¿Qué quieren conservar?
Eduardo Aliverti
Pagina12
La intensidad informativa de la semana pasada –una de las más convulsionantes del año– no debe medirse como ardor en sí, sino por la generación de sensaciones y juicios muy contradictorios. Pero al cabo de eso, tal vez se descubra que hay un punto donde no rige contradicción alguna.
El fallo que absolvió a todos los acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón despertó una repugnancia espontánea, unánime, extendida a varios puntos del país como quizá no se vio nunca. Por si no hubiera bastado, la increíble (o todo lo contrario) sentencia de los jueces tucumanos quedó empalmada con la de Cámara que, en tiempo súbitamente relámpago y a contrapelo de lo indicado por la Corte, había concedido a El Grupo la extensión de uno de sus ardides. La indignación social, total o parcial, forjada por los dos fallos, tuvo el alimento de sus repercusiones políticas e institucionales. La Presidenta habló de la Justicia como un poder estatal que responde a sus intereses de clase. El titular de la Corte la retrucó, pero en simultáneo se vio obligado a desmentir que tenga aspiraciones presidenciales. Antes de eso, unas fracciones de ese universo judicial, sea corpo o no, se manifestaron contra supuestas presiones del Poder Ejecutivo en términos de dureza y pretensiones inéditas. De inmediato, otro segmento del mismo cosmos tribunalicio les salió al cruce con retórica de dureza parecida. Llegó el fallo del caso Verón y casi todos se pusieron de acuerdo en presentar un estremecimiento vomitivo, que en cierto aspecto parecía darle razón global a los señalamientos de Cristina. Y en eso estábamos cuando el viernes salió el dictamen de primera instancia que establece la plena constitucionalidad de la ley de medios. Los medios de El Grupo tardaron alrededor de una hora en dar a conocer la noticia con rango de “último momento”; y demoraron más todavía en exponer a sus voceros para afirmar que falta un largo trecho hasta que esto pueda considerarse sentencia definitiva. Entre una cosa y otra, mechados y favorecidos por la masacre en la escuela yanqui, anduvieron presentando cronistas que perseguían tormentas en auto; y a una china que escribe a dos manos, en dos idiomas a la vez. Fue una foto impactante en torno de que El Grupo no esperaba ni de cerca que el juez Alfonso fallara en estos días. Sí en su contra, pero no ya. Y si lo esperaban, no son precisamente un canto a la capacidad de reacción. Alguna gente del Gobierno y muchísima actividad en las redes sociales reaparecieron para decirle chau a Clarín. Es comprensible, después de tanto apriete y victorias corporativas coyunturales. Sin embargo, hacia el fondo de la cuestión (la de visión política abarcativa), vale advertir que no se trata de andar cambiando de opinión sobre el sistema integral de Justicia, según sea que un fallo gusta o no gusta. Dictamen de Cámara a favor de cautelar de Clarín, más fallo Verón, pensemos para acá. Veredicto Alfonso en contra de Clarín, cambiemos para allá. Eso es una simplificación sí contradictoria, emocional, arrebatada, que extravía lo que es el nodo principal: la Justicia acaba de sumarse, explícitamente, a la lista de poderes que también entran en revulsión. En crítica abierta. Se cae otra vaca sagrada, o al menos se le acaba la impunidad absoluta y las críticas parten también desde sus entrañas. La impresionante respuesta de jueces y funcionarios judiciales que recibió la Asociación de Magistrados es un testimonio inédito e inapelable de esa constatación.
Hay algo que, de buena leche, no podría discutir ni el antikirchnerista fanático más obcecado. Desde 2003 en adelante, prácticamente todas las áreas y sectores de la vida política, institucional, corporativa, son susceptibles de ser sometidos a controversia y enfrentamiento. En general, los choques tienen el impulso original del Gobierno. De ahí en más, sucede una de tres cosas: a) las colisiones adquieren vida propia porque partes variadas de la sociedad toman el envión como bandera, a favor o en contra; b) el oficialismo se mantiene como protagonista casi excluyente; c) una combinación de las dos anteriores. Siguiendo ese orden, la ley de medios fue promovida por el kirchnerismo; pero la alarma de Clarín&Cía por un lado, y por otro la multiplicación de foros de debate en todo el país a más de la toma de posición de profesionales, intelectuales y organizaciones sociales, hicieron que la energía tomara dimensión por las suyas y así continúa. El Gobierno lanzó la 125; la comunicó en forma horrorosa; no previó que debía partirles el frente a los involucrados; los potenció; se lo llevaron por delante y, en términos de fijación de agenda e imaginario y ocupación de la calle, las perdió, quedó solo, con el traste tocado por Cobos y la derrota electoral del 2009, hasta su inesperadísima recuperación de iniciativa. También fue el Gobierno quien impulsó la inmensa mayoría de las acciones y leyes que amparan los derechos de las minorías, como el matrimonio igualitario y la identidad de género; pero después siguió más bien acompañando, confiado en que como sucedió esas minorías movilizadas, y ocupando espacios comunicacionales, serían un poder de fuego suficiente para terminar de torcerles el brazo a los dinosaurios de toda especie (hoy, medido en cantidad de instrumentos faltantes respecto de resguardar derechos de esa naturaleza, si es por impacto masivo sólo restaría la despenalización del aborto aunque, antes que nada, ése es un problemón de acceso de clase, no de tribunales). Dicho esto, surgen dos opciones segura o probablemente irreconciliables que, en definitiva y con los agregados que se quieran, son las que se expresaron a través del 13S, el 8N, el 9D y las alternativas alfanuméricas pasadas y por venir.
Una opción es tomar nota de que este modelo, experimento, proyecto, intentona, circunstancia histórica, etapa refundacional del peronismo, ensayo de izquierdizarlo, remake del evitismo o como quiera llamárselo, pronto cumplirá diez años de lograr que estén con muchos pelos de punta la Iglesia Católica; terratenientes y socios forrescos que alguna vez anidaron en El Grito de Alcorta; oligopolios de prensa; fondos buitre; capitales imperiales; españoles que se nos cagaban de risa; comunicadores que con la rata estaban a sus anchas para vestirse de progres; consultores de grandes empresas que militan en la equivocación; eternos pronosticadores de fin de ciclo; caceroludos sacados porque no hay conferencias de prensa presidenciales, entre otros detalles de sumo interés; periodistas símiles de esos empleados fieles que terminan con una patada en el trasero y un reloj trucho de reconocimiento. A esa nómina de otrora incuestionados, se suma el Poder Judicial.
La otra opción es pensar que lo antedicho simboliza, precisamente, el modo en que este engendro llamado kirchnerismo dividió al pueblo hasta la exasperación. Justo a este pueblo, que siempre estuvo tan unido. Razonar que está afectada la división de poderes constitucionales; la distribución de la pauta publicitaria oficial; la moral pública porque Cristina se aloja en hoteles de lujo y no en pocilgas de mala muerte; la igualdad distributiva porque en NEA y NOA hay asentamientos de miseria africana que las meretrices periodísticas acaban de descubrir, pero guay de revelarlas en los territorios donde su patronal estimula sus candidatos al postCristina. Inferir que hay una cacería de periodistas opositores, a falta de dirigentes políticos opositores que al menos den un indicio, uno solo, de que son peligrosos, activos, avasallantes. Tuvieron su oportunidad tras la victoria gauchócrata y no supieron aprovecharla, ni en el Congreso ni en ningún lado. La hipótesis podría ser que no pudieron porque, sencillamente, carecen de creatividad y algunos elementos que se sitúan en el bajo vientre, digamos para exponer que son capaces de formular un capitalismo mejor que éste. Y la pulsión por la pulsión misma, el oponerse por oponerse, termina en la foto de “la piba” Bullrich contigua a Moyano, el otro día, por poner un ejemplo más de cómo se rifan convicciones que no fueron ni son tales. Paradigmas de los conventillos falsos. De la invalidez para interpretar por dónde pasa el tren de la historia. La Bullrich, como ministra de Trabajo del inolvidable gobierno de la Alianza, fue cabeza mediática para justificar el ajuste contra los haberes jubilatorios. Moyano, entonces emblema de uno de los peronismos de aparato que en los ’90 supo no confundir al enemigo, le saltó a la yugular y la escarneció, con razón, en cuanto foro le prestaran los medios que hoy vuelve a usar para pregonar la revolución del mínimo no imponible. Ahora, La Piba y Moyano se fotografían juntos, desprejuiciados, en imagen análoga a la del hijo de Alfonsín con Macri, la de Macri con Buzzi, la de Buzzi con el primer capanga que brote y así de corrido hasta, de veras, perder la capacidad de asombro o algo parecido.
Obviamente, el periodista se cuenta en el grupo de la primera opción. La de agendar que están nerviosos aquellos que son las antípodas de un modelo tan imperfecto como bien orientado. Eso da o daría la pauta de que, a tales conservadores furiosos, se corresponde acentuar que el contrincante está genéricamente acertado. Todo entró en revulsión, agregada ahora la Justicia. Y eso es producto de un trazado gubernamental que lo habilita.
Los conservadores deberían tener la valentía de decir qué es lo que quieren conservar.
No lo dicen porque se dan vergüenza ajena.
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El ministro de Justicia y el titular de la Afsca explicaron que a partir del fallo del juez Alfonso la ley de medios está plenamente vigente y que la apelación, anunciada por el Grupo Clarín, no suspende la aplicación de la adecuación de licencias.
”A partir de mañana (por hoy) se inicia la transferencia de oficio. Se empieza a estudiar la adecuación voluntaria en los casos de quienes se presentaron y se inicia la transferencia de oficio para el que no se presentó voluntariamente.” El titular de la Afsca, Martín Sabbatella, anunció de esta manera que a partir de hoy el organismo comenzará con el proceso de transferencia de oficio del único grupo que no se presentó de forma voluntaria al plan de adecuación de medios que exige la confirmada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A través de una solicitada, el Grupo Clarín, en tanto, volvió a decir que apelará el fallo del juez de primera instancia Horacio Alfonso, que el viernes pasado ratificó la constitucionalidad de la norma. El titular de la Afsca sostuvo sin embargo que la ley está vigente y advirtió que la apelación no puede reimplantar la medida cautelar. El ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió en la misma línea: “No hay más cautelares”. “Hay una ley, con un juez que dijo que es constitucional. Yo presido el organismo de aplicación de la ley y estamos trabajando en la aplicación de la ley, así que a partir de mañana (por hoy) lo que haremos es la adecuación a la ley”, dijo anoche Sabbatella durante una entrevista en el programa 6-7-8. “Todos los grupos menos Clarín se aprestaron voluntariamente, es más, la mitad del Grupo Clarín también presentó una consulta de un posible plan de adecuación voluntaria. Ahora lo que comienza es el estudio de los planes y la evaluación de las correcciones que haya que hacer las haremos como está previsto en la ley.” Según explicó el titular de la Afsca, “la transferencia de oficio es un proceso de unos cien días hábiles”. Se inicia con un primer capítulo que es el estudio de las licencias de quien no se presentó. Luego se tasan las licencias, se hace la selección y el tercer capítulo son los concursos y adjudicación. Todo ese procedimiento hasta el traslado al nuevo titular se estima en cien días hábiles. Durante ese tiempo, Clarín deberá garantizar las condiciones del servicio y las fuentes de trabajo. “El titular actual durante ese tiempo tiene que hacerse cargo de mantener las fuentes de trabajo y proteger los bienes –señaló–. Por lo tanto mañana (por hoy) se notifica la transferencia y al titular se le dice que garantice el servicio y las fuentes de trabajo hasta que el nuevo titular se haga cargo.” En el proceso de “adecuación voluntaria” el que define qué hace, qué separa y cómo desvincularse seriamente es el titular de cada grupo, dijo el funcionario. En cambio, cuando la adecuación no es voluntaria, sino de oficio, el que organiza es el Estado: “Si vos cumplís la ley, bien; si no el Estado te hace cumplir la ley como corresponde”. El multimedio encabezado por Héctor Magnetto, en tanto, reiteró a través de la solicitada y de sus abogados que apelará la decisión del juez Alfonso, que trabajó durante varias semanas en el fallo, como lo consignó este diario en la edición del sábado. Sin embargo, el Grupo volvió a decir ayer que el fallo “fue dictado en pocas horas” y “sin considerar las numerosas y contundentes pruebas reunidas en más de 3300 fojas”. E indicaron que está basado en “consideraciones dogmáticas, políticas y autocontradictorias”. “Vamos a apelar el lunes mismo (por hoy) y la apelación tiene un efecto suspensivo”, dijo el abogado del multimedios Damián Cassino en alusión a una medida que pretende frenar no sólo la sentencia de Alfonso con la declaración de constitucionalidad de la ley, sino reponer la medida cautelar que demoró su implementación durante tres años. La posibilidad de que la apelación de Clarín suspenda la aplicación de la ley es uno de los datos que el Gobierno evalúa desde el viernes. Sobre todo porque puede volver a poner en escena a la Cámara Civil y Comercial que a un día del 7D prolongó la cautelar. Sin embargo, desde el viernes los abogados constitucionalistas vienen diciendo que esa medida no puede ser reimplantada como lo quiere Clarín. Ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, se pronunció en el mismo sentido. “La aplicación de la ley de medios está absolutamente liberada”, dijo en el mismo programa y agregó que el fallo del juez es “impecable” y que “ya no hay más cautelares”. “La sentencia es impecable, se ajusta al espíritu de la ley. Y declaró que no hay más cautelares eternas como aprovechó Clarín durante tres años. La cautelar no sigue vigente, no existe más.”