaban los productos de la canasta básica. Con el correr del tiempo, la tasa aplicable sufrió variaciones. En la reforma del año 1986 se unificó la alícuota general en el 18 por ciento. Luego, entre 1988 y 1992 se produjeron marchas y contramarchas, y el impuesto descendió hasta el 13 por ciento -en 1990-, para volver a subir hasta el 18 en 1992. A partir de abril de 1995 la tasa se incrementó hasta el 21 por ciento vigente en la actualidad.

La Ley que rige a este impuesto nacional se publicó en el boletín oficial el 26 de marzo de 1997. Consta de 54 artículos y lleva las firmas del entonces presidente Carlos Saúl Menem, y los ministros Jorge Rodríguez y Roque Fernández. La norma se modificó sucesivamente a través de las leyes 25.063 -en diciembre de 1998- y 26.453 – en diciembre de 2008-.

El IVA es, en simples palabras, la imposición de una alícuota del 21 por ciento a los bienes y servicios que los ciudadanos y las ciudadanas consumen. Prevé excepciones dentro del sistema productivo y las distintas personas jurídicas reconocidas legalmente en Argentina.

En Latinoamérica, las tasas de aplicación del IVA oscilan entre el 15 y el 23 por ciento, pero se imponen desde estructuras tributarias muy distintas. 

No es posible pensar el carácter regresivo o progresivo de un sistema tributario si no se pone en consideración el impacto que cada impuesto representa en la capacidad recaudatoria del Estado. En ese marco, vale destacar que el peso relativo del impuesto a las ganancias respecto del IVA fue en aumento desde 2003. Con ello queremos decir que, si bien se mantiene un gravamen regresivo, se han profundizado otras herramientas que inciden cada vez más en la progresividad del sistema.

Algunos datos sobre lo anterior. Considerando sólo los principales impuestos, entre el 2001 y 2010, la recaudación de la imposición a la renta (Ganancias más retenciones) aumentó su participación, pasando de 25 a 32 por ciento. La participación de IVA se redujo de 37 a 30 por ciento. 

Roberto Arias, del Instituto Gestar, no ayuda a salir de falsas dicotomías y a entender el sistema tributario en su integralidad: "desde 2003 en adelante no se implementó una `reforma tributaria progresista`, se hizo algo mucho mejor. Como en los mejores años del peronismo en el poder, se apuntaló un sistema impositivo moderno que garantiza un alto nivel de presión impositiva y permite financiar más servicios públicos, sin caer en crisis fiscales. Si vemos la película, y no nos detenemos en la foto, se observa que el sistema impositivo hoy es más eficiente (recauda más) y equitativo (recae más en impuestos progresivos) que el de cualquier época reciente de la historia económica argentina. Se logró esto porque se implementó una `reforma tributaria peronista`”.

Está latente, con mayor o menor grado de visibilidad en distintos momentos, un debate político respecto de la estructura tributaria del Estado argentino. Está presente en el ágora social desde hace mucho tiempo. Es tema fundamental de las discusiones referidas a las formas que el contrato social adopta en un Estado nacional. 

Por un lado, los liberales exigen una supuesta igualdad basada –desde su visión- en que todos los ciudadanos y ciudadanas contribuyan a las arcas del Estado de igual manera y a través de los mismos montos. Por otro lado, hay especialistas y dirigentes que, con una visión más cercana a la perspectiva de la justicia social, sostienen la necesidad de pensar estructuras impositivas que contemplen las posibilidades que cada ciudadano tiene a la hora de pagar sus impuestos. 

En esa línea, el economista estadounidense Paul Krugman, insiste en que las personas más acaudaladas deben aportar un porcentaje más alto de sus ganancias que las que viven con salarios básicos.

Jorge Gaggero citó palabras de Maximilien Robespierre en ocasión de un discurso ante girondinos en 1791 para marcar uno de los paradigmas impositivos que surgen desde la fundación de los Estados burgueses. Dijo el revolucionario francés que “los ciudadanos cuyas rentas no excedan lo necesario de su subsistencia deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos”. Contrariamente, “los otros deben soportarlos progresivamente según la magnitud de su fortuna”.

Según el economista y periodista Alfredo Zaiat, los contribuyentes argentinos conviven con un “IVA de altísima alícuota sin excepciones o sin una tasa reducida para los pobres, en alimentos básicos y vestimenta, como es usual en los países avanzados”.

Para Zaiat, la reforma impositiva no ha sido meta usual del Estado, según lo afirmó en su artículo “Contrato Social”, publicado en el diario Página 12.

Las discusiones sobre tributos públicos se dan en contextos que varían de acuerdo al momento económico y financiero que vive el país. Los que discuten son los que reúnen las condiciones políticas y técnicas para hacerlo.

Actualmente, algunos sectores trabajadores, a quienes por sus medio-altos y altos salarios pagan el Impuesto a las Ganancias, se expresan en contra de éste. Aún cuando ese aporte a los fondos públicos no les impide desarrollarse ni limita sus condiciones dignas de vida. Estos trabajadores pueden reclamar porque reúnen condiciones objetivas para ser escuchados. 

Las personas que aún se encuentran en una situación precaria de trabajo, no suelen tener el acceso a una representación gremial con algún peso específico en la palestra política y mediática. Y su visión, muy probablemente, difiera largamente de la de aquellos dirigentes que hacen oposicionismo a partir del grandilocuente grito de “No al impuesto a las ganancias”.

Los dos sectores que aquí caracterizamos deben enfrentarse con la misma alícuota toda vez que compren arroz, servicio de internet o jabón para lavar la ropa. También es cierto que ambos grupos sociales gozan de los sistemas públicos de educación y salud, ampliamente defendidos por ellos mismos en los años de crudeza neoliberal, y revalorizados en el modelo posneoliberal que nació en 2003.

¿Cuál es, entonces, la discusión certera en un escenario particular -como es el argentino- y en un contexto determinado por la crisis económica repelida a través de políticas de inversión pública contracíclica en beneficio del mercado interno?

Desde 2003 asistimos a un proceso político-económico de recuperación productiva y de progresivo aumento en la justa distribución del ingreso. Si se analiza de manera simplificada la no modificación de la estructura impositiva se podría inferir que el modelo no tiene entre sus premisas la equidad.

Sin embargo, y es bueno recordarlo, hay ejemplos contundentes respecto de la voluntad política de incrementar los ingresos a los fondos estatales que sostienen la obra, la educación y la salud pública, entre otros. Sin ir más lejos, en marzo de 2008, a meses de la asunción de Cristina Fernández por primera vez en la presidencia, su gobierno propuso aumentar el impuesto a la agroexportación.

Si recordamos aquel momento, podemos observar de manera clara cómo acciones parciales sobre las estructuras impositivas generan movimientos en los sectores sociales que, si no se miden, puede poner en serio riesgo aún hasta la institucionalidad democrática.

En aquel 2008, las patronales agrarias respondieron con un violento lock out y sumaron las simpatías de los sectores oligárquicos urbanos. Pero también adhirieron a su causa contra la distribución más justa del ingreso sectores medios y hasta trabajadores –aunque minoritarios- representados por fracciones marginales de la izquierda.

¿Qué queremos demostrar con este ejercicio de memoria? Tanto en Argentina, como en Brasil con su burguesía paulista, o en Venezuela con sus sectores medios-altos caraqueños, cualquier corrimiento en el esquema económico de fondo genera reacciones destituyentes y hasta contraproducentes para los intereses populares, tal como fue el derrame de miles de litros de leche durante el lock out patronal agrario de 2008.

¿Qué posibilidades concretas hay, en el marco de las políticas redistributivas del Gobierno Nacional, de que un impuesto considerado regresivo, como es el IVA, se elimine o disminuya?

Dependerá de varios factores. Entre ellos, la voluntad política del grupo dirigente, liderado por Cristina Fernández, es solo uno. Para todo lo demás, existe la gestión estatal de los fondos previsionales, la Asignación Universal por Hijo, el revolucionario plan de viviendas -en medio de la crisis- Pro.Cre.Ar. Bicentenario, y los permanentes programas de carnes, lácteos, pescados, verduras y hasta LCD “para todos”.

El Contador Público Nacional (CPN), Juan Carlos Rivera, es Gerente Regional del Banco Credicoop. Según su perspectiva, el IVA no se discute, en parte, porque se trata de un impuesto que “es indirecto y esto lo invisibiliza: cuando una persona compra un paquete de yerba no piensa que 4 de los 20 pesos que pagó por el producto vienen del IVA”.

Rivera entiende que la progresividad del sistema impositivo no puede encararse de manera apresurada: “es utópico pensar que se pueda suprimir el IVA sin considerar el importantísimo aporte que representa para las arcas del Estado -que es del 8,88 por ciento del PBI-. Para dejar de cobrar un impuesto, hay que balancear ese egreso del Estado desde otro lugar”. Y aquí volvemos a recordar las reacciones desestabilizantes de los poderes fácticos ante medidas que atenten contra sus generosas rentas.

Rivera agregó, en diálogo con Agemep, otra arista importante a la hora de analizar el tema: “si bien el nivel de evasión impositiva aún sigue siendo muy alto, se llevan adelante mejoras sustantivas en la incorporación de tecnología para la búsqueda de evasores”.

Para el CNP, lo que posiblemente “mejoraría la situación de las personas que menos tienen es la eliminación del impuesto al valor agregado en productos de primera necesidad”. Y explicó que “este desprendimiento se supliría con la instauración de un impuesto que se aplique a la renta financiera”. Además comentó que “hay entre un 2 y un 3 por ciento de la población que maneja masas de dinero muy grandes y que no se vuelcan al sistema productivo”.

El Senador provincial Sergio Vendramin, del Frente para la Victoria, explicó a Agemep que la necesidad de un “debate profundo a mediano plazo sobre el esquema impositivo de la Nación y las provincias” se daría con mayor claridad si se “aclara el panorama de la Coparticipación Federal”.

Como presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara provincial de Senadores, Vendramín entiende que "a nadie le hace mucha gracia la regresividad que el IVA impone", pero que antes de modificarlo existe una labor monumental en la que habría que “discutir cómo se distribuyen los recursos del Estado”.

Desde algunos sectores gremiales y políticos se exigió con mucho entusiasmo la suba de la base no imponible del impuesto a las ganancias, cuestión que quedó abierta al debate. No se escuchan, en cambio, dirigentes que pidan modificaciones a la aplicación del IVA. Es, por lo menos, un dato llamativo.

Rivera destacó que “el impuesto a las ganancias se cobra en todo el mundo y nuestro país no es la excepción”. El especialista agregó que “en España el IVA subió 3 puntos en los últimos días y en Francia el Estado va a cobrar un 75 por ciento de sobre ganancias que superen el millón de euros anuales”.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández ha mostrado su interés en hacer que los instrumentos de recaudación sean más progresivos. Ejemplo de ello es el mencionado intento de implementación de retenciones móviles sobre las exportaciones agrarias. Aquel conflicto con las patronales agrarias demostró claramente que las fuerzas políticas tienen límites fácticos en la implementación de medidas y herramientas para la redistribución de las riquezas.

Hace sólo unas semanas, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, vio cómo dirigentes opositores al proyecto nacional se floreaban con discursos y consignas antidemocráticas en la legislatura provincial. Los (poco representativos) dirigentes rurales se movilizaron en contra de la votación de una reforma tributaria que fijó aumentos al impuesto inmobiliario rural y a los ingresos brutos y sellos.

La correlación de fuerzas necesarias para reformar el sistema impositivo no se limita al consenso de voluntades políticas y técnicas. Los grupos concentrados de la economía del país no resignan recursos –compran medios y plumas- para defender lo que en la maximización de sus aptitudes han logrado y, claro está, no tienen en su proyecto solidarizarse con nadie.

Tanto en el esquema actual como en una posible nueva estructura impositiva, un elemento fundamental a delinear es el control y la capacidad coactiva del Estado para con sus contribuyentes. Juan Carlos Rivera dijo que “aunque sea justa la estructura impositiva, sin controles eficientes la ecuación es la misma”.

El debate progresista sobre los impuestos, con un rol activo del Estado como organizador social que intenta reparar las inequidades, seguirá estando en el tintero toda vez que no se tengan en cuenta las necesidades de los más desfavorecidos en base a la justicia social. Pero, y en un mismo movimiento, el modelo nacional y popular debe actuar en base a una estratégica preservación de la institucionalidad democrática que le permita seguir con el proyecto de profundización delineado en el segundo mandato de Cristina Fernández. 

Se trata, nada más y nada menos, que de “sintonía fina”, como sostiene la Jefa.