La censura y otras patrañas

Enrique Masllorens

Tiempo Argentino

El plan difamatorio contó en el Senado  como punta de lanza con la senadora de la Coalición Cívica.

Al showman Jorge Lanata lo pierde su propia convicción de que la suya es palabra santa. Que después de él, el diluvio. Y que la verdad –parafraseando al caduco Chiche Gelblung– no debe arruinar una buena operación o campaña autopropagandística. Y de esto se tratan sus reiteradas denuncias y puestas en escena sobre la supuesta censura a su programa dominical de Canal 13. Este plan difamatorio que en el Senado contó como punta de lanza con la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro con una sobreactuada e infundada presentación, hace referencia a cuatro provincias argentinas que habrían optado por no emitir el programa de marras. Sobre los canales 10 de Tucumán y 10 de General Roca (Río Negro), ambos públicos provinciales, me siento autorizado –aunque a título personal– a aportar algunas precisiones.

En septiembre de 2007 me tocó –a instancias de la dirección del canal–  organizar y producir el 1º Encuentro de la Televisión Pública de la Argentina, en la sede de Canal 7 La Televisión Pública, en donde cumplo funciones. El panorama con el que nos encontramos era –en algunos casos– desolador y de asimetrías que parecían insalvables, a pesar de los esfuerzos, capacidad y experiencia de sus directores y de sus trabajadores. Canales sin equipamiento actualizado, dificultades financieras, diversidad de modos de contratación y agremiación, muchas veces incomprendidos por el poder político, casi sin producción de contenidos propios y por ende casi sin relación de intercambio y realización con las productoras de sus provincias. Mayormente rehenes del Grupo Clarín y los contenidos centralizados de Canal 13 y alguno de Canal 9 y también de Telefé. Nada más centralista que esta situación.

Un caso paradigmático es el de Canal 10 de Córdoba, dependiente de la Universidad Nacional de esa provincia. Su programación era un aquelarre y prácticamente una pantalla alquilada a quien quisiera pagarla. La llegada de la rectora Dra. Carolina Scotto, y con el decidido apoyo de la Televisión Pública, esa realidad fue cambiando rotundamente para bien de los cordobeses.

A ese primer encuentro fueron invitados todos los canales públicos y los participantes nos comprometimos en políticas proactivas de integración, complementación y capacitación. Y firmamos nuestro común acuerdo declarando un firme apoyo a los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que se transformarían en la base de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la que todos militamos convencidos.

En mayo de este año nos volvimos a encontrar en el 8º Encuentro en la sede de Educ.ar (Encuentro, Pakapaka, DeporTV). Ya se habían sucedido en Córdoba, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán, Formosa y La Rioja. Y en menos de  cinco años el escenario ha dado un giro copernicano. No solamente desde lo técnico y de equipamiento sino y fundamentalmente por el cambio cultural y de paradigma comunicacional y de promoción de contenidos y producciones regionales. 

Aunque jamás, remarco, jamás nadie hizo observaciones o sugerencias sobre el manejo que tenían las emisoras públicas, fue la propia realidad de sus localidades, de sus comprovincianos y el cambio de época que vivimos de Ushuaia a La Quiaca, la que fue transformando la visión y la concepción de esos canales, resignificando su auténtica misión de servicio público y revalorizando el rol del Estado. 

Esta demanda de participación y de visibilización de los imaginarios y construcciones locales colisiona con la voluntad hegemónica de cuatro o cinco productoras porteñas y con el avasallamiento que encabeza el Grupo Clarín y sus subsidiarias, empezando por Cablevisión y la red de cables que con ese u otro nombre de fantasía colonizan casi todo el país, que traban la aplicación de la Ley de la democracia, que impiden desarrollos autónomos y que imponen una sola visión en una clara censura a los derechos a la información y de expresión. ¿Por qué un canal público –o comercial– no podría decidir su programación? ¿Por qué debería dejarle lugar a un programa de Buenos Aires en detrimento de los contenidos o elecciones regionales? ¿Por qué el show de Jorge Lanata debe figurar en la grilla de todos los canales si con el poder omnímodo que les da el manejo de la red de cables, una gran mayoría de argentinos pueden acceder a su espectáculo? 

Con la coordinación del la Secretaría de Comunicación Pública, tanto el Consejo Asesor de la Televisión Digital Abierta, dependiente del Ministerio de Planificación Federal y sus programas de promoción, subsidios, entrega de equipamiento completo de TV digital, capacitaciones, del Banco de Contenidos (BACUA), de los Polos Audiovisuales Tecnológicos en conjunto con las universidades nacionales, como con el decisivo apoyo del INCAA con sus concursos, tutorías, asesoramiento y apoyo económico y financiero, las televisoras  públicas y los productores y cooperativas regionales se asoman con fuerza, personalidad y nuevas miradas para hacer efectivo el derecho humano a la cultura, a la integración, oponiéndose con prepotencia de trabajo a la discriminación centralista de los que sólo ven consumidores donde otros vemos y hacemos foco en los ciudadanos. Por eso Lanata es tramposo cuando le contesta a la senadora Beatriz Rojkés que él no es de “afuera”, que es argentino, ya que la senadora se refería a los contenidos tucumanos.

Ante el terror que les provoca la inexorabilidad de la adecuación a la Ley 26.522 el próximo 7 de diciembre, en vez de tantas patrañas, tanto la senadora Estenssoro como el operador Lanata deben entender que dicha ley obliga a un 60% de producción local y propia y que se debe promover y estimular programación regional de las provincias. Y que Jorge Lanata no es el programador de ningún canal. Y que no tiene derecho a patotear a nadie y meterse con las decisiones de los profesionales de la TV de todo el país que trabajan denodadamente por una televisión que los represente.

La verdadera censura la ejerce el Grupo Clarín a través de Cablevisión  impidiendo que CN23 pueda ser visto por ese sistema de televisión pago, lo mismo que los canales del Mercosur o Telesur, pero sí la norteamericana CNN; incumpliendo con el ordenamiento de la grilla de la Resolución 296/2010 de la AFSCA, en desmedro de las otras señales de noticias y de la Televisión Pública (que debería estar en el número 11 ocupado ahora por TN); no incluyendo a la señal de noticias del Canal 10 de Córdoba en el lugar que corresponde en esa provincia; monopolizando las licencias, burlando a la competencia, coartando la multiplicidad de voces, ahogando los desarrollos locales e independientes, apretando y vaciando a pequeños y medianos cableoperadores de todo el país. 

Lanata y el monopolio tienen la libertad de seguir mintiendo y engañando a la gente sin riesgo de censuras o persecuciones. Nadie honestamente puede negar esta verdad.

Pero estamos disputando la palabra y cada una de las provincias y cada uno de nosotros queremos que se escuchen también las nuestras. ¡Oíd mortales!