El inicio de la Guerra Fría y el sistema interamericano Argentina frente a Estados Unidos en la Conferencia de Caracas (1954)
Por Leandro Ariel Morgenfeld(1)
Este artículo analiza las alternativas de la Décima Conferencia Panamericana (Caracas, 1954), en la cual el tema principal de discusión giró en torno al “caso Guatemala”. El gobierno de Eisenhower, en un intento por darle un nuevo contenido a la doctrina Monroe en el marco de la Guerra Fría, pretendió utilizar el cónclave continental para desestabilizar al gobierno nacionalista y reformista de Arbenz. A partir del trabajo con documentos confidenciales, en esta investigación se profundiza en el análisis de la relación entre Estados Unidos y Argentina, dos de los países que históricamente habían desplegado posiciones antagónicas en el ámbito panamericano.
Resumen
Este artículo analiza las alternativas de la Décima Conferencia Panamericana (Caracas, 1954), en la cual el tema principal de discusión giró en torno al “caso Guatemala”. El gobierno de Eisenhower, en un intento por darle un nuevo contenido a la doctrina Monroe en el marco de la Guerra Fría, pretendió utilizar el cónclave continental para desestabilizar al gobierno nacionalista y reformista de Arbenz. A partir del trabajo con documentos confidenciales, en esta investigación se profundiza en el análisis de la relación entre Estados Unidos y Argentina, dos de los países que históricamente habían desplegado posiciones antagónicas en el ámbito panamericano.
Argentina, junto a México, se abstuvo de votar la declaración que impulsó Estados Unidos. El canciller peronista, además, desplegó diversos gestos de acercamiento al canciller guatemalteco. Esta reunión continental, como se demuestra en el artículo, significó un punto de inflexión en la historia del sistema interamericano.
Introducción(2)
El inicio de la Guerra Fría, en 1947, cambió el significado que adquiría el sistema interamericano en la política exterior de la Casa Blanca. El siguiente trabajo analiza cómo el enfrentamiento del mundo bipolar condicionó la evolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), y en particular cómo se manifestó ese proceso en la Décima Conferencia Panamericana (Caracas, 1954), aquella cuyo principal tema, para el Departamento de Estado, tenía que ver con desestabilizar el régimen reformista y nacionalista guatemalteco. La excusa de la infiltración comunista, que tanta relevancia cobraría en el sistema interamericano años más tarde, con el triunfo de la Revolución Cubana, pasó a ser el factor más relevante del encuentro continental. En este trabajo, además de analizar ese proceso más general, se pone el foco en la relación entre Estados Unidos y Argentina, los dos países que más conflictos habían tenido en la organización panamericana desde la Segunda Guerra Mundial. A través del análisis de documentos reservados de las cancillerías de Buenos Aires y Washington, se muestra cuáles eran los objetivos de Estados Unidos en la crucial reunión de Caracas y qué capacidad pudo desplegar el gobierno de Juan Domingo Perón para poner límites al avance estadounidense en la región, como había logrado hacerlo en cónclaves anteriores.
En la Conferencia de Caracas, Estados Unidos logró establecer una declaración anticomunista, que en su espíritu violaría el “principio de no intervención” que se había introducido en el sistema interamericano en 1933 y que había sido ratificado en ocasión de la fundación de la OEA. La escasa resistencia de los países latinoamericanos frente a este avance del país del norte se debió, en parte, a las renovadas expectativas que tenían de recibir ayuda económica. Éstas, sin embargo, se vieron, una vez más, frustradas. El apoyo que recibió Guatemala fue sumamente débil (fue la única en votar en contra de la declaración propuesta por el gobierno de Washington, aunque Argentina y México se abstuvieron en esa votación). Esta situación se debió, fundamentalmente, a la capacidad de la Casa Blanca de moderar la posición del gobierno argentino, uno de los que más dificultades le había ocasionado desde principios de los inicios de las conferencias panamericanas, y en particular desde la década de 1940.
Por este motivo es fundamental el análisis de la relación Argentina-Estados Unidos en esta conferencia. Nuestro principal aporte será, teniendo en cuenta documentación muchas veces soslayada en análisis jurídicos o estrictamente diplomáticos del devenir del panamericanismo, dilucidar el cambio en la relación bilateral, en el marco de la relación de Estados Unidos con todo el continente latinoamericano. La Décima Conferencia panamericana implicó un punto de inflexión en la historia de la OEA, e introdujo la clave anticomunista como argumento del Departamento de Estado para legitimar su intervencionismo en los asuntos internos de otros países. Es imposible entender la expulsión de Cuba de la OEA en 1962 o la posterior intervención en República Dominicana en 1965 si no se explica el proceso previo que facilitó el debilitamiento del gobierno de Arbenz, que antecedió en pocos meses a su caída definitiva. La conferencia de Caracas fue un episodio clave para entender el inicio de la Guerra Fría en América.
El sistema interamericano en la inmediata posguerra
Los años de la inmediata posguerra fueron escenario de febriles transformaciones en Estados Unidos, lo cual implicaría, en el marco de la naciente Guerra Fría, una serie de cambios en la política exterior dictada por la Casa Blanca. Harry S. Truman nombró al general George Marshall como nuevo Secretario de Estado, y éste no tardó en lanzar el European Recovery Program, que se popularizó como Plan Marshall: la puesta en marcha de la anunciada política de Truman de ayudar a los “pueblos libres”, o sea a todo régimen que fuera una valla de contención al comunismo en ascenso.
El 12 de marzo de 1947 el presidente presentó en el Congreso los lineamientos de su nueva política exterior: la doctrina Truman de contención del comunismo. En ese famoso discurso solicitó al Congreso la autorización para ayudar a Grecia y Turquía con la cantidad de 400 millones de dólares. Sin embargo, la Casa Blanca no sólo quería contener el avance de la Unión Soviética, luego de haber derrotado a Alemania, Japón e Italia en la guerra, sino que también puso el foco en liquidar lo que quedaba del imperio colonial británico y francés. Washington aprovechó para hacerse fuerte en regiones en las que antes tenía escasa o nula presencia. Esta avanzada de Estados Unidos tenía también un claro contenido económico: era el principal exportador a nivel mundial, responsable de un tercio de las ventas internacionales hacia 1947.
Estados Unidos, con la excusa de la defensa del mundo libre y de su autoproclamación como “guardián” de ese mundo, supuestamente amenazado por el avance soviético y chino, aumentó sus operaciones en todo el globo. Eran los años de la “pax americana”, correlato de un mundo capitalista bajo el control de instituciones internacionales, pero con centro financiero en Wall Street y en el Tesoro estadounidense. La avanzada económica iba de la mano de un mayor control militar en todo el mundo.
Hacia fines de los años cuarenta, sin embargo, habría un giro en la estrategia exterior estadounidense. Tras la estabilización europea y la consolidación de la OTAN, ahora las tensiones políticas apuntaban a los países periféricos, hacia donde se trasladaba la Guerra Fría. La Revolución China, la Guerra de Corea y la presión sobre los países productores y exportadores de petróleo pusieron la mira en otras regiones del planeta. La estrategia global de Estados Unidos, como potencia, obligó a ampliar las miras de la política exterior y a poner el foco en regiones, como América Latina, que en los años de la inmediata posguerra no habían tenido prioridad en la agenda del Departamento de Estado.
En noviembre de 1952, se impuso un candidato republicano, Dwight Eisenhower. Los republicanos criticaron la política exterior demócrata, según ellos muy dependiente de los aliados europeos, que no había logrado contener el avance comunista y había descuidado otras regiones estratégicamente importantes, entre las que se encontraba América Latina. La política hacia América Latina también tuvo un nuevo capítulo. Estados Unidos prometió, al finalizar la Guerra de Corea, una nueva etapa panamericana, en la que apoyaría a las naciones latinoamericanas para su desarrollo y su industrialización. Esa esperanza, incluso en los países que más rápidamente se habían alineado con la potencia de norte, rápidamente se desvaneció.
A medida que la Casa Blanca focalizaba su atención en la “contención” del comunismo, los préstamos fluyeron a través del Plan Marshall, pero no hacia América Latina. A esta región, no considerada como estratégica ni en peligro inminente de avance del socialismo, Estados Unidos le tenía reservado ser parte de un renovado sistema interamericano. Las bases de la nueva organización continental se habían sentado en la Conferencia de Chapultepec (1945) y
se afianzaron con los cónclaves en 1947 de Río de Janeiro –en el que se estableció el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)– y en 1948 de Bogotá –cuando se puso en marcha la Organización de las Estados Americanos (OEA)–. El flamante esquema regional implicaba una consolidación militar y política de la hegemonía de Washington en la región. Al mismo tiempo, se presionó a las naciones latinoamericanas para que rompieran o limitaran las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y a la vez para que persiguieran a los partidos políticos vinculados con el campo socialista.
Pero la ayuda económica recibida fue más que exigua. América Latina vio así frustradas sus expectativas de ser incluida en el Plan Marshall. La región, entre 1945 y 1952, recibió en conjunto menos asistencia económica por parte de Estados Unidos que Bélgica y Luxemburgo.(3)
El gobierno de Truman pregonaba que la profundización del libre comercio y el aumento de la inversión privada serían los pilares del desarrollo latinoamericano. Por supuesto, lo hacía para proteger los intereses de las empresas que comerciaban con la región y aquellas que exportaban sus capitales hacia el Sur. Sin embargo, sólo se otorgaron créditos limitados, a través del Eximbank, que era una forma de subvencionar las exportaciones y las importaciones privadas de Estados Unidos hacia y desde la región. En cambio, no hubo préstamos para empresas estatales latinoamericanas, para no favorecer ni el nacionalismo económico ni el estatalismo, considerados los “males” de ese época en América Latina. A pesar de que las prácticas comerciales de Estados Unidos tendían a orientarse a otras regiones, el comercio con América Latina aún representaba el 30% del comercio exterior de la potencia del norte y allí tenían colocadas el 40% de sus inversiones externas. Desde el punto de vista económico, entonces, la región seguía siendo vital para la economía estadounidense.
Durante el segundo mandato de Truman, a medida que se profundizaban los enfrentamientos con la Unión Soviética, se presionó más a América Latina con el concepto de “seguridad nacional”. El gobierno estadounidense reconoció y se apoyó en diversas dictaduras latinoamericanas, fundamentalmente centroamericanas, flexibilizando el requerimiento “democrático” que otrora había exigido el Departamento de Estado. Con el estallido de la Guerra de Corea, Estados Unidos logró alinear a los países de su amplio “patio trasero”, en donde se había ilegalizado el comunismo y se lo perseguía cada vez más duramente. La Casa Blanca alentó la ruptura de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, en sentido inverso a lo que había hecho en los primeros meses del año 1945. En plena Guerra de Corea, Moscú sólo conservaba lazos diplomáticos con México, Buenos Aires y Montevideo. Hacia 1950 se produjo, además, una reinterpretación de la doctrina Monroe. Así, se flexibilizó la “no intervención” que se había establecido en la carta fundacional de la OEA –luego de haberse votado en la Conferencia de Montevideo, en 1933–, aceptándose una “alternativa de intervención”, conocida como la doctrina Miller –quien era en ese entonces el secretario asistente de Asuntos Interamericanos de Truman–, que planteaba la creación de mecanismos de intervención multilaterales en caso de que un Estado americano fuera amenazado por la actividad política de fuerzas comunistas.
En forma paralela, se promovió un rearme en el continente y se establecieron pactos militares bilaterales. La Cuarta Reunión de Consulta de Cancilleres de países americanos (Washington, 1951) fue uno de los escenarios para discutir esta nueva doctrina. Sin embargo, América Latina ofreció distintas resistencias a los planes de Estados Unidos y, hacia 1952, varios gobiernos preocupaban a Washington: el de Getúlio Vargas en Brasil –que había regresado al poder con el apoyo del comunista Luís Carlos Prestes–, el de Perón en Argentina, el de Carlos Ibañez del Campo en Chile, el de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia –cuya llegada al poder, luego de un golpe militar que intentó desconocer su elección, había sido antecedida por una revolución con amplia participación obrera y campesina–, el de José María Velazco Ibarra en Ecuador, y el de Jacobo Arbenz en Guatemala, con una reforma agraria y un proceso de nacionalizaciones que afectó a empresas estadounidenses.
Poco tiempo después, la política de Estados Unidos pareció conseguir sus frutos: A mediados de los ’50 el predominio económico y político de los Estados Unidos en América Latina parecía incontestado y la política más activa de Eisenhower hacia la región lucía como exitosa. Podían contabilizarse a favor de Washington la caída de Arbenz en Guatemala, el desplazamiento del varguismo en Brasil, la ‘moderación’ de la revolución boliviana y, en este contexto, el nuevo rumbo de las relaciones argentino-norteamericanas hasta el derrocamiento de Perón.(4)
La intervención del presidente republicano, el menos a principios de la década de 1950, pretendió aplacar el reformismo que presentaban algunos gobiernos latinoamericanos y que afectaban, en parte, a los intereses estadounidenses en la región.
En cuanto a la relación entre Argentina y Estados Unidos, se mantuvo la frialdad que se había iniciado en los meses previos a la Reunión de Cancilleres de Washington, aunque sin llegar a las presiones y coerciones que habían caracterizado el período 1942-49. En ese sentido, y más allá de las discusiones internas en el Departamento de Estado (volvieron a aparecer partidarios de una línea dura hacia Argentina), se descartaron las intervenciones directas en la política interior argentina, sobre todo luego de la consolidación del régimen peronista, una vez que éste obtuvo su reelección en noviembre de 1951. De todas formas, también se dejaron de lado las negociaciones para avanzar en problemas específicos, con lo cual no se retomó, en principio, el acercamiento que había caracterizado al período 1949-1950. En este sentido, Edward G. Miller descartó seguir con la política de intercambio de favores con el gobierno peronista.
El 24 abril de 1951, asumió un nuevo embajador estadounidense en Buenos Aires, Ellsworth Bunker, quien permanecería en el cargo, sin entrevistarse nunca con Perón, hasta finales del año 1952, cuando fue reemplazado por Albert Nufer, que actuó como embajador por casi cuatro años.
El Departamento de Estado dejaba la puerta abierta para futuras negociaciones, esperando que las necesidades económicas obligaran al presidente Perón a modificar el rumbo de la economía y a acercarse a Washington. Si la política exterior peronista no se ajustaba a los lineamientos del Washington, entonces no habría ayuda financiera ni predisposición para generar un comercio más equilibrado.
Ese nuevo enfriamiento del vínculo con Estados Unidos se dio conjuntamente con la reactivación de las tradicionales relaciones argentinas con Gran Bretaña (en abril de 1951 se firmó el protocolo Paz-Edwards que implicaba una reactivación del acuerdo que estaba congelado desde 1949), una profundización de las relaciones con Europa Occidental y un acercamiento a los países del Este y la Unión Soviética, que se tradujo en 1953 en la firma del primer acuerdo comercial con Moscú. Parecía, una vez más, retomarse la política exterior pendular de Perón, entre otras razones para tener más armas en las negociaciones con Estados Unidos.
Al mismo tiempo, desde 1952-53 Argentina volvió a promover, junto a otros países latinoamericanos, la formación de un bloque en la región para mantener los precios de las materias primas, frente a la ofensiva contraria de los países industrializados y al consecuente deterioro de los términos del intercambio.
Aún con la potencial oposición de Chile y Uruguay –con gobiernos adversos al que encabezaba Perón– y los pactos militares bilaterales que Estados Unidos había conseguido establecer con países del continente, diversos procesos en América Latina parecían generar una coyuntura más favorable para una unión latinoamericana que contrapesara el creciente poderío estadounidense. El retorno de Vargas en Brasil en 1950 –ahora con apoyo del Partido Comunista y luego del gobierno de Dutra–, la Revolución Boliviana comandada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), los gobiernos de Arévalo y Arbenz en Guatemala y las victorias electorales de Velazco Ibarra en Ecuador e Ibáñez en Chile parecían mostrar el surgimiento de una nueva oleada de gobiernos nacionalistas y reformistas en América Latina. A principios de 1952, con apoyo de Perón, la Confederación General del Trabajo (CGT) impulsó la creación de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS), que se terminó reuniendo por primera vez en México, a fines de ese año. Esta iniciativa fue contestada por los sindicatos estadounidenses, a través de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), que lanzó una nueva ofensiva contra el peronismo.
El 21 de febrero de 1953, Perón firmó junto al presidente chileno Ibáñez el Acta de Unión Económica Argentino-Chilena, que sería la primera medida en pos de una futura unión aduanera y económica entre los dos países. Luego, este tipo de acuerdos se extendieron a otros países de la región, como Ecuador, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, e incluso hubo negociaciones con Vargas para incluir a Brasil, pero su canciller se opuso.(5) Estos movimientos políticos y la posibilidad de un bloque latinoamericano que pudiera negociar con más fuerza con el país del norte generaron un creciente temor en la diplomacia estadounidense. En el Departamento de Estado, sin embargo, se juzgaba que iniciar una contracampaña atacando a Perón podía ser contraproducente y, además, ya la prensa y los sindicatos de ese país sostenían una activa política contra el régimen peronista, con lo cual era mejor no agregar un hostigamiento diplomático. Este tipo de estrategia del Departamento de Estado tenía muy en cuenta la reticencia latinoamericana frente a cualquier acción que pudiera interpretarse como una violación de la soberanía de los países más pequeños o como una intervención en los asuntos internos. La fracasada estrategia de Braden en 1945 y 1946 había dejado una lección en la diplomacia del norte. A principios de 1953, tras la asunción de Eisenhower, la situación empezó a cambiar.(6) El nuevo Secretario de Estado John Foester Dulles, a poco de asumir, acusó a quienes lo habían precedido en el Departamento de Estado de haber descuidado a América Latina, cuestión que debía revertirse, impulsando la radicación de capitales estadounidenses en la región.
John Moors Cabot, flamante Subsecretario de Estado para los Asuntos Interamericanos, también planteó que debían tener una política más activa en pos del “progreso social” en la región.
Siguiendo esta línea, Eisenhower habló al Consejo de las Américas, el 14 de abril, declarando que estaba dispuesto a hacer personalmente todo lo posible para perfeccionar el entendimiento y la confianza de los países que integraban la OEA.(7)
Allí anunció, además, que su hermano Milton haría una gira por América Latina para fortalecer los lazos entre los países del continente y Estados Unidos. Esto coincidiría, asimismo, con la nueva política económica peronista, que se inició con el Plan de Estabilización de 1952 y se profundizaría con la Ley de Inversiones Extranjeras de agosto de 1953, que intentaba ahora atraer capitales del exterior. Tras esta nueva orientación, el capital extranjero que se radicó en el país fue fundamentalmente estadounidense –se destacaron las empresas Kaiser, Merck y Monsanto– y ya se preanunciaban los polémicos preacuerdos del gobierno peronista con la Standard Oil Company.(8)
Desde el punto de vista diplomático, desde principios de 1953 y hasta la caída de Perón, se registró una mejora en las relaciones argentino-estadounidenses. Según el Departamento de Estado, era necesario implementar una política mucho más activa hacia América Latina, para contrarrestar los movimientos nacionalistas que se habían desarrollado, pero con un discurso que enfatizaba la necesidad de combatir más fuertemente el comunismo. Como será desarrollado más adelante, el nacionalismo era visto como el mal que podía atraer el comunismo, así que ambos “flagelos” debían ser enfrentados.
El 3 de febrero de 1953, se realizó, a iniciativa del gobierno argentino, una entrevista entre
Perón, el canciller Jerónimo Remorino y el embajador Nufer. En esa oportunidad, el presidente argentino declaró que deseaba que mejoraran las relaciones bilaterales. El embajador comunicó al Departamento de Estado que esa sería una excelente oportunidad para estrechar los lazos hemisféricos. Dulles exigía que Perón abandonara el neutralismo que implicaba la política de la “tercera posición”, a la vez que los ataques contra Estados Unidos que recurrentemente se publicaban en la prensa oficialista. Según el Departamento de Estado, había que aprovechar la oportunidad para volver a fortalecer el vínculo bilateral, más cuando se acababa de producir la famosa entrevista entre Stalin y el embajador argentino Leopoldo Bravo, en febrero de 1953, que permitió acelerar el acuerdo comercial bilateral y el acercamiento entre Argentina y los países de Europa del Este.(9)
El entendimiento argentino-estadounidense, para el Departamento de Estado, era estratégico en la coyuntura latinoamericana de ese entonces. También respondía a las presiones de muchas empresas estadounidenses que, ávidas de aprovechar las posibilidades económicas que ofrecía el país del Sur, necesitaban que se respondiera a la voluntad de acercamiento de la Casa Rosada.
Así, se conjugaban varios factores que impulsaron la confluencia del gobierno de Eisenhower y el de Perón: las crecientes necesidades argentinas –que incluían la nueva política de alentar la radicación de capitales extranjeros–, el peligro estratégico que podía derivarse de los acuerdos económicos de la Unión Soviética con Argentina, y la presión de los grandes grupos económicos estadounidenses para hacer negocios en el país del Sur.
En julio de 1953, la gira latinoamericana de Milton Eisenhower incluyó la visita a Buenos Aires por el lapso de casi tres días. Representante del presidente, su objetivo fue estrechar los lazos entre Estados Unidos y América Latina, profundizando el libre comercio y la solidaridad continental, fundamentalmente contra la agresión comunista.10 Perón se entrevistó con él y le ratificó que su país estaría en el bando occidental en caso de una conflagración mundial. Los funcionarios económicos argentinos plantearon a sus pares estadounidenses, que acompañaban a Eisenhower en esta gira, su preocupación por la dificultad de las exportaciones argentinas para ingresar en el mercado estadounidense, a la vez que éstos mostraron interés en las garantías que Argentina podía brindar a las inversiones extranjeras –pronto se sancionaría la ley 14222, conocida como Ley de Inversiones Extranjeras–.
Tras la visita, plagada de gestos amistosos, se ratificó además a Nufer en su puesto, pese a que ya se había anunciado su reemplazo, lo cual implicó ratificar la política “amistosa” con Buenos Aires. Así, se pasó a la etapa de la “correcta amistad” con Argentina por parte de Washington.
De todas formas, esta etapa no carecía de ambigüedades. Incluso en el Departamento de Estado y el resto del gobierno estadounidense pervivían los críticos al acercamiento hacia el gobierno de Perón, entre los que se encontraba el propio presidente Eisenhower.(11). En los sectores internos argentinos que apoyaban al régimen peronista también generaba resquemores este acercamiento, situación que se planteó más abiertamente tras el conocimiento de los precontratos petroleros con la Standard Oil Company, que reflejaban los límites de la “autonomía” que planteaba el proyecto peronista. Más allá de las dudas en uno y otro país, el buen entendimiento de la Casa Blanca con Perón era esencial para la “solidaridad hemisférica”, fundamentalmente en el contexto del avance estadounidense sobre el régimen guatemalteco.
Existía cierta preocupación, por parte de la diplomacia estadounidense, frente a la posibilidad de que se reactivara el proyecto de una unión aduanera sudamericana. En febrero de 1953, los gobiernos de Argentina y Chile firmaron el “Acta de Santiago”, que sentaba las bases para una política de complementación económica por parte de ambos países, se abrían las puertas para negociar una unión aduanera y se planteaba la posibilidad de que se sumasen a la misma todos los países hispanoamericanos que lo deseasen. Se fueron uniendo Paraguay, Ecuador y Bolivia, y en pocos meses Argentina firmó Convenios de Unión Económica con estos países.(12) El Departamento de Estado, como en años anteriores, desplegó una activa campaña –propagandística, de prensa y diplomática confidencial– para neutralizar una potencial integración económica y política sudamericana motorizada por Argentina, que podía llegar a socavar la posición estadounidense en el hemisferio y perjudicar sus intereses económicos y estratégicos. Por ejemplo, tras la asunción republicana y el giro favorable a mejorar las relaciones con la Casa Blanca, el influyente New York Times recordó que el régimen peronista era una “forma particularmente detestable de fascismo”, “por naturaleza y compulsión imperialista”, “indigno de confianza”, y “peligroso”.(13)
La potencia del Norte estaba fundamentalmente preocupada, en ese entonces, por procesos más radicales que se daban en América, y que amenazaban directamente inversiones de sus grandes capitales. El sistema interamericano volvió a reflotarse, una vez más, en función de los intereses estratégicos del Departamento de Estado. La convocatoria a la Conferencia de Caracas tenía por objetivo, entre otros, esmerilar al gobierno de Jacobo Arbenz. Éste había decidido continuar y profundizar las reformas de su predecesor, Juan José Arévalo, y se dispuso a realizar una reforma agraria y a expropiar a empresas de capitales estadounidenses, como la poderosa United Fruit Company.(14) Dulles buscaba que en Caracas se aprobara una resolución anticomunista que permitiera aplicar medidas coercitivas multilaterales en forma automática, siguiendo las bases del TIAR y la Carta de la OEA. El “caso Guatemala” de 1954 fue el primer gran conflicto interamericano de la segunda posguerra y puso a prueba el “principio de no intervención” que regía en el sistema americano desde 1933, al que Estados Unidos había adherido a regañadientes. A partir de este momento, la excusa de la lucha contra el comunismo pasaría a utilizarse para desestabilizar y derrocar a gobiernos reformistas que pudieran obstaculizar el avance de Estados Unidos en el continente.
El 10 de noviembre de 1953, el Consejo Directivo de la OEA fijó el programa de la X Conferencia Panamericana, que excluía tres puntos que, según diversos países, debían tratarse en esta oportunidad: la creación de una corte interamericana para la defensa de los derechos del hombre; la discusión sobre el (no) reconocimiento de los gobiernos de facto y el estímulo y desarrollo efectivo del ejercicio de la democracia. El hecho de que se dejaran de lado estos tres temas, sensibles para muchos países latinoamericanos, generó diversas críticas entre diplomáticos de la región. Washington, que apoyaba por esos años a diversos gobiernos militares y de facto en la región, lograba que se dejasen de lado, entonces, temas que podrían haber complicado su política hacia América Latina y a algunos de sus aliados estratégicos, como lo era el tristemente célebre dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En Caracas, ni se discutiría el no reconocimiento de los gobiernos de facto, ni se aprobaría la creación de una corte interamericana que garantizara el cumplimiento de los derechos del hombre.
Décima Conferencia Panamericana (Caracas, 1954)
La conferencia se llevó a cabo en Caracas entre el 1 y el 28 de marzo de 1954. Concurrieron los cancilleres de 20 de los 21 países que integraban el sistema interamericano. Costa Rica no participó, por realizarse la conferencia en Venezuela, que estaba gobernada por el dictador Marcos Pérez Jiménez, a quien ese gobierno no reconocía como legítimo.(15) El presidente de la misma fue el canciller venezolano Aureliano Otañez y hubo también representantes de distintos organismos internacionales, como la OEA y la ONU, entre otros.
La delegación estadounidense estaba encabezada por el Secretario Dulles y la argentina por el canciller Remorino.
El objetivo de la Casa Blanca era impulsar una campaña para lograr desestabilizar al gobierno democrático, nacionalista y reformista de Arbenz en Guatemala.16 Con este fin, necesitaba una declaración anticomunista del resto de los países de América que le permitiera aplicar medidas coercitivas directas en base a los tratados preexistentes como el TIAR o la Carta de la OEA. El primer triunfo de Dulles fue lograr que resolviera primero la “cláusula anticomunista” y no los asuntos económicos, como habían pedido varias naciones latinoamericanas.17 Con ello se logró, una vez más, que la expectativa de conseguir concesiones económicas por parte de Estados Unidos operara como un factor “disciplinador” o al menos moderador de potenciales posturas confrontativas por parte de muchas delegaciones latinoamericanas. Las expectativas de obtener ayuda económica a cambio de aprobar el proyecto político-estratégico que perseguía Einsenhower volvieron a tener un peso relevante en el desarrollo de la conferencia, lo cual explica la insistencia de Dulles para que su propuesta se tratara en primer término.
El canciller argentino se retiró mucho antes de que finalizara la conferencia, el 8 de marzo, sin dejar instrucciones a sus delegados. La delegación quedó, entonces, a cargo de Rodolfo Muñoz, quien había preparado los lineamientos para la actuación argentina en Caracas. Antes de retirarse, Remorino insistió en ubicar como eje clave de discusión el colonialismo en América y vincular la expansión de ideologías de izquierda al atraso económico y social de América Latina, con lo cual esos temas se transformaban en fundamentales porque eran los que estaban en la base del “problema” del comunismo. Ni bien arribó a Caracas el canciller declaró:
Los precios bajos de las materias primas implican y obligan a salarios reducidos, los cuales son incitaciones para la clase trabajadora que la conducen muchas veces al borde de la miseria, y es ahí, precisamente, cuando los pueblos abrazan ideas exóticas. Es de tal manera que hay relación directa entre este problema económico de salarios bajos con las situaciones sociales de América, que será muy importante abordarlo.(18)
Argentina, al igual que otros países latinoamericanos, volvió a poner el énfasis en la necesidad de ayuda económica, por parte de Estados Unidos, para fomentar el desarrollo de su atrasada economía. Se repetía, así, el tópico que había planteado la delegación nacional en la Cuarta Reunión de Consulta de Cancilleres, tres años atrás: la lucha contra el comunismo en América requería un desarrollo de las condiciones económico-sociales, para lo cual la ayuda económico-financiera por parte de Estados Unidos y la mayor reciprocidad comercial eran condiciones necesarias, que debían anteceder a cualquier política de represión del comunismo doméstico en los países latinoamericanos. El planteo descolonizador, además, volvía a ser una preocupación central de la delegación argentina.(19)
El programa de la conferencia incluía cinco capítulos, que referían a asuntos jurídico-políticos, económicos, sociales, culturales y de organización y funcionamiento. Respecto al primer eje, se destacaban la Convivencia Pacífica (posibilidades de revisar el Pacto de Bogotá, Comisión Internacional de Paz, Corte Interamericana de Justicia y otros instrumentos relativos a los arreglos pacíficos); el problema de las colonias y territorios ocupados en América; el Régimen de Asilados, Exilados y Refugiados Políticos; el Protocolo a la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en Caso de Luchas Civiles y la Intervención del Comunismo Internacional en América. Entre los asuntos económicos, resaltaban los vinculados al desarrollo económico (estatus de los planes de desarrollo, coordinación de las economías nacionales y medidas para facilitar la expansión económica); preservación de los recursos naturales, cooperación comercial, cooperación técnica y funcionamiento del Consejo Interamericano Económico y Social. Entre los temas sociales, eran fundamentales los vinculados a los Derechos Humanos, al desarrollo del movimiento cooperativista, a los problemas de la vivienda de interés social, al éxodo rural y a la asistencia social. Los asuntos culturales incluían la cooperación, la Carta Cultural de América, y un Congreso Interamericano de Educación, entre otros. El capítulo final se refería al funcionamiento del Comité Jurídico Interamericano, el Comité de Acción Cultural, el informe de la Unión Panamericana sobre sus labores, la Comisión Interamericana de Mujeres, las Conferencias Especializadas y la fijación de la sede de la XI Conferencia Interamericana.
Más allá del extensísimo y aparentemente ambicioso programa, durante la mayor parte de las primeras dos semanas, los debates giraron en torno a la propuesta estadounidense de declaración anticomunista, que fue el tema que concitó, además, la atención internacional en la conferencia.
Se aprobaron tres convenciones –sobre asilo diplomático, asilo territorial y fomento de las relaciones culturales– y más de un centenar de resoluciones. A continuación, los principales temas que se discutieron.
Resolución anticomunista
Dulles puso el mayor énfasis de su intervención en obtener una declaración contundente que abriera las puertas a una intervención contra el régimen de Arbenz20 y presionó para que éste fuera el primer tema a debatirse, con lo cual se inició una áspera discusión que tuvo como protagonistas al Secretario de Estado y al canciller guatemalteco Guillermo Toriello. Dulles, vinculado justamente a la United Fruit Company(21), señaló que en América muchos partidos se proclamaban “patrióticos” pero que terminaban favoreciendo a los “planes rojos”, desplegando argumentativamente la estrategia de denunciar la peligrosidad del par nacionalismo-comunismo en América Latina. En esa línea, instó a la formación de un “frente solidario”, aclarando que su gobierno no trataba de condenar en la conferencia a Guatemala, sino de establecer una legislación que permitiera frenar el avance del comunismo en América. Debía establecerse, según instrucciones del Departamento de Estado, una resolución que permitiera, en el caso de “desvíos ideológicos” de algún régimen americano, la posibilidad de aplicar la doctrina Monroe, interpretada ahora en un sentido amplio. Al principio de la conferencia, el proyecto de Dulles sólo contaba con el apoyo de seis países, regidos por dictaduras militares, lo cual implicaba que la diplomacia estadounidense tuvo que ejercer todo su poder de presión para lograr su cometido de que fuera aprobado(22) Toriello le contestó duramente, denunciando el apenas velado “intervencionismo estadounidense” que se escondía detrás de la propuesta de Dulles:
Hay quienes han desatado contra Guatemala la más inicua campaña, y no han tenido vergüenza de recurrir a las armas más cobardes para difamar, desviar y desvirtuar uno de los movimientos más puros que ha habido en el continente, han recurrido a la enorme maquinaria de los medios de difusión … y los han prostituido haciéndolos un instrumento de mentira y de calumnia y han pegado a las espaldas de Guatemala la etiqueta de ‘comunismo’.(23)
En ese discurso, Toriello declaró que su gobierno defendía la democracia representativa y tenía tres grandes pilares y objetivos: el acrecentamiento de las libertades democráticas; la elevación del nivel de vida de los guatemaltecos, mediante la transformación de una economía semifeudal y semicolonial en una economía capitalista, y la defensa de la soberanía y la independencia nacionales. El canciller de la pequeña nación centroamericana quería conseguir el apoyo latinoamericano, explicando que su gobierno no planteaba la superación del capitalismo, ni la alineación con la Unión Soviética, a pesar de las acusaciones estadounidenses. De todas formas, Toriello declaró que votaría en contra de cualquier resolución “anticomunista” por considerarla una excusa para avasallar las soberanías latinoamericanas y las libertades políticas, con lo cual quedó relativamente aislado, frente a la posición anticomunista preponderante en casi todos los países americanos.
Los delegados latinoamericanos, aún compartiendo la perspectiva anticomunista de Estados Unidos, mostraron recelo frente a la posibilidad de que, de aprobarse el proyecto estadounidense, se relativizara el “principio de no intervención”, tal como lo denunciaba el canciller guatemalteco.
Uruguay planteó una enmienda al proyecto de Dulles, que preveía la realización de consultas multilaterales antes de adoptar cualquier medida colectiva contra un país americano. México, Panamá y Paraguay se sumaron a las críticas a la iniciativa estadounidense, proponiendo distintas modificaciones. El canciller mexicano, Luis Padilla Nervo, declaró:
México no podrá acompañar con su voto afirmativo la ponencia de los Estados Unidos, porque la forma en que está redactada podría dar lugar a que cualquiera de nuestros países pudiera quedar sujeto a intervenciones, que no debe sufrir ningún Estado americano ni aislada ni colectivamente. Si tuviéramos la convicción, que parecen compartir algunos delegados, de que la ponencia que se estudia no implica peligro de volver atrás y retrotraer a la América a los tiempos ya remotos en que luchábamos por el establecimiento del principio de no intervención, otra sería nuestra actitud.(24)
Esta exposición ponía blanco sobre negro: lo que se estaba votando era el fin de un principio que se había logrado instrumentar, en la Octava Conferencia de Panamericana, luego de décadas de abierto intervencionismo por parte del país del Norte. En plena Guerra Fría, las formas del “buen vecino” eran, en parte, dejadas de lado.
Ante la propuesta de Dulles, el delegado argentino Muñoz insistió en que los problemas ideológicos sólo podrían solucionarse si se mejoraban las condiciones de vida de las poblaciones latinoamericanas. La amenaza comunista, además, no podría alterar el principio de autodeterminación de los pueblos:
Tal como vienen los proyectos presentados hasta ahora, estimamos que la decisión que adopte esta Conferencia deberá contener una cláusula que reconozca expresamente el derecho de los pueblos a elegir sus propios sistemas de gobierno. Toda ambigüedad al respecto podría permitir la conclusión de que, bajo pretexto de protegerlos de un hecho futuro, estemos dando un golpe de muerte a la libre determinación de los pueblos de América.(25)
Luego, la delegación argentina pugnó para que la declaración que condenaba el comunismo no se aplicara a Guatemala, argumentando que la conferencia no podía referirse a un caso concreto. Repudió las actividades del comunismo internacional que implicaban una intervención en los asuntos internos del continente, aunque declaró que debía ser competencia de las Naciones Unidas adoptar disposiciones que tuvieran alcance internacional, y siempre con el aval de su Consejo de Seguridad. Finalmente, pidió que se modificara la redacción original del proyecto, para que no se aludiera al comunismo internacional como amenaza, sino a toda agresión extracontinental. Así, sostenía, la declaración no sería de política interna, sino internacional. El delegado José Carlos Vittone reforzó la idea de que la “no intervención” y el estricto respeto por la soberanía nacional debían plantearse explícitamente y no podían soslayarse en la eventual declaración. Pese al momento de “acercamiento bilateral” con Estados Unidos, Argentina no dejaba de plantear sus principios autonómicos, emblemas de la política exterior peronista.
Finalmente, la conferencia aprobó, el 13 de marzo, la Resolución XCIII, denominada “Declaración de Solidaridad para la Preservación de la Integridad Política de los Estados Americanos contra la Intervención del Comunismo Internacional”, que señalaba:
Que el dominio o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del movimiento internacional comunista, que tenga por resultado la extensión hasta el Continente americano del sistema político de una potencia extracontinental, constituía una amenaza a la soberanía e independencia política de los Estados americanos que pondría en peligro la paz de América y exigiría una Reunión de Consulta para considerar la adopción de las medidas procedentes de acuerdo a los tratados existentes.(26)
Dulles había tenido que ceder, en parte, ante las presiones latinoamericanas, ya que se establecía que la situación de Guatemala, o de cualquier otro país que tuviera procesos similares, requería una reunión de consulta para considerar la adopción de medidas de acuerdo con los tratados existentes, con lo cual se quitaba todo automatismo. Además, se agregó una frase final con el objetivo de alejar los temores al intervencionismo estadounidense: “Esta declaración de política exterior hecha por las repúblicas americanas en relación con los peligros de origen extracontinental está destinada a proteger y no a menoscabar el derecho inalienable, de cada Estado americano, de elegir libremente su propia forma de gobierno y sistema económico, y de vivir su propia vida social y cultural”.(27)
Cuando se realizó finalmente la votación, 17 países lo hicieron a favor, Guatemala en contra, y Argentina y México se abstuvieron. Estados Unidos, teniendo como aliados incondicionales a algunas dictaduras como la de Trujillo en Dominicana o la de Anastasio Somoza en Nicaragua, había logrado su cometido. A través de esta declaración, el establecimiento de un régimen comunista –en cualquier país americano o que tomara medidas expropiatorias o que incrementara las relaciones con los países del campo socialista– sería causal de aplicación del TIAR.
La votación argentina no era una sorpresa para el Departamento de Estado, aunque no había quedado conforme con la abstención del gobierno de Perón, que podía ser leída como un desafío a la política estadounidense.28 Así fundamentó Argentina su voto:
La República Argentina no ha dado su apoyo a la resolución en su conjunto … . Hemos votado afirmativamente el párrafo que reitera la fe en la democracia representativa, porque reafirma un principio aceptado unánimemente y al cual suscribe sin reticencias la Delegación argentina, aunque hubiéramos preferido el texto sugerido por nosotros y que hacía una invocación directa al principio de la libre determinación de los pueblos para darse sus propias instituciones. Esto último ha quedado consagrado, por otra parte, en la edición propuesta por Estados Unidos, que también hemos votado favorablemente, por cuanto reconoce ‘el derecho inalienable de cada Estado americano de elegir libremente su propia forma de gobierno y sistema económico y de vivir su propia vida social y cultural’.(29)
Ni bien logró la aprobación de esta resolución, Dulles abandonó Caracas para regresar a Washington, lo cual muestra que éste era el objetivo del Departamento de Estado. Declaró que la conferencia había sido un éxito y que nunca había tenido tantas satisfacciones como en esas dos semanas. Henry Holland, funcionario de la cancillería estadounidense, sostuvo, ante miembros del congreso de su país, que la doctrina Monroe había sido finalmente asumida en forma multilateral en el continente, señalando que algunos países habían tenido una actuación poco feliz. Focalizó sus críticas en Guatemala, aunque también se refirió a Argentina y México, que habrían intentado “demostrar a todos los países pequeños que son independientes y no los llevamos de las narices, y esa política los conduce a no respaldar un número de cosas que nosotros recomendamos, a las que de otro modo no se opondrían”.(30)
De todas formas, y más allá de las expresiones de satisfacción del Secretario de Estado, Washington, éste no había obtenido todo lo que había ido a buscar a Caracas. Las negociaciones implicaron que se pasara de un proyecto que legitimaba una acción conjunta o individual contra algún país latinoamericano que “sufriera una agresión extracontinental” (lo que para Dulles sería una carta blanca para el intervencionismo unilateral estadounidense con la excusa de la amenaza comunista) a una declaración que preveía el llamado a una reunión de consulta que exigiría medidas adecuadas, en conformidad con los tratados existentes.
Aún con las enmiendas que el proyecto original debió incluir, se abrió el camino para la inminente estocada estadounidense contra Guatemala. En mayo, éste país recibió armas de Checoslovaquia, y la Casa Blanca avanzó en dos sentidos. Por un lado, impulsó un contingente
de fuerzas militares estadounidenses y hondureñas, al mando de Carlos Castillo Armas, para dar un golpe de Estado contra Arbenz. Por el otro, exigió una reunión de la OEA para discutir la llegada de armas extracontinentales a Guatemala y eventualmente bloquearla, basándose en el artículo 6 del TIAR. También planteó la necesidad de convocar, de acuerdo a lo resuelto en marzo en Caracas, una reunión de consulta de cancilleres para tratar el “caso Guatemala”, convocatoria que consiguió incluso el apoyo de México, que se había abstenido de votar la declaración anticomunista de Dulles dos meses antes.
Antes de que se realizara la reunión interamericana, Castillo Armas –al mando de un ejército
de mercenarios– logró en junio ingresar a Guatemala desde Honduras y derrocar a Arbenz, quien infructuosamente intentó llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos consiguió que no entrara en la agenda de la ONU, ya que, según su visión, debía intervenir primero el sistema interamericano. Luego de una extensa y compleja discusión, el Consejo Directivo de la OEA convocó a la reunión de consulta para el 7 de julio, pero días antes Castillo Armas logró dominar la situación político-militar y esa reunión se levantó.31 El golpe de Estado, en algún sentido, se había visto facilitado gracias a la (in)acción de la OEA. El sistema interamericano inauguraba, con el “caso Guatemala”, una nueva etapa, que continuaría con Cuba, unos años después, y con República Dominicana en 1965. La Guerra Fría pasaba a primer plano en América Latina y la OEA a ser un instrumento de legitimación del intervencionismo de Washington. Esta táctica, por cierto, se apoyaba en la orientación anticomunista que compartía el Departamento de Estado con muchos de los gobiernos nacionalistas burgueses del continente.
“Declaración de Caracas”
La Resolución XCV, conocida como la “Declaración de Caracas”, era una suerte de confirmación de las concesiones que había tenido que hacer Estados Unidos para lograr licuar la resistencia a la declaración anticomunista analizada en el parágrafo anterior. Reafirmaba la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la misma, se reiteraba el derecho de cada Estado, entre otros, a escoger sus propias instituciones y forma de gobierno, la necesidad de estimular el bienestar económico y la justicia social y la defensa del sistema democrático representativo.
Esta resolución, más allá de su ambigua condena a “cualquier forma de totalitarismo”, fue una “concesión” a Argentina y los demás países latinoamericanos que habían cuestionado que la declaración contra el comunismo podría implicar una violación del principio de no intervención, en el crítico contexto del conflicto entre Estados Unidos y Guatemala. Así lo reconocieron los delegados estadounidenses en el informe final que presentaron sobre su actuación, en el que se planteaba que las enmiendas reflejaban el deseo de varias delegaciones de otorgarle más atención a la promoción de los derechos humanos, al ejercicio efectivo de la democracia representativa y al desarrollo económico y social como medios para combatir el comunismo. En dicho informe, explicaban además que no podían hacerse tan extensos los objetivos de la declaración anticomunista, con lo cual se resolvió incorporar éstas enmiendas en una declaración separada, que finalmente fue la “Declaración de Caracas”.(32)
Sin lugar a dudas, la “Declaración” fue una táctica para aplacar los temores que suscitaba la resolución que había impulsado Dulles. Esta interpretación es soslayada por muchos trabajos sobre el sistema panamericano y sus conferencias, enfocados más en aspectos jurídicos o estrictamente diplomáticos que en los problemas geopolíticos y económico-sociales que enmarcaban los debates entre las delegaciones.
Colonias en América
El tema de las colonias en América fue planteado, nuevamente en una conferencia, por la delegación argentina. Sus pares estadounidenses, por su parte, se negaron a asumir compromisos en materia de descolonización, argumentando que debían resolverse esas diferencias en el ámbito de la ONU, en el que estaban representados, también, los países europeos.33 Ésta era la posición que ya había tenido Estados Unidos cuando Argentina y otros países, como Guatemala, plantearon el tema en conferencias anteriores (específicamente en la de Bogotá). No sorprendió al gobierno peronista, en algún sentido, la reafirmación de esa posición. Para Perón, el énfasis en esta cuestión era fundamental, ya que le permitía mostrar que, a pesar del acercamiento a Estados Unidos, Argentina mantenía en alto las banderas de una política exterior autónoma que él decía defender. Así, una vez más, la política interna explica, en parte, el posicionamiento del gobierno en los ámbitos diplomáticos internacionales.
Antes de retirarse, Remorino planteó que era fundamental, para establecer una verdadera “solidaridad hemisférica”, que se tratara el tema de la ocupación de territorios continentales por parte de potencias extranjeras, cuestión que conectó con el reclamo guatemalteco de revindicar el “principio de no intervención”:
Nuestro anhelo por la independencia de América y nuestro respeto por la autodeterminación de los pueblos como el más grande de los derechos, nos conduce a repudiar todas las trabas que puedan oponerse a esta independencia y especialmente a condenar los medios violentos que impidan la manifestación y desarrollo de las soberanías nacionales. De nada valdrá la insistencia en mantener posesiones coloniales y ocupaciones ilegales de territorios en América, frente a la realidad histórica, política y social del continente. América debe ser para los americanos y gobernada por los americanos, una tierra libre para ciudadanos libres.(34)
Luego de retirado el canciller argentino, la delegación nacional presentó un proyecto sobre los territorios coloniales, en el que se proponía la restitución de los territorios ocupados por potencias extracontinentales y se repudiaba la utilización de la fuerza para mantener esas ocupaciones.
Brasil, por su parte, presentó otro proyecto, que planteaba trasladar el asunto al ámbito de las Naciones Unidas, que era la posición que, como se dijo, también defendía el Departamento de Estado. Hubo, además, un tercer proyecto, presentado por Ecuador. Al ser imposible de compatibilizarlos, fueron votados por separado, lo que dividía a los países latinoamericanos frente a la negativa estadounidense a tratar el tema. Se sucedieron largas discusiones, tras las cuales se aprobaron dos recomendaciones distintas, las resoluciones CXVI y XCVII, presentadas por Argentina y Brasil, respectivamente. Con algunas modificaciones, el texto presentado por Argentina fue aprobado con el voto positivo de todas las delegaciones, menos la de Washington, que se abstuvo.(35) En las instrucciones de la delegación estadounidense, se establecía, como en anteriores conferencias, que no debía votarse ninguna resolución que condenara en concreto las posesiones europeas en América.(36)
Había un documento especial titulado “Falkland Island” en el que se instruía a los delegados estadounidenses a evitar a toda costa referirse al conflicto entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de las islas, considerado como un conflicto entre dos partes, sobre el que la organización panamericana no tenía nada que decir. Una vez más, el Departamento de Estado debía hacer un delicado equilibrio para mantener su alianza estratégica con Gran Bretaña y a la vez no malquistarse con Argentina. Desde la embajada estadounidense en Buenos Aires se preguntaba al Departamento de Estado si no sería conveniente apoyar alguna declaración general que dijera que “el colonialismo debería terminar lo antes posible”, lo cual “psicológicamente pagaría dividendos para Estados Unidos en el hemisferio Occidental”, con lo cual hubiera abierto la posibilidad, seguramente, de que Argentina votara a favor de la resolución anticomunista de Dulles.(37)
Problemas económicos
Las divergencias económicas volvieron a plantearse en esta conferencia. Chile, Uruguay, Colombia, Guatemala, Brasil y Argentina criticaron la política económica y financiera de Estados Unidos hacia América Latina. Uruguay planteó la necesidad de establecer un “panamericanismo económico”, a partir de la implementación de una “región económica única” en América, propuesta descartada por Washington. Venezuela y México, por su parte, reclamaron la eliminación a las restricciones a la importación de materias primas y el fin de las prácticas discriminatorias para los productos que exportaban los países del Sur. Chile presentó un proyecto sobre materiales estratégicos, que también suscitó la oposición del Departamento de Estado. Guatemala presentó dos iniciativas, contra el boicot económico y los monopolios, que fueron rechazadas de plano.
Perón, que en otra circunstancia hubiera apoyado estas dos últimas propuestas (la política económica, en su primera presidencia, había tenido una clara orientación nacionalista), ahora buscaba atraer inversiones extranjeras –y en particular estadounidenses–, con lo cual no podía secundar al país centroamericano en su política confrontativa.
Dulles, en su intervención, volvió a revindicar que la ayuda de Estados Unidos sería a través
de sus capitales privados, que debían tener mejores condiciones para radicarse en América Latina, iniciativa que era responsabilidad de los países receptores de los mismos. Una vez más, no hubo anuncios concretos de ayuda económica y financiera, y sí, en cambio, una insistencia en que se facilitasen las inversiones estadounidenses en los países del continente, para lo cual debían otorgárseles mejores condiciones.
Para Remorino, en cambio, los problemas económicos eran otros: bajos precios de los bienes primarios, controles monopolistas, aislacionismo, barreras aduaneras, medidas sanitarias artificiosas, dumping, subvenciones y demás cuestiones que afectaban específicamente a las exportaciones argentinas y latinoamericanas. En su intervención, destacó que éstas eran las causas del atraso y la pobreza del subcontinente. La cooperación internacional y la ayuda al desarrollo económico de los países del sur era la clave para evitar el avance de ideologías foráneas. Argentina volvía a insistir sobre uno de los tópicos en los que más interés y atención había prestado en las últimas conferencias panamericanas.
De todas formas, la intervención argentina, que planteó los viejos reclamos en materia comercial y financiera, se cuidó de no chocar directamente con Washington, fundamentalmente en cuanto a las inversiones extranjeras, teniendo en cuenta la política económica que estaba desplegando el gobierno de Perón desde hacía algunos meses, en particular tras la sanción de la Ley de Inversiones Extranjeras. Una vez más, se ven claramente los límites que planteaba argentina en la “confrontación” con Washington. Más que de abierta denuncia, la posición era de “regatear para acordar”, en el marco de la política de acercamiento bilateral más general que auspiciaba Perón desde hacía un año.
Otro punto de discusión era acerca del capítulo II, tema 6 del programa: si se realizaría o no la postergada conferencia económica continental y si se mantendría la sede original, Buenos Aires. La Casa Blanca se oponía a que se concretara la Conferencia Económica Extraordinaria, que se venía aplazando desde 1948, cuando Washington había logrado que no se reuniera –para evitar reclamos económicos de los países latinoamericanos–, pero en sus instrucciones se planteaba que no debía manifestarse abiertamente esa oposición, sino esperar que otro país lo hiciera, y luego apoyarlo. Si esto no era posible, planteaban las instrucciones a los delegados estadounidenses, entonces había que evitar realizar fuertes objeciones, para no generar susceptibilidades entre los países latinoamericanos.(38)
Luego de una extensa discusión, la delegación argentina tuvo que ceder, en parte, y acordar
realizar una reunión previa de ministros de economía, pero que no se llevaría a cabo en su país.
La postergada reunión, reclamada por los países latinoamericanos, operaba para el Departamento de Estado como una válvula de escape de las presiones económicas latinoamericanas: siempre lograba que los temas fundamentales que reclamaban los países del Sur fueran pospuestos para futuras reuniones específicas para tratar esos asuntos.
De acuerdo a lo resuelto en Caracas, entonces, hubo una reunión de ministros de economía americanos en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre de 1954. Más allá de que se aprobaron varias decenas de resoluciones, tampoco allí se avanzó demasiado en la relación económica entre Estados Unidos y América Latina. Ni se estableció un fondo interamericano para la estabilización y el desarrollo, ni se garantizó la estabilidad de los precios de las materias primas, como aspiraban los países latinoamericanos. El gobierno de Eisenhower desestimó ambas iniciativas, con los mismos argumentos que en las conferencias anteriores. Además, se resolvió allí que la postergada conferencia económica especial debía realizarse en Buenos Aires recién en 1956, aunque finalmente no se concretó hasta agosto de 1957. Mientras ganaba tiempo, Estados Unidos no revertía su política financiera hacia América Latina. En 1954, entre la X Conferencia Panamericana y la de ministros de economía de Petrópolis, el Eximbank no incrementó la ayuda: sólo prestó 25,2 millones de dólares, de los cuales 15 fueron para financiar las compras brasileras de trigo estadounidense.
Así sintetiza el ministro Antonio Cafiero los reclamos argentinos en las conferencias panamericanas en las que intervino el país, durante la década de gobierno peronista:
Los diplomáticos argentinos plantearon insistentemente cuáles eran los problemas económicos concretos que afrontaba América Latina y reclamaron soluciones: la apertura y ampliación del mercado norteamericano; el levantamiento de medidas proteccionistas; la necesidad de inversiones productivas en América Latina y de apoyo al cambio económico y social iniciado; la eliminación de la competencia salvaje de los productos agrarios y minerales norteamericanos en el mercado mundial y la importancia de defender la relación entre los precios de las materias primas y las manufacturas para evitar el continuo deterioro de los términos del intercambio. También sostuvieron la necesidad de organizar un amplio sistema de créditos a los países que lo requiriesen ayudándolos a desarrollar su economía sin perder independencia y autodeterminación. La idea de crear una institución bancaria interamericana, concretada en 1959, fue también una propuesta argentina en Bogotá (1948)(39).
La mayor parte de estos reclamos, como se explicó más arriba, no fueron contemplados.
Balance de la Conferencia de Caracas
La asunción de Eisenhower produjo un cambio en la relación de Estados Unidos con América Latina, que derivó en una política mucho más activa, para combatir los procesos nacionalistas y reformistas que se desarrollaban en el continente, con la excusa de pelear contra la “infiltración comunista”. La estrategia sería doble: por un lado, impulsar el mayor desembarco de los capitales estadounidenses en el continente, exigiendo a los países latinoamericanos más garantías y seguridades para ellos, y, por otro, atacar a los procesos más radicalizados e intentar “cooptar” a quienes dirigían algunos de ellos.(40)El blanco fue puesto en la Guatemala de Arbenz, que osó intentar una reforma agraria expropiando nada menos que a la United Fruit Company, interviniendo a la International Railway of Central America y amenazando con nacionalizar la Electric Light and Power Company, subsidiaria de la estadounidense American and Foreign Power Company. En diciembre de 1953, a la vez que preparaba la operación militar en el país centroamericano, Estados Unidos pidió que se convocara a una conferencia panamericana, en la que el principal objetivo fue lograr una resolución que legitimara su intervención en Guatemala. Una vez más, la estrategia estadounidense fue lograr que se aprobara su declaración, aún cuando para esto debió incorporar diversas enmiendas, que llevaron a adoptar otra declaración especial, la “Declaración de Caracas”, para dar lugar a parte de los reclamos latinoamericanos. Aún así, y a pesar de las gestiones previas, la declaración impulsada por Dulles se aprobó con el voto contrario de Guatemala, y con las significativas abstenciones de México y Argentina.
El gobierno de Perón atravesaba una compleja situación económica hacia 1952, y desde 1953 impulsaba un mayor entendimiento con Washington, que se manifestó de múltiples formas, en particular durante la visita de Milton Einsenhower y con la aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras. Aún planteando diferencias con Estados Unidos –no se votó la resolución anticomunista, entre otras cosas por la negativa estadounidense a apoyar la resolución argentina sobre las colonias en América–, Argentina no tuvo en la conferencia un perfil demasiado alto. Incluso el canciller Remorino se retiró, al igual que Dulles, mucho antes de que terminara la misma, dejando a Muñoz a cargo de la delegación nacional. Tanto para Argentina como para otras naciones latinoamericanas, las expectativas de ayuda económica y financiera por parte de Estados Unidos significaron nuevamente un obstáculo para desplegar posiciones más autonómicas frente a la potencia del norte. Salvo Guatemala, ningún gobierno estaba muy dispuesto a enfrentar abiertamente a la Casa Blanca.
Sin embargo, las esperanzas de apoyo económico se verían, una vez más, frustradas. Luego de aprobada la resolución anticomunista, Estados Unidos puso las trabas habituales a los proyectos que respondían a las expectativas latinoamericanas. Los delegados del gobierno de Perón, por su parte, habían actuado con cierta moderación, contrastando con su tradicional intransigencia.
Aún poniendo límites a las exigencias de la Casa Blanca y planteando reclamos propios –como la soberanía sobre las Islas Malvinas– el gobierno de Perón no quiso poner en riesgo el acercamiento bilateral que venía afianzándose desde 1953.
De todas formas, los límites del acercamiento o rapprochement argentino-estadounidense quedaron patentes en Caracas:
El apretón de manos y las felicitaciones de Remorino al representante guatemalteco luego de su discurso constituían un signo que, sumado a otros hechos del relacionamiento internacional de la Argentina (como el envío de una misión técnica ministerial a la URSS para examinar maquinaria agrícola y equipos petrolíferos y carboníferos en función del intercambio bilateral, o la visita a Buenos Aires de una delegación comercial de la República Popular China), preocupaba a los diplomáticos norteamericanos.(41)
La relativa autonomía que desplegaba el peronismo, en cuanto a su alineamiento externo, era permanente fuente de preocupación para el Departamento de Estado.
La diplomacia estadounidense no vio con buenos ojos la negativa argentina a votar la resolución anticomunista, a pesar de que fueron incorporadas las enmiendas propuestas por la delegación enviada por Perón. Así lo interpretaba el embajador Nufer unas semanas después de finalizada la reunión:
"Se debe reconocer que su performance [la de Perón] en términos de acción específica podría haber tenido más sustancia. Fallando en votar la resolución anticomunista en Caracas perdió la mejor oportunidad que podría haber tenido para ayudar a convencer al público de los Estados Unidos de la sinceridad de su apoyo a nuestro programa de resistencia al comunismo internacional”.(42)
Los sectores estadounidenses críticos de la política llevada adelante por el Departamento de Estado hacia Perón, planteaban que la Casa Blanca apenas había conseguido una diluida declaración, que ni siquiera había sido aprobada unánimemente en Caracas. Dulles, sin embargo, entendía que, para combatir contra los regímenes más “peligrosos”, como el guatemalteco, había que profundizar el acercamiento con el régimen peronista, siguiendo el camino que se había retomado en 1953. El embajador Nufer, en el telegrama recién citado, explicaba que no estaba garantizado el entendimiento cordial con Perón, y que para ello se requería impulsar la moderación de las críticas al peronismo en Estados Unidos, favorecer el contacto entre sindicalistas de los dos países, invitar a funcionarios argentinos a visitar el país del Norte, tratar de contrarrestar los daños que ocasionaba a Argentina la colocación de excedentes agrícolas estadounidenses –como el trigo en Brasil– e impulsar una mayor participación militar del país del Sur en los planes de defensa continentales.
"Se debe reconocer que su performance [la de Perón] en términos de acción específica podría haber tenido más sustancia. Fallando en votar la resolución anticomunista en Caracas perdió la mejor oportunidad que podría haber tenido para ayudar a convencer al público de los Estados Unidos de la sinceridad de su apoyo a nuestro programa de resistencia al comunismo internacional”.(42)
Los sectores estadounidenses críticos de la política llevada adelante por el Departamento de Estado hacia Perón, planteaban que la Casa Blanca apenas había conseguido una diluida declaración, que ni siquiera había sido aprobada unánimemente en Caracas. Dulles, sin embargo, entendía que, para combatir contra los regímenes más “peligrosos”, como el guatemalteco, había que profundizar el acercamiento con el régimen peronista, siguiendo el camino que se había retomado en 1953. El embajador Nufer, en el telegrama recién citado, explicaba que no estaba garantizado el entendimiento cordial con Perón, y que para ello se requería impulsar la moderación de las críticas al peronismo en Estados Unidos, favorecer el contacto entre sindicalistas de los dos países, invitar a funcionarios argentinos a visitar el país del Norte, tratar de contrarrestar los daños que ocasionaba a Argentina la colocación de excedentes agrícolas estadounidenses –como el trigo en Brasil– e impulsar una mayor participación militar del país del Sur en los planes de defensa continentales.
En los meses siguientes, una serie de procesos marcarían una nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y América Latina: la destitución de Arbenz y el “suicidio político” de Vargas, entre otros, prefigurarían un nuevo panorama continental. Estados Unidos, a través de la visita de Holland, nuevo Subsecretario de Estado para Asuntos Americanos, procuró profundizar el acercamiento con la Casa Rosada. Se estaba en la víspera de la negociación entre Perón y la Standard Oil Company, pero también en el inicio de la crisis política que derivaría en un debilitamiento del gobierno y en el posterior golpe de Estado militar, en septiembre de 1955. Se inició, tras el golpe que derrocó a Perón, una nueva etapa en la relación bilateral. Hacia el final de la década, en el sistema interamericano, las tensiones se irían recalentando, en particular a partir del triunfo de la Revolución Cubana, que sin dudas marcó un antes y un después en la organización continental.
Lo acordado en la Conferencia de Caracas de 1954, en cuanto a la resolución anticomunista, sin dudas fue un antecedente de la expulsión en 1962 de Cuba de la OEA. Por ese motivo, es muy importante entender cómo la Guerra Fría empieza a cobrar una importancia determinante en el sistema interamericano a principios de la década de 1950. Los movimientos del Departamento de Estado para morigerar la confrontación con Perón en Caracas resultaron exitosos para aislar y debilitar a otros procesos más radicales, como el que se sucedía en Guatemala. Y también generó condiciones externas e internas para, finalmente, debilitar también los procesos liderados por Vargas y Perón. El “fantasma del comunismo” en América Latina irrumpió en la OEA en 1954.
Y a partir de ese entonces, la organización continental entró en una nueva etapa.
Bibliografía citada
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Fuentes citadas
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Contemporanea01_2010-10-25.indd 96 10/25/10 3:39 PMcontemporanea El inicio de la Guerra Fría | 97
Department of Sate, United States Delegation to the Tenth Inter-American Conference. Position Book. Chapter
I: Judicial-Political Matters (NARA, DS, X Inter-American Conference, 1954).
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Edward V. Sandifer, Consejero de la Embajada para Asuntos Políticos, al Departamento de Estado, 15 de agosto
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Embajador Nufer al Departamento de Estado, Buenos Aires, 19 de mayo de 1954 (NARA-DS).
Entrevista citada en informe de Nufer el Departamento de Estado, 05/02/1953, Foreign Relations of the United States, 1952-54, vol. IV.
Ernest V. Siracusa, primer secretario de la embajada estadounidense en Buenos Aires, carta confidencial enviada al Departamento de Estado el 14 de abril de 1954 (NARA, DS, X Inter-American Conference).
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Panamericana, 1954).
United Press, 17/03/1954.
Notas:
1 Doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires y docente de la misma universidad; investigador del IDEHESI y becario posdoctoral del CONICET.
2 Este artículo es parte de la investigación realizada para la Tesis Doctoral “Argentina frente a Estados Unidos en las conferencias panamericanas (1880-1955)”, Universidad de Buenos Aires, 2009,
3 De la poca ayuda económica y militar que recibió América Latina (1300 millones de dólares) Brasil concentró más de la mitad. Cfr. Joseph A. Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos: Historia de una desconfianza (Buenos Aires: Planeta, 1990), 212.
4 Cfr. Mario Rapoport y Claudio Spiguel, Relaciones tumultuosas: Estados Unidos y el primer peronismo (Buenos Aires: Emecé, 2009), 193-4.
5 Cfr. Alberto Conil Paz y Gustavo Ferrari, Política exterior argentina: 1930-1962 (Buenos Aires: Huemul,
1964), 204-6. Un análisis de los desencuentros entre Argentina y Brasil, y fundamentalmente de las distintas
líneas internas en ese país, que se tradujeron en conflictos entre Vargas e Itamaraty, hasta el suicidio del
presidente en agosto de 1954, puede hallarse en Luiz Alberto Moniz Bandeira, Argentina, Brasil y Estados
Unidos: De la Triple Alianza al Mercosur (Buenos Aires: Norma, 2004), 228-33. Véase, también, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, “Organismos y reuniones internacionales: X Conferencia Interamericana”, Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 3 (1954).
6 Cfr. Norma Delia González, US-Argentina relations in the 1950s (Boston: University of Massachusetts, 1992), 88-124.
7 Cfr. Harold F. Peterson, La Argentina y los Estados Unidos, II.1914-1960 (Buenos Aires: Hyspamérica, 1985), 224.
8 Entre 1954 y 1955, Perón negoció un contrato petrolero con una subsidiaria de la petrolera estadounidense para la explotación de 40.000 has en la provincia de Santa Cruz.
9 Cfr. Entrevista citada en informe de Nufer al Departamento de Estado, 05/02/1953, FRUS, 1952-54, vol. IV, 427-436. Véase, también, Comunicación de Dulles a la embajada estadounidense en Buenos Aires, 03/03/1953, FRUS, 1952-54, vol. IV, 436-437.
10 Cfr. Miguel Ángel Scenna, ¿Cómo fueron las relaciones argentino-norteamericanas? (Buenos Aires: Plus Ultra, 1970), 222-5.
11 Las dudas internas en el gobierno de Washington sobre la caracterización del peronismo y sobre cómo debía tratárselo perduraron hasta 1955, aunque se impusieron en esta etapa los que planteaban que había más para ganar que para perder en un entendimiento con Perón, quien era el único capaz de gobernar Argentina, frente a una oposición política debilitada y con tendencias ntiestadounidenses.
12 Perón procuró atraer también al Brasil de Vargas, en una suerte de reedición del grupo ABC, pero debió enfrentar la posición de importantes núcleos de la cancillería brasilera, cada vez más cercana a Estados Unidos.
13 New York Times, 26/12/1953. Citado y traducido en Mónica Quijada, “El proyecto peronista de creación de un Zollverein sudamericano, 1946-1955”, Ciclos en la historia, la economía y la sociedad 6 (1994), 168.
14 Una breve reseña del proceso guatemalteco, desde el punto de vista de quienes apoyaban las políticas nacionalistas y reformistas que allí se desarrollaban, puede hallarse en Ezequiel Ramírez Novoa, La farsa del panamericanismo y la unidad indoamericana (Buenos Aires: Editorial Indoamérica, 1955), 157-67.
15 El presidente costarricense le envió una carta al Secretario General de la OEA explicándole que no asistiría a la X Conferencia Panamericana hasta tanto no prevaleciera el respeto a los derechos humanos:Publicado en Acción, Montevideo, 20/02/1954, p. 2. La conferencia significó un virtual espaldarazo por parte de la OEA al régimen dictatorial de Pérez Jiménez, al nombrar como presidente de la misma a un representante venezolano.
16 Cfr. Department of State, Tenth Inter-American Conference. Report of the Delegation of the United States of America with Related Documents (Washington: Department of State Publication, 1955); Foreign Relations of the United States, 1952-54, vol. IV, 302-11.
17 Esta táctica venía desplegándola Estados Unidos desde la Conferencia de Chapultepec, y la había logrado extender en la de Río (consiguió la aprobación del TIAR sin concesiones económicas) y la de Bogotá (logró la creación de la OEA, posponiendo nuevamente la discusión de las problemáticas económicas que planteaban los países latinoamericanos).
18 Citado por A. Conil Paz y G. Ferrari, Política exterior argentina, 207.
19 La posición argentina, reflejada por la embajada estadounidense en Buenos Aires, fue remitida por Edward V. Sandifer, Consejero de la Embajada para Asuntos Políticos, en telegrama confidencial al Departamento de Estado, el 15 de agosto de 1945 (NARA, DS, X Inter-American Conference).
20 El principal objetivo del Departamento de Estado era obtener esta declaración, pero sin hacer ninguna referencia específica a Guatemala, para no generar la oposición de los países latinoamericanos, tal como se explica detalladamente en Department of State, United States Delegation to the Tenth Inter-American Conference. Position Book. Chapter I: Judicial-Political Matters, “Guatemala and the discussion of Communism” (NARA, DS, X Inter-American Conference, 1954). En ese documento se reconoce, además, que sería difícil probar, desde el punto de vista jurídico, que era necesario aplicar el TIAR contra Guatemala.
21 Dulles era una figura prominente en la firma de abogados Sullivan y Cromwell, de New York, que representaba a poderosas empresas, como la United Fruit Company, justamente aquella que fue expropiada por el gobierno de Arbenz en Guatemala y a su vez afectada por la reforma agraria que se estaba desarrollando, dado que era una de las principales propietarias de tierras en ese país. Paralelamente a la conferencia, se preparaba el golpe de Estado en Guatemala, a la vez que se instruía a la prensa continental a llevar adelante una campaña de difamación y desprestigio contra el régimen centroamericano.
22 Cfr. Federico G. Gil, Latin American-United States Relations (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971), 211.
23 Discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala en la Tercera Sesión Plenaria, 5 de marzo de 1954. Citado por Juan A. Lanús, De Chapultepec al Beagle: política exterior argentina, 1945-1980(Buenos Aires: Emecé, 2000), 192.
24 Discurso citado por Ricardo A. Martínez, De Bolívar a Dulles: el panamericanismo, doctrina y práctica imperialista (México: Editorial América Nueva, 1959), 191.
25 Declaraciones de Rodolfo Muñoz citadas por A. Conil Paz y G. Ferrari, Política exterior argentina, 208
26 Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Conferencias Internacionales Americanas. Segundo suplemento 1945-1954 (Washington: Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Publicación de la Unión Panamericana, 1956), 363-4.
27 Ibídem.
28 Existe un importante documento de la embajada estadounidense en Buenos Aires, del 19 de marzo de 1954, en el que se explican las dudas y las tensiones frente a la actuación de la delegación argentina en Caracas. Incluso, aún en ese entonces, y a pocos días de terminar la conferencia, había esperanzas en los funcionarios de la embajada estadounidense de que Argentina revirtiera su votación en la sesión plenaria final, a la hora de refrendar lo resuelto en las comisiones.
29 “Explicación de voto de la Delegación argentina presentada en la Décima Sesión de la Comisión I”, celebrada el 15 de marzo de 1954, capítulo I, tema 5 del programa (NARA, DS, X Inter-American Conference, 1954).
30 The Middle East, Africa and Inter-American Affairs, 1954, Washington, 523-4. Citado por M. Rapoport y C. Spiguel, Relaciones tumultuosas, 404.
31 Cfr. Organización de los Estados Americanos. Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 2 de julio de 1954, Serie del Consejo (AMREC, X Conferencia Panamericana, 1954). Argentina, a través del embajador Vittone, votó allí en contra de la postergación indefinida de la Reunión de Consulta que estaba convocada para el 7 de julio. Fundamentando su voto, Vittone explicó que había que considerar no sólo la acción del comunismo internacional en América, sino también la acción militar contra un gobierno constitucional.
32 Muchos autores confunden estas dos declaraciones, la XCIII y la XCV, y las analizan como si fueran una sola. Incluso, en el Acta Final, hubo otra declaración, la XCIV, que planteaba la necesidad de abolir la discriminación racial como un medio de combatir el comunismo. Cfr. Department of State, Tenth InterAmerican Conference. Report of the Delegation of the United States of America with Related Documents (Washington: Department of State Publicacion, 1955), 9.
33 United Press, 17/03/1954, 3.
34 Discurso pronunciado por el canciller Remorino, en la Tercera Sesión Plenaria, 5 de marzo de 1954 (AMREC, X Conferencia Panamericana).
35 Cfr. Department of State, Tenth Inter-American Conference. Report of the Delegation of the United States of America with Related Documents (Washington: Department of State Publicacion, 1955), 11.
36 Department of State, United States Delegation to the Tenth Inter-American Conference. Position Book. Chapter I: Judicial-Political Matters (NARA, DS, X Inter-American Conference, 1954).
37 Este análisis es realizado por Ernest V. Siracusa, primer secretario de la embajada estadounidense en Buenos Aires, en carta confidencial enviada al Departamento de Estado el 14 de abril de 1954 (NARA, DS, X InterAmerican Conference). En esta carta, también se menciona el disgusto generado por la abstención argentina –más allá de que fuera un voto anunciado– y se insiste en la tesis de que Perón no estuvo de acuerdo con esa votación, cuya responsabilidad se atribuye al canciller Remorino.
38 Cfr. Department of State, United States Delegation to the Tenth Inter-American Conference. Position Book. Chapter I: Economic Matters (NARA, DS, X Inter-American Conference, 1954)
39 Antonio Cafiero, La política exterior peronista, 1946-1955: El mito aislacionista (Buenos Aires: Corregidor, 1996), 53-4.
40 Ejemplo de este segundo caso es Bolivia, a quien Estados Unidos empezó a comprarle estaño a precios más elevados que los del mercado mundial y a apoyarla financieramente, para evitar una mayor profundización de la revolución que se había iniciado en 1952, al mando de Víctor Paz Estenssoro.
41 M. Rapoport y C. Spiguel, Relaciones tumultuosas, 404.
42 Embajador Nufer al Departamento de Estado, Buenos Aires, 19 de mayo de 1954 (NARA-DS).