Repsol no tiene quien la defienda…pero se consuela

Carlos Abel Suárez y Gustavo Buster

El gobierno argentino logró un amplio respaldo para la expropiación del 51% de las acciones de YPF, la emblemática compañía petrolera que nació como empresa estatal y sobrevivió a frecuentes asedios hasta que fue finalmente privatizada durante el gobierno de Carlos Menem en los años ´90. La ley que expropió el paquete accionario en manos de Repsol contó en el Congreso con los votos del oficialismo, el centroizquierda, más la mayoría de los radicales y hasta de algunos justicialistas disidentes. El PRO, el partido de la derecha naif, fue el único bloque opositor, pero ni siquiera éstos pudieron justificar el desempeño de Repsol. Repsol compró YPF, la mayor empresa argentina durante décadas, en 1997 mediante una operación viciada de irregularidades que hoy olvidan los defensores de la "seguridad jurídica". Hija de una ingeniería jurídica aportada por la consultora de Henry Kissinger y de los cabildeos de los más importantes personeros del PSOE y del PP, Repsol cayó en su propia trampa. Durante su gestión privilegió la rentabilidad de la compañía a expensas de la inversión en exploración y de las reservas. Hay estudios que demuestran cómo los beneficios generados por YPF financiaron la expansión de Repsol en otras partes, con la pretensión de ser una transnacional que buscaba sentarse a la mesa de los grandes jugadores del negocio petrolero mundial. En la estrecha mirada de la financiarización la cosa funcionó: pagó por YPF una bicoca y la ordeñó hasta extenuarla. Mientras mantuvo el control de YPF se calcula que Repsol tuvo beneficios netos por más de 16.000 millones de dólares y repartió dividendos por 13.246 millones. Ya en el primer año del gobierno de Néstor Kirchner los números eran alarmantes, las inversiones de YPF y del resto de las petroleras habían caído más del 50 por ciento con respecto al comienzo del Siglo, que por cierto no eran muy saludables en tiempos del desplome del gobierno de Fernando de la Rúa. Sin embargo, la verdadera historia del vaciamiento se la llevarán a la tumba Alfonso Cortina y Antonio Brufau. Entre los múltiples interrogantes está el motivo por el que YPF-Repsol pasó de distribuir 430 millones de dólares por año a los 1.419 millones de promedio anual pagados entre 2003 y 2010. Algunas de las respuestas las tiene el propio gobierno argentino que acordó con los directivos de la compañía la estrategia general y cuyos representantes en el directorio de Repsol-YPF aprobaron sin objeción todos los balances. El gobierno argentino salió fortalecido políticamente de esta operación, con una iniciativa que supo convertir la necesidad en una virtud. Oxígeno necesario en momentos de una caída de la imagen a pocos meses del triunfo electoral, por acusaciones de corrupción que involucran al vicepresidente, Amado Boudou, la catástrofe ferroviaria de febrero último, que precipitó la renuncia del secretario de Transporte, y una ola de huelgas y conflictos sociales. La Argentina enfrenta una grave crisis energética, que paradójicamente se profundiza con el crecimiento del PBI de los últimos años, pasando en una década del autoabastecimiento en petróleo y gas a desembolsar más de 9.000 millones de dólares en 2011 por importación de hidrocarburos, con números en aumento para este año. Sin embargo, el gran impacto simbólico de la recuperación de YPF no alcanza para explicar los interrogantes sobre el futuro de la empresa y salir del déficit de la balanza energética. En primer lugar pocos ponen en duda que durante la administración Kirchner existió una luz verde para que las compañías petroleras exportaran sin limitaciones, con libre disponibilidad del uso de las divisas, sin ser auditadas por el Estado ni obligadas a realizar inversiones. Y esta franquicia no fue sólo para YFF-Repsol, que controla apenas el 34% del mercado, sino para el resto de las compañías petroleras que operan en Argentina. Todas estas ventajas hasta ahora no han sido revisadas. Además, el 51% del paquete de YPF que se ha expropiado no es del gobierno central, porque casi la mitad pasa a manos de los gobernadores de las provincias petroleras, tan poco confiables en temas de lealtad política y del bien común. Asimismo el gobierno no explicó por qué le deja casi un cuarto del paquete accionario de YPF al grupo Petersen-Esquenazi, que no puso un euro, dando por consiguiente un buen pretexto para la inusual distribución de dividendos para posibilitar el auto pago del nuevo socio. Para retomar verdaderamente el control estratégico de los recursos naturales, el gobierno argentino tendría que tomar el total del paquete accionario, al tiempo que derogar las leyes y decretos que en los años ´90 desregularon la actividad, tanto del petróleo, del gas como de la gran minería. Quedó como asignatura pendiente, el debate sobre el futuro de la energía en Argentina, que pasó en pocos años de exportador neto a importador neto. Tanto el camino que anticipa la ley de expropiación sancionada como los anuncios oficiales son buscar "acuerdos estratégicos" con petroleras internacionales, lo que permitiría inversiones en exploración y de este modo mayores reservas. Pero es la explotación del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y la exploración en la plataforma offshore del Atlántico Sur donde se fraguan esos acuerdos estratégicos. El yacimiento de Vaca Muerta, que ya los expertos conocían a finales de los años ´70 – impracticable entonces por la tecnología disponible y porque el bajo precio internacional del barril de crudo lo hacía inviable - hoy se mira con codicia. Existe la tecnología y con el barril por arriba de los 100 dólares el negocio es altamente rentable. Sin embargo, implica cuantiosas inversiones, algunos estiman cercana a los 49.000 millones de dólares, supone además un debate sobre el impacto ambiental de su explotación. De todos modos, si el petróleo ha llevado y sigue llevando a la guerra ¿por qué no hincarle el diente a la Vaca Muerta? Y muerto el rey, la Exxon no esperó ni que velaran a Repsol para decir a las autoridades argentinas que quiere entrar en el negocio. Bufetes jurídicos de Nueva York - el de Kissinger parece que esta vez no estará entre ellos - están preparando los protocolos y contactando al embajador argentino en Washington. El nuevo titular de YPF, Miguel Galuccio, aunque joven, tiene experiencia en este campo. Actualmente trabajaba en Londres para Schlumberger y en los '90 fue la mano derecha de Roberto Monti, presidente de la petrolera argentina en tiempos de Menem, cuando se la vendió a Repsol. Lo secundará en la tarea otro experto, también con experiencia técnica y operativo en Schumberger. Mientras tanto, las relaciones entre el Gobierno Rajoy y la Administración K han quedado seriamente dañadas. Tras los iniciales exabruptos patrióticos en defensa de la "Marca España" del ministro de asuntos exteriores Garcia-Margallo –obligado por una coherencia que ha limitado a este solo tema la política exterior del Reino-, la presión de la propia Repsol y del resto de las empresas transnacionales españolas en Argentina ha ido moderando el tono de las protestas del Gobierno Rajoy. La búsqueda del "justiprecio" por la expropiación y la defensa de la "seguridad jurídica" del resto de las inversiones de las transnacionales españolas en Argentina han sustituido a la retórica de la ilegalidad de la "confiscación", la amenaza de males mayores, la petición de apoyo a la UE y EE UU y el chantaje con una larga cadena de pleitos internacionales contra el gobierno argentino y las empresas petroleras que quieran invertir en la nueva YPF. Como oportunamente puso de relieve el ministro de industria español Soria, en su intervención ante la comisión parlamentaria del ramo, el pasado 24 de abril (http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/CO_083.PDF), su principal objetivo político había pasado a ser interno. El Gobierno Rajoy necesitaba ante todo demostrar que "había hecho todo lo posible" por negociar con la Administración de Fernández-Kichner desde hacía meses. El 28 de febrero el propio Soria había viajado a Buenos Aires para reunirse con los ministros argentinos de planificación y economía y llegar a un "acuerdo entre gobiernos y países amigos". Pero que el único acuerdo alcanzado fue la constitución de dos grupos de trabajo para "limar diferencias entre las dos partes", que nunca llegaron a constituirse porque la parte argentina ni comunicó su delegación ni fijó fechas de reunión.  Previamente, tampoco habían tenido ningún resultado Brufau el 12 de abril ni una carta de Rajoy a Cristina Fernández-Kichner. Consciente de que el principal punto débil de la defensa de Repsol es el volumen de sus inversiones en Argentina, Soria aseguró que estas habían sido de unos 20.000 millones en total desde 1999 –cuando adquirió YPF por 15.000 millones de dólares-, de los cuales 3.200 en exploración y explotación en 2011, cuando contribuyó a las arcas del fisco argentino con 6.000 millones de impuestos. Por otro lado, el representante argentino en el consejo de administración de YPF nunca objetó a la política de inversiones seguida y la propia Presidenta Fernández-Kichner se había deshecho en elogios a Repsol como "socio estratégico" de la política energética argentina. Salvado así el honor del Gobierno Rajoy en su defensa de la "Marca España", el pragmatismo venía impuesto por la falta de apoyos cosechados en EE UU y la UE. En el primer caso, García-Margallo expresó públicamente su insatisfacción –a diferencia de Aznar en 1991- por la falta de pronunciamientos de la Administración Obama. Falta relativa, porque todos los indicios apuntan a que la operación de nacionalización parcial de YPF de la Administración Fernández-Kichner ha contado con el visto bueno de EE UU, que espera no solo la entrada de sus compañías en la explotación de Vaca Muerta como inversores, sino también mediante la transferencia de la tecnología de extracción de hidrocarburos en pizarras y la venta de maquinaria en los próximos cinco años. En el caso de la UE, más allá de las declaraciones sin consecuencias de la Comisión y del Parlamento Europeo, en nada afecta la presión del Gobierno Rajoy al proceso de negociación del Acuerdo Estratégico con Mercosur. En definitiva, la dignidad del Gobierno Rajoy se ha contentado con una extraña retorsión por la pérfida estrategia de desvalorización de los activos de YPF previos a la nacionalización, acabando con la importación preferente a precios inferiores de biodiesel argentino para favorecer los más caros producidos en España y la UE, que solo afecta al propio Repsol. Y este, por su parte, ha cancelado la venta de gas licuado ya contratado por Argentina, lo que la obligará a desembolsar 61 millones de dólares más en su factura de importaciones energéticas. En el debate parlamentario, el Gobierno Rajoy contó con el apoyo de todos los grupos políticos, muy especialmente del PSOE –que basó su argumentación en la "opinión técnica" de Mario Vargas Llosa- y la sola excepción de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto. Ya se habían encargado Repsol y el resto de las multinacionales españolas en hacer llegar el mensaje de que preferían negociar solas sus intereses que dejarlos en manos de la diplomacia de la "Marca España" y tras los consabidos exhortos a la "seguridad jurídica" y al "populismo peronista", se priorizaron las relaciones fraternales entre los pueblos español y argentino. Lo que no quiere decir que las heridas no estén abiertas. Repsol se ha dedicado a resguardar el resto de sus inversiones en América Latina, sobre todo en Venezuela, Cuba y Bolivia. En el primer caso, asegurando su papel de "socio estratégico" en pleno período electoral y sus compromisos inversores para la exploración de pozos en el segundo. En el tercer caso, Evo Morales compensó la nacionalización de Transportadora de Electricidad –prácticamente descapitalizada por completo por la empresa matriz Red Eléctrica Española- con una entusiasta acogida a Brufau, convertido en modelo de virtudes empresariales, en Bolivia, lo que ha vuelto a despertar todos los prejuicios coloniales sobre la buena fe indígena y la perfidia criolla a pocos meses de la celebración de la Cumbre Iberoamericana dedicada a las Cortes de Cádiz de 1812. Pero sobre todo, al transformar hispanamente la dignidad política en prurito jurídico, tanto el Gobierno Rajoy como Repsol se preparan para litigar por el justiprecio de su parte (8.140 millones de dólares) y asediar a base de pleitos internacionales a la nueva YPF y la Administración Fernández-Kichner, que de manera bien criolla cuenta en su haber con el 50% de los casos en trámite en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI). Repsol ha hecho saber por escrito a todas las grandes empresas petroleras que las llevará a juicio si intentan aprovecharse de la situación de YPF tras la "confiscación". Por último y por si hubiera dudas, Repsol ha presentado sus resultados del primer trimestre del 2012 (http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera/resultados_trimestrales/default.aspx) con y sin YPF. En el primer caso, sus beneficios hubieran sido de 792 millones de euros (un 3,5% más), y en el segundo son de 643 millones de euros (un 12,4% más que en el mismo período sin YPF), lo que no puede por menos que satisfacer a todos. El incrementó de los precios de los carburantes, la normalización de sus explotaciones en Libia, los mayores resultados de sus operaciones en gas licuado y el descubrimiento de nuevas reservas muy importantes de hidrocarburos en Päo de Açúcar, Brasil, han vuelto a situar el precio de sus acciones en 14,8 euros, mientras Bernstein Reseach alaba su capacidad exploratoria y RBC Capital Markets da por superados "los fuertes sentimientos negativos que pesaban sobre sus acciones" (FT 11-5-2012). Falso queritor…. Carlos Abel Suárez (Buenos Aires) y Gustavo Búster (Madrid) son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.