La Unión Europea en la encrucijada (segunda parte)
Aldo Ferrer
Diario BAE
La UE necesita evitar
desvíos que culminan en problemas como los actuales. Es preciso profundizar las
reglas comunitarias y armonizar la totalidad de las decisiones macroeconómicas,
incluyendo, la política fiscal. Pero, ¿que política fiscal? En el marco de las
reglas de la financiarización y el Estado supranacional neoliberal, la
armonización fiscal no resuelve los problemas actuales de la Unión y agrava las
asimetrías y la insuficiencia de la solidaridad.
Diario BAE
Como sucedió en la Argentina , durante el
predominio del “pensamiento único”, las decisiones radicales necesarias para
resolver un problema de exceso de deuda y, consecuentemente, recuperar la
gobernabilidad, son siempre rechazadas por supuestos efectos de contagio y
restricción del crédito a las empresas y las familias. Esto sucede también
ahora en el debate dentro de la
UE. La participación de los acreedores en el costo de la
reestructuración es también descartada o reducida, por el supuesto riesgo de
contagio al conjunto del sistema y de reducción del crédito para la economía
real. En realidad, el contagio radica en la recesión y el aumento del
desempleo, agravados por la estrategia neoliberal. Respecto del crédito, el
problema actual no es de falta del mismo sino de insuficiencia de la demanda
agregada. En todo caso, los fondos públicos destinados para el salvataje de los
especuladores podrían aplicarse al sostenimiento del crédito. Conforme lo
revela la experiencia histórica, las políticas públicas pueden enfrentar la
insuficiencia de la demanda agregada y subordinar las finanzas a los intereses
de la economía real.
Es difícil resolver la crisis de la Unión Europea sin la reestructuración de las
deudas públicas impagables y, de las privadas, que afectan a amplios sectores
sociales, especialmente, en el caso de las deudas hipotecarias para vivienda
propia. El sector financiero tiene que asumir parte del costo de una crisis
provocada por los excesos especulativos y su exagerada dimensión respecto de la
economía real y sus necesidades de financiamiento. Problemas agravados por la
desregulación de los mercados y multiplicados por la revolución informática,
que permite operar por decisiones instantáneas de los ordenadores.
Las
deudas impagables revelan que los países se han endeudado más allá de su
capacidad de generar excedentes de ahorro interno y divisas para su
cumplimiento. Por sus malas respuestas a la financiarización, los
despectivamente llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España) e Italia,
han generado niveles exagerados de deuda soberana y burbujas especulativas. La
crisis financiera global agravó los problemas. Entre el 2007 y el 2010, el
salvataje de los bancos y la medidas conexas, aumentaron la relación déficit
fiscal/PBI de toda la UE
de 0,9% a 6,5% en el 2010. El aumento fue aún mayor en España que, entre los
mismos años, pasó de un superávit de 1,9% a un déficit de 9,2 por ciento.
Además
del deudor, existen otros dos responsables de las crisis de deuda: el acreedor
y la ausencia de marcos regulatorios globales. Es decir, la búsqueda de altos
rendimientos especulativos desatendiendo el riesgo y la subordinación de las
políticas de los países centrales, que regulan el sistema global, a la
especulación financiera. Para el buen funcionamiento del orden global, lo
necesario y equitativo es que el deudor y el acreedor repartan los costos de
sus propias conductas y reformar las reglas del sistema. Es preciso reducir la
excesiva participación de las ganancias de la actividad financiera en el total
de las ganancias corporativas, transfiriendo ingresos a la remuneración del
trabajo para aumentar la demanda agregada y estimular la inversión y el empleo.
La
reducción de los niveles de deuda en los países y sectores vulnerables,
reactivaría la demanda de consumo e inversión privados. Al mismo tiempo,
ampliaría los recursos públicos para sostener la economía real y reducir
progresivamente el déficit, en un sendero de crecimiento. Las políticas
públicas recuperarían capacidad de sostener el crédito de producción e
inversión, mientras el sistema absorbe los quebrantos por los múltiples
caminos, que están incluso presentes, en los estudios del G-20 sobre la reforma
financiera. Los gobiernos ganarían también capacidad de utilizar recursos para
financiar políticas de salario mínimo y cobertura social, reactivadoras del
empleo, como las propuestas por la
OIT y aplicadas en la Argentina y otros países.
En
conclusión, la reestructuración equitativa de las deudas impagables reparte el
costo entre dos de las partes responsables de las crisis de deuda. De allí el
interés que despierta la resolución del problema en la Argentina. El tercer
responsable de la crisis son los Estados de los países centrales que
promovieron la desregulación de la especulación financiera. La reparación de
las consecuencias de las políticas del Estado neoliberal incluye imponer marcos
regulatorios para erradicar los “paraísos fiscales” que amparan la evasión
impositiva y el lavado de dinero, vigilar los fondos buitre, aplicar la “tasa
Tobin” a las operaciones cambiarias, regular los hedge funds y las operaciones
con derivados, prohibir las ventas de valores en descubierto y regular las
coberturas de riesgo de default. En el caso de las deudas soberanas, podrían evitarse
las burbujas especulativas, que terminan en crisis, estableciendo que, cuando
la prima de riesgo excede un cierto límite, digamos 200 puntos básicos, el país
afectado tiene que formular una propuesta de reestructuración. Esto
desalentaría las políticas fiscales insostenibles y su irresponsable,
financiamiento externo, en busca de sobretasas de ganancias. En este escenario,
las opiniones de las agencias evaluadoras de riesgo serían irrelevantes.
La
política fiscal necesaria no radica en el ajuste para recuperar la confianza de
los mercados. Por esta vía no pueden resolverse los problemas de deuda ni la
insuficiencia de la demanda agregada, el estancamiento económico, el aumento
del desempleo y el malestar social. Tampoco resuelve el problema fundacional de
las asimetrías en los niveles de desarrollo y bienestar de los paises miembros.
Como el problema es sistémico y no coyuntural, las medidas adoptadas hasta
ahora, no logran restablecer la estabilidad de los mercados ni el crecimiento.
Mientras se mantenga el mismo curso de acción, es previsible el agravamiento de
los problemas actuales.
El
ajuste, fuera del contexto de una estrategia global de fortalecimiento de la
gobernabilidad y recuperación de la actividad y el empleo, termina aumentando
el déficit, porque el ingreso fiscal cae más que el gasto y, en el límite,
implica la extinción del Estado y del orden social. También es difícil
estimular la solidaridad de los países más solventes, cuando los fondos de
rescate, no se destinan a la reactivar la producción y el empleo sino a
preservar el valor de las acreencias de los prestamistas.
Actualmente,
el apoyo a los países con problemas está condicionado a la profundidad del
ajuste fiscal y, también, a la adopción de reformas “estructurales”, como la
privatización de empresas públicas y la flexibilización laboral. En América
latina, esta estrategia trae el recuerdo de las reformas semejantes del
Consenso de Washington. El interrogante que se abre es que resistencia tiene,
la actual estrategia, para soportar los costos sociales y consecuencias
políticas, de tasas de desempleo que, en el conjunto de la UE , se acerca al 10%, y, en
varios de sus miembros, se ubica entre el 15 y 25 por ciento.
Dentro
del marco de delegación de soberanía que implica la existencia de la UE , los Estados miembros tienen
que recuperar las funciones propias del Estado nacional para privilegiar el
interés social por encima de los de la especulación financiera. Es decir,
Estados capaces de administrar la economía y coordinar con otros semejantes la
resolución de problemas comunes.
Perspectivas.
En consecuencia, la UE
confronta una crisis de vasto alcance, la más profunda desde el Tratado de Roma
y los acuerdos de Maastricht. La unión enfrenta el desafío mayúsculo de
reconstruir el Estado supranacional comunitario, que constituye la visión fundadora
de Monnet, Schuman y las dirigencias políticas que pusieron en marcha la
integración europea. La resolución de la crisis es fundamental para el futuro
de Europa y su papel en la organización del orden mundial.
El
problema no se soluciona aflojando la política monetaria y el compromiso del
Banco Central Europeo de comprar deuda de los países vulnerables. La UE está en el dilema de, por
una parte, seguir sosteniendo el salvataje de los acreedores con fondos
públicos, la emisión monetaria e impulsar el ajuste de los deudores a un alto
costo económico y social o, por la otra, recuperar el comando de las políticas
públicas, respaldar la reestructuración de las deudas impagables e impulsar la
demanda agregada para recuperar la producción y el empleo.
En
resumen, la UE
confronta tres desafíos principales y concurrentes. Primero, subordinar el
sector financiero a la economía real y recuperar la autonomía necesaria de las
políticas públicas frente a los criterios de los mercados especulativos. Este
es también un requisito de la recuperación de la economía mundial. Segundo,
profundizar las normas comunitarias abarcando los lineamientos básicos de las
políticas fiscales de los países miembros, para evitar desvíos que concluyen
con endeudamientos inmanejables. Tercero, profundizar la solidaridad aceptando
que, como en un Estado nación, los problemas de los países miembros de la UE son problemas de todos los
habitantes de la Unión
y, en particular, que las coberturas sociales tengan respaldo comunitario. Esto
pone a prueba la voluntad política de los países más importantes de la UE , de sus electorados y
gobiernos, de asumir semejante empresa de la construcción de Europa y sus
costos.
Conviene
rescatar, de la experiencia ajena, enseñanzas para entender la propia. Los
acontecimientos analizados ratifican, nuevamente, la necesidad de mantener los
equilibrios macroeconómicos, no caer en el abismo de los mercados especulativos
y sostener con firmeza el ejercicio responsable de la soberanía económica, que
es la única y mejor respuesta a las oportunidades y riesgos de la
globalización. Respecto del Mercosur y la Unasur , la experiencia europea revela la
conveniencia de reglas que compatibilicen el desarrollo nacional de los países
miembros con la integración regional, atendiendo a las asimetrías existentes.