Petroleo y soberania. El legago de Hipolito Yrigoyen
Diego Barovero
Tiempo Argentino
- Yrigoyen fue el primer presidente en comprender en su real significado la trascendencia de la cuestión sobre el manejo petrolero y, especialmente, la importancia de su explotación exclusiva y soberana por parte del Estado Nacional.
Hipólito Yrigoyen
El descubrimiento del petróleo argentino en 1907 dio origen a una política nacional sobre los yacimientos; el presidente conservador José Figueroa Alcorta decretó la creación de una reserva estatal sobre los mismos, utilizando para ello la Ley de Tierras. Luego Roque Sáenz Peña, a instancias de su ministro de Marina Sáenz Valiente, creó en 1912 la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia.
Al frente de esta repartición, el Ing. Luis Huergo denunció en 1913 las maniobras de la Standard Oil tendientes a impedir la explotación estatal, mediante la obtención de concesiones sindicalizadas e inoperantes temporariamente, que abarcaban gran parte del territorio nacional y la casi totalidad de los territorios nacionales, en especial la Patagonia.
Las maniobras para extranjerizar la extracción y explotación de nuestro petróleo fueron revertidas por el presidente radical Hipólito Yrigoyen, a quien debe reconocerse además como autor estratégico de una política petrolera con sentido nacional y estatal, circunstancia que se puso de manifiesto en la decisión de fundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1922, casi sobre el final de su mandato.
Es que Yrigoyen fue el primer presidente en comprender en su real significado la trascendencia de la cuestión sobre el manejo petrolero y, especialmente, la importancia de su explotación exclusiva y soberana por parte del Estado Nacional, en cuanto a la captura de las rentas derivadas y su inversión en pos de la elevación del nivel de vida de los desposeídos, el crecimiento industrial con su paralela ruptura del modelo de la dependencia no competitiva vigente hasta entonces y la ocupación efectiva del territorio nacional en base a la explotación integral de los hidrocarburos.
Sostenía Yrigoyen: “A fin de evitar que se repita lo ocurrido con el suelo fiscal y conservar los beneficios del petróleo para el pueblo de la República, es menester organizar un régimen legal que consulte las exigencias del interés de la Nación, poniendo en manos del Estado el dominio efectivo de los yacimientos petrolíferos y confiriéndole el monopolio de su explotación y comercialización.”
Interesa señalar que los lineamientos de política energética enunciados por Yrigoyen siguen vigentes en la mayoría de los países del mundo; ya que como se sabe, el petróleo es un bien estratégico vinculado a los intereses vitales de las naciones.
La acción de Yrigoyen, de su continuador en la presidencia, Marcelo T. de Alvear, y del coronel ingeniero Enrique Mosconi, el primer director de YPF, permitieron que el 1 de agosto de 1929 se concretara la toma del mercado de los combustibles líquidos.
Fue la culminación de un sueño soberano.
Mosconi afirmaba: “El 1 de agosto de 1929 es una fecha memorable en la organización económica de la Argentina y por ende de la América del Sud (…) Un siglo antes se inició en el Plata el proceso de la independencia política de América Latina, en aquella campaña heroica que hizo sus primeras armas en San Lorenzo, tomó cuerpo en Chacabuco y Maipú y, luego de pasar por Lima, termina en Junín y Ayacucho, cerrando allí el período de dominación de España en el Nuevo Mundo. Pues bien, a semejanza de aquel gran movimiento continental que dio independencia política a nuestro continente, se encuentra en marcha el movimiento que terminará conquistando la independenciaeconómica para nuestra América.”(…) “El primer capítulo tiene realización feliz en Buenos Aires el 1 de agosto de 1929, fecha en que nuestro país rompe los trusts petrolíferos que hasta entonces impusieron sus exigencias y da a la América Latina el ejemplo y el impulso inicial del movimiento que se ha transmitido a algunos países hermanos, México, Colombia y Uruguay, entre ellos, y que se propagará irremisiblemente a los demás pueblos de nuestra raza, hasta el establecimiento de la independencia integral de Sud América.
Esta visión no encuentra fantasía ni ultra optimismo como parecía en el año 1922, cuando anunciamos que en nuestro país abatiríamos los trusts, proyecto que se imaginó fantástico pero que fue realidad magnífica siete años después.”(…) “desde el 1 de agosto de 1929, fecha en que los trusts inglés y norteamericano quedan definitivamente rotos en nuestro país, los habitantes de la República no sufren más imposiciones que las emanadas de su propio gobierno que decide libre de injerencias extrañas en todo lo relativo al combustible líquido y empiezan a volcarse tierra adentro los millones que hasta entonces tomaban el camino del mar”(…) “La República Argentina se ve libre de todo peligro y acechanza que pudiera perturbarla o detenerla en su marcha a su futuro engrandecimiento y bienestar.”
Quedaba pendiente la segunda parte del Plan de Yrigoyen y Mosconi: la nacionalización del petróleo y la expulsión definitiva de los trusts internacionales; no cuesta mucho entender la injerencia de las petroleras privadas extranjeras en el golpe del 6 de septiembre de 1930.
La Ley de Nacionalización que no pudieron conseguir Yrigoyen y Alvear se plasmó en el artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949.
El autor del mencionado artículo fue el miembro informante de la mayoría de la Comisión Revisora de la Constitución Arturo Sampay, destacado constitucionalista, a quien junto con el presidente de la Convención –y también gobernador de la provincia de Buenos Aires Domingo Mercante– se debe su inclusión. “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación…”
Decía Sampay: “No puedo menos que recordar con emoción a aquel gobernante argentino, Hipólito Yrigoyen, que pocos meses antes de su derrocamiento decía ‘que el subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma’.”
Esos lineamientos trascendieron las diferencias partidistas, a través de varias décadas en la República Argentina, hasta el advenimiento de la gestión peronista de Carlos Menem, y desde entonces han continuado casi sin interrupción hasta la decisión presidencial anunciada por Cristina Fernández al intervenir la empresa, cuyo paquete accionario mayoritario detenta una empresa privada española, y enviar un proyecto de ley al Congreso para recuperar YPF y la renta hidrocarburífera para la Nación.
La existencia de una YPF nacional estatal le permitió a la Argentina lograr, no solamente un cierto grado de desarrollo económico y equidad social, sino también construir hasta 1989 la casi totalidad de la infraestructura energética –reservas, ductos troncales y auxiliares, represas hidroeléctricas– y vial y la colonización de zonas desérticas como la Patagonia, a la par que permitían el financiamiento de los servicios públicos esenciales, tales como electricidad y transporte.
A todo eso renunció nuestro país a partir de la implementación de una política privatista a ultranza desde los años noventa, cuyos efectos nocivos al interés nacional pueden empezar a ser revertidos a partir de esta acertada política del gobierno nacional.