Embajadas, derecho de asilo y extradiciones
Maurice Lemoine
Le Monde diplomatique
Le Monde diplomatique
El asilo político de Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Reino Unido, y la amenaza de Londres de sacarlo de allí por la fuerza, replantean el doble rasero con que las potencias tratan las normas del derecho internacional.
Julian Assange, el fundador de WikiLeaks que en 2010 publicó cientos de miles de documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado, no ha hecho más que sembrar amigos en Washington. Siendo de nacionalidad australiana, probablemente podría dedicarles un irreverente "lero lero" a las autoridades estadounidenses, pero pesa sobre él una orden de detención europea solicitada por la fiscalía sueca para interrogarlo por acusaciones de abuso sexual –que él niega– que habría cometido en el territorio de ese Estado.
Mientras vivía con arresto domiciliario en Londres –donde fue demorado en virtud de dicho pedido de detención–, la Corte Suprema del Reino Unido rechazó, el 14 de junio pasado, su última apelación al traslado a Estocolmo. El 19 de ese mes, considerándose víctima de una conspiración y de una "persecución política", se refugió en la embajada ecuatoriana y solicitó el asilo político, que le fue concedido por el presidente Rafael Correa.
Al igual que el principal interesado, Quito considera que Julian Assange corre el riesgo de que en un futuro lo extraditen desde Suecia hacia Estados Unidos. Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, señala que "la situación jurídica demuestra claramente que [en este caso] Assange no podría contar con un juicio justo, pues podría ser juzgado por un tribunal especial o militar y no sería inverosímil pensar que podría ser víctima de un trato cruel y degradante y que se lo condene a cadena perpetua o a la pena de muerte" (1).
El 15 de agosto, desoyendo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (18 de abril de 1961), que garantiza la inviolabilidad de las embajadas, el gobierno británico amenazó con entrar por la fuerza en la de Quito: "Ustedes deben ser conscientes de que existe una base legal en Gran Bretaña, la Diplomatic and Consular Premises Act, de 1987 (2), que nos permite tomar medidas para detener a Assange, quien actualmente se encuentra en la sede de la embajada" (3). Ecuador respondió con severidad: "¡No somos una colonia británica!". Sin embargo, Londres no se echó atrás: si Assange pone un pie fuera de su refugio, será inmediatamente detenido.
Pero ya hemos visto a un Reino Unido más servicial... En efecto, fue precisamente en Londres, el 17 de octubre de 1998, donde fue detenido el general chileno Augusto Pinochet. También sobre él pesaba un pedido de extradición emitido por el juez español Baltasar Garzón, quien, habiendo contabilizado noventa y un casos de españoles víctimas de la dictadura, esperaba poder juzgarlo.
Como la Cámara de los Lores se negó a conceder la inmunidad diplomática al general, el presidente chileno Eduardo Frei y su gobierno de centroizquierda no dejaron de reclamar la repatriación del ex dictador a su país. Sin bromear, el ministro de Relaciones Exteriores, el socialista José Miguel Insulza, lo justificaba de la siguiente manera: "En España, Pinochet no tendría, por el contexto demasiado politizado, un juicio sereno", mientras que, en Chile, podría ser "juzgado de modo más eficaz" (4).
La ex primer ministra británica, Margaret Thatcher, que calificó la detención como "cruel" e "injusta", acusó al juez Garzón de "estar asesorado por un grupo de marxistas" (5). Más allá de las proximidades ideológicas, Pinochet le había prestado grandes servicios, al ayudarla tras bambalinas durante la Guerra de Malvinas, que enfrentó al Reino Unido con Argentina en 1982. Washington también se pronunció a favor del regreso del "viejo amigo" Pinochet a Chile.
Cuando, en octubre de 1999, el Tribunal Supremo británico ratificó la extradición, un discreto "comité de crisis", compuesto por Washington, Londres, Santiago y Madrid, encontró la puerta de salida: un informe de tres médicos británicos designados por Londres declaró la incapacidad de Pinochet para comparecer ante la justicia, debido a "su delicado estado de salud".
De este modo, el 3 de marzo de 2000 el mundo asistió a una escena fuera de lo común: en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Santiago de Chile, el "moribundo" que había bajado del avión en una silla de ruedas se levanta vigoroso para saludar a los viejos compañeros que acudieron a recibirlo. A pesar de los esfuerzos del juez chileno Juan Guzmán, el 10 de diciembre de 2006 Pinochet murió sin haber tenido que responder por sus crímenes. Para el fiscal del Tribunal Supremo español, Carlos Castresana, quien, en 1996, había plantado la primera piedra para su inculpación, no caben dudas acerca de la identidad de quienes lo sacaron del embrollo: "Es muy claro que fueron Tony Blair, José María Aznar y Eduardo Frei. Ellos sabían perfectamente que si volvía a Chile no sería juzgado" (6).
Doble discurso
Los latinoamericanos tienen memoria. Recuerdan al presidente hondureño Manuel Zelaya, víctima de un golpe de Estado, que volvió clandestinamente a su país el 21 de septiembre de 2009 y se refugió en la embajada de Brasil, a la que el dictador Roberto Micheletti sitió y amenazó con hacerle "perder su estatuto diplomático".
Se acuerdan también de Caracas, el 12 de abril de 2002. Un día después del golpe de Estado que separó al presidente Hugo Chávez de su cargo, una turba de extrema derecha intentó tomar por asalto la representación diplomática de Cuba, destruyó vehículos, cortó el agua, la electricidad y el teléfono y estableció un bloqueo. Henrique Capriles Radonski –candidato derrotado de la derecha en la elección presidencial del pasado 7 de octubre– pretendía registrar la sede diplomática para encontrar a miembros del gobierno que suponía se habían refugiado en el lugar. Atrincherado allí, el embajador Germán Sánchez Otero echó agua fría a sus intenciones con un comentario mordaz: "Cuba resistió durante cuarenta años ante el imperio más poderoso del planeta. ¡No será aquí donde dejaremos que se viole nuestra soberanía!" (7). La mediación del representante de Noruega y... el regreso del presidente Chávez finalmente pusieron fin a la agresión.
Al finalizar este episodio, el muy breve dictador Pedro Carmona fue acusado y puesto bajo arresto domiciliario, de donde luego huyó para refugiarse en la embajada de Colombia en Caracas. Pero a pesar de la gravedad de los hechos, el gobierno bolivariano le otorgó un salvoconducto, Carmona tomó un avión de las Fuerzas Armadas colombianas hacia Bogotá, donde aún vive como "refugiado político", mientras Caracas sigue exigiendo su extradición.
Los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de todas las tendencias políticas, actualmente apoyan a Quito y reiteran el derecho soberano de los Estados a brindar asilo político. Dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde Estados Unidos despliega todo su peso, el apoyo resulta menos evidente. Interpelado por Ecuador, su secretario general, el ex ministro de Relaciones Exteriores chileno, Insulza, advierte de entrada que el debate no puede centrarse en el "derecho de asilo", sino en "la inviolabilidad de las sedes diplomáticas". El 24 de agosto, la organización llegó a un "acuerdo aceptable" de "solidaridad y apoyo" a Ecuador, previa supresión de cualquier referencia a la "amenaza" británica a Quito, por pedido de Estados Unidos (8).
¿Acaso será porque Washington tiene algunas dificultades con las nociones de "asilo político" y "extradición"? En Miami vive Luis Posada Carriles, requerido por Caracas y La Habana por hacer explotar en vuelo un avión de Cubana de Aviación en 1976 (dejando setenta y tres muertos), por haberse escapado de una cárcel venezolana y haber organizado una serie de atentados terroristas en 1997 en Cuba. En territorio estadounidense tiene como compañeros a Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente boliviano que La Paz quiere juzgar por la represión de 2003 (sesenta y siete muertos), a José Antonio Colina, militar opositor responsable, en 2003, de atentados con bombas en Caracas, perpetrados contra las sedes consulares de España y Colombia (inicialmente atribuidos por los medios a partidarios del presidente Chávez) y al coronel Hernán Orozco, condenado en Colombia a cuarenta años de prisión por la masacre de Mapiripán (12 de julio de 1997). Una lista interminable podría extender este breve vistazo...
Suecia requiere a Julian Assange en el marco de una investigación sobre un delito de derecho común. El presidente Rafael Correa no busca sustraerlo a la justicia de ese país. Simplemente reclama una garantía de que el periodista no será extraditado hacia otro país (para hablar con claridad, hacia Estados Unidos). Como esta garantía no llega y no se ofrece mucho más que un salvoconducto, la situación parece delicada. ¿Sabrá Assange del destino del cardenal anticomunista Jozsef Mindszenty, que vivió quince años en la embajada estadounidense en Budapest entre 1956 y 1971?
A menos que se le aplique el tratamiento que le reservaron al ex general Noriega en 1989: refugiado en la nunciatura apostólica para escapar a las tropas estadounidenses que habían invadido Panamá, tuvo que sufrir los desgarradores decibeles de potentes altavoces que emitían rock veinticuatro horas sobre veinticuatro y, al cabo de once días, terminó por quebrarse. Habría que ver qué pensarían de este método los habitantes del selecto barrio londinense de Knightsbridge...
1 BBC Mundo, Londres, 17-8-12.
2 Ley aprobada en 1987 en circunstancias muy excepcionales: la muerte de un policía, víctima de disparos provenientes de la embajada libia.
3 The Guardian, Londres, 16-8-12.
4 Le Monde, París, 3-12-1998.
5 El País, Madrid, 7-10-1999.
6 El País, Madrid, 13-12-06.
7 Maurice Lemoine, Chávez Presidente!, Flammarion, París, 2005.
8 En su carácter de miembro del Commonwealth, Canadá fue el único país que no firmó el texto.
*Periodista.
Traducción: Gabriela Villalba