La resistencia mediática antipopular: Sólo Intereses Privados (SIP)
Ernesto
Espeche
APAS
Se
realizó en San Pablo la 68º Asamblea de la Sociedad Interamericana
de Prensa. Los dueños de las principales corporaciones mediáticas del
continente debatieron durante cuatro días acerca de las claves de un escenario
alarmante. Acorralados por la marea democrática, acusaron a los gobiernos de
Argentina, Venezuela y Ecuador por su "feroz ofensiva" para
"silenciar al periodismo". APAS se infiltró en la reunión.
Las copas de champán,
prolijamente acomodadas sobre la bandeja, recorrieron la sala de reuniones del
hotel Renaissance. Allí estaban -entre otras personalidades ilustres-
representantes de Clarín de Argentina; O Globo y Folha de Brasil; ABC Color de
Paraguay; El Tiempo de Bogotá; El Nacional de Caracas; The Washington Post de
Estados Unidos. Sí, todos juntos. También nosotros: APAS designó a un
periodista avezado en tareas complejas para ingresar al cónclave y obtener
información secreta sobre los planes de la resistencia mediática antipopular.
Como es lógico, no obtuvimos acreditación oficial. Pero allí estuvimos,
llenando las copas de los presentes. Un buen periodista debe, a veces, oficiar
de mozo.
En la nota “Una voz al servicio de las dictaduras”, firmada por Natalia Brite, nuestra agencia hizo tiempo atrás una exhaustiva radiografía dela Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP). Recomendamos su lectura para obtener un mayor detalle sobre la
historia de la institución. Para los fines de esta pieza, sólo bastará remarcar
que se trata de una entidad de dudosa visión democrática, que avaló los peores
regímenes autoritarios y operó en contra de cada proyecto popular en la región.
No podía ser de otro modo: se trata de una organización compuesta por los
dueños de los principales instrumentos de construcción de opinión pública en la
modernidad y la principal herramienta de poder en el esquema unívoco de las
democracias occidentales.
Nuestro enviado especial no logró interceptar algún testimonio de cierta relevancia periodística. Los comentarios, explicaciones y planteos que se escucharon durante las cuatro jornadas no trascienden el umbral de lo obvio, lo que esos mismos medios dicen a puertas abiertas todos los días en cada uno de nuestros países. Sin embargo, pudo captar un dato esencial: el estado anímico de los concurrentes puede graficarse, según nos cuenta, “como el sentimiento de encierro que provoca un gran patio trasero cuyas paredes (tres) lindan con el odio, la desesperación y la resignación”.
Más allá de las aptitudes literarias de nuestro periodista -está preparando su examen final de Literatura enla Facultad
y, claro, debemos comprender sus impulsos metafóricos- el clima de la Asamblea se trasluce en
un documento final de muy pobre factura.
Si bien el documento no lo dice de modo textual,la
SIP asume la representación política de intereses
minoritarios que no encuentran salida por vía institucional para atacar, en el
campo de la batalla simbólica, a los Estados que despliegan políticas populares
de gran impacto social. Quedó atrás aquel tiempo no muy lejano en que los
medios hegemónicos administraban sin esfuerzos la reproducción de un sistema de
valores y dejaban en manos de la dirigencia política la organización de un
Estado afín a sus intereses. Entonces todo estaba más claro. La crisis política
institucional que estalló en gran parte de nuestra Patria Grande a comienzos
del nuevo siglo dejó a las corporaciones mediáticas en la línea de fuego y con
la incómoda necesidad de poner al desnudo sus propios intereses.
El documento no dice nada diferente a lo que esas mismas empresas dicen a diario: “los problemas que afronta la prensa independiente” se explican por la injerencia de algunos gobiernos en el ejercicio de la “libertad de expresión”.
La SIP apela, una vez más, a su construcción mítica por excelencia: la “prensa independiente”. Su verdadero rostro, sin embargo, es el diseño opositor, destituyente o golpista en aquellas latitudes donde los Estados promueven políticas públicas de carácter popular, participativo y democrático. Por ello, cuando hablan en nombre de la “libertad de expresión” no hacen otra cosa que apelar a una vieja conversión que presenta sus intereses privados como si se tratase de derechos de validez universal.
Sigamos. Las conclusiones del encuentro equiparan la situación de Argentina, Venezuela y Ecuador. Según los asistentes, en esos países existe una “feroz ofensiva” que busca “silenciar al periodismo independiente”. Además, cuestionó que la presidenta Cristina Fernández no realice conferencias de prensa y criticó los aspectos medulares dela Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sancionada en Buenos Aires por
mayoría parlamentaria hace tres años.
Del documento se desprende que la realización periódica de conferencias de prensa ofrecidas por un mandatario es, en sí mismo, un indicador de calidad institucional. Ese supuesto tiene, sin embargo, una clara inconsistencia si se considera, con un mínimo de rigor analítico, que el derecho constitucional de todo ciudadano a conocer los actos de gobierno puede garantizarse mediante múltiples herramientas de divulgación. Los medios -para decirlo de una vez- no son entidades inmaculadas cuya función sea el ejercicio de cierto control de los poderes dela República.
La historia se encargó de dejar en el ridículo todo argumento
tejido en los márgenes del paradigma objetivista.
De hecho, los anuncios gubernamentales son interpretados a diario por el desbalanceado sistema de medios desde sus propios enfoques editoriales. Sí, en cambio, la ausencia de conferencias de prensa por parte dela Presidenta argentina impide al lobby periodístico
socializar la perversa idea de que sus preguntas afloran como la mágica
encarnación del sentir popular.
La decisión del gobierno nacional argentino se explica, entonces, por la lógica de un escenario comunicacional cuya característica es la concentración monolítica disfrazada de pluralidad y no la honesta explicitación de las parcialidades intrínsecas a las diferentes miradas sobre los hechos.
El documento dela SIP se anima, sin embargo, a
denunciar que la “intolerancia de gobiernos autoritarios constituye los
principales problemas que afronta la prensa independiente hoy en el continente”.
Sostiene la existencia de una supuesta “ofensiva encabezada por los mismos
presidentes de los países que busca silenciar al periodismo independiente en
Argentina, Ecuador y Venezuela mediante leyes regulatorias, discriminación de
la publicidad oficial e inmensos aparatos mediáticos estatales y privados
utilizados para difamar y hacer campañas de desprestigio contra los
periodistas”.
La afirmación anterior ratifica la actitud corporativa del poder mediático a escala continental. En rigor, la integración como modelo no es una potestad de los proyectos populares latinoamericanos; los sectores de la derecha regional acumulan décadas de experiencias de articulación estratégica. La gran diferencia reside, como es casi obvio, en el afán libertario, el espíritu emancipatorio y el carácter democrático que acompañan los esfuerzos integracionistas encabezados por los actuales mandatarios y sostenidos por sólidas bases sociales.
La mirada anticubana se mantiene como marca identitaria del organismo: “En Cuba, continúa la política del amedrentamiento, habiéndose detenido en septiembre a 533 opositores”. Y sigue: “en Haití, Venezuela, Honduras y Perú se asiste a un alto grado de violencia contra la prensa”.La
SIP , en cambio, no se expresó contra los golpes de Estado en
Honduras y Paraguay; ni condenó el intento de derrocamiento de Hugo Chávez en
2002.
Advierte, además, sobre el efecto contagio dela
LSCA argentina: “Leyes de prensa que restringen la tarea del
periodismo son promovidas en Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y
Uruguay”.
Y se explaya: “En Ecuador la justicia carece de imparcialidad y continúa agrediendo a medios y periodistas bajo un discurso oficial hostil que genera autocensura, en tanto que en Brasil la justicia sigue fallando en contra de los medios para prohibir dar información”.
Sobre las implicancias del 7 de Diciembre, fecha límite para la adecuación de los monopolios de la comunicación a la normativa vigente en Argentina, advierte: “La amenaza a la prensa independiente puede tener un capítulo oscuro en diciembre, cuando el Gobierno pretende avanzar sobre los medios audiovisuales del Grupo Clarín desconociendo fallos judiciales y normas legales. Esos medios son los pocos que hoy informan con independencia del relato oficial”.
De hecho,la SIP anunció el envío de una
comisión especial por este asunto. Aquí los esperamos. El mozo para el cóctel
lo garantiza nuestra agencia.
En la nota “Una voz al servicio de las dictaduras”, firmada por Natalia Brite, nuestra agencia hizo tiempo atrás una exhaustiva radiografía de
Nuestro enviado especial no logró interceptar algún testimonio de cierta relevancia periodística. Los comentarios, explicaciones y planteos que se escucharon durante las cuatro jornadas no trascienden el umbral de lo obvio, lo que esos mismos medios dicen a puertas abiertas todos los días en cada uno de nuestros países. Sin embargo, pudo captar un dato esencial: el estado anímico de los concurrentes puede graficarse, según nos cuenta, “como el sentimiento de encierro que provoca un gran patio trasero cuyas paredes (tres) lindan con el odio, la desesperación y la resignación”.
Más allá de las aptitudes literarias de nuestro periodista -está preparando su examen final de Literatura en
Si bien el documento no lo dice de modo textual,
El documento no dice nada diferente a lo que esas mismas empresas dicen a diario: “los problemas que afronta la prensa independiente” se explican por la injerencia de algunos gobiernos en el ejercicio de la “libertad de expresión”.
La SIP apela, una vez más, a su construcción mítica por excelencia: la “prensa independiente”. Su verdadero rostro, sin embargo, es el diseño opositor, destituyente o golpista en aquellas latitudes donde los Estados promueven políticas públicas de carácter popular, participativo y democrático. Por ello, cuando hablan en nombre de la “libertad de expresión” no hacen otra cosa que apelar a una vieja conversión que presenta sus intereses privados como si se tratase de derechos de validez universal.
Sigamos. Las conclusiones del encuentro equiparan la situación de Argentina, Venezuela y Ecuador. Según los asistentes, en esos países existe una “feroz ofensiva” que busca “silenciar al periodismo independiente”. Además, cuestionó que la presidenta Cristina Fernández no realice conferencias de prensa y criticó los aspectos medulares de
Del documento se desprende que la realización periódica de conferencias de prensa ofrecidas por un mandatario es, en sí mismo, un indicador de calidad institucional. Ese supuesto tiene, sin embargo, una clara inconsistencia si se considera, con un mínimo de rigor analítico, que el derecho constitucional de todo ciudadano a conocer los actos de gobierno puede garantizarse mediante múltiples herramientas de divulgación. Los medios -para decirlo de una vez- no son entidades inmaculadas cuya función sea el ejercicio de cierto control de los poderes de
De hecho, los anuncios gubernamentales son interpretados a diario por el desbalanceado sistema de medios desde sus propios enfoques editoriales. Sí, en cambio, la ausencia de conferencias de prensa por parte de
La decisión del gobierno nacional argentino se explica, entonces, por la lógica de un escenario comunicacional cuya característica es la concentración monolítica disfrazada de pluralidad y no la honesta explicitación de las parcialidades intrínsecas a las diferentes miradas sobre los hechos.
El documento de
La afirmación anterior ratifica la actitud corporativa del poder mediático a escala continental. En rigor, la integración como modelo no es una potestad de los proyectos populares latinoamericanos; los sectores de la derecha regional acumulan décadas de experiencias de articulación estratégica. La gran diferencia reside, como es casi obvio, en el afán libertario, el espíritu emancipatorio y el carácter democrático que acompañan los esfuerzos integracionistas encabezados por los actuales mandatarios y sostenidos por sólidas bases sociales.
La mirada anticubana se mantiene como marca identitaria del organismo: “En Cuba, continúa la política del amedrentamiento, habiéndose detenido en septiembre a 533 opositores”. Y sigue: “en Haití, Venezuela, Honduras y Perú se asiste a un alto grado de violencia contra la prensa”.
Advierte, además, sobre el efecto contagio de
Y se explaya: “En Ecuador la justicia carece de imparcialidad y continúa agrediendo a medios y periodistas bajo un discurso oficial hostil que genera autocensura, en tanto que en Brasil la justicia sigue fallando en contra de los medios para prohibir dar información”.
Sobre las implicancias del 7 de Diciembre, fecha límite para la adecuación de los monopolios de la comunicación a la normativa vigente en Argentina, advierte: “La amenaza a la prensa independiente puede tener un capítulo oscuro en diciembre, cuando el Gobierno pretende avanzar sobre los medios audiovisuales del Grupo Clarín desconociendo fallos judiciales y normas legales. Esos medios son los pocos que hoy informan con independencia del relato oficial”.
De hecho,