67º Asamblea General de Naciones Unidas: Entre la reforma profunda y el descrédito

Guillermo Maessen

APAS

APAS actualizará en esta edición especial despachos que den cuenta de la participación de la región en una nueva edición de la asamblea del organismo internacional. Los países de América Latina participan con tres posiciones que, si bien abrevan en una visión crítica, implican propuestas diversas para el funcionamiento futuro de la ONU.

El recinto de la ONU, escenario de una nueva Asamblea

Ante la edición de una nueva asamblea General de Naciones Unidas es pertinente identificar e interpretar tres posiciones desde Latinoamérica: la búsqueda de una reforma profunda representada en la iniciativa de incluir a Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad; el descrédito absoluto por considerar al organismo como obsoleto y/o herramienta de legitimación de las superpotencias; y una tercera que, aun aceptando lo anterior, considera mantener el status quo. 

Las mismas se debaten de modo transversal a los dos ejes centrales del encuentro. Uno de ellos, la Paz, tiene estrecha relación con la intolerancia cultural, religiosa y social; y enmascara continuos esfuerzos por mantener un sistema que -para subsistir- requiere el desarrollo, expansión y hegemonía del imperialismo de los países centrales. Este punto se opone directamente al segundo de los ejes: el cumplimiento de Los Objetivos del Milenio, con fecha de vencimiento en 2015. La agenda fue presentada la semana pasada por el serbio Vuk Jeremić, presidente electo de la Asamblea.

Reclamos concretos y vigentes 

En este marco, las posturas latinoamericanas se explicitan no sólo a partir de las demandas concretas hacia Estados Unidos relativas al bloqueo sobre Cuba. También respecto de su asedio continuo al populismo basado en políticas de independencia económica, justicia social y soberanía política que se desarrollan desde principios de siglo en los países de la región, y específicamente en Cuba desde 1959. Además, tienen encarnadura en el reclamo de una solución pacífica que termine con el colonialismo del Reino Unido, socio fraternal de Estados Unidos, sobre las islas Malvinas; y por la reafirmación de la inviolabilidad de las sedes e instituciones diplomáticas. 

Posiciones tomadas

Nuestras voces también toman forma, de manera particular, a partir de la lectura e interpretación del accionar político de los Gobiernos que predominan en la región. 

Se trata del posicionamiento de los mismos frente a temas centrales en el debate internacional: el asedio a los sistemas políticos que difieren con la democracia representativa de origen estadounidense; la independencia en relación a los organismos financieros internacionales; el liberalismo económico, político, y empresarial; el unilateralismo e imperialismo referenciado en los países centrales; la libre circulación e instalación de bases y de fuerzas multinacionales que terminan por ser gendarmes de los intereses de los países centrales. En definitiva, el continuo asedio a la institucionalidad de nuestros Estados-Nación en pos de una globalización unipolar relativa a Estados Unidos.

La paz Latinoamericana

En ese mismo sentido, se entiende la preocupación y solidaridad estratégica de los países latinoamericanos ante el asedio que sufren los sistemas políticos de Medio Oriente y el resto de los países del mundo que se diferencian de la democracia digitada. 

Es comprobable la similitud del proceso de balcanización de Yugoslavia con los intentos separatistas sufridos por el Estado Plurinacional de Bolivia; el asedio continuo de fuerzas destituyentes con financiamiento de Estados Unidos sobre los gobiernos democráticos de la Republica Bolivariana de Venezuela y Ecuador; la injerencia directa -por acción u omisión- de Washington en los Golpes de Estado sufridos por los gobiernos democráticos de Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay. 

Cualquier similitud con los recientes procesos vividos en Yugoslavia, Libia, Siria, Egipto e Irán, no son pura casualidad. Estados Unidos se erige como el protagonista estelar y, por “suerte o casualidad”, para el caso latinoamericano la ONU se mantuvo al margen. De no ser así, tal vez lo Cascos Azules y sus bases se postularían como cabeza de playa de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) en los países antes mencionados. 

Sí, la ONU está presente, muy presente, en Haití desde hace más de ocho años convirtiendo al país en el centro de capacitación, ejercicios, negocios de las fuerzas militares y empresariales de más de ciento cincuenta países. 

Consecuentemente, un continuo de desastres naturales, climáticos y políticos se transformaron en el marco preferencial de grandes empresas multinacionales relacionadas a los pertrechos militares y la re-reconstrucción; al mismo tiempo que se mantiene como la justificación perfecta para que continúen prevaleciendo los gastos militares en los presupuestos nacionales por sobre los relativos a la salud y la educación, por ejemplo. Todo bajo la atenta mirada de la ONU. 

En el aún vigente caso de Julián Assange y la presión que ejerce el Reino Unido sobre la Embajada ecuatoriana en Londres, hubo una respuesta unánime de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre la inviolabilidad de las sedes y las instituciones diplomáticas. Táctica y paradójicamente, las expresiones conjuntas terminaron por coincidir con el repudio internacional a los ataques sufridos por los objetivos estadounidenses durante las últimas semanas. 

Sin embargo, desde Unasur se puso el acento sobre la ausencia y la omisión de la ONU y el resto de los países centrales, cuando los objetivos atacados pertenecen a gobiernos que no coinciden con la política exterior de Estados Unidos. Queda demostrado, de esta manera, la presencia de un doble estándar aplicado ante los sucesivos conflictos internacionales de los que deben ser participes tanto la ONU como su principal miembro. 

Los países latinoamericanos no desprecian el concepto de la Paz como un objetivo a alcanzar por la humanidad. Aunque no se puede dejar de tener en cuenta que si la misma depende de la sumisión cultural, religiosa, política, social e ideológica a los países más poderosos de la tierra -que coinciden con los miembros y designios del Consejo de Seguridad-, la paz se confunde con el imperialismo y la globalización. Por esto, sin dejar de ser un objetivo central, debe ser afrontado ya sea por la vía de la transformación profunda de los Organismos dispuestos a esta tarea, o por la creación de unos nuevos. 

La búsqueda de los Objetivos del Milenio

La respuesta original de los gobiernos latinoamericanos frente a la crisis económica y financiera internacional es prueba irrefutable del destino trágico del modelo neoliberal a escala global; que se hizo presente a nivel local desde fines de la década de 1990. Marca un camino de independencia en relación a los Organismos Internacionales de consulta o extorsión política, de financiamiento o ahogo económico. 

En oposición a los designios del Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) -hijos predilectos de la ONU- los Gobiernos locales se enfrentaron a la crisis con políticas de desendeudamiento a partir de la revisión, legitimación, reducción y condonación de sus deudas externas. Esto fue así en Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia. El desarrollo de mercados locales, la aplicación de reglas claras en relación a la regulación de exportaciones e importaciones, el crecimiento de un polo continental de exportación y relación con el resto de los países del mundo, y el multilateralismo económico marcaron esta línea de políticas de Estado.

A pesar de los buenos resultados obtenidos, que pueden ser representados por los más de diez años de crecimiento de los países de la región, los Organismos Internacionales -y Estados Unidos en particular- siguen criticando y acechando a los gobiernos locales a través del apoyo ideológico, financiero y económico de los actores locales y transnacionales beneficiarios del neoliberalismo. 

Mientras, las recetas neoliberales continúan generando una crisis económico financiera que parece sumir a los débiles, a los pueblos, en el desempleo, la pobreza y la indigencia en los países de la Unión Europea (UE) e incluso en Estados Unidos. 

Los países latinoamericanos no se oponen al cumplimiento de los objetivos del milenio. Incluso, a su escala, de seguir en la dirección de la aplicación de políticas económicas originales, se disponen a lograrlos en el corto plazo sin afectar el desarrollo de los países extracomunitarios. 

Sin embargo, los países centrales, las políticas aconsejadas por los organismos económicos financieros internacionales -centrados obtusa e interesadamente en el neoliberalismo y la globalización- insisten en la aplicación de un modelo económico que termina por relativizar el cumplimiento de los objetivos del milenio. Así, los reducen a meras expresiones de deseo y acciones declarativas que afectan claramente el carácter y credibilidad de la propia ONU. 

La Asamblea General, la ONU

A pesar de todo, no se puede apreciar a la ONU como un organismo homogéneo; ni las posturas latinoamericanas lo observan así. 

Son amplias y reconocibles las diferencias en la aceptación de herramientas e instrumentos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Comité de Descolonización, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y hasta la propia Asamblea. 

Se trata de brazos ejecutores de la ONU que monitorean y aconsejan continuamente sobre el accionar y los designios del organismo; pero ven limitada su injerencia, dentro y fuera de la institución, por el absurdo y vetusto “Derecho a Veto” de los miembros y el omnipotente Consejo de Seguridad, que defienden exclusivamente los intereses de los países poderosos. 

Tampoco se trataría de un cerrado desprecio al organismo como un espacio preferencial, instituido e históricamente legitimado como el lugar donde más de ciento noventa países del mundo se vinculan periódicamente para intentar estrechar posiciones en beneficio del concierto armónico internacional. 

Lo que impera, en cambio, es el reconocimiento de que la ONU está lejos de lograr que dicha vinculación sea vía de articulación eficaz para alcanzar objetivos comunes relativos a la paz y el desarrollo del conjunto de la humanidad. Más aún cuando la dirección del mismo sigue recayendo sobre los países más poderosos de la tierra que han diseñado y manipulado al organismo como herramienta para su sostenimiento. 

El conteo

Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia sostienen, según este mapa, una postura ligada a su realidad de asedio permanente por parte de los poderosos, que los llevó a recurrir a la originalidad para su desarrollo. Son naciones que terminaron por descreer del espacio y lo observan como una mera herramienta de Estados Unidos, sin posibilidad de transformación y recupero para el lado de los justos. 

Brasil, Argentina y Uruguay se postulan como países que comprenden la necesidad de mantener la vinculación, pero que consideran que para convertirse en un espacio de articulación efectiva debe sufrir grandes modificaciones -como la reformulación del Consejo de Seguridad y los derechos y funciones que éste ostenta- .

Este grupo, y el anteriormente citado, terminan por coincidir -en última instancia- en una postura conjunta a partir de los ejercicios de diálogo desarrollados en el marco de la Unasur.

El tercer grupo está compuesto por México -con su Plan Mérida, la guerra contra el narcotráfico y el vigente Tratado de Libre Comercio (TLC)-, Colombia -con Plan Colombia y TLC-, Perú, Chile y Paraguay -todos con TLC en pleno funcionamiento-, y Honduras -con aislamiento subcontinental y un gobierno ilegítimo pos Golpe-. 

Estos países, debido a las “relaciones carnales” en el marco económico, político y militar con Estados Unidos, se debaten continuamente entre cumplir con sus acuerdos bilaterales con la superpotencia -a costa del repudio de sus vecinos- o enmarcarse en las posturas de los referentes de la Unasur. 

Para los mismos, el mantenimiento del status quo conlleva la posibilidad de un equilibrio que beneficia a las clases dominantes que hegemonizan el Gobierno en esos países.