Alberto González Arzac: “El Estado tiene que limitar la expansión de Clarín”
El reconocido constitucionalista y el representante estatal
en Papel Prensa apunta contra la prepotencia del monopolio y cuestiona la
justicia mediática. Además, propone elegir a los magistrados con el voto
popular.
El debate sobre la
Justicia, su rol y su accionar parece, por estos días, inagotable. “Que debería
intervenir en cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no
se ponen de acuerdo”; “que es el único poder no republicano y debería contar con
elección de magistrados por el voto popular”; “que está politizada y actúa como
corporación”, son apenas algunas de las consignas que reprodujeron
funcionarios, jueces, periodistas y ciudadanos en general durante las últimas
semanas. No es para menos: el mes de marzo sumergió a la corporación judicial
en debates clave como los decretos de necesidad y urgencia ligados al Fondo del
Bicentenario, la Ley de Medios, la intervención de Papel Prensa, los juicios
por la verdad y hasta la extracción de sangre y el ADN de los hijos de
Ernestina Herrera de Noble (ver recuadro), entre otros. Sin embargo, el abogado
constitucionalista Alberto González Arzac no se sorprende de semejante
protagonismo. Con más de 50 años de profesión, conoce a la Justicia como la
palma de su mano: escribió sobre ella, caminó los pasillos de Tribunales,
analizó jurisprudencia, pensó y diagramó normas siendo asesor en el Senado de
la Nación y supervisó aspectos constitucionales de diversos proyectos
legislativos. Sabe tanto de su importancia como del entramado político que la
atraviesa. Y experimentó, en carne propia, la fuerza de la ley cuando semanas
atrás un fallo del magistrado Eduardo Malde, a cargo del Juzgado Comercial Nº
20, lo devolvió a su puesto en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. Allí
había sido designado como representante del Estado, en octubre de 2009, pero
las autoridades de Clarín y La Nación –con asiento en el directorio– le habían
impedido asumir sus funciones exigiendo la designación estatal a través de
asamblea de accionistas.
–En Papel Prensa,
usted cuestionó la falta de información para analizar los balances de la
empresa. Teniendo en cuenta que opera en Bolsa, ¿debería existir mayor control
sobre la compañía?
–Tanto la Bolsa
como la Comisión Nacional de Valores tienen la obligación de controlar la
veracidad de los balances. Sin embargo, en los últimos meses hubo
irregularidades. Si bien la CNV hizo su trabajo, la Bolsa dejó bastante que
desear. Y eso se debe, en gran medida, a la complicidad que mantienen con el
señor Alberto Maquieira (N. de la R.: el contador que, en noviembre de 2009,
resultó electo presidente de Papel Prensa en lugar de Luis María Julio
Saguier), a quien denuncié a través de una querella penal por fraudes al
comercio y a la industria.
–¿Cuáles son las
irregularidades?
–Un balance
trimestral de septiembre de 2009, por ejemplo, fue dado a conocer como
“aprobado” y es falso.
–¿Considera que por
esos motivos impidieron que integre el Consejo de Vigilancia?
–Sabían que yo iba
a controlar con seriedad a los accionistas. Mi cargo estaba ocupado por Carlos
Collazo y él, siendo empleado del Estado, era proclive a consentir las
decisiones de las empresas.
–En medio de la
discusión por la nueva Ley de Medios, Osvaldo Papaleo, ex secretario de Prensa
de María Estela Martínez de Perón, aseguró que Clarín le había arrebatado la
empresa a la familia Graiver. ¿Debería replantearse la composición de la
compañía teniendo en cuenta su origen?
–La constitución de
la empresa es válida y no hay que modificarla: esta composición fue ideada por
Graiver. Su proyecto era hacer una empresa en la que los grandes diarios fueran
socios y el Estado pusiera el capital inicial, como se hizo a través del Banco
Nacional de Desarrollo. En ese esquema, los grandes diarios tuvieron las
acciones tipo A, el Estado las B y las C se las quedó la familia. Pero Graiver
se llevó una sorpresa cuando le sacaron una tuerca del avión y se hizo bolsa,
murieron tres sucesores, torturaron a su mujer y los medios consiguieron
comprar los activos a precios absurdos. Clarín consiguió tener la mayoría de
las acciones de Papel Prensa en la época de la dictadura. Y todos los trámites
los hacía un tal Martínez Segovia, que era primo de José Alfredo Martínez de
Hoz.
–¿Cuánto incide la
actual pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín en el funcionamiento de la
compañía?
–Una parte del
enfrentamiento entre el Grupo Clarín y el Ejecutivo, que es lógico, se da en
Papel Prensa. El Estado tiene que limitar la expansión de Clarín para defender
la libertad de prensa e intervenir en la imprenta. Está en todo su derecho
porque tiene acciones y como poder público tiene que bregar por el buen
abastecimiento de todos los diarios. Los monopolios deben ser totalmente del
Estado y, si no, están mal.
–La Justicia intervino
en este conflicto y también en otros debates, como la utilización de las
reservas para el pago de deuda. ¿Qué aspectos debería replantearse como
institución?
–Cuando se produce
la Revolución de Mayo y la Argentina pasa a ser una nación republicana, la
figura del presidente se quedó con muchas de las atribuciones que tenía el rey
o el virrey pero con un plazo limitado de gobierno en seis años. Y los cargos
en el Legislativo también fueron fijados con un recambio periódico. Pero la
Justicia, en cambio, fue el único poder que no sufrió esa transformación.
Además, a diferencia de los otros poderes donde sus autoridades son electas por
el pueblo, en el caso del Poder Judicial los que gobiernan son los abogados.
–¿Sugiere que los
magistrados deberían ser electos también a través del voto popular?
–Creo que sí. Al
menos, se saldaría la más importante de las deudas de la Justicia. Si el pueblo
es el soberano, debería elegir a todos sus representantes. Si no, a la Justicia
siempre la gobiernan los mismos apellidos y un sector de la sociedad con poder
adquisitivo muy elevado. Todo eso ayuda a que ese poder esté tan politizado.
–¿Ese aspecto quedó
en evidencia tras la pelea por el uso de reservas que debían ser destinadas
para el Fondo del Bicentenario?
–En primer lugar
diría que hasta por ahí nomás es correcta la intervención de la Justicia en ese
tema. Durante muchos años el Poder Judicial no dictó sentencias en las
cuestiones que les estaban asignadas a los otros poderes. Pero esto se ha
venido degenerando. Es un fenómeno antidemocrático porque órganos que son
expresión de la voluntad del pueblo como el Poder Legislativo y el Ejecutivo
pasan a dirimir sus cuestiones en el único órgano en que no participa el
pueblo. Es una desvirtuación de la democracia como lo es la designación o
sanción de los jueces por parte del Consejo de la Magistratura, compuesto por
un conjunto de abogados, algunos diputados y otros representantes de la
academia. El Consejo de la Magistratura es corporativo, casi fascista. Está mal
que se les otorgue a los abogados, como si fueran una clase social, el manejo
de un poder que es de toda la Nación.
–¿Cómo evalúa los
intercambios que hubo entre el Gobierno y la Corte Suprema?
–El llamado a
mesura y equilibrio que hizo la Corte también suele hacerlo la Iglesia. No creo
que se haya quebrado la buena relación. La deuda en materia de Corte Suprema es
nombrar a los dos miembros que falta designar. Personalmente creo que es
insuficiente el número actual y que habría que completarlo de acuerdo a la ley.
Francamente no me gustó cómo quedó integrada pero mejoró respecto de la
anterior, que era demasiado afecta a los intereses del ex presidente Carlos
Menem.
–¿La Justicia está
mediatizada?
–Los periodistas
abalanzándose sobre los jueces en busca de declaraciones no colaboran. En ese
sentido, coincido con quienes piensan que los jueces tienen que hablar a través
de sus fallos.
–El ministro
supremo Carlos Fayt mantiene cada mañana charlas informales con periodistas en
la puerta de su casa...
–Fayt es uno de los
jueces que no debería formar parte de la Corte. La Constitución del ’94 fijó en
75 años el límite de edad para los magistrados. La Corte Suprema anterior
consideró ese aspecto como inconstitucional para favorecer a Fayt, justo el día
que cumplió 75. Pero por algo se había fijado ese límite en la Constitución y
lo digo yo, que tengo 73. La vejez va deteriorando la inteligencia y la
capacidad de trabajo.
Fuente: Veintitrés