Los primeros gobiernos peronistas y la consolidación del país industrial: éxitos y fracasos*

Por Eduardo M Basualdo

Cuadernos del Cendes

versión On-line ISSN 2443-468X

CDC v.22 n.60 Caracas dic. 2005

Resumen 

La irrupción del peronismo en la Argentina (1945-1955) es un hito fundamental en la historia argentina porque señala el momento en que los trabajadores acceden a una situación económica e institucional desconocida hasta ese momento, conformándose una identidad de los sectores populares que perdurará a lo largo de muchas décadas. Esta integración económica, social y política de la clase trabajadora fue posible por la consolidación de la industrialización como el eje prioritario de la actividad económica. Sin embargo, esos gobiernos no lograron integrar la estructura industrial mediante la incorporación de la industria pesada. En este trabajo se indaga si las causas de ese fracaso radicaron en la redistribución del ingreso hacia los trabajadores o en las elevadas tasas de rentabilidad que obtuvieron los propios empresarios industriales.

Introducción

La irrupción del peronismo1 a mediados del siglo pasado es un hito fundamental en la historia argentina porque señala el momento en que los trabajadores acceden a una situación económica e institucional desconocida hasta ese momento, conformándose una identidad de los sectores populares que perdurará a lo largo de muchas décadas. Esta integración económica, social y política de la clase trabajadora fue posible porque durante esos años se pone fin a la larga agonía del planteo agroexportador que se desarrolla durante la «década infame», consolidando la industrialización como el eje prioritario de la actividad económica.

Este giro copernicano en la sociedad modificó el plexo de las relaciones sociales, dando lugar a un tipo de Estado específico que impulsará la industrialización y, como parte de la misma, la emergencia –con todas sus limitaciones– de una burguesía nacional. De esta manera, se plasmó una nueva matriz social que dio lugar a dos bloques sociales que se enfrentarán a lo largo de la segunda etapa de sustitución de importaciones que se despliega entre 1958 y 1975. El primero de ellos conformado por la clase trabajadora, cuyo núcleo estaba constituido por los asalariados industriales, y ese sector del empresariado nacional asentado principalmente en la producción de bienes intermedios y bienes salarios demandados por los sectores asalariados. El otro conducido por el capital extranjero industrial y una fracción de la oligarquía pampeana que había formado parte del proyecto agroexportador anterior.

Al estar ambos bloques sociales integrados por distintas fracciones del empresariado industrial, se vuelve palpable que a partir del peronismo la pugna no se entabla entre lo urbano y lo rural, y menos aún entre la producción agropecuaria y la industrial. Tanto es así que incluso dentro de la oligarquía pampeana ya se encuentran durante esos años dos fracciones claramente diferenciadas. La primera de ellas está constituida por los tradicionales terratenientes que fueron la conducción del proyecto agroexportador junto a los intereses ingleses. La segunda está compuesta por aquellos terratenientes que durante las décadas anteriores habían utilizado una parte de la renta agropecuaria para diversificar sus inversiones hacia otras actividades económicas, principalmente hacia la producción industrial. Al igual que lo que ocurre con la burguesía nacional, esta fracción de la oligarquía está inserta en la producción de bienes salario y bienes intermedios, lo cual plantea una pugna entre ellas por definir el carácter del Estado y, por lo tanto, sus políticas de promoción y el grado de apertura económica. De esta manera, el grado y las modalidades que adopta la apertura comercial y financiera devienen en la economía argentina como el elemento fundamental que define la posibilidad de construir una nación o de consolidar el país dependiente.

Analizar los logros y fracasos del peronismo original no sólo es trascendente para esclarecer la verdad histórica, lo cual de por sí es fundamental porque hace a la identidad de los sectores populares, sino también para el debate sobre la crítica situación por la que transita nuestro país. Varios y de diversa índole son los motivos de su importancia actual.

Es poco discutible que el colapso económico y social actual es el resultado de que hace casi treinta años la dictadura militar interrumpió la industrialización e impuso un patrón de acumulación de capital basado en la valorización e internacionalización financiera vinculada al endeudamiento externo, y en beneficio de los acreedores externos y la fracción diversificada de la oligarquía pampeana (grupos económicos locales), a partir de una apertura económica discriminada que abarcó tanto al mercado de bienes como el de capitales. Tampoco caben mayores dudas de que, a partir de la restauración constitucional, este proceso fue convalidado por el sistema político en su conjunto pero donde el radicalismo2 y el peronismo tuvieron una influencia decisiva. Resulta evidente que la reversión de la profunda crisis económica y los inéditos índices de desocupación y exclusión social que provoca ese proceso sólo es posible adoptando políticas de Estado que tengan como objetivo central la redistribución del ingreso y la reindustrialización del país. Conviene entonces tener en cuenta los avances y fracasos anteriores para no replicar experiencias frustrantes, especialmente las implementadas en los primeros gobiernos peronistas, ya que es el momento histórico en que la industria y los derechos sociales de los trabajadores se instalaron como núcleos centrales del proceso económico-social, dejando atrás el modelo agroexportador.

No menos relevante es percibir que la definición de una política industrial no implica únicamente la identificación y jerarquización de las actividades sectoriales, sino la definición del papel del Estado y de los diferentes sectores sociales en dicho proceso. En este sentido, la revisión de la experiencia de los dos primeros gobiernos peronistas resulta decisiva porque, al igual que en la actualidad, se trató de un desafío fundacional para revitalizar a la clase trabajadora, restaurando su participación en el ingreso y sus derechos laborales y sociales.

Sin embargo, igualmente trascendente es reparar en que la redefinición de la relación entre el capital y el trabajo reconoce como condición sine qua non un nuevo tipo de Estado que se involucre directamente en la producción y conduzca el proceso de reindustrialización y redistribución del ingreso, disciplinando a las fracciones del capital oligopólico, incluida la oligarquía agropecuaria.

Se trata de una problemática central no sólo durante los primeros gobiernos peronistas sino también en la actualidad, porque los sectores dominantes mediante la reestructuración económica de los últimos treinta años redimensionaron y disgregaron a la burguesía nacional. Es así como a partir de la crisis del régimen convertible la oligarquía diversificada, ya como conducción de la oligarquía pampeana en su conjunto, intenta suplantar a la disgregada burguesía nacional y ubicarse como la interlocutora natural de un proyecto nacional que enfrente al dominante capital extranjero. Más aún, esta fracción de la oligarquía, como parte de esa transmutación que el sistema político convalida, tergiversa la naturaleza histórica del objetivo buscado en los primeros gobiernos peronistas. Ya no se trata de una alianza que fue posible porque la clase trabajadora se constituyó como un sujeto social y político que enfrentó el poder oligárquico, modelando un nuevo tipo de Estado desde donde, a su vez, impulsó la conformación de una burguesía nacional asentada en una dinámica compatible con una mayor participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Ahora, en la versión oligárquica, se invierten las causalidades colocando a la burguesía nacional como el alma mater de esa etapa histórica, ocultando de esta forma un hecho decisivo: la clase trabajadora ha sido el sujeto central de la conformación de los proyectos reformistas, tanto como lo fue en otras experiencias nacionales de los proyectos revolucionarios.

Crecimiento económico, distribución del ingreso y expansión industrial

Ningún análisis sobre la industrialización en la Argentina, por preliminar o fragmentario que sea, puede obviar su antecedente inmediato: el período 1946-1955 en el cual la misma deviene el eje central del proceso económico interno. Puede tratarlo más o menos implícitamente pero no excluirlo, porque en ese período se plasma una divisoria de aguas en el desarrollo económico, social y político del país, en tanto queda atrás el modelo oligárquico agroexportador y se fortalece la industrialización, conformándose las condiciones estructurales y las alianzas sociales que serán decisivas en los acontecimientos posteriores al derrocamiento del peronismo en 1955 mediante un golpe de Estado. Esos gobiernos peronistas ponen en marcha una experiencia inédita hasta ese momento porque conjugan el crecimiento económico con un importante aumento en la participación de los trabajadores en el ingreso generado anualmente  (v. gráfico 1).

Los trabajos realizados sobre estos períodos señalan la existencia, especialmente durante los primeros años de la administración peronista (1946-1948), de una acelerada e inédita expansión económica sustentada en la situación también excepcional de la balanza de pagos y en un sensible crecimiento de la inversión bruta fija. Sobre este particular, R. Mallon y J. Sourrouille (1973:21) expresan que:

Entre 1945 y 1948 el volumen de las mercancías importadas se cuadriplicó y el producto interno bruto real aumentó el 28 por ciento. La disponibilidad real de bienes y servicios –total del producto interno más importaciones menos exportaciones– creció, durante el período de tres años, en una cifra aún más impresionante, el 45 por ciento, favorecida por el mejoramiento en los términos de intercambio con el exterior y en los servicios de los préstamos e inversiones extranjeros.

Por su parte, C.F. Díaz Alejandro (1975:78) señala que «las tasas de crecimiento anual más elevadas conseguidas durante lapsos consecutivos de cinco años han sido los siguientes (empleando como serie básica el PIB): 1932-1937: 5,0 por ciento (Cepal), 1943-1948: 5,4 por ciento (BCRA), 1953-1958: 5,0 por ciento (BCRA)». Finalmente, también E. Eshag y R. Thorp (1969:75), en su trabajo sobre esa época, indican que entre 1946 y 1948 «Las estadísticas disponibles sugieren un crecimiento del producto bruto nacional del 10 por ciento por año durante el período, mientras que durante la guerra fue de sólo del 3 por ciento por año».

Sin embargo, la peculiaridad fundamental que caracteriza a esos gobiernos peronistas es la incorporación de la clase trabajadora argentina en términos económicos, sociales y políticos, dando por terminado, al mismo tiempo, el modelo agroexportador sobre la base de un acelerado crecimiento industrial. De allí que Alejandro Horowicz, en su incisivo ensayo sobre el peronismo (1990:133), señale sobre el 17 de octubre3 que: «Así y todo, en la historia argentina es algo nunca visto puesto que es una movilización pacífica de masas obreras que violenta el fiel de la balanza donde discurre la política burguesa. Es decir, la clase obrera tomó partido en la disputa y su partido se denominó peronismo».

La constitución de la clase trabajadora como un nuevo y trascendente sujeto social se llevó a cabo concretando las reivindicaciones (convenios colectivos por actividad, tribunales laborales, salarios mínimos, seguridad social, aguinaldo, etc.) que habían formulado los sectores populares en las décadas anteriores a través de sus diversas representaciones sociales y políticas (anarquistas, socialistas, los radicales yrigoyenistas, etc.). Muchas de ellas ya estaban establecidas legalmente, pero no se cumplían, mientras que muchas otras dieron lugar a una profusa legislación que las puso en marcha. Complementariamente, en 1945 se sancionó la mítica Ley de Asociaciones Profesionales que permitió la expansión y el fortalecimiento de los sindicatos en la sociedad argentina.

Es así como, tomando en cuenta solamente este aspecto, durante ese período se registra una participación creciente de los asalariados en el ingreso nacional, impulsado por un incremento tanto del salario real como de la ocupación de mano de obra. Tal es su intensidad, que varios autores la consideraron como el factor que impidió un salto cualitativo en la producción industrial y la modernización de la infraestructura luego de la profunda reducción de la inversión impuesta por la guerra. Así por ejemplo, C. F. Díaz Alejandro (1975:129), en una de las reiteradas ocasiones en que se refiere a esta problemática, afirma que:

Las políticas peronistas dan la impresión de un gobierno interesado no tanto en fomentar la industrialización, cuanto en desplegar una política nacionalista y popular de aumento del consumo real, la ocupación y la seguridad económica de las masas –y de los nuevos empresarios. Persiguió estos objetivos aun a expensas de la formación de capital y de la capacidad de transformación de la economía.

También, E. Esahg y R. Thorp (1969:74-75) sostienen una visión similar, diciendo que:

En la posguerra, dada la fuerte demanda extranjera, cualquier aumento del consumo implicaba una reducción idéntica de los ingresos de divisas. La política de mantener precios relativamente bajos para los alimentos, más el control estricto de las locaciones urbanas y de los precios de otros importantes bienes y servicios, en una época en que el empleo y los salarios nominales crecían rápido, permitió que el consumo privado absorbiera una proporción excesiva del incremento de los ingresos reales, que resultó del aumento de la producción interna y de los términos de intercambio.

Si bien el crecimiento económico de los primeros años del gobierno peronista no logró mantenerse después de 1948, la tendencia fue claramente expansiva en la etapa considerada. Tan es así, que las evidencias estadísticas expuestas por Eshag y Thorp indican que el Producto Bruto Nacional de 1955 es un 16 por ciento superior al de 1948 (v. cuadro 2), es decir superiores a las expuestas en el gráfico 1 de este trabajo. Hay pleno consenso acerca de que esta expansión y la creciente participación de los asalariados en el ingreso están directamente relacionadas con un notable crecimiento de la producción industrial, la cual pasa a ser el eje central del proceso económico. En efecto, tal como se verifica en el gráfico 2, la incidencia relativa de la industria en el PBI superó por primera vez la participación de la producción agropecuaria en 1945 y de allí en más, en el marco de una sensible expansión del PBI, se acentuaron rápidamente las diferencias entre las mismas.

Más aún, la acelerada expansión industrial de ese período se registra a pesar del acentuado y generalizado crecimiento que evidencian las diversas actividades industriales en los años anteriores al peronismo. De allí que J. V. Sourrouille y J. Lucángeli (1980:8-9), en su trabajo clásico sobre la industrialización, resalten enfáticamente el crecimiento industrial y la paulatina diversificación de la producción sectorial durante la década anterior. Al respecto, sostienen que:

El aumento en el número de establecimientos, ocupación, producción y salarios entre 1946 y 1935 es impresionante: cualquiera sea el elemento de comparación, los datos de 1946 implican por lo menos una duplicación con respecto a los de una década atrás (...) la industria alimenticia continuaba siendo la principal actividad en términos de valor agregado, y si bien surge claramente que la distancia entre las posiciones relativas entre los grandes sectores que hemos considerado se reducen sensiblemente, es evidente que el grado de especialización también se había reducido, en un marco de generalizada expansión.

Ya en los primeros años de la gestión del peronismo la industria en su conjunto ocupaba más de un millón de trabajadores, cifra que por otra parte es superior a la que exhibió en el último Censo Industrial (1994), y a pesar de la desaceleración posterior a 1948 –debido a la influencia de los problemas en el sector externo vinculados tanto a la merma de la producción agropecuaria como al nivel de demanda externa y al deterioro de los términos del intercambio– la industria profundizó su predominio sobre la producción agropecuaria, afianzándose una relación que será irreversible en las décadas posteriores.

En términos de la composición de la producción industrial, la siguiente comparación intercensal (1954/1946) permite apreciar cambios significativos que indican un avance notorio de la metalmecánica, del cual la fabricación de la heladera Siam4 es un hecho simbólico que perdura en el tiempo. En relación con la importancia que asume la metalmecánica en esos años, J. V. Sourille y J. Lucángeli (1980:11) señalan que:

Los datos son ilustrativos del papel peculiar que le cupo a la industria metalmecánica en el desarrollo industrial de la inmediata posguerra. En estos ocho años se vuelve a duplicar el número de establecimientos, la ocupación aumenta en un 60% frente a un 25% del total y supera a la industria alimentaria y a la textil en todos los indicadores, con excepción del valor de producción. Esta última observación no es más que el reflejo de un hecho notable, el crecimiento de los pequeños talleres, en gran medida dedicados a reparaciones o fabricación de repuestos, con un alto coeficiente de valor agregado por unidad de producción.

En este contexto, cabe señalar que la conjunción de esta nueva situación de los trabajadores en términos políticos, sociales y económicos con una notable expansión de la producción y el empleo industriales, se plasma mediante una profundización de la intervención estatal en el proceso económico que permitió concretar una significativa redistribución de la renta agropecuaria. En efecto, el papel estatal fue decisivo para que dicha renta –que antes era apropiada por la oligarquía terrateniente y el capital extranjero vinculado al planteo agroexportador– se redistribuyera hacia los trabajadores, los empresarios industriales vinculados al abastecimiento del mercado interno y el propio Estado.

Este acentuamiento de la intervención estatal que profundizó la tendencia iniciada a partir de la crisis de 1929 se expresó en el sector financiero mediante la nacionalización de los depósitos bancarios por parte del Banco Central y la asignación del crédito mediante redescuentos otorgados por esta entidad, la creación del Banco Hipotecario Nacional que concentraba en el país este tipo de crédito, la regulación del mercado de seguros, etc. Lo mismo ocurrió en materia de comercio exterior con la creación del reiteradamente denostado Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) que regulaba el intercambio comercial del país (importaciones y exportaciones) e incluso en algunos años estableció cuotas para las importaciones y las exportaciones destinadas a controlar la salida de divisas, en el primer caso, y a garantizar el consumo interno en el caso de las ventas externas.

Asimismo, la intervención estatal se extendió decididamente a la promoción industrial mediante la consolidación del Banco Industrial creado en 19445 y diversos incentivos (arancelarios, impositivos y crediticios) a las actividades industriales que fueron declaradas de «interés nacional». Sin embargo, la acción estatal no se circunscribió a definir una política industrial, sino que durante esta etapa se constituyeron o fortalecieron numerosas empresas estatales, muchas de las cuales actuaron en la producción industrial hasta la ola privatizadora que puso en marcha otro gobierno peronista en la década del noventa. Entre ellas se cuentan las siguientes: Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), fundada en 1941 y dedicada a producir materiales de guerra y afines; Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas (Dinfia), sucesora de la Fábrica Militar de Aviones fundada en 1927 y que producirá aviones y automotores; Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE); Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE), que toma a su cargo las empresas alemanas intervenidas y luego adquiridas por el Estado; Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (Somisa) creada en 1947 para la producción de acero.6

Deuda externa, nacionalización de los servicios públicos y proyectos alternativos

Desde el punto de vista del sector externo, en los estudios sobre esta época hay pleno consenso en que inicialmente se trató de una etapa excepcional, para luego irrumpir los problemas de balanza de pagos típicos de esa fase de la industrialización basada en la sustitución de importaciones, los cuales ponen de manifiesto la ausencia de políticas estatales orientadas a completar el esquema industrial interno. A los efectos de analizar ambos aspectos, en el cuadro 1 se expone la evolución de los activos (reservas), de los pasivos (deuda externa pública) del Banco Central, así como del comercio exterior (exportaciones e importaciones) entre 1943 y 1955.

La excepcionalidad inicial radicaba en que durante los primeros años del gobierno peronista, la Argentina, a la inversa de lo que acontece en la actualidad, exhibía una holgada posición acreedora neta con el resto del mundo, pero una parte significativa de la misma estaba indisponible a raíz de la situación de insolvencia en que se encontraba el principal país deudor (Inglaterra) como consecuencia de la segunda guerra europea. La evolución del saldo acreedor indica que su punto culminante se registra en 1946 (1.687 millones de dólares) para reducirse en 1947 (1.163 millones de dólares) y luego caer abruptamente en 1948 (674 millones de dólares). Esta acentuada reducción estuvo directamente vinculada a la disminución igualmente importante de las reservas –y no a un incremento de la deuda externa– provocada por la amplia política de nacionalización de los servicios públicos,7 siendo la más onerosa, resonante, y denostada, la de los ferrocarriles ingleses en 1947.8

Sin abordar un análisis pormenorizado de la cuestión, parece poco discutible que la nacionalización de los ferrocarriles estuvo encaminada a solucionar el diferendo económico entre la Argentina e Inglaterra en función del afianzamiento de la sustitución de importaciones como el nuevo patrón de acumulación de capital.9

La problemática central eran los 112 millones de libras que a fines de 1945 tenía la Argentina en el Banco de Inglaterra, como resultado de sus saldos comerciales favorables obtenidos en los años de la guerra, que estaban bloqueados a raíz de la insolvencia inglesa durante ese conflicto bélico. Estos, junto a la determinación del precio de venta, constituyeron los principales temas de la agenda en las negociaciones posteriores al incumplimiento inglés del tratado Miranda-Eady10 de 1946 que quedó desvirtuado debido a la nueva declaración de inconvertibilidad de la libra esterlina. A juzgar por los elementos disponibles, dicho tratado implicaba una buena negociación para el país, ya que fijaba en 150 millones de libras el precio de la transferencia de estos activos; de acuerdo con P. Skupch (1972:490): «El precio convenido excedía ligeramente la valuación en la Bolsa de Londres (130 millones de libras), pero estaba muy por debajo de su valor nominal (250 millones de libras) y tal vez por debajo de su costo de reemplazo».

Si bien el monto de recursos comprometido en la transferencia de los ferrocarriles constituye una problemática signada históricamente por intensas controversias, con su estatización no ocurre lo mismo, ya que, excluyendo a la oligarquía eminentemente agropecuaria y a los intereses ingleses, los distintos sectores sociales que querían modificar el statu quo, ante el evidente agotamiento del modelo agroexportador y la creciente hegemonía norteamericana, estuvieron de acuerdo en llevarla a cabo. Al respecto, es sumamente importante recordar que la discusión e incluso las negociaciones para nacionalizar los servicios públicos en general, y los ferrocarriles en particular, comienzan con el gobierno de la Concordancia11 durante la década infame, siendo contemporáneas con las estatizaciones que se realizaron en el ámbito mundial durante esos años (en Inglaterra y Francia, por el laborismo y De Gaulle, respectivamente).12

Sin embargo, desde 1948 en adelante la tendencia de los saldos entre los activos y pasivos del Banco Central es decreciente debido a la expansión de la deuda externa contraída por el sector público con los países centrales. A su vez, la evolución de este endeudamiento estuvo fuertemente influenciada por los saldos negativos en la balanza comercial que irrumpieron por el estancamiento de las exportaciones agropecuarias y el dinamismo de las importaciones de insumos intermedios y de bienes de capital demandados por la creciente actividad industrial.

En otras palabras, comienza a expresarse el típico estrangulamiento en la balanza de pagos que acompañará la evolución de esa etapa de la industrialización sustentada en la sustitución de importaciones. En realidad, las restricciones externas ponen de manifiesto la extrema debilidad de las políticas estatales para avanzar mediante la inversión pública en la integración de la estructura industrial interna. Se trata de una situación paradojal, porque mientras los sectores dominantes denuncian hasta el hartazgo el intolerable dirigismo estatal del peronismo, la estructura y la política estatal no están en función de impulsar un salto cualitativo en la estructura industrial sino, como se verá con mayor detalle más delante, en garantizar la rentabilidad del conjunto de las fracciones empresariales industriales, que no se plasma –tampoco en el caso de la burguesía nacional– en nuevas inversiones que permitan integrar la estructura industrial y diluir las presiones sobre el sector externo de la economía.

Si bien los sectores sociales que impulsan un recambio del modelo agroexportador coinciden en la estatización de los servicios públicos, sus desacuerdos son profundos al momento de definir el carácter específico del nuevo patrón de acumulación de capital. Las fracciones de la oligarquía con presencia en la producción industrial planteaban la conjunción de una mayor injerencia estatal con el mantenimiento de las exportaciones agropecuarias, pero con un nuevo eje productivo dinámico basado en la construcción y, sobre todo, en las ventas externas de los productos industriales. En función de este planteo de industrialización exportadora, también se proponía proceder a la nacionalización de los servicios públicos.

La expresión orgánica más acabada de la propuesta que impulsa esta fracción de la oligarquía fue el denominado «Plan Pinedo»13 (Ministerio de Hacienda, 1940). En este proyecto de industrialización alternativo (exportador) al del peronismo (mercado internista) se mencionaba explícitamente la nacionalización de los servicios públicos, lo cual constituye un claro indicador del grado de avance de las negociaciones por parte de algunos de los sectores que integraban el gobierno de la Concordancia. Al respecto, en dicho Plan (capítulo III, punto 37) se señala que:

Sin que pueda, hasta este momento, anunciarse otra cosa que la existencia de un proyecto en elaboración, cabe en este lugar expresar que no es aventurado pensar en que los saldos en libras resultantes de nuestro comercio con los países del área esterlina pueden ser utilizados en un vasto programa de adquisición del contralor de piezas esenciales del sistema de transporte, si el proyecto respectivo –hoy a estudio de otro departamento– mereciera la aprobación del gobierno y del Honorable Congreso.

Por otra parte, a partir de los sectores nacionalistas de la Fuerzas Armadas y de distintas fracturas del sistema político, influenciados todos ellos por la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (Forja), se fue conformando una propuesta alternativa, también industrialista pero asentada en el consumo interno y la redistribución del ingreso hacia los asalariados. Desde el punto de vista del peronismo, que es la fuerza política que asumió este ideario, la propiedad estatal de los servicios públicos, y específicamente de los ferrocarriles, se consideraba vital para asegurar, como parte de la seguridad y la autonomía nacional, la consolidación de la redistribución del ingreso y, especialmente, del nuevo eje productivo de la economía argentina que era la industrialización. Respecto a esta última, no se trataba únicamente de obtener un instrumento directo para su promoción, sino de replantear el conjunto de las relaciones existentes, eliminando la posible competencia inglesa en los bienes industriales que eran vitales como sustento del empresariado nacional. De allí que P. Skupch (1972:486) destaque que:

Al finalizar la guerra el objetivo básico del gobierno argentino, como de otros gobiernos latinoamericanos, era defender lo que existía en materia de producción manufacturera. Esta defensa se articulaba con el temor a la desocupación que era de esperar como consecuencia de los reajustes económicos que traería la paz. Las alternativas eran claras: se protegían las industrias que el país había logrado desarrollar o se dejaba que la competencia externa recuperase los mercados perdidos.

Pese a la importancia que asume la industrialización en la tarea de gobierno del peronismo, es indiscutible que no logró profundizarla incorporando en la estructura productiva interna aquellas actividades típicas que indican la superación de la etapa de la industrialización liviana –como la producción de acero, petroquímica, etc.–, lo cual sin duda hubiera permitido una mayor expansión económica y autonomía nacional. Para varios autores esta oportunidad perdida se ubica en los primeros años de gobierno (1946-1948) por las ingentes reservas de divisas con las que contaba el país que, supuestamente, se usaron en la redistribución del ingreso hacia los asalariados, los gastos improductivos del Estado y la nacionalización de los servicios públicos. De todos esos autores los que quizá expresaron con mayor claridad esa falencia fueron Esahg y Thorp (1969:73-74), al afirmar que:

Si bien el gobierno logró contribuir, mediante una política expansiva, a la aceleración del crecimiento de la producción y del empleo, no supo aprovechar las oportunidades que se le presentaban al país; algunas de sus políticas han sido verdaderamente poco sabias. El error mayor fue no utilizar los amplios recursos de la nación para suprimir los estrangulamientos de la economía señalados antes. Vistas las cosas de manera retrospectiva, resulta claro que las reservas de divisas iniciales y los ingresos adicionales de la exportación podrían haberse utilizado para renovar y aumentar el capital de los sectores de transporte y de energía, acero e industrias pesadas. Esta política habría exigido mayor control sobre la asignación de recursos y en especial sobre la composición de la inversión, pero habría permitido al país continuar y profundizar su industrialización aun bajo las condiciones desfavorables del comercio exterior que se manifestaron después de 1948.

El señalamiento es relevante pero improcedente, porque en la concepción de ese gobierno no era una alternativa válida continuar con la postergación social y debilitar al Estado para desarrollar la industria pesada, sobre todo cuando además, en tan breve lapso, afianzaba la industria liviana, y desplegaba un nuevo planteo institucional.

Sin embargo, sería un error desechar esta visión crítica, ya que todo parece indicar que era necesario no sólo profundizar la industrialización, sino también renovar parte de la maquinaria y equipo instalados. Tanto es así que el propio gobierno peronista intenta infructuosamente solucionar este problema crucial en los años cincuenta mediante la promulgación de la primera ley sobre las inversiones extranjeras y la negociación con capitales extranjeros para la explotación petrolífera. No se trata de una iniciativa tardía, sino fundamentalmente errónea, pues implicaba asumir la impotencia estatal para llevarla a cabo y reconocerle a la fracción industrial dominante la capacidad de hacerlo; transformaciones que luego encarará, pero redefiniendo la naturaleza del Estado en el marco de gobiernos condicionados por el brazo armado de los sectores dominantes, es decir, las Fuerzas Armadas.

Tanto las críticas a la estrategia adoptada por el peronismo como la situación imperante durante esos años suscitan, al menos desde la perspectiva de este ensayo, un interrogante trascendente: ¿para el peronismo, la única posibilidad para desarrollar la industria pesada y renovar los bienes de capital era sacrificar los objetivos centrales de su política? o, por el contrario, ¿tenía otras alternativas que no utilizó? Indagar esta problemática es crucial para comprender la naturaleza tanto del peronismo como de los bloques sociales que se enfrentarán más adelante durante la industrialización, pero exige previamente incorporar nuevos elementos estructurales, específicamente referidos a las características que asumen las diferentes fracciones empresariales que participan en la producción industrial.

Las fracciones industriales durante el peronismo: capital extranjero, burguesía nacional y oligarquía diversificada

El análisis de las distintas fracciones empresariales en la etapa previa a los dos primeros gobiernos peronistas ha sido, y sigue siendo, un tema de debate que concitó –acertadamente porque allí se originan o consolidan los sectores que serán decisivos en las etapas posteriores– la atención de múltiples analistas económicos y de otras disciplinas. Directa o indirectamente, el contenido central de los distintos aportes no pone en cuestión la existencia de las empresas extranjeras y su significativa incidencia en la producción industrial desde los orígenes mismos de la industrialización en el país. Más bien, implícitamente en algunos casos y explícitamente en otros, el debate está centrado en la importancia que asumen las empresas nacionales tanto en términos cuantitativos en la producción sectorial como de su dinamismo o expansión durante la década infame e incluso, en algunos casos, del grado de autoconciencia como para encarnar esa fracción específica que se denomina burguesía nacional.14

No menos relevante es el debate acerca de si el espectro empresario se agota en la existencia de estas dos fracciones o por el contrario hay otras que, más allá de sus afinidades o discrepancias con las anteriores, tienen una singular incidencia tanto por su grado de participación en la producción industrial como por el tipo de inserción en la economía y su identidad como fracción social.15 En otras palabras, se trata de una discusión donde se pone en juego el análisis de la conformación de los sectores dominantes y de los subalternos en esa etapa histórica tan decisiva.

En relación con esta problemática, cabe señalar que las evidencias empíricas son concluyentes en señalar que la presencia de las empresas extranjeras se remonta a los orígenes mismos de la industrialización argentina. Si bien las firmas industriales extranjeras representaban una porción mínima del capital foráneo en el país –el 1,3 por ciento del capital extranjero radicado en la Argentina en 1909 de acuerdo con la Cepal (1959)– su importancia es indiscutible por cuanto controlaban los grandes establecimientos manufactureros en sectores claves del modelo agroexportador. Tal es el caso de esas empresas en la producción frigorífica (Bovril, Swift o Liebigs), la producción de tanino (Quebrachales Fusionados -La Forestal) o los propios talleres ferroviarios que constituían las grandes empresas metalúrgicas de la época.

Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XX ya se percibe un incremento de las empresas extranjeras que expresaban un comportamiento distinto a las inversiones industriales anteriores. Se trata de filiales que replicaban los procesos productivos implementados por las casas matrices en los países de origen y cuyos bienes producidos estaban destinados al abastecimiento del mercado interno.16 Es así como durante la década del veinte se radicaron firmas extranjeras que serán tradicionales en el mercado local, algunas de las cuales han sobrevivido al proceso de desindustrialización de las últimas décadas, como Refinerías de Maíz S.A. y Chiclet´s Adams en la producción de alimentos, al mismo tiempo que subsidiarias de Cynamid y Roche en la producción de medicamentos, y en la producción química otras empresas de reconocida trayectoria en el país, como Ducilo, Duperial y Bayer.

Sin duda, en el nuevo contexto de los años treinta la protección arancelaria y las propias restricciones en el mercado cambiario que impuso la situación del sector externo impulsaron un aceleramiento del proceso de industrialización sustentado en la sustitución de importaciones, consolidándose un elevado grado de la concentración económica medida tanto en términos de producción como del empleo sectorial. Las cifras censales disponibles al respecto indican que en 1937 los grandes establecimientos (aquellos con doscientos o más obreros ocupados) representaron el 1,4 por ciento de las plantas fabriles, concentrando el 37 por ciento de la ocupación y el 58 por ciento del valor de producción industrial. En el otro extremo se encontraban el 70 por ciento de los establecimientos totales que eran las plantas industriales más pequeñas (con diez obreros o menos), las cuales contaban con el 15 por ciento de la ocupación total y solamente el 6 por ciento o menos del valor de producción industrial.

Tampoco caben dudas acerca de que durante esta etapa se aceleró la incorporación de subsidiarias extranjeras a la producción industrial. Por un lado, se incrementó la cantidad de empresas que se radicaban en esta actividad (entre ellas y en diferentes ramas industriales: Nestlé, Suchard, Bols, Sudamtex, Glaxo, Ciba, Gillette, Remington, Osram, Union Carbide, etc.). Por otra parte, las estimaciones acerca de la incidencia de estas empresas sobre la producción sectorial son variables, pero siempre significativas. Así, por ejemplo, A. Dorfman evalúa que el capital extranjero controlaba algo más del 50 por ciento del capital industrial total en 1937.

En este contexto, cabe señalar que E. Jorge introduce un fructífero debate, pues analiza este mismo proceso pero ubicando como centro de atención la importancia y la evolución que asume el capital local, contraponiéndolo al capital extranjero. En su trabajo, E. Jorge (1971) se diferencia del análisis de Dorfman al afirmar, entre otras cosas, que: «Pese a no compartir las conclusiones que extrae sobre el proceso de concentración industrial en la Argentina de la época, debe señalarse el mérito de este primer trabajo exhaustivo y documentado sobre la industria argentina» (p. 168), y que «A partir del análisis realizado por Adolfo Dorfman de la situación existente en 1935, la impresión generalizada ha sido que la industria argentina se ha desarrollado en condiciones oligopólicas, coexistentes con una presencia masiva de pequeñas empresas» (p. 170). Sin embargo, también cabe indicar que, tal como lo señala posteriormente J. J. Llach en sus trabajos, la participación de las empresas pequeñas y medianas parece estar sobrevaluada en el trabajo de Jorge, debido al límite superior de la ocupación que adopta para definirlas (hasta quinientos obreros ocupados).

Al respecto, es necesario tener en cuenta algunas características de la estructura económica que determinan que las firmas extranjeras y las empresas de capital local no constituyan fracciones empresariales necesariamente desvinculadas entre sí, tanto dentro de una misma rama de actividad como entre firmas ubicadas en diversas actividades ligadas por relaciones de insumo-producto. En efecto, el desarrollo de la matriz de insumo-producto por parte de W. Leontieff (1985) derivó en la identificación de los bloques sectoriales (Lifschitz, 1992), es decir, el conjunto de ramas industriales que mantienen una estrecha relación entre sí a través de sus compras de insumos y/o ventas de los bienes finales o intermedios. Asimismo, cabe recordar que dentro de cada uno de estos bloques sectoriales se encuentran ramas industriales monopólicas u oligopólicas que son los núcleos económicos y tecnológicos y detentan la capacidad de modelar las condiciones estructurales y el comportamiento económico del resto de las actividades que forman parte del bloque sectorial, aun en muchos casos de otras ramas de la actividad industrial que son igualmente oligopólicas.

Esta conformación estructural de la producción capitalista es la que permite que durante la primera etapa de sustitución de importaciones ya se expresen dos características relevantes interrelacionadas. La primera consiste en que las subsidiarias extranjeras se instalan mayoritariamente en actividades oligopólicas en donde también hay empresas de capital local de menor incidencia, que quedan supeditadas al comportamiento de aquellas que ejercen el liderazgo sectorial, aspecto que fue señalado por J. Villanueva (1972:462) en su clásico trabajo sobre la industrialización argentina. La otra característica relevante es que las firmas extranjeras, también generalmente, controlan las ramas industriales que son los núcleos económicos y tecnológicos de los bloques sectoriales teniendo, en consecuencia, la capacidad de subordinar un conjunto de actividades industriales, aun cuando no tengan relaciones directas de insumo-producto, sino indirectas en tanto están mediadas por otras ramas industriales. De allí, entonces, que en muchos casos las empresas de capital local quedan subordinadas a las extranjeras, sin ser directamente proveedoras de insumos o bienes intermedios, incluso cuando son empresas oligopólicas en sus respectivas actividades, porque sus producciones integran un determinado bloque sectorial donde el capital foráneo controla los núcleos centrales económicos y tecnológicos del mismo.

Estas condiciones son muy relevantes para comprender las vinculaciones entre las firmas extranjeras y las locales, y también para evaluar las consecuencias de la disminución en el grado de extranjerización de la producción industrial que se expresa entre el modelo agroexportador y la sustitución de importaciones, especialmente en su vertiente peronista. En este sentido, la reducción del grado de extranjerización entre el modelo agroexportador y la sustitución de importaciones no necesariamente implica una disminución del control extranjero sobre la producción, sino una modificación en la estructura económica y las formas de transnacionalización.

Incluso teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, es poco discutible que la evolución industrial entre los Censos de 1935 y 1946 presenta una serie de resultados que indican una considerable expansión de la cantidad e incidencia de las empresas de capital local. Un primer indicador consiste en la significativa expansión de dichas empresas en todas las variables censales (valor de producción, ocupación y número de establecimientos), que supera claramente el aporte de las nuevas subsidiarias extranjeras manufactureras radicadas durante este período. Asimismo, el estancamiento durante estos años de los obreros ocupados por establecimiento es otro indicador de que la incorporación de empresas de capital local es significativa, ya que expresa una incorporación masiva que logra neutralizar la mayor intensidad de capital que exhiben las nuevas subsidiarias extranjeras que se radican en el país durante esos años. Finalmente, la importancia que mantiene la producción textil, e incluso los cambios que se registran dentro de la misma (aparición de los tejidos de algodón y lana al tiempo que declina la importancia de la elaboración de bolsas de arpillera) son otros indicios en la misma dirección, pues se trata de la actividad típica en la que se inserta la burguesía nacional durante esos años. Lo mismo ocurre con algunas de las actividades más dinámicas durante ese período, como curtiembres, materiales para la construcción y papel. Muy probablemente, la mayor expansión de las empresas de capital local se sitúa entre 1943 y 1946, debido a las políticas que se adoptan a partir del derrocamiento del presidente Castillo por un golpe militar.

Los ejemplos de las empresas nacionales que actúan en la producción industrial durante los primeros gobiernos peronistas son múltiples, especialmente en la producción textil (como Castelar, Gaby Salomón, Ezra, Teubal y Hnos., Sedalana, Establecimientos Textil Oeste, etcétera) y metalúrgica (como José Lombardi e Hijos, Cura Hermanos, Roque Vasalli, Impa, etc.). Sin embargo, las empresas de capital local se van a conformar como una burguesía nacional propiamente en dichos gobiernos, momento en que constituyen su propia central empresaria, la Confederación General Económica (CGE), a partir de la cual enarbolan sus propias reivindicaciones, que generalmente están contrapuestas a las esgrimidas por la tradicional Unión Industrial Argentina (UIA).

A pesar de la importancia que asume para el análisis de la sustitución de importaciones la identificación de las diferencias que median entre las empresas extranjeras y las firmas locales, el tratamiento de las fracciones empresariales no se agota allí, ya que dentro de estos dos tipos de firmas queda subsumida (en mayor o menor medida dentro de cada uno de ellos, dependiendo de los criterios que se adopten para definirlas) una fracción empresaria tradicional diferente a las mismas, que tiene intereses, condiciones estructurales e identidad propia.

La misma está compuesta por capitales de diferente origen y grado de diversificación económica. En primer término, se encuentra un conjunto de capitales de origen extranjero que expresan las formas de la internacionalización temprana ya que se instalaron en el país a fines del siglo XIX mediante la radicación de algunos integrantes de las familias propietarias y, como tales, se integraron con la clase dominante local en términos sociales y económicos Cabe señalar que esta temática ha sido abordada desde la perspectiva industrial primero por Milcíades Peña, cuando entiende que hay una estrecha relación entre la burguesía industrial, los terratenientes pampeanos y el capital extranjero; luego fue retomada por J. J. Llach cuando indaga las fracciones industriales que componen las grandes firmas a mediados de los años treinta.

Tal como lo señala J. Sábato (1991), debido a su integración social y económica con la clase dominante local, estos capitales no se sustentaron en una base económica exclusivamente industrial, aunque controlaban múltiples firmas industriales líderes, sino que tuvieron una destacada presencia en la propiedad y producción agropecuaria pampeana y extrapampeana, formando parte de los grandes terratenientes argentinos; participaron en la exportación de productos primarios y en los negocios financieros de la época, e incluso instalaron o adquirieron firmas en otros países del Cono Sur. Entre ellos se encuentran Bunge y Born, y Bemberg y Tornquist.17 Sobre estos capitales Sábato (ibíd.), al caracterizar a la clase dominante destaca entre otros aspectos que:

a) Esta clase, si bien poseía buena parte de la tierra, actuaba en una variada gama de actividades y su principal base de poder económico-social residía, sobre todo, en el control del comercio y las finanzas; (...) c) sería precisamente el control del comercio y las finanzas el que, al abrir un conjunto de oportunidades y otorgar una alta flexibilidad, le habría permitido implantarse simultáneamente en una serie de actividades productivas y especulativas (desde la producción agropecuaria hasta la industrial, pasando por la provisión de servicios, la cooperación en la construcción de infraestructura, la especulación urbana y rural, etc. (p.110).

Desde un punto de vista más general vale la pena anotar cómo algunas empresas, sociedades o aun núcleos de relaciones que hemos observado y consideramos típicas de la clase dominante presentan, en su forma de estructurarse y funcionar, singulares parecidos con los grandes conglomerados que ejercieron en el mundo durante las últimas décadas. Con magnitud mucho más pequeña, los grupos que se formaron y operaron en Argentina (Bunge y Born, Tornquist, Devoto, Mihanovich, etc.) tuvieron comportamientos y una implantación multisectorial semejante a la de estas enormes compañías que hoy tienen influencia decisiva en los negocios mundiales. (p. 112).

En segundo lugar, integran esta fracción empresaria otros capitales locales que tienen su origen en los diversos integrantes de los sectores dominantes pampeanos y provinciales que adquirieron trascendencia nacional debido a su pertenencia a la oligarquía pampeana, en un caso, o su integración social con ella, en el otro, así como por la importancia económica que exhibían sus empresas en la producción local. Al igual que los anteriores, están presentes en diversas actividades económicas y, especialmente, detentan una nítida y significativa trascendencia en la propiedad y producción agropecuaria pampeana y/o extrapampeana. Ejemplos de este tipo de capitales son Braun Menéndez,18 Ingenio Ledesma, Terrabusi, Fortabat y Corcemar.

Para percibir la estrecha relación de estos grupos económicos con el poder político de la época, es apropiado recordar la destacada participación que tuvo en los gobiernos de la Concordancia el fundador (Justiniano Allende Posse) del grupo económico Cocermar, centrado en la producción de cemento y materiales para la construcción. Al respecto R. Potash (1984:125) sostiene que:

..., el círculo de asesores íntimos del Justo incluía a dos ingenieros, Pablo Nougés y Justiniano Allende Posse. Nougués era responsable de la administración de las líneas ferroviarias estatales, y Allende Posee dirigía el nuevo programa nacional de construcción de caminos. Como el propio Presidente era ingeniero, no puede sorprender que compartiese las opiniones de estos hombres en muchos asuntos, además de los que se relacionaban con la gestión de sus respectivos organismos

Posteriormente, en 1938 Allende Posse integró la Comisión de Control encargada de fijar las tarifas y el comportamiento financiero de la Corporación de Transportes, indicando Potash (ibíd., p. 132) que:

Los miembros de la primera Comisión de Control fueron designados nominalmente por el presidente Roberto M. Ortiz en 1938, pero los hombres elegidos habían sido indicados por Justo como parte del acuerdo con Ortiz. La elección de Justo para la presidencia de la Comisión de Control recayó en el ex director de Vialidad, Justiniano Allende Posee, un hombre que no había vacilado en construir caminos que competían con los ferrocarriles, y que personalmente se había opuesto a la creación de la Corporación.

En tercer lugar, también forman parte de esa fracción algunos capitales estrechamente enlazados a capitales extranjeros de carácter financiero y de antigua data en la Argentina, cuyos representantes también se vinculan social y económicamente con la oligarquía pampeana. Estos son los casos de Alpargatas (relacionada al grupo Roberts19) y la Cia. General de Combustibles (controlada por la transnacional suiza Brown Boverí).

Esta fracción empresaria (con sus respectivas incorporaciones y bajas en cada etapa, y las distinciones que impone el diferente origen de los capitales) se diferencia claramente tanto de las típicas subsidiarias extranjeras instaladas durante la sustitución de importaciones, como de las pequeñas y medianas empresas, e incluso de aquellas grandes firmas locales con las cuales comparten un poder oligopólico en distintas ramas de actividad. Por su origen, conformación e intereses se la puede considerar como el sector de la oligarquía local que se diversificó hacia la industria y otras actividades económicas (de allí que de aquí en adelante se la denomine oligarquía diversificada).

En efecto, ya en los años treinta dicha fracción social tiene una significativa influencia dentro de las grandes firmas industriales de la época. Tan es así que Llach (1984:179), al cuantificar la importancia de las fracciones del capital dentro de los establecimientos más grandes en 1935, señala que:

Según los datos proporcionados por Dorfman, el propio Jorge y las fuentes citadas en la nota 5, los 170 establecimientos mencionados se distribuían así: 114 eran producto de inversiones extranjeras directas (50 de los Estados Unidos, 37 de Europa Continental y 21 de Gran Bretaña) y 56 estaban controlados por conglomerados o grupos financieros como Tornquist (16), Bemberg (15), Leng Roberts (11), Bunge y Born (10) y Braun Menéndez (4).

Por otra parte, en los años cuarenta será esta fracción de la oligarquía la que impulsará, ante el agotamiento del modelo agroexportador clásico, la alternativa industrial exportadora que planteó el Plan Pinedo. Sin embargo, al mismo tiempo, esta fracción empresaria es parte de los grandes terratenientes pampeanos y extrapampeanos, conformando uno de los sectores que integran el establishment económico del país, quizá el más estable y tradicional desde la conformación del Estado liberal hacia fines del siglo XIX.

Teniendo presentes esas características estructurales y retomando el análisis del peronismo, es posible avanzar hacia una visión más integral que permita extraer algunas conclusiones e hipótesis acerca de ese período y que, al mismo tiempo, arroje luz acerca de la conformación de los bloques sociales que actúan en los años posteriores a este gobierno, durante la segunda etapa de sustitución de importaciones.

Es poco discutible que la gestión del primer gobierno peronista llevó a cabo una profunda redistribución del ingreso en detrimento de la oligarquía terrateniente pampeana a través de una acentuada modificación de los precios relativos con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial del país. Cambios que, junto a las políticas específicas destinadas a solucionar el acuciante problema económico y social de los arrendatarios, van a derivar en la desconcentración de la propiedad pampeana más significativa de la historia argentina y en un resentimiento de los terratenientes pampeanos acorde a la misma.

Si bien la información al respecto es escasa por la falta de catastros rurales de esa época, la comparación de las estimaciones realizadas para la provincia de Buenos Aires indica que entre el modelo agroexportador (1923) y luego del fin del peronismo (1958) los grandes propietarios bonaerenses (aquellos con 2.500 o más hectáreas) registran una espectacular reducción en la extensión de sus tierras, al pasar la superficie controlada por ellos de 17,9 millones a 6,8 millones de hectáreas, con una igualmente significativa reducción de las hectáreas por propietario (de 7.786 a 5.292).20 La significativa reducción de la concentración de la propiedad rural, junto a la terminación de una forma específica de extranjerización de la economía local debido a la nacionalización de los servicios públicos, señalan que en ese momento histórico se abandona definitivamente el planteo agroexportador como núcleo central del comportamiento de la economía argentina.

En este contexto, sabiendo que el sector empresario industrial era una realidad heterogénea, la cuestión analítica decisiva, al menos desde la perspectiva de este ensayo, consiste en aprehender lo que ocurre con las diversas fracciones empresariales que interactúan en la nueva actividad dinámica que impulsa el peronismo: la producción industrial.

Hay consenso, quizás más implícito que plasmado en análisis específicos sobre el tema, en que el peronismo generó la burguesía nacional. Por cierto, esto no significa que antes no hubiesen surgido, como se mencionó anteriormente, las empresas de capital local como un estrato particular dentro de la producción generada internamente, sino que a partir de ese fundamento anterior se registra un salto cualitativo. Todo parece indicar que la expansión de empresas de capital local se acentuó durante los primeros gobiernos peronistas pero el fenómeno central es que muchas de ellas devinieron en grandes firmas oligopólicas que disputaron el control de diversas producciones industriales claves en la economía de la época (como la producción de alimentos, textiles, cuero, etc.) con las otras fracciones empresariales. Es indudable que este avance estructural fue impulsado por el gobierno peronista, al igual que la conformación de la Confederación General Económica (CGE) en 1953 como una central empresaria propia y alternativa a la UIA.

De esta manera, la conformación de la CGE como nucleamiento de la burguesía nacional dentro del capital es equivalente a la organización de la CGT como central única de los trabajadores, siempre y cuando se considere a esta última como una expresión de la constitución de la clase trabajadora como sujeto social. Sin embargo, es necesario destacar que esta analogía no se establece entre dos conformaciones sociales distantes, sino entre dos realidades sociales que, si bien tienen un orden de prelación específico, están intensamente imbricadas, constituyendo una alianza social.

Se trata, como se señaló previamente, de una alianza que fue posible porque la clase trabajadora se constituyó como un sujeto social y político que enfrentó el poder oligárquico intentando modelar un nuevo tipo de Estado desde el cual, a su vez, impulsó la conformación de una burguesía nacional asentada en una dinámica compatible con una mayor participación de los trabajadores en la distribución del ingreso.

Por otra parte, en términos económicos la centralidad de la producción de bienes salario (alimentos y textiles, etc.) que exhibió la inserción de la burguesía nacional reconoce con especial intensidad, como no ocurrió con ninguna de las otras fracciones empresariales de la industria, al salario como un factor de demanda insustituible para su existencia, al mismo tiempo que la protección arancelaria y paraarancelaria permite vía el ajuste de sus precios aminorar la significación del mismo como un factor relevante de la estructura de costos. No es que la protección elimine la incidencia del salario como un factor relevante del costo; lo que posibilita es que ese costo –y la obtención de elevadas ganancias– se transfiera a otras actividades económicas mediante la instauración de un precio relativo más elevado. Lo que permite la protección es, entonces, la expansión del mercado interno con altos niveles de salarios y de ganancias, al menos mientras se pueda transferir renta agropecuaria. Este funcionamiento económico es decisivo para que los asalariados y la burguesía nacional conformen un bloque social que se enfrentará retiradamente con las otras fracciones empresariales durante la segunda sustitución de importaciones (1958-1975).

Respecto a la oligarquía diversificada, las falencias analíticas son mayores en tanto tradicionalmente no se la considera como una fracción empresaria propiamente dicha sino que, de acuerdo con las concepciones en juego y los casos específicos, se la asimila indistintamente al capital extranjero o a la burguesía nacional. Pese a estas restricciones, es posible esbozar algunas hipótesis respecto a la misma.

En tanto su inserción multisectorial reconoce a la producción agropecuaria como uno de sus ejes relevantes, no caben dudas de que el peronismo la afectó económicamente, incluso en términos ideológicos y políticos. Sin embargo, no parece ocurrir lo mismo en términos de sus otras actividades, especialmente la producción industrial y la actividad comercial. En efecto, parecería que en ese aspecto, por su inserción en la producción de alimentos y bienes intermedios, fue una de las beneficiadas por la industrialización. Paradójicamente, también durante el peronismo, algunos de los integrantes de esa burguesía nacional que instalaron en ese momento algunas de sus empresas más relevantes (como Acindar fundada en 1948) o directamente comenzaron sus actividades en esos años (como Pérez Companc y Bridas) terminarán, no muchos años después, formando parte de la oligarquía diversificada.

Comportamiento e incidencia de las fracciones industriales durante los primeros gobiernos peronistas

Dado el carácter antioligárquico y antiimperialista del peronismo en el plano político, se podría asumir que el capital extranjero industrial, a la inversa de las fracciones del capital local, fue acentuadamente perjudicado. Más aún, si se tiene en cuenta la estatización de los servicios públicos, esas actitudes parecen signar al peronismo no sólo en el plano político sino también en el económico. En este caso es Díaz Alejandro (1975:261-262) quien expresa con mayor claridad esta concepción, al expresar que:

Desde 1943 hasta 1953 el gobierno observó una política de hostilidad, o por lo menos de indiferencia, hacia el capital extranjero. Hasta 1948 la abundancia de divisas y las posibilidades de sustituir importaciones en ramas de la industria para las cuales la cooperación de los conocimientos tecnológicos extranjeros no era de importancia decisiva consiguieron neutralizar los efectos desfavorables de aquella política. No obstante, el estancamiento de 1948-1954 provocó su reconsideración. Se hizo evidente que la nueva etapa de industrialización exigía la cooperación, en una u otra forma, de los tractores, vehículos automotores, siderurgia y demás industrias ingenieriles (...) Aquellos contactos, importantes para la transmisión de las nuevas técnicas de producción y de administración, habían sido obstaculizados por el clima de xenofobia y nacionalismo de los primeros años del régimen peronista.

Si bien, en este y otros relevantes trabajos sobre la historia económica argentina se asume esta perspectiva como si fuera un hecho que no es necesario fundamentar en términos económicos, es pertinente indagar esta problemática con los elementos disponibles. En ese sentido, no caben dudas de que un indicador apropiado para evaluar la posible discriminación del capital extranjero es la evolución histórica de las utilidades percibidas por el mismo durante esta etapa respecto a otros períodos históricos. Al respecto, en el gráfico 3 puede observarse la trayectoria seguida entre 1940 y 1975 por las utilidades, la inversión neta (nueva inversión más reinversión de utilidades) y la reinversión de las empresas extranjeras radicadas en el país de acuerdo con las cifras oficiales expresadas en dólares de 1975 (Ministerio de Economía, 1976).

Los resultados obtenidos no dejan de ser sorprendentes, ya que el capital extranjero que se insertó en el país realizando una inversión extranjera directa (la forma típica que adoptan las subsidiarias industriales) percibió en los años del peronismo las utilidades totales más elevadas, no sólo entre 1940 y 1975, sino desde el momento en que hay registros de las mismas, es decir, desde las primeras décadas del siglo XX (1912). Tan es así, que al comparar el promedio de las utilidades totales percibidas por este tipo de firmas extranjeras entre 1946 y 1953 con el otro período de auge de las mismas que transcurre entre 1958 y 1964 (cuando el desarrollismo sienta las bases de la segunda etapa de sustitución de importaciones) se comprueba que las obtenidas durante el peronismo son un 27 por ciento más elevadas (520 millones contra 409 millones de dólares de 1975, respectivamente). Si bien entre 1946 y 1949, los años de mayor bonanza económica y mejor situación externa del peronismo, se alcanzan los niveles de las utilidades más elevados, no deja de ser llamativo que sigan ubicándose muy por encima del promedio hasta 1953, es decir, durante el período más comprometido desde el punto de vista económico y de la balanza de pagos.

Sin embargo, un análisis más minucioso de estas evidencias permite corroborar otros comportamientos que podrían aminorar la disponibilidad de esas utilidades por parte de las casas matrices. En efecto, centrando la atención en las restantes variables (inversión neta y reinversión de utilidades) se comprueba que, pese a la notable rentabilidad de la época, las empresas extranjeras prácticamente no efectuaron nuevas inversiones pero sí reinvirtieron parte de las utilidades totales. Esta característica discrepa fuertemente de lo que ocurre en la segunda etapa de sustitución de importaciones bajo la conducción del «desarrollismo» (1958-1964), en la cual el capital extranjero tiene una elevada rentabilidad pero una parte muy significativa de la inversión neta se origina en nuevos flujos de inversión extrajera directa y en menor medida en la reinversión de utilidades. Pese a ello, es preciso señalar que la nueva inversión sustentada en la reinversión de utilidades es una forma típica del financiamiento de las firmas en los años posteriores a los primeros gobiernos peronistas, rasgo que ha sido mencionado en diversos trabajos sobre el tema (v. Brodersohn, 1972).

Con el propósito de indagar la magnitud de las utilidades reinvertidas y, especialmente, de evaluar la importancia que asumen las utilidades en relación con otras variables económicas en el período analizado, en el cuadro 2 se consigna la evolución de las utilidades percibidas por el capital extranjero, la balanza comercial y las reservas de oro y divisas entre 1946 y 1953, pero en dólares corrientes.

Sin duda, la determinación del monto de las utilidades del capital extranjero permite otras comparaciones con variables económicas que están directamente vinculadas con la problemática de fondo. Una de ellas, es relacionarlo con el costo que implicaba llevar adelante el programa que se proponía en el Primer Plan Quinquenal del peronismo que, según R. Potash, alcanzaba a 1.270 millones de dólares, o 1.900 millones de dólares aproximadamente si se suman las estatizaciones y otras inversiones contempladas en el mismo. Específicamente, en su clásico trabajo Potash (1981:94) señala respecto al Plan Quinquenal:

El Plan mencionaba una serie de cifras, consideradas estimativas de los costos de organización e inversión para el período 1947-1951, y que llegaban a la suma total de 6,66 billones de pesos (1.270 millones de dólares). Pero este total excluía, por cierto, la adquisición de equipos y fábricas militares destinados a servicios del Ejército, también omitía toda suma destinada a la salud pública y a los programas de construcción de viviendas y no hacía referencia a las industrias de servicios públicos en poder de empresas extranjeras y cuya adquisición, en una u otra forma, era parte implícita del programa de independencia económica (...) Es evidente, pues, que una estimación de 10.000 millones de pesos hubiera arrojado una cifra más realista para el Pan Quinquenal.

    Esto significa que, en términos de los requerimientos del propio Plan Quinquenal, las utilidades totales del capital extranjero fueron un 78 por ciento más elevadas que los recursos comprometidos por el Plan, y que las utilidades distribuidas en efectivo son un 44 por ciento superior a los mismos. Si se consideran las cifras con mayor cobertura (que incluyen el plan de salud, de construcción, etc.), las utilidades totales fueron un 16 por ciento más elevadas que dichos requerimientos y las utilidades distribuidas prácticamente equivalentes. Sin embargo, ese Plan que reconocía en la industrialización su base de sustentación no se cumplió por falta de recursos, mientras que las empresas extranjeras sí percibieron las utilidades mencionadas.

    Otra comparación relevante consiste en confrontar dichas utilidades con los montos que exigió la estatización de los servicios públicos y la cancelación de empréstitos. Las distintas fuentes son más o menos coincidentes, ya que Eshag y Thorp los ubican en 1.000 millones de dólares, mientras que A. Horowicz los estima en 983 millones de la misma moneda (645 millones en la nacionalización de los ferrocarriles, 95 millones en la adquisición de la Unión Telefónica y 243 millones en cancelar los empréstitos). Específicamente, Eshag y Thorp (1969:74) señalan que:

La Cepal ha estimado que se emplearon mil millones de dólares para rescatar deuda pública y nacionalizar los servicios públicos. Esta decisión tuvo el buen efecto de reducir los servicios del capital extranjero de 170 millones a 10 millones de dólares al año, pero no quita que podría haberse ahorrado más divisas usando la misma cantidad de dólares para invertirlos en otros renglones de sustitución de importaciones y ahorro de divisas, como por ejemplo las industrias de petróleo y acero; solamente de 1946 a 1948 las importaciones de combustibles sumaron 100 millones de dólares por año.

    A su vez, Horowicz (1990:160) sostiene que:

El general Perón invirtió 983 millones de dólares en nacionalizaciones durante los dos primeros años del gobierno; 645 millones, dos terceras partes, se consumieron en la compra de los ferrocarriles (600 millones de dólares en los británicos, 45 en los franceses) y salvo los 95 millones destinados a la adquisición de la Unión Telefónica el resto se utilizó en repatriar empréstitos: 130 millones de Estados Unidos, 100 de Gran Bretaña y 13 países de Europa.

    Siendo estos los valores en dólares de la estatización de los servicios públicos y el rescate de los empréstitos, se desprende que las utilidades totales absorbieron más del doble de los mismos y las utilidades distribuidas en efectivo 1,8 veces dichos montos. Por lo tanto, teniendo en cuenta sólo las utilidades de las extranjeras se podría haber realizado el Plan Quinquenal aun cuando también se estatizaran los servicios públicos.

    Otro indicador trascendente, que es posible estimar con la información disponible, es la tasa de rentabilidad sobre el capital invertido que exhiben las firmas extranjeras durante el período analizado. En efecto, a partir de las cifras oficiales es posible efectuar una aproximación a la rentabilidad de estas empresas relacionando las utilidades obtenidas con el stock de capital acumulado en cada año de la serie de datos considerada. Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 3.

Nuevamente, en este caso los resultados obtenidos tienen tal contundencia que no exigen mayores explicaciones, ya que se trata de tasas de rentabilidad sobre el capital invertido inusitadamente elevadas (23,9 por ciento en el caso de las utilidades totales y 19,2 por ciento para las utilidades distribuidas). Para tener una idea de su importancia, es pertinente señalar que, de acuerdo con la misma fuente oficial, entre 1958 y1964, cuando se instalaron las bases materiales de la segunda etapa de sustitución de importaciones, esa misma tasa de rentabilidad alcanza al 8,6 por ciento y al 6,0 por ciento, según se consideren las utilidades totales o las utilidades distribuidas, respectivamente

La política económica del peronismo no tenía como uno de sus objetivos fundamentales promover al capital extranjero en la industria (pero sí respetar las consecuencias de su peso estructural), sino consolidar fuertemente a la burguesía nacional y a buena parte de la oligarquía diversificada por considerarla parte de aquella. Bajo ese supuesto resulta evidente que el notable monto de las utilidades y la tasa de rentabilidad que exhibe el capital extranjero no indican una excepcionalidad, sino una situación generalizada de la rentabilidad industrial, pero acorde al peso estructural de cada una de las fracciones empresariales que actúan en la misma.

Es indudable, que la situación analizada plantea interrogantes muy relevantes acerca de aspectos decisivos en el funcionamiento económico y social de la época –como el nivel de la renta agropecuaria, el comportamiento de las variables macroeconómicas, la distribución del ingreso, etc.– pero la respuesta a los mismos supera largamente los propósitos de estas notas sobre los primeros gobiernos peronistas. Sólo se analizarán aquí algunas de las derivaciones respecto al carácter que asumieron esos gobiernos y al comportamiento de las fracciones industriales que se afianzan durante el mismo.

Las evidencias empíricas oficiales analizadas aquí dejan pocas dudas acerca de que el peronismo llevó a cabo una política que concluye con la economía agroexportadora tanto en términos estructurales, con la estatización de la infraestructura, como de la apropiación de la renta agropecuaria, en este caso mediante una profunda modificación de los precios relativos entre el sector urbano y rural y específicamente entre la industria y el agro y como complemento de la intensa intervención estatal en diferentes ámbitos encaminada a consolidar el desarrollo industrial.

Ciertamente, no avanzó sobre la propiedad de la tierra, bastión fundamental de la oligarquía agropecuaria, mediante una reforma agraria, pero sus políticas generales y sectoriales respecto a la distribución del excedente, y particulares en relación con el agro pampeano, parecen haber generado un proceso de desconcentración de la propiedad rural profundo e irreversible, que comenzará a revertirse durante las décadas posteriores pero sin la intensidad necesaria como para retornar a la situación previa al peronismo.

En todo caso, el «contenido oligárquico» de la política peronista radica en el salto cualitativo que registró la oligarquía diversificada en tanto fracción empresaria industrial, lo cual excluye al resto de la oligarquía que es exclusiva o principalmente terrateniente. Quizá por eso, de allí en adelante el papel de los terratenientes en la economía local se modifica substancialmente conformando una fracción subordinada a la oligarquía diversificada, en tanto logra incidir en el ciclo sustitutivo sólo cuando sus intereses se articulan con los de esta fracción del capital. Es decir, entre ellas se establece la relación inversa a la que primaba durante la vigencia del modelo agroexportador porque de aquí en adelante, durante la segunda etapa de la sustitución de importaciones, el espacio privilegiado de acumulación se desplaza hacia la producción industrial, en la cual la oligarquía diversificada tiene, sin duda, una inserción trascendente.

Una revisión más amplia de la situación de esta fracción diversificada de la oligarquía pampeana indica que durante la década de los treinta ya se encuentra plenamente abocada a definir recambios estratégicos ante el creciente agotamiento agroexportador. Como se señaló previamente, un primer intento hegemónico se expresó en el Plan Pinedo, que la tiene como uno de sus pilares fundamentales, pero que fracasa políticamente y era estructuralmente inviable. Respecto a este último aspecto, vale recordar que su principal socio potencial, las empresas norteamericanas, se expanden en ese momento a través de formas de transnacionalización que se contraponen al eje central de la propuesta (exportaciones industriales), en tanto la instalación de subsidiarias en la región responde a la intención de explotar los mercados internos de los países latinoamericanos y no en utilizarlos como plataforma exportadora. Sin embargo, la derrota de este planteo para plasmar una industrialización exportadora no parece haber traído aparejado un debilitamiento de esa fracción. Por el contrario, se inserta plenamente en la sustitución de importaciones pero conduciendo ahora al conjunto de la oligarquía agropecuaria.

Los muy elevados beneficios industriales no excluyen que algunas de las medidas trascendentes del gobierno peronista no hayan puesto un límite a la redistribución de la renta agropecuaria hacia los sectores urbanos. Como dice Horowicz (1990):

Formulando epigramáticamente el problema: el control del ferrocarril era un elemento esencial en la fijación del monto de la renta agraria; la nacionalización del ferrocarril era una medida que beneficiaba a los terratenientes y productores, en primer término, y a los industriales en el segundo. Los industriales obtenían mercado; los terratenientes la renta. De allí en más, el déficit ferroviario (que no es déficit de transporte de pasajeros, sino de carga) se transformó en un sutil mecanismo de subvención de la renta agraria. (p. 164).

La nacionalización ferroviaria atendía fundamentalmente los intereses terratenientes, y sólo muy limitadamente los intereses industriales. Si bien ampliaba el mercado (ya el camión lo había hecho parcialmente, a través de la política de Justo), cerraba el camino al equipamiento esencial. (p. 165).

Efectivamente, es muy probable que la estatización de los ferrocarriles haya redundado en un beneficio para los terratenientes pampeano al impedir una mayor disminución de la renta transferida a los sectores urbanos, pero siempre que se tenga presente que igualmente benefició a los pequeños y medianos productores rurales así como a los industriales que redujeron sus costos, e incluso a los asalariados, por la disminución de las tarifas en el trasporte de pasajeros. Pero, de todas maneras, no parece radicar allí el núcleo de la cuestión, es decir, el impedimento que encontró el peronismo para ampliar las fuerzas productivas y consolidar este intento de capitalismo de Estado.

    El escollo insalvable para los primeros gobiernos peronistas estuvo en lo nuevo que le aporta la industrialización al desarrollo económico argentino, y no precisamente desde el lado del trabajo, como conciben las corrientes liberales, sino casualmente desde el lado del capital.

    Las evidencias presentadas aquí insinúan que la alternativa entre estatización de los servicios públicos o industrialización pesada no era tal, ya que el nivel de excedente generado anualmente y el acumulado socialmente en manos del gobierno en términos de oro y divisas (monto de las reservas) era suficiente como para llevar a cabo ambas iniciativas, aun siendo acompañadas por la redistribución del ingreso hacia los asalariados efectivamente implementada por el peronismo durante esos años.

Sin embargo, la condición para que eso fuera posible era que la rentabilidad de las fracciones industriales no estuviese engrosada por ganancias extraordinarias alimentadas por las transferencias desde el Estado por múltiples vías y en el ejercicio oligopólico pleno resguardado por la protección arancelaria y sin medidas que orientaran el excedente hacia otros fines.

La importancia del tema exige una breve mención de las diferentes alternativas de política económica que tenía, y no implementó, el gobierno peronista ante esa situación, las cuales no necesariamente eran excluyentes entre sí. Una de ellas consistía en acentuar la redistribución del ingreso hacia los asalariados y los sectores empresarios más débiles de la estructura económica mediante políticas ya ensayadas en los países centrales como, por ejemplo, la Ley Antitrust en EE. UU. Otra de las alternativas posibles, era que el Estado se apropiara de esas ganancias extraordinarias mediante la política tributaria y encarara con esos recursos la profundización de la industrialización mediante la instalación de la «industria pesada», plasmando de esa manera el planteo de capitalismo de Estado. La última consistía en implementar políticas que condicionaran los beneficios derivados de la protección y del conjunto de transferencias indirectas (créditos subsidiados, compras estatales, etc.) percibidos por las fracciones del capital industrial a la realización de inversiones en las actividades industriales estratégicas, tal como años después lo hizo Corea.21

Desde esta perspectiva, resulta evidente que al no incorporarse en el análisis de esta etapa las elevadas ganancias percibidas por el capital industrial, la contradicción aparece como si la alternativa estratégica se dirimiera entre la estatización de los servicios públicos y la industrialización.

A juzgar por la notable magnitud de las utilidades percibidas por el capital extranjero, así como su no menos sorprendente tasa de rentabilidad en esos mismos años, el fenómeno es muy pronunciado. No obstante, lo más grave no es que se trata, como ya se indicó pero conviene recalcarlo, de un hecho excepcional restringido a esta fracción del capital industrial sino generalizable al resto de los sectores empresarios. En principio, era de esperarse que el nivel de utilidades y de la tasa de ganancia estuviese en relación directa con la jerarquía estructural de cada una de las fracciones (la importancia del complejo sectorial específico, su lugar en el complejo sectorial, su inserción en actividades altamente concentradas, el carácter de núcleo económico y técnico de las mismas, su grado de diversificación hacia otros complejos sectoriales, etc.) y en ese sentido las obtenidas por el capital extranjero serían las más elevadas, seguidas por las de la oligarquía diversificada y, finalmente, la burguesía nacional.

Sin embargo, dado el sesgo en la política económica a favor de las fracciones locales, dichas diferencias probablemente se hayan estrechado sensiblemente, no porque se redujera las utilidades y la tasa de ganancia de las extranjeras, sino porque se aumentaron las correspondientes a los capitales locales manteniendo la preeminencia entre ellas la oligarquía diversificada.

Esta prelación estructural entre las fracciones del capital, así como el acortamiento de las diferencias en términos de la rentabilidad relativa percibidas por ellas, parecen confirmarse a partir de la información disponible. Se trata de resultados indicativos porque, ante la carencia de información empresaria desagregada para esos años, de las 100 empresas de mayor facturación en 1958 se considera las 50 de mayores utilidades en 1954 asignándole a cada una de las fracciones del capital la propiedad de las empresas que controlaban en 1958. Los resultados obtenidos constan en el cuadro 4 y confirman, en términos generales, las deducciones realizadas precedentemente.

Así, al considerar la distribución del capital suscrito y las utilidades percibidas en 1954 se replica la misma importancia estructural, en tanto en ambos casos el capital extranjero encabeza nítidamente las posiciones, seguido por las empresas controladas por la oligarquía diversificada y a corta distancia por las que constituyen la burguesía nacional. Por otra parte, el sesgo que introdujeron las políticas económicas de esos años se expresa con singular intensidad en el indicador de la rentabilidad (utilidades/capital suscripto) que percibía cada una de ellas en las postrimerías de esos gobiernos peronistas. Desde esta perspectiva las ventajas del capital extranjero respecto a la fracción del capital que le sigue se acortan de una manera significativa, pero sugestivamente se trata de la burguesía nacional, la cual supera holgadamente la rentabilidad percibida por la oligarquía diversificada.

Un rápido análisis de otras condiciones estructurales de la época permite reafirmar la importancia y consecuencias de este proceso. En realidad, un análisis somero de las mismas es insoslayable, tanto por ese motivo, como porque permite completar el cuadro industrial e identificar el espacio productivo donde se expresa el fracaso estratégico de los primeros gobiernos peronistas.

Un rasgo característico del peronismo, coherente con su concepción doctrinaria, fue acentuar sensiblemente la presencia de las empresas y organismos estatales en la producción industrial. En principio, estas empresas y organismos eran quienes tenían que abrir el camino hacia una profundización de la industrialización mediante la incorporación de la industria pesada en la estructura productiva del país. Sin embargo, cuando se analiza la importancia cuantitativa de todos los organismos estatales en la industria manufacturera se comprueba que tienen escasa trascendencia a pesar de su incremento en la participación durante el período intercensal. En efecto, el respectivo análisis censal indica que las empresas estatales de todo tipo generan en 1947 el 3,6 por ciento de la producción industrial total mientras que en 1954 concentran el 9,5 por ciento de la misma. Como era de esperar, en términos del personal ocupado (empleados más obreros) dicha participación es más elevada pero igualmente intrascendente (el 4,3 por ciento y el 12,0 por ciento en 1947 y 1954, respectivamente).

Cabe destacar que, a pesar de que tanto en el Censo Industrial de 1947 como en el de 1954 se consigna información al respecto computando todos los establecimientos controlados por dependencias nacionales, provinciales y mixtas, Díaz Alejandro (1975:243) es unos de los pocos autores que menciona la escasa participación estatal en la industria, diciendo que:

Si bien las políticas oficiales han influido sobre las pautas de industrialización, el Estado ha cumplido un papel muy modesto en la administración y propiedad directa de las empresas manufactureras. Después de varios años de régimen peronista, menos del 10 por ciento de la producción manufacturera bruta fue generado por empresas poseídas y administradas –total o parcialmente– por el sector público.

Es decir, las empresas que tenían que ser la vanguardia de la industrialización como condición ineludible para consolidar el capitalismo de Estado que proponía el peronismo constituyeron en realidad un conjunto numeroso de firmas que exhibía una raquítica incidencia en la producción clave, debido a la escasez de recursos disponibles para llevar a cabo los grandes emprendimientos. Esos recursos existían, pero fueron a manos de las diferentes fracciones empresariales que actuaban en la industria con una elevadísima rentabilidad, y es plausible asumir que si los recursos disponibles hubieran sido más, habrían crecido las utilidades y aumentado la rentabilidad pero la industrialización hubiera permanecido igualmente trunca.

En síntesis, durante su primera experiencia en el gobierno, el peronismo consigue disciplinar varios de los sectores centrales de la agotada economía agroexportadora, pero será doblegado por las fracciones del capital que conducen la actividad dinámica que promueve enfáticamente, entre los que se encuentra, además del capital extranjero, la fracción dominante de la oligarquía argentina.

Es cierto que desde el gobierno se alentó y promovió una fuerza propia dentro del empresariado industrial pero no es menos evidente que esa burguesía nacional era endeble y, quizá, más dependiente en términos ideológicos y productivos de los sectores dominantes que de la concepción y la iniciativa gubernamental, aspecto trascendente que afloró cuando, en la década de los cincuenta, comenzaron a expresarse problemas económicos.

El principio del fin del gobierno peronista comienza cuando la rentabilidad obtenida por las fracciones industriales dominantes comienza a descender. Entiéndase bien, a disminuir respecto a la «época de oro» (40 por ciento de rentabilidad sobre el capital invertido en 1949 por las subsidiarias extranjeras), lo cual no significa que siguiera siendo notablemente alta en términos históricos e internacionales (entre el 17 por ciento y el 18 por ciento en 1952 y 1953). Ante esa situación, tal como lo harán sistemáticamente en los años posteriores, las fracciones dominantes del capital llevarán a cabo una ofensiva política, ideológica y económica para instalar socialmente la convicción de que el problema radica en la excesiva intervención y gasto estatal y en el elevado nivel de los salarios.

En esas circunstancias, como lo han destacado algunos autores, las posiciones de la burguesía nacional no parecen diferenciarse demasiado de la adoptada por las fracciones empresariales dominantes. El primero de estos autores es J. W. Cooke (1985), quien al efectuar una revisión histórica destaca que:

La burguesía industrial beneficiada de esa política, no sólo tomó parte activa sino que además siguió en la órbita gravitacional política, ideológica y cultural de la vieja oligarquía terrateniente-mercantil. La prosperidad no fue obstáculo para que se sintiesen amenazados por el avance del poder de los sindicatos y las condiciones nuevas en que se desenvolverían las relaciones obrero-patronales. (p. 66).

...al desaparecer las condiciones en el que el ingreso nacional creciente permitía el enriquecimiento empresario y el mejoramiento de la vida de los trabajadores, la burguesía se pasó masivamente al frente antiperonista. (p. 67).

    Igualmente, P. Waldmann (1986:203) señala que:

Pero si creemos que la CGE. representaba una concepción económica fundamentalmente distinta de aquella sustentada por los tradicionales círculos económicos dirigentes, nos veremos defraudados. Sus resoluciones no se diferencian mucho de las aspiraciones y pretensiones expuestas al gobierno por la Bolsa de Comercio. Como ésta, la CGE reclamaba la urgente derogación de los precios máximos, exigía un aumento de las importaciones de materias primas, petróleo, maquinaria y bienes de inversión, solicitaba el otorgamiento más liberal de créditos y una reducción de los impuestos, y se quejaba de las excesivas cargas sociales, sobre todo del sistema de las cajas jubilatorias. Incluso en lo referente a la intervención estatal en el proceso económico, que parece haber sido vital para la burguesía nacional, la CGE coincidía con la Bolsa de Comercio al declarar que las intervenciones estatales debían ser sensiblemente reducidas.

En términos estructurales, al final del peronismo queda fortalecida, pero trunca, la industrialización como eje del proceso económico, con tres fracciones que se disputarán la conducción del proceso económico, social y político: el capital extranjero, predominante en el nivel estructural; la oligarquía diversificada, ya como conducción de la oligarquía en su conjunto que establecerá alianzas o distancias con el capital extranjero; la burguesía nacional, que oscilará entre la subordinación a los sectores dominantes y la alianza con los trabajadores que intentan encontrar un lugar en el mundo.

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Notas:

* Este artículo forma parte de un estudio más amplio de historia económica argentina que se realizó en el marco de la beca de la Fundación J. S. Guggenheim y que se presentará como tesis ante el Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El autor agradece los comentarios realizados por Enrique Arceo, Daniel Azpiazu, Martín Schorr, Cecilia Nahón, Karina Forcinito, Hugo Nochteff y Horacio Verbitsky.

1 El peronismo es un movimiento político de carácter popular que comienza a conformarse entre 1943 y 1945 bajo la administración presidencial de los generales Pedro Ramírez (1943-1944) y, especialmente, Edelmiro J. Farrel, a partir de un golpe de Estado que finaliza el ciclo de gobiernos conservadores que se había iniciado en 1930. El conductor del peronismo fue el general Juan D. Perón, quien ocupó la presidencia de la nación en tres oportunidades: 1946-1951, 1952-1955 y 1973-1974. Su segundo mandato fue interrumpido por un golpe militar y el tercero por su muerte.

2 El Partido Radical se conforma a fines del siglo XIX como una de las principales fuerzas de oposición al régimen conservador. Su primer dirigente fue Leandro N. Alem y posteriormente Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. Su mayor triunfo político fue lograr que el gobierno conservador de Roque Saenz Peña promulgara la Ley del Voto Obligatorio y Secreto en 1912. Es sobre esta base que a partir de 1916 tanto Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) como De Alvear (1922-1928) ocuparon la presidencia de la nación. Ambos líderes serán los referentes de dos líneas partidarias que se enfrentarán abiertamente durante la década de los treinta, luego del derrocamiento de Irigoyen por un golpe militar. El denominado «yrigoyenismo» fue la oposición a la alianza conservadora que se agrupa en la llamada «Concordancia». Por el contrario, el «alvearismo» formó parte de esta última junto al Partido Conservador y el Partido Socialista Independiente, entre otras agrupaciones políticas.

3 El 17 de octubre de 1945 es la gesta más emblemática del peronismo porque en esa fecha una masiva e inédita movilización de la clase trabajadora provocó la liberación del general Perón, quien había sido encarcelado por la fracción militar que se oponía a sus políticas laborales y sociales como funcionario del gobierno del general E. Farell.

4 La empresa Siam Di Tella fue fundada en las primeras décadas del siglo XX pero constituye una expresión emblemática de las empresas nacionales (burguesía nacional) que se expandieron a partir de los años treinta con la industrialización basada en la sustitución de importaciones y se consolidaron durante los primeros gobiernos peronistas. Se trata de una empresa metalmecánica que si bien produjo una amplia gama de bienes (amasadoras, surtidores de nafta, e incluso automóviles) tuvo como su producto emblemático la «heladera Siam» en los años cincuenta.

5 Un análisis muy interesante sobre este banco se encuentra en Girbal-Blacha, 2002. Otro, igualmente relevante y pormenorizado, en Rougier, 2001.

6 Sobre el tema se puede consultar Altimir et al., 1966.

7 La política de nacionalización de los servicios públicos puede consultarse en Rapoport et al., 2000:386 y ss.

8 La evolución histórica de los ferrocarriles en encuentra en el trabajo clásico de Scalabrini Ortiz, 1975. En relación con la estatización de los mismos por parte del peronismo, ver Skupch, 1972.

9 La relación entre Argentina, Inglaterra y EE. UU. hasta mediados de siglo puede consultarse en Fodor y O´Connell, 1973.

10 A comienzos del primer gobierno del general Perón, el 17 de septiembre de 1946, se firmó el primer convenio comercial de su gestión entre la Argentina e Inglaterra. El mismo abordó tres temáticas centrales en la relación bilaterales de ambos países, como eran: la disponibilidad de los recursos adeudados por Inglaterra a la Argentina a raíz de la guerra; las exportaciones de carne argentina a Inglaterra; la nacionalización de los ferrocarriles que los ingleses controlaban en el país.

11 En el año 1930 un golpe militar destituyó a Yrigoyen y se instauró una dictadura militar (1930-1932) que inaugura un largo ciclo de periódicos golpes de Estado militares. A partir de allí se inicia una década donde mediante el fraude y la corrupción gobierna una coalición de partidos conservadores denominada «la Concordancia». El primero y más relevante de los presidentes de ese ciclo fue el general Agustín P. Justo (1932-1938) a quien, paradójicamente, los conservadores consideran su último gran estadista. Le sigue Roberto M. Ortiz (1938-1940), que intenta morigerar el fraude electoral pero debe renunciar por enfermedad. A continuación viene Ramón Castillo (1940-1943), quien retoma a las prácticas políticas habituales y es derrocado por un golpe militar donde el general Perón tendrá un papel destacado.

12 En el trabajo de Skupch (1972) se analizan las negociaciones anteriores a los gobiernos peronistas para estatizar los ferrocarriles.

13 El 18 de noviembre de 1940, cuando había ya había asumido Ramón Castillo y estallado el escándalo del negociado por la compra estatal de las tierras donde se construiría el Colegio Militar, denominado «el negociado de El Palomar», el Ministro de Hacienda (Federico Pinedo líder del socialismo independiente) envía al Congreso Nacional un «Plan de reactivación económica». El mismo, conocido como «el Plan Pinedo», tenía la intención de poner en marcha políticas de corto plazo que neutralizaran la aguda crisis económica de ese momento con medidas de largo plazo que le permitieran a los sectores dominantes superar el agotamiento del modelo agroexportador mediante el impulso a una industrialización exportadora. Colaboraron en su realización destacados profesionales de los sectores dominantes como Raúl Prebisch y Ernesto Malaccorto. Dicho Plan nunca fue tratado por el Senado Nacional.

14 Un análisis conceptual sobre la burguesía nacional se encuentra en O´Donnell, 1978, y Basualdo, E.M., 2004.

15 Entre los autores que abordan estas problemáticas desde distintas preocupaciones y perspectivas, se encuentran: Arceo, 2003; Azpiazu et al., 2004; Dorfman, 1942; Jorge, 1971; Llach, 1972, 1984; Murmis y Portantiero, 1971; Nochteff, 1994; Peña, 1964; Villanueva, 1972.

16 Acerca de las formas generales de transnacionalización, consúltese Trajtenberg y Vigorito, 1982.

17 Para una revisión histórica del grupo Bunge y Born pueden consultarse los siguientes trabajos: Bozzo y Mendoza, 1974b; Green y Laurent, 1988; Paz, 1939; Schvarzer, 1987. Asimismo, un análisis de la trayectoria del grupo Tornquist se encuentra en Gilbert, 2002. Finalmente, sobre el grupo Bemberg pueden consultarse Basualdo y Bang, 1998; Poder Ejecutivo Nacional, 1973.

18 Un análisis del grupo Braun Menéndez se encuentra en Mendoza et al., 1975.

19 Acerca del grupo Roberts puede consultarse Bozzo y Mendoza, 1974a.

20 Sobre La concentración de la propiedad de la tierra bonaerense pueden consultarse: Barsky et al., 1988; Basualdo, V., 2001; Junta de Planificación Económica de la Provincia de Buenos Aires, 1958.

21 Sobre el caso coreano pueden consultarse, entre otros: Amsden, 1992, 2001; Wade, 1990

Fuente