Argentina: Sepultó el dogma de no revisar ni corregir

Rodrigo Conti

BAE

Las dudas y la incertidumbre se convirtieron de pronto en reparación histórica. Unas horas después de que las especulaciones tocaran techo, Cristina Fernández de Kirchner se atrevió a concretar una medida determinante sobre la recuperación de la soberanía de los hidrocarburos en la Argentina. En medio de las amenazas de España y desoyendo a las corrientes privatistas que aún operan en el mercado, la Presidenta tomó la decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley para que el Estado vuelva a tener el control de un recurso estratégico para la matriz productiva del país.

El anuncio representa un hito que tiende a acentuar el rol estatal sobre la economía y su influencia en el proceso de desarrollo e inclusión, que no pueden depender exclusivamente de actores privados. Por eso, es una buena señal para el país que las agencias internacionales de calificación financiera expresaran que el proyecto tiene "señales negativas en términos de seguridad jurídica así como también de eficiencia y gasto público". Sin embargo, en la escena local, reaparece un mecanismo comunicacional que no es nuevo. Se dispara una idea a la política como si fuera un dogma, entendido como verdad de fe y revelada por una especie de vía divina. Entonces se instala como fundamento de creencia. Y aunque la política no es religión, aparece como un argumento válido que nada de lo que un dirigente haya hecho en su pasado puede revisarse, corregirse o cambiarse. Tal es así que la propia jefa de Estado, en su discurso de ayer, asumió como propia la autocrítica del peronismo de acompañar en tropel la privatización menemista de YPF.

Sobre la base de las fallidas experiencias argentinas, el desembarco estatal sobre la principal petrolera del país tiene esta vez un cariz distinto, no se trata de una estatización ni de una privatización. Ese camino intermedio permite arriesgar correcciones que ni el Estado ni las privadas han logrado. De hecho, el anuncio supone el reconocimiento del problema estructural que representa la matriz energética argentina y las fallas que ha tenido el Estado para hacer funcionar a una compañía como Repsol-YPF. Ahora, la iniciativa oficial sirve, por lo pronto, para volver a tener el control sobre una parte vital de los recursos del país.