"Los centinelas no estaban en sus puestos, en gran parte debido a la fe ampliamente aceptada en la naturaleza autocorrectiva de los mercados y en la capacidad de las entidades financieras para vigilarse a si mismas con efectividad", se afirma en las conclusiones del informe del Congreso estadounidense sobre la crisis de Wall Street; subrayando claramente el trasfondo ideológico neoliberal como principal causa de la crisis financiera global, que podemos aplicar también a la de Bankia. Pero en el caso de las Cajas de Ahorro hay que subrayar que el dinero en juego era y es público. Por eso, tenemos que destacar ante todo la responsabilidad de los gestores políticos o allegados a los partidos mayoritarios.
Primero había que "salvar a los nuestros", piensan nuestros gobernantes. Para empezar, digamos que Bankia representa el fracaso de las reformas financieras del gobierno actual (la de febrero 2012 era la "definitiva") y de las anteriores, que no han logrado que la banca sirva el crédito que necesita una economía que languidece y genera paro. Y es que han tenido como objetivo básico ocultar la corrupción sistémica y las responsabilidades de gestión de las oligarquías políticas regionales, soporte de la élite política, que impulsaron Cajas "engrandecidas" con la especulación inmobiliaria alimentada por el dinero barato del exterior y los mecanismos bancarios financieros. Más allá de la responsabilidad de los gobiernos que pusieron las bases del desmadre financiero- inmobiliario.
Entre junio y diciembre de 2010 surgía el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) resultado de la suma de Caja Madrid y Bancaja, primero, y de Caja Canarias, Rioja, Ávila, Segovia y Layetana bajo la fórmula jurídica ad hoc del SIP, un esquema legal que integra activos y pasivos de estas Cajas; consensuado por los dos partidos mayoritarios para tapar el desastre de la especulación inmobiliaria y de paso las responsabilidades de la gestión bancaria nefasta, a costa de los contribuyentes. En marzo de 2011, hace poco más de un año, se lanzaba Bankia como filial de BFA, un nuevo banco privado con la aportación de 4,465 millones de euros del FROB, el fondo estatal de rescate bancario. De este modo se pretendía resolver los problemas de insolvencia de Bancaja y otras, en particular de Caja Madrid, "la más dañada por la crisis del ladrillo".
Surgió así un monstruoso banco "demasiado grande para dejarlo caer", de un elevado riesgo para el sistema financiero español por sus 10 millones de clientes-depositantes, sus 22,000 empleados y 400,000 accionistas además del volumen millonario de la cartera de participaciones empresariales, un tinglado bancario madrileño montado con dinero público del contribuyente bajo un ilustre político fracasado como director gerente del FMI y uno de los patrocinadores de la legislación que liberó el suelo patrio para la especulación inmobiliaria. Era el cuarto banco español; la joya del PP desde hace años.
El fracaso inicial de la salida de Bankia a Bolsa en junio de 2011 demostró su fragilidad financiera de origen. Aunque, con la fe neoliberal en las bondades de los mercados financieros, nuestros gobernantes, incluido el gobernador del Banco de España, creyeron que sería superada con la influencia en "los mercados" del ex Director Gerente del FMI. Eso sí: atraídos por la imagen histórica de las Cajas una gran parte pequeños ahorradores, jubilados en su mayoría, compraron acciones del nuevo banco, ahora depreciadas en un 40 %; o compraron participaciones preferentes engañados por la creencia de que hacían un depósito.
Como ha sucedido en las restantes Cajas de Ahorro bancarizadas, el Presidente de Bankia y todos los demás gestores bancarios allegados al partido gobernante y sus baronías regionales, se aseguraron retribuciones desmesuradas mediante contratos blindados que contaron con el beneplácito de las autoridades incluido el supervisor, el Banco de España. Unos hechos denunciados por una parte de la opinión pública sin mayores consecuencias hasta la fecha.
Segundo. Había que ocultar la cruda realidad. En la formación del nuevo proyecto bancario madrileño, la ingeniería financiera asignó los llamados activos "tóxicos" (léase préstamos impagables, viviendas y solares sin mercado previsible) al "banco malo", el BFA; y los activos buenos y de dudosa validez se asignaron a la filial única, Bankia, una compleja operación de manipulación contable esperando que las ganancias futuras de Bankia cubrieran la insolvencia de la banca matriz que tiene ahora un capital cero, se asegura. El resto lo aportó la contabilidad financiera y sus expertos; con la expresión "valores tóxicos" puesta en circulación en Wall Street para denominar aquellos activos subprime cuando ya carecían de mercado y nadie sabía lo que valían, en España se ha aplicado interesadamente para evitar mencionar los inmuebles que tienen existencia física real, pero cuyo valor contable resulta imaginario porque el valor razonable del mercado (mark to market) nadie lo sabe, son activos que ni se venden ni se compran ni ahora ni en mucho tiempo.
¿Qué criterios contables precisos sirvieron de base para deslindar en las cuentas los activos buenos y malos y su reparto entre BFA y Bankia?
Tercero. El financiarizado contexto europeo actual contribuyó a la supervivencia de Bankia. Más aún, Bankia ejemplifica el fracaso de la política del BCE frente a la crisis de la deuda soberana del euro, que incentiva el negocio especulativo financiero de los bancos en lugar de generar crédito; fue uno de los primeros bancos europeos en solicitar liquidez (15,000 millones de euros en Diciembre de 2011 y 25,000 millones en febrero 2012, al 1 %. Como muestra, digamos que aportaba al BCE como garantía los bonos de renta fija del Fondo de Activos Corporativos V, que están respaldados por préstamos diversos, como los concedidos al Real Madrid para los fichajes de Ronaldo y Kaká. Y que obviamente han servido para adquirir deuda pública de elevada rentabilidad, además de cubrir sus vergüenzas contables derivadas de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Caja Madrid como tantas otras Cajas hace tiempo que dejó de ser banca tradicional de depósito para convertirse en banca financiera, nutrida por la especulación en "los mercados". Y si los gobiernos de la UE quisieran acabar con esta especulación bancaria, justificada con la falacia de que los estatutos del BCE no le autorizan a prestar dinero a los gobiernos del Eurogrupo, ¿por qué no se ha modificado ese tratado en tres meses como se ha logrado concluir el aberrante pacto fiscal?
Cuarto. Los reguladores privados en la sombra del casino financiero se imponen sobre los supervisores públicos. La auditora Deloitte, una de las cuatro grandes del mundo y necesitada de recuperar prestigio, destapó la cruda inviabilidad del proyecto bancario privado, advirtiendo ya en febrero pasado el desajuste patrimonial de BFA, originado por la pérdida de valor de su filial Bankia. La crisis de Bankia, con la dimisión de su Presidente, no fue decisión de los accionistas ni del supervisor sino que la desencadenó la negativa de la auditora Deloitte a avalar unas cuentas considerando que el valor real de BFA asciende a 8500 millones euros frente a los 12,000 registrados en sus libros. Por tanto, la actuación del Banco de España ha quedado en entredicho porque en febrero último afirmaba la capacidad de todas las entidades financieras para hacer frente a las provisiones requeridas por la reforma financiera aprobada por el gobierno en ese mes. Asimismo, el Banco de España no puso ninguna objeción al plan de saneamiento presentado por Bankia el 31 de marzo y el 17 abril como queda claro en su comunicado, aunque se cubría advirtiendo de que si se diese el caso de que alguna entidad no lograse alcanza el nivel de capital requerido siempre podría acudir al FROB.
Quinto. El rescate de Bankia, cuya cuantía todavía está por determinar en función de la valoración de sus activos y que el gobierno ha querido denominar "nacionalización transitoria", no resuelve todos los problemas porque los daños colaterales de esta crisis son ya cuantiosos. Por el momento está clara la pérdida de confianza exterior en este país, sus bancos y en las políticas gubernamentales que nos hunden en una profunda recesión económica; como prueba la exigencia de la UE de una valoración independiente de todos activos bancarios. A lo que se añaden las negras perspectivas para las actividades culturales, asistenciales y sociales de la Obra social de Caja Madrid y de las restantes Cajas. Y por un largo momento, la pérdida de confianza inversora se traduce en depreciación de las acciones de las empresas participadas por BFA-Bankia, cuya cartera abarca, entre otras empresas importantes, Indra (20%), Mapfre (15%), NH Hoteles (15,74 %), IAG (Iberia-British Airways) (12 %) o Iberdrola (5%), con la dificultad añadida de que la liquidación de esas participaciones no resulte oportuna en una Bolsa bajista (Expansión, 11/5/2012).
Y, como ha ocurrido en las economías fallidas de algunos países en desarrollo, ahora"los fondos buitres vuelan en círculo sobre Irlanda y España" nos decía el titular de un reportaje del Financial Times del miércoles 9 de mayo. Pero, mientras parece que estos fondos especulativos, que se aprovechan de los países hundidos por las crisis financieras, no han encontrado las gangas que esperaban en Irlanda, su actividad creciente en España se encamina más que hacia el agobiado mercado de los préstamos hipotecarios y al consumo, al acecho de oportunidades en participaciones de empresas punteras, en las "corporate oportunities".
Así podremos contemplar cómo la derecha española, de tan delicada sensibilidad nacionalista frente a los guiñoles de la TV francesa y a las decisiones soberanas de Argentina, tras haberse desprendido clubs de fútbol populares, irá vendiendo parcelas significativas de las antiguas empresas españolas.
Juan Hdez. Vigueras es autor, entre otros libros, de El casino que nos gobierna. Trampas y juegos financieros a lo claro, Madrid, Clave intelectual, 2012.
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| El poder bancario y sus vasallos gubernamentales |
| Charles-André Udry |
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La «limpieza de los bancos» es, desde hace meses, una verdadera prueba para el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y la oligarquía española, así como para sus «socios» europeos. El sector bancario ocupa un lugar importante en España, debido a un fuerte proceso de concentración-centralización y a una pronunciada transnacionalización de sus principales agentes. A finales de 2011, el balance de los bancos se sitúa a la altura de un 330% del PIB (Neue Zürcher Zeitung, 9 mayo de 2012). La exposición de los acreedores (bancos, en lo esencial) al sector de la construcción e inmobiliario se eleva a 338.000 millones de euros (405.600 millones de francos suizos), de los que son «problemáticos» entre 176.000 y 184.000 millones, según declaraciones del Banco de España (Wall Street Journal, 8 de mayo de 2012,Les Echos, 8 de mayo de 2012, El País, 9 de mayo de 2012).
Dicho de otro modo: se trata oficialmente de préstamos «dudosos» – en el lenguaje corriente se habla de «gentes dudosas» – a constructores y promotores inmobiliarios, los ex-hacedores de milagros, hace ya cinco años. Se incluyen hasta bienes inmobiliarios adquiridos por los bancos a causa de «impagos». Entiéndase: asalariados a quienes se han vendido apartamentos y que no pueden hacer frente al pago de los intereses hipotecarios, por no hablar ya del reembolso del principal. Por decenas de miles, a estos «proprietarios» los han echado de «sus» pisos…pero deben sin embargo, pagar su deuda, aunque esté un poco «acomodada».
Hace falta situar este rescate de los bancos en un contexto en el que la caída de la producción industrial – uno de los factores que alimentan el paro, con sus desastrosos efectos sobre los ingresos de los asalariados y de sus familias – continúa desde octubre de 2011 a tasas mensuales (en relación al año precedente) que oscilan entre un -3% y un -7,5% (en marzo de 2012).
El banquero político y el político banquero
La dimensión del rescate de los bancos revela el entrelazamiento entre este sector y el poder del Estado. Hace varios años que insistimos en la mutación que se ha operado en la jerarquía de las instancias gubernamentales y del Estado. El primer lugar lo ocupan, desde los años 80, los ministros de finanzas y los bancos centrales. Esto se acentúa en el marco de la Unión Europea (UE). Hoy en día, con la crisis de la «deuda pública» – que no es pública, hay que repetirlo, sino del sistema bancario y de seguros – se ha impuesto una superposición estridente entre imponentes banqueros y «técnicos gubernamentales». Es lo que ilustran los Mario Monti (Italia), Lucas Papademos (Grecia) o incluso Luis de Guindos Jurado en España. En la operación de rescate del sistema bancario español resalta con nitidez este trazo grueso.
Rodrigo Rato, patrono de Bankia – cuarto banco del país, fruto más que maduro de siete cajas de ahorro, cuyo porvenir es tan dudoso como sospechosa fue su unión –, ilustra esta maquinaria. Nacido en 1949, es hijo de dos riquísimas familias de Asturias, encarnadas por su padre, Ramón Rato, y su madre, Aurora Figaredo. Su padre fue uno de los grandes banqueros de España (El Pais, 8 de mayo de 2012). Formado por los jesuitas, realizará sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid y en Berkeley. A los 30 años ingresa en Alianza Popular (AP), de la que se convertirá en dirigente, y después en el Partido Popular (PP), formación unificada y creada por el franquista Manuel Fraga, [recientemente] «desaparecido».
Fue ministro de Economía con Aznar entre abril de 2000 y abril de 2004. Ya lo había sido antes entre 1996 y 2000, siempre con Aznar; todo ello habiendo desempeñado la tarea de segundo vicepresidente del gobierno entre mayo de 1996 y 2003. En estas funciones, fue él quien regentó la «burbuja inmobiliaria» cuyas explosiones, de rebote, han golpeado finalmente a Bankia.
En un primer momento, orientará su carrera internacional como «representante» de España en el Banco Mundial (BM), en el Banco Internacional de Desarrollo (BID), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) o como representante del Ministerio de Economía en la UE. Prosigue su ascensión en el FMI. En efecto, sucederá como director general al alemán Horst Köhler, de la CDU, tras el breve periodo de interinidad asumido por la norteamericana Anne Krueger (marzo-junio de 2004). R. Rato fue coronado el 7 de junio de 2004 y dimitió el 31 de octubre de 2007. Se reciclará rápidamente en el Banco Lazard de Londres, con dos continentes como campo de batalla cuyo terreno conocía bien gracias a sus responsabilidades precedentes: Europa y América Latina.
En diciembre de 2009, entra en Caja Madrid, cuyas riendas toma en enero de 2010. Algunos meses más tarde, anuncia la fusión de esta entidad – que flotaba sobre un cojín de acreedores hipotecarios hipotéticos y sospechosos – con otras cajas agujereadas: Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las Cajas de Avila, de La Rioja y de Segovia. Con el descaro propio de su casta – con la seguridad de esa inmunidad que Dios concede, sin límite de crédito, a los suyos de veras – apuesta sobre sus redes y su distinción para: desactivar la bomba de tiempo que constituye la gestión clientelar y de estafadores de estas cajas, estabilizar la vacilante pila de préstamos hipotecarios y guardar silencio sobre las más que magras entradas de depósitos de los ahorradores. Así se pone en marcha el mecano Bankia (con una participación dominante de Caja Madrid, 52,06%, y de Bancaja, 37,7%) y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). A principios de mayo de 2012, Rodrigo Rato osaba todavía afirmar que no era necesario ningún rescate del Estado; una especie de proclamación provocadora en la atmósfera de Kriegspiel que reina entre tiburones de la banca e intrigantes del gobierno Rajoy.
Los «mercados» – los inversores – no ignoraban que la exposición a los activos inmobiliarios no estaba neutralizada por las iniciativas de Rato y sus adláteres. El cierre del 20% de sus oficinas supone un ligero maquillaje en términos contables. Luego se pone en marcha una operación, correctamente denominada segregación, en abril de 2011. Traducido: se efectúa en la «casa madre» una clasificación y asignación de los activos más tóxicos al BFA, que se ha construido sobre la base de un sistema de mutualización y autoprotección en diciembre de 2010 y comienza su actividad el 1 de enero de 2011. Volvemos a encontrar ahí a las cajas. El BFA es el accionista mayoritario de Bankia. Este último no sólo dispone de una red en España sino que está activo a escala internacional: Lisboa, Dublín, Milán, Londres, Munich, Viena, Miami, Pekín y Shanghai. Una tarjeta de visita que no basta para tranquilizar a «los mercados», al contrario. Las acciones de Bankia se despeñan entre el 2 de agosto de 2011 y el 8 de mayo de 2012 de 3,9 euros a 2,375 euros, es decir, una caída del 39%. La exposición a activos sospechosos de Bankia se eleva a 31.800 millones de euros. .
Deloitte enciende la mecha
La mecha la ha prendido la sociedad auditora Deloitte, una de las cuatro grandes multinacionales de la auditoría junto a PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst&Young y KPGM. Deloitte ilumina el fallo en su informe de auditoría (El País, 9 de mayo de 2012). En efecto, en el balance de 2011 del BFA se contabiliza una participación en Bankia por valor de 12.000 millones de euros. Según el valor de mercado (el precio de las acciones en Bolsa), se estima esta participación en 2.000 millones. Una ligera diferencia. Aun cuando, según las normas contables en vigor y dado que el BFA no pensaba ceder enseguida sus acciones de Bankia en el mercado, era posible atribuir a esta participación un valor de 8.500 millones. Pero una deducción mínima de 3.500 millones en el balance señalaba la necesidad. Ahora bien, si se cotejan las ganancias del BFA, o sea 41 millones de euros, y la pérdida a registrar, o sea, 35.000 millones, salta a los ojos la dificultad aritmética.
Deloitte había sugerido una solución: poner a cero el patrimonio del BFA, la casa madre de Bankia, y para no dejar BFA totalmente al desnudo, transformar la participación preferencial del Estado español en capital del BFA. Pero esto equivaldría a la nacionalización al 100% de BFA. Una vez más se ofrece la imagen de la toma de rehenes con la que operan los bancos: un rescate obligado, pero sin contrapartidas. Lo que justifica desde nuestro punto de vista, muy concretamente, la exigencia política y estratégica – en la perdurable crisis presente del capitalismo – de una nacionalización-desprivatización del sector bancario, para hacer de ello un polo público único, que no entre en competencia con los grandes cachalotes privados, esos que se zampan a un tiburón de un bocado.
Se perfila otra solución: asignar a Bankia fondos públicos sin «intervención alguna del Estado» (La Vanguardia, 9 de mayo de 2012). En otras palabras, canalizar hacia Bankia ingresos del conjunto de asalariados contribuyentes que sufren un ataque sin precedentes contra el salario social: salario directo, indirecto, asignaciones diversas, educación, sanidad, guarderías, etc. Volveremos sobre ello, pues la decisión concreta sobre la materia debe tomarse este viernes 11 de mayo. A menos que, acelerándose la crisis «en los mercados», como síntoma de una crisis del sistema bancario, se escoja la nacionalización antes como intervención de urgencia.
De Rato a Goirigolzarri
A Rodrigo Rato lo substituirá un hombre de confianza: José Ignacio Goirigolzarri, nacido en Bilbao en 1954. Dejó el gran banco BBVA – del que fue uno de los que pilotó su expansión por los Estados Unidos de América, tras treinta de buenos y leales servicios. Su salida, con la ayuda del gran patrón del BBVA, tuvo lugar hace 32 meses. Recibe una indemnización estrella de 61 millones de euros, de la que esperar un nuevo mandato tras haber firmado una cláusula de confidencialidad y de no competencia. El Banco de España y el gobierno «han presionado para que acepte»(El Pais, 8 de mayo de 2012).
Rato no parecía muy dispuesto a dejar los mandos de piloto de Bankia. Entre gentes de buena crianza, y desconfiando por tanto como es norma, José Ignacio Goirigolzarri ha exigido todos los poderes. Y los ha conseguido.
Este género de enfrentamientos constituye un reflejo de los que tienen lugar en el seno mismo del PP y de la oligarquía reinante, situada bajo los golpes de una crisis de una fuerza que no se había previsto necesariamente en todos sus contornos. Este terremoto financiero provoca sacudidas no sólo en los círculos dirigentes del «mundo de las finanzas», sino también en los correlativos del llamado campo político y del bloque social a los mandos. Mandos desdoblados en el «espacio europeo», donde las torres de control dudan en los pasillos si otorgar préstamos a los jumbos con trenes de aterrizaje poco fiables, pese a los procedimientos autoritarios que se maduran: los del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES) y del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en el seno de la UE (TSCG).
El Costa-Concordia bancario español necesita un capital sólido. Pero las profundidades de las finanzas del mercado español son más que traicioneras e imprevisibles. Puede estallar una crisis de falta de liquidez en el sistema bancario, sin previo aviso, y poner de rodillas a la oligarquía bancaria, que tomaría a la sociedad como rehén con una violencia fría y decidida.
Es hora de denunciar la toma de rehenes por parte de los bancos
El «rescate» de Bankia – bajo una u otra forma – saca a la luz la gravedad de la crisis bancaria sistémica en vigor en España y otros lugares. Veamos de qué forma se han engarzado y se engarzan los balances de Bankia y de otras instituciones. Con toda razón, Les Echos (9 de mayo de 2012) insiste en un dato, más allá de la crisis griega y su posible extensión a Portugal e Irlanda: los «inversores se preguntan ya por la situación de otras entidades y sobre los medios de España para ayudar a los demás [aparte de Bankia y BFA]. ¿Cómo encontraría el gobierno el dinero necesario en plena crisis?» François Duhen, estratega de CM-CIC, constata sucintamente:«España no ha llegado al final de sus problemas». En cuanto a los analistas de Barclays, en un artículo titulado «Por qué la crisis del euro se hace aun más compleja», afirman: «El sistema bancario ibérico necesitará a corto plazo100.000 millones de liquidez, y en la hipótesis de que sea el Estado quien deba poner todo el dinero, la deuda pública salpicaría al 100% del PIB y el esfuerzo de austeridad presupuestaria habrá sido en vano» (24Ore/Il Sole, 9 de mayo de 2012).
Entre líneas de diferentes artículos de la prensa económica, sobresale otra interrogación en forma de eufemismo: ¿qué «grado de aceptabilidad social y política»va a manifestar la población frente a esta socialización de las pérdidas de una deuda bancaria presentada como algo público y «justificar» que se enjuague con los impuestos de los asalariados? Aquí es donde la «crisis griega» adquiere un eco europeo mediante el rechazo masivo de la regresión social y existencial.
Ahora bien, los bancos españoles han logrado en estos últimos meses la hazaña de recoger fondos (acciones y obligaciones convertibles) de «pequeños ahorradores», desde luego una minoría de la población, y de fondos de pensiones, así como de vendedores de seguros de vida.
Según el Banco de España, los fondos recogidos en el último trimestre de 2011 son superiores en unos 8.000 millones de euros a los adquiridos en el mismo trimestre de 2010. Este acopio – gracias a una ofensiva de marketing – ha permitido, en parte, camuflar por más tiempo las pérdidas infracontabilizadas en los balances de los bancos.
La crisis de Bankia – con el lote de «escándalos» que van a salir a la superficie – puede golpear a los buques insignia del sistema bancario español. De ahí el nerviosismo que se registra y los tajantes enfrentamientos sobre los parqués encerados y las moquetas mullidas. Tanto más cuando se había difundido a mansalva desde hace tres años la imagen de control del sistema bancario, pese al desastre gigantesco del hundimiento inmobiliario, es decir, de la crisis de superproducción de alojamientos.
¿Cómo se explica que ninguno de los grandes bancos españoles haya anunciado pérdidas en sus resultados anuales desde el inicio de la crisis financiera de 2008 (que data más exactamente de 2007), cuya cuarta fase está en curso?
El rescate de Bankia marca una nueva etapa socio-política en España. La denuncia de la deuda y el objetivo de una nacionalización-desprivatización de los bancos se convierte en eslabón necesario de una lucha contra las políticas de austeridad. Es decir, contra el paro y la degradación histórica del salario social, contemplado como precio de la reproducción ampliada, en la duración de una vida, de la fuerza de trabajo colectiva del asalariado, a partir de baremos establecidos en los años 1970-1980. A lo que debería añadirse, a partir de coordinaciones sectoriales de resistencias y luchas, una perspectiva europea, socialista y democrática. Esto último puede plantear, bajo el ángulo de la solidaridad de clase, la cuestión de una reconquista soberana de derechos expropiados, derechos que traducían la necesaria satisfacción de necesidades sociales y de una verdadera seguridad, en primer lugar, de orden social.
Charles-André Udry es profesor de economía en la Universidad de Laussane, director de Editions Page deux y editor de la revista electrónica suiza A l´encontre.
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