Provincia de Buenos Aires: Sobre la ley de juego aún no está todo dicho

Eduardo Anguita
Tiempo Argentino


¡Bingo! Los empresarios de apuestas serán quienes cubran el supuesto faltante de dinero público.


En un país donde el Estado Nacional puede disponer de la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, la empresa con mayor facturación de la Argentina, los ciudadanos se enteran de que la solución inmediata en la provincia de Buenos Aires para pagar el medio aguinaldo es extender las licencias de quienes son concesionarios privados del juego. Sí, ¡bingo!, los empresarios de apuestas serán quienes cubran el supuesto faltante de dinero público. Se supone que un decreto permitiría extender las licencias y que, a cambio de semejante favor, el sector podría aportar entre 1000 y 2000 millones de pesos. En el medio, hay una serie de rumores acerca de ganadores y perdedores en el mundo de las apuestas. En este caso, por decirlo en metáfora timbera, algunos tienen las cartas marcadas porque están más cerca del poder político. Pero, ojo, no sólo del provincial sino también del nacional. El mecanismo de auxilio fiscal sería que las salas de juego aportarán el llamado Cargo Fijo Extraordinario una vez que semejante favor se haga efectivo.

Para poner un ejemplo de una empresa que está instalada desde los tiempos de Eduardo Duhalde gobernador: la española Codere –que supo esponsorear a Banfield y luego se pasó a otro club del sur bonaerense– tiene cinco salas de bingo. Según sus propias cifras, en 2011, Codere tuvo ingresos por 3109 millones de pesos, de los cuales declararon ganancias por 482 millones de pesos. Para 2012, proyecta ampliarlas a $ 492 millones. Según el encargado de Codere en la Argentina, Héctor Luna, si les extienden las licencias por 15 años, el Cargo Fijo Extraordinario de Codere significaría 618 millones de pesos. 

Es lamentable la precariedad o inexistencia de ciertos debates. El mundillo que vincula a empresarios del juego y funcionarios públicos está siempre rodeado de sospechas. Desde ya, es difícil para cualquiera acceder a los mecanismos utilizados para martingalas político-empresariales o, dicho de otra manera, para poder vigilar más al sector vía organismos de control o comisiones legislativas. Desde 2009, la Lotería bonaerense tiene al frente a Jorge Rodríguez, un hombre vinculado a Scioli, apodado "Piedra". El cronista desconoce el origen del sobrenombre, pero alguien del organismo le contó que unos carteles de campaña para Scioli Gobernador que poblaban la Ruta 2 el año pasado llevaban una sigla que los entendidos sabían de qué se trataba: LPB, que en buen romance quiere decir Los Piedra Boys.  

TODOS PONEN. La pregunta que surge como inevitable es por qué el juego tiene que estar en manos privadas y no es un recurso público cuyos beneficios sean públicos. Así como Scioli salió a pedir el auxilio de los bingueros, hubo algunos que reflotaron la idea de estatizar el juego. Pero, ¿qué beneficios obtiene el fisco, bonaerense en este caso, del sector? En su página web, Lotería de la Provincia dice que se trata de “un ente independiente –descentralizado y autárquico– dedicado a la explotación y administración de los juegos de azar. ¿Qué sentido tiene que sea autárquico? No parece que sea una ventaja para la función que, a continuación dice: “Se encarga de la recaudación y control de los recursos producidos en ese concepto y de su posterior distribución en beneficio de la comunidad.” Y, ¿cuánta plata se mueve en el juego? Lotería de la Provincia afirma que “las ventas proyectadas para este año (2012) la posicionan por encima de las empresas argentinas de mayor facturación”. Y, enseguida, como si se tratara de una ONG o un grupo de damas de beneficencia, dice que “deriva la mayoría de sus recursos al desarrollo de los planes sociales, la donación de órganos, la salud y la educación”.

Una vez más, al revisar la legislación, el observador atento descubre que las normas son de 1985 (Ley 11.704), de 1990 (Ley 11.018) y de 1995 (Ley 11.612). Es decir, en estos años, pese a los cambios de paradigma y los fracasos del neoliberalismo, la Legislatura bonaerense no modificó la legislación que deja en manos privadas la explotación del juego. Alguien pegado a la letra de la ley podría decir que esto no es cierto porque no está prohibido que lo explote el sector público. Entonces, la responsabilidad podría decir que la comparten los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que ninguno decidió que los beneficios –ganancias– de la timba en vez de ir al Estado vayan al sector privado. 

¿Qué establece la ley respecto de la distribución de la recaudación del juego? En su artículo 7, la Ley 11.704 dice que el 58% debe destinarse a “premios”, el 21% “al titular autorizado para la explotación del juego”. Allí queda claro que, “en caso de que el juego fuera explotado directamente por el Organismo de Aplicación, los excedentes a los gastos que se originen, se destinarán anualmente a Rentas Generales de la provincia de Buenos Aires”. El 21% restante va a “la donación de órganos, la salud y la educación” como dice Lotería. De la siguiente manera: 4% para el municipio donde esté radicado el espacio de timba, 2% al ministerio de Acción Social de la provincia, 5% a un fondo para las municipalidades que no tienen salas, 3% al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, 6% al Fondo Provincial de Educación y 1% a la Policía Bonaerense. Este último rubro obliga a recordar que, históricamente, el juego y la prostitución fueron cajas de recaudación policial y política. Todavía, aunque parezca mentira, muchos uniformados e intendentes cuentan con recursos –por izquierda– del “lapicito”, como se dice en la jerga de la recaudación ilícita a la quiniela clandestina.

Está claro que esta normativa rige para juegos como la lotería o la quiniela, cuyas auditorías son más sencillas que otros juegos como los tradicionales de los casinos, ruleta o Black Jack. En estos casos, cada jugador va y cambia billetes a la entrada y cuando se retira recibe billetes sin muchos comprobantes. Es decir, los márgenes para blanquear o lavar dinero son más altos. Objetivamente. No es preciso ser un tahúr para pensar que uno de los motivos principales por los cuales no se estatiza el juego es porque las cuentas no son así y que, en realidad, entre quienes dan la concesión y quienes reciben la licencia hay acuerdos no escritos. Lo que vulgarmente se llama “caja”. Es decir, juego sucio, trampa, o como quiera llamarse. Y no sólo en la provincia de Buenos Aires, desde ya. Y no sólo en el juego, desde ya. Pero sería una gran señal que la sociedad no mire pasivamente esta historia. Porque seguro que muchos ni se imaginaban que la plata para el aguinaldo podía surgir de los bingueros. Y muchos no van a querer aceptar en forma pasiva que se les extiendan las licencias en cambio de darlas por terminadas. La ecuación es simple: es probable que no haya emergencia económica en territorio bonaerense, pero sí habría una emergencia intelectual –y quizá moral– si se les dan por 15 años más las licencias a quienes, sin poner un peso –porque en vez de invertir, recaudan– se quedan con la mitad de los beneficios y sólo la otra mitad se la dan al sector público. Encima, con mecanismos de control que permiten alimentar las sospechas de corrupción. No puede permitirse la lógica de que la política necesita financiamiento extra, como por lo bajo dejan entrever muchos de los que creen que “ser político” es ser parte de un aparato que confunde la militancia y el compromiso de ideales con un supuesto pragmatismo decadente.   

Podría decirse –para poner una gota de humor ácido a este juego donde sólo algunos ganan– que si la disyuntiva para salir de las crisis es elegir entre el FMI y el juego; es lo mismo que elegir entre la sartén y el fuego. La provincia de Buenos Aires tiene un instituto para asistir a los ludópatas. Es como esos avisos de bebidas alcohólicas que, al final y con un locutor que lo dice bajito y a toda velocidad, advierten que es bueno beber con moderación porque es perjudicial para la salud. Pero, dejando de lado por un momento consideraciones respecto de las adicciones al juego, es intelectualmente irresponsable decir que la provincia de Buenos Aires “se va a financiar del juego”. Porque la realidad es que los jugadores –los eventuales y los compulsivos– son los que financian a los empresarios. Estos últimos no ponen plata, no necesitan de bancos ni de bonos: todos los días juntan plata en billetes pequeños y tienen un margen muy grande para que algunos billetes que llegan de actividades ilegales se contabilicen como dinero de jugadores. Eso es muy peligroso en un mundo donde hay mucho dinero sucio, proveniente de la droga, o de la corrupción o de donde provenga. Por último, la Argentina está pagando mucho dinero a los acreedores externos por deudas –que si bien fueron contraídas por gobiernos anteriores– en muchos casos fueron fruto de dineros espurios. Entonces, se trata de recursos que no son destinados a fondear programas sociales o incubadoras de proyectos de investigación. Es decir, pagar deuda es una decisión correcta siempre y cuando cada peso del pueblo sea administrado para que nunca más haya deudas impagables que nos lleven a crisis como la de 2001. No es justo ni lógico que las empresas de juego –o los empresarios del sector– sean vistos como salvadores cuando, en realidad, van a tener 15 años más de privilegios.