ExCiccone Calcográfica, una historia plagada de sospechas


Raúl Dellatorre
Pagina/12

Desde sus orígenes hasta su etapa final, el recorrido de seis décadas de la empresa atraviesa diversos períodos oscuros. Su gran salto con el Mundial ’78. La estrecha relación con Gostanian. La pelea y reconciliación con Cavallo.

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Ex Ciccone Calcográfica, devenida en Compañía de Valores Sudamericana.
La historia de la firma Ciccone está plagada de puntos oscuros. Nació de una sociedad entre dos familias, Lima y Ciccone, pero tras la muerte del titular de las acciones por la primera apareció un misterioso documento que había firmado en una escribanía por el cual cedía la propiedad del paquete que le correspondía a los Ciccone (según relata Martín Granovsky en nota que transcribimos al píe). Las sospechas de la familia Lima no lograron torcer el rumbo de las acciones. El final de la firma no es menos llamativo: transformada en Compañía de Valores Sudamericana, es expropiada sin que se conozca quiénes son sus últimos dueños.
En seis décadas de existencia, el establecimiento gráfico creado por los hermanos Ciccone fue creciendo como un emblema de las empresas que van engordando al amparo de las prebendas del Estado. Su gran momento lo tuvo con el Mundial de Fútbol que organizó la dictadura militar en 1978, cuando el almirante Carlos Lacoste (titular del ente organizador, EAM 78) le adjudicó la impresión de las entradas de los partidos. La misma adjudicación la habilitó para importar sin aranceles la maquinaria necesaria, facultad que siguió aprovechando varios años después para poder entrar en el negocio de impresión de billetes de lotería y tarjetas perforadas para juegos de azar.
El geométrico crecimiento que logró en esos años tuvo otro “golpe de suerte” con la llegada de Armando Gostanian a la titularidad de Casa de Moneda, durante el menemismo. En esos años amplió su capacidad de impresión de billetes y documentos de carácter oficial, a cambio de millonarios contratos.
Fue en ese mismo período en que el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, la vinculó a Alfredo Yabrán, a partir de una reservada operación financiera por la cual el fallecido empresario habría aportado 25 millones de dólares para cubrir un crédito impago que Ciccone Calcográfica mantenía con el Banco della Svizzera Italiana. Dicha operación se habría triangulado a través del Banco de la Provincia de Córdoba, tres meses antes de que Eduardo Angeloz dejara la gobernación. Sin embargo, pocos años después Cavallo se desdecía señalando que su denuncia se debía a “fuentes erróneas”.
Aquel año 1995 fue el más difícil para los hermanos Ciccone, porque la denuncia de Cavallo ante la Cámara de Diputados del 23 de agosto les hizo temer por la suerte de sus millonarios contratos en el país y en el exterior. Quien ofició de amable componedor para obtener la retractación fue James Cheek, ex embajador estadounidense en Buenos Aires hasta 1996, confidente por ese entonces de Cavallo, que fue contratado como lobbista por los Ciccone en 1998.
A su modo, es decir haciendo gala del juego de influencias sobre organismos públicos, Ciccone Calcográfica intentó repetir a partir de 2003 su modus operandi para sacar ventajas. Esta vez se trataba de conseguir que la AFIP jugara a su favor en el concurso de acreedores para aprobar la propuesta de refinanciación de deudas. Una documentada denuncia de un acreedor menor en 2004 por intento de comprarle el voto (ver la nota de Granovsky, en este diario, ya mencionada) frustró todo el andamiaje. El proceso siguió hasta la instancia de solicitud de quiebra por la AFIP.
La historia de Ciccone Calcográfica, incluso en su tramo final, da para infinitas sospechas, y una sola certeza: no es la firma que se podría describir como “plenamente confiable” para la impresión de valores fiduciarios. Uruguay, Paraguay, Bahrein y otros países por donde había paseado sus contratos, ya se habían dado cuenta.


Las mañas de Ciccone

Martín Granovsky
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Están por cumplirse ocho años del momento en que los lectores de Página/12 tuvieron acceso a una querella penal contra Ciccone Calcográfica. Norberto Crespo, entonces dueño de Blue Arrow, una pequeña firma de transportes damnificada por la empresa, denunció ante la Justicia a los propietarios y a dos gerentes porque uno de ellos, el gerente financiero Daniel Reyes, quiso comprarle el voto en el concurso de acreedores.
Una filmación privada, de la que este diario informó en su edición del 3 de septiembre de 2004, muestra a un Reyes expansivo que explica el valor de los acreedores más pequeños ya que, según dijo, los grandes estaban fuera de juego.
“Cagar a la AFIP, ya está”, sintetizaba Reyes. “Cagar a Sagem, ya está. Cagar a IBM, ya está. Cagar al Société”, ya está.
Según el gerente financiero, las empresas grandes habían formado fideicomisos y eso las ponía al margen de una eventual votación. En cuanto a la AFIP, debía autoexcluirse en el voto.
La cifra de la deuda con la AFIP, por considerar solamente una, alcanzaba entonces los 255 millones de pesos. Es el mismo número que circuló ayer, casi ocho años después, en el debate del Senado previo al voto para estatizar la Compañía Sudamericana de Valores, que en cierto modo continuó la acción de Ciccone.
La querella de Crespo involucró a Reyes y también a Mario Verdún, gerente general, lo mismo que a los propietarios Nicolás y Héctor Ciccone. Héctor murió en junio último. Su nombre apareció publicado la última semana porque, según una versión, antes de morir habría recurrido a una escribanía para describir, en una declaración obviamente unilateral, una presunta reunión que habría mantenido con el vicepresidente Amado Boudou. No sería la primera vez que uno de los hermanos Ciccone mostraba su preferencia por un manejo testimonial. Surgida originariamente como Lima-Ciccone, la empresa quedó solo con el último apellido cuando el primero se terminó junto con su dueño. La familia Lima sospechó de la muerte de su pariente cuando descubrió que, antes de morir, había cedido en una escribanía las acciones que hasta entonces poseía en la sociedad.
La historia de Ciccone registra varios saltos propios que terminaron siendo sobresaltos para el prójimo. Uno fue la mudanza a la calle Irigoyen, en Versalles. Otro, la impresión de las entradas del Mundial ’78 cuando el marino Alberto Lacoste dirigía el ente en línea con Emilio Massera y la organización fascista Propaganda Dos.
Expulsada de Uruguay, de Paraguay y de la Asociación Internacional de Empresarios Fiduciarios, con denuncias en Bahrein, con juicios entablados por Banco Nación y Banco Provincia, con casos de fraude por pasaportes supuestamente perdidos en el norte argentino, con prácticas de cartelización para eliminar la libre competencia luego de haber marginado a la empresa Llenas, Ciccone Calcográfica terminó participando de la operación de compra de una parte de las acciones de la Compañía Sudamericana de Valores.
La ilusión de Ciccone y sus nuevos socios era repetir el viejo esquema de influencias en el poder que le había dado tan buenos resultados. Le resultó con Lacoste en la dictadura. Con Armando Gostanian mientras éste presidió de 1989 a 1999 la Casa de la Moneda por encargo de Carlos Menem. En todo momento funcionó con Esteban Caselli, subsecretario general de la Presidencia y embajador en el Vaticano de Menem, secretario general de gobernación bonaerense con Carlos Ruckauf y secretario de Culto en la presidencia de Eduardo Duhalde. Y resultó bien con Enrique Carelli, el mismo funcionario de Fernando de la Rúa que estaba encargado de la seguridad porteña en los días de Cromañón.
A pedido del gremio gráfico, el Estado le dio a Ciccone posibilidades lícitas y controlables para no cerrar la empresa. La firma eligió el camino de siempre y entonces el Poder Ejecutivo, al final, decidió la estatización de CSV. Una medida que avanzó con la media sanción de ayer y que, por cierto, no clausura ninguna investigación de la Justicia.