Razones de la embestida del poder corporativo contra el vice
Agustin Rossi
Desde la misma noche del 23 de octubre, el poder corporativo tiene una sola preocupación: romper el vínculo de confianza establecido por la ciudadanía con su presidenta, expresado en la legitimidad brindada a través del voto del 54% de los argentinos. El objetivo es terminar con el período de “luna de miel” que todo dirigente tiene con su base de sustentación luego de un triunfo electoral.
No habían pasado 15 días del triunfo cuando comenzó una fuerte operación de sectores económicos que, bajo el planteo de que “el dólar estaba bajo”, promovieron una corrida cambiaria que requirió una fuerte intervención de AFIP y el BCR.
Días más tarde, el anuncio efectuado acerca de la revisión del esquema de subsidios de tarifas de servicios públicos puso en marcha una estrategia comunicacional orientada a instalar la idea de un supuesto “ajuste” en las cuentas públicas. La “sintonía fina” propuesta por la presidenta se traducía, según esos voceros, en un “tarifazo”. En diciembre, el poder corporativo aprovechó críticas efectuadas por sectores de la dirigencia sindical para intentar abrir una cuña entre la presidenta y los trabajadores.
Tras la operación de tiroides de la presidenta, los intentos no cesaron. A partir del reclamo ciudadano originado alrededor de algunos emprendimientos mineros en las provincias del noroeste, intereses mezquinos buscaron poner sobre los hombros de Cristina la responsabilidad sobre la concesión de esos proyectos y, lo que es peor, la actuación policial reprimiendo a grupos de manifestantes.
En febrero, buscaron por todos lados. Fueron contra Garré por la supuesta implementación de acciones de inteligencia en manifestaciones sociales en llamado “Proyecto X”. Fueron contra Tomada por el manejo de conflictos laborales en la provincia de Chubut. Contra Moreno por la implementación de un esquema para las importaciones. En el medio, la trágica jornada del 22 de febrero en Once. Ni el dolor de las víctimas fue motivo para que los buitres corporativos abandonen sus intentos carroñeros.
La avanzada contra Boudou hay que ubicarla en ese contexto. Poco interesa el motivo: sólo importa dañarlo para, por transitiva, perjudicar a la presidenta. Hay que sumar el intento de algunos diputados opositores de emprender el juicio político contra Boudou. ¿Cuál es la denuncia? La difundida por los medios opositores. ¿Las pruebas? Las relevadas por periodistas de los medios opositores. Sin argumentos, se pide un juicio político contra el vicepresidente que no fue citado a indagatoria, no está imputado ni ha sido procesado. El doble estándar para calificar los hechos queda al desnudo: distinto trataron a Macri, imputado y procesado por “escuchas ilegales” a través de la Policía Metropolitana, delito similar al que le costó el puesto de presidente a Nixon en los Estados Unidos.
La avanzada corporativa deja al descubierto su preocupación por la indeclinable decisión de la presidenta de no apartarse de la orientación del proyecto nacional. La Ley del Peón Rural, el límite a la extranjerización de tierras, la reformulación del BCR y la reorientación del sujeto prioritario a apoyar con los subsidios son algunos indicios de que vamos camino a mayores niveles de profundización del crecimiento con equidad social. Olfatean bien las corporaciones. El poder corporativo quiere desgastar a la presidenta. Todo vale, incluso una sistemática tarea de desgaste del vicepresidente.
No es la primera vez que este espacio político sufre la embestida corporativa. A sabiendas de la poca propensión del gobierno a dejarse acorralar, esos intereses tratan de potenciar situaciones que le generen a la presidenta costos políticos. Pero si Cristina no se dejó condicionar a lo largo de su primer período, más firme aún está en sus convicciones con el 54% de los votos. Como siempre dice, sola no puede. Requiere del apoyo del pueblo argentino.