Abren a investigación la causa por enriquecimiento que involucra a Boudou

Gabriel A. Morini
Infonews



  • El fiscal federal Jorge Di Lello pidió formalmente ayer la imputación por presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente Amado Boudou, de su socio y amigo José María Núñez Carmona, de su pareja Agustina Kämpfer y del titular de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele, entre otros.





Lo hizo en el marco de una denuncia presentada ante el juzgado de Ariel Lijo, cuyos iniciadores son el periodista Christian Sanz y el abogado –frecuente denunciador en causas mediáticas– Alejandro Sánchez Kalbermatten. Esta medida abre un paraguas investigativo sobre 13 sociedades anónimas, entre ellas The Old Fund, el fondo que actualmente gerencia la ex Ciccone.

Di Lello pidió que se libren oficios a entidades bancarias para conocer los ingresos de los imputados y también a otros organismos con el fin de obtener sus declaraciones juradas y legajos de registros. De avanzar las investigaciones preliminares, Boudou deberá ser convocado a declaración indagatoria porque en los casos de enriquecimiento ilícito “se invierte la carga de a prueba”, y debe ser el imputado quien se defienda con documentación probatoria por los hechos puntuales por los que se lo acusa. La imputación, en este caso, es “debido a su trascendencia institucional” uno de los pasos para ejercer la defensa, que según se aclaró, tendrá el acceso a toda la prueba existente.

En la denuncia se solicita al juez investigar “las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial” del vicepresidente y a sus “supuestos testaferros” entre quienes menciona a Vandenbroele, Núñez Carmona y Kämpfer. El escrito ingresado el 6 de marzo, de forma casi simultánea a la pesquisa por presuntas irregularidades en el levantamiento de la quiebra de la imprenta, pidió investigar también “la compra de terrenos en el exclusivo country del Partido de la Costa denominado Costa Esmeralda, localidad de Pinamar”. La presentación está sustentada solamente en información publicada en los diarios Clarín, La Nación y Perfil, y por extractos de la composición accionaria de diversas compañías surgidos del Boletín Oficial.
El tándem Sanz-Kalbermatten exigió investigar “su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción” y por las “suculentas sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias locales, tales como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés, American Express y CitiBank, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante la última década”. Las sociedades anónimas investigadas cuyos accionistas también están imputados son: Fuerza Laboral; Braver Cheek; Embarcaciones Argentinas; Inversiones Inmobiliarias Aspen; Ruta Sur Rentals; Sulfargen; Nuevo Federal; La Isleña; Habitat Natural; Danlon; Compañía de Valores Sudamericana; y London Supply. Varias de las empresas y nombres se repiten en la trama Ciccone-Boldt que ahora también se tramita en el juzgado de Lijo. Con esa medida quedará en manos del juez la decisión de avanzar o no con este sumario.
A pesar de haber sido iniciada por un periodista propenso a las teorías conspirativas y por el abogado que cobró notoriedad al decir que representaba a un testigo protegido que conocía el paradero del cuerpo de Jorge Julio López (ver aparte), fuentes de la fiscalía indicaron la necesidad de avanzar con el trámite del expediente. Precisamente el hecho de que aún haya diez causas “mediáticas y mediatizadas”, según se explicó desde la fiscalía, contra Boudou “con contenido patrimonial”, forzó la continuación del trámite.
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Kalbermatten y Sanz, dos denunciantes crónicos



  • Los ahora denunciantes de Amado Boudou sostuvieron falsas hipótesis sobre el caso Julio López y el supuesto destino de sus restos. El periodista llegó a afirmar sin pudor que Marita Verón ejercía la prostitución.


La dupla Christian Sanz-Alejandro Sánchez Kalbermatten tiene amplios antecedentes en materia de denuncias de alto impacto mediático. Uno desde su página de Internet denominada Tribuna de Periodistas, y el otro desde los pasillos de Comodoro Py. Ambos quedaron inmersos en un turbio episodio cuando Sánchez Kalbermatten aseguró representar a un testigo “protegido” que conocía la ubicación del cuerpo del albañil Jorge Julio López. El abogado condujo un despliegue mediático y de fuerzas de seguridad que durante varias jornadas exploraron el Parque Pereyra Iraola en busca de los restos del testigo desaparecido, cuyo testimonio fue clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. La búsqueda resultó infructuosa y el hijo de López embistió duramente contra el letrado por haberlos conducido hacia una pista falsa, Sanz por su parte, fue más allá y postuló la teoría de que el albañil se “autosecuestró” con ayuda de sus familiares y de la Secretaría de Inteligencia del Estado por orden del gobierno, pero en el operativo falleció. 

DENUNCIANTE COMPULSIVO. Sánchez Kalbermatten históricamente le apuntó al kirchnerismo en sus denuncias. Así acusó al ex presidente Néstor Kirchner por supuesta “coacción” mientras el Congreso trataba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y le achacó “hostigamiento” contra el Grupo Clarín. En 2009, en plena crisis por la gripe A, también acusó a Kirchner y a la presidenta Cristina Fernández, por no suspender las elecciones de octubre, tal como lo había aconsejado la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. En agosto de 2008, denunció a la Comisión Directiva del Club River Plate, por entonces encabezada por José María Aguilar, por “abandono de persona” del futbolista Ariel Ortega, quien atravesaba un momento personal complicado. También estuvo vinculado a una empresa contratista de la AFA y representó a uno de los implicados en la causa por la mafia de los medicamentos, el empresario farmacéutico que estuvo procesado y detenido, Gabriel Brito. Casualmente es quien también aparece en la causa Ciccone-Boldt como quien denunció por el traslado de insumos para la impresión de billetes a Katya Daura, titular de la Casa de la Moneda. 
El denunciante crónico, que en ese caso actuó como apoderado de Sanz para ratificar el escrito que derivó en la imputación de Boudou y de su entorno, estuvo acusado de haber entregado cheques sustraídos y falsificados. Sánchez Kalbermat ten fue defendido en esa causa por otro denunciante habitual de miembros del gobierno: Enrique Piragini, quien fue socio político del filonazi Alejandro Biondini.
Desde la página web, el estudio de abogados ASK asegura que la premisa que los caracteriza es “Nada es imposible”. Allí, el mediático abogado atesora sus fotos junto a deportistas y personajes famosos. Entre otros, sonríen a cámara abrazados a Kalbermatten Carlos Bianchi, el Pato Abbondanzieri, Sergio Goycochea, Ubaldo Fillol, Roberto Ayala, la Tigresa Acuña y Daniel Passarella. Se destacan también una foto con el ex presidente Carlos Menem y el ex titular de Vélez, Raúl Gámez. Figuran entre sus “distinciones” un saludo del carapintada Mohamed Alí Seineldín. “Lo saluda desde este bastión de resistencia y de lucha por la patria”, dice el texto que el coronel le envió al abogado. Entre sus destacados, está la carta que le dedica al fallecido periodista Bernardo Neustadt, a quien le adjudica su inspiración para “combatir la corrupción”.

SANZ Y SU DENUNCIA. “Como ciudadano preocupado por la fragilidad de las instituciones, como también por la circunstancia disvaliosa de que se conozca a nuestro país como ‘EL REINO DE LA IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN’, estoy dispuesto a continuar la misma ante los estrados internacionales” (sic), advirtió dramáticamente Sanz en el cuerpo de la denuncia contra Boudou que no se presentó a ratificar. Allí sentó las bases para recurrir a la Cámara de Casación, en caso de que el expediente no prospere, o incluso acudir a la Corte Suprema de Justicia, o hasta la “CIDH”, en alusión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más bajo exhortó a juristas, periodistas, jueces y ciudadanos a “sumarse en apoyo a esa denuncia contra un funcionario inescrupuloso que se enriquece ilícitamente a costa de todos los argentinos, generando por cierto una violencia inusitada”. Autoproclamado “periodista independiente”, Sanz publica material también en el portal de informaciones vinculado a los servicios de inteligencia, Seprin, y es un abonado a las teorías conspirativas, a pesar de que varias de las que plasma por escrito son señaladas con frecuencia como plagio. 
“Ya casi no quedan argumentos para sostener la existencia de la (nunca vista) Traffic-Bomba y las pruebas contra Irán parecen no querer asomar por ningún lado”, esbozó su particular teoría sobre el atentado a la AMIA. En otra nota publicada en su portal impulsó la idea, luego desmentida desde el gobierno nacional, que la entonces primera dama Cristina Fernández tenía un título “trucho” de abogada y ponía en duda que se hubiera recibido. “Marita Verón ejercía la prostitución aun antes de desaparecer de la faz de la Tierra. Es probable que la lucha de (Susana) Trimarco no hubiera tenido el peso que tuvo si se hubiera revelado el detalle de que su hija trabajaba la calle”, escribió sin pudor Sanz. En 2007 hablaba de “fraude” del gobierno K, y vinculaba la muerte de Carlos Menem Jr con un ajuste de cuentas de la CIA. Sanz, por lo visto, tiene una teoría para casi todo.